Cambios culturales en el significado del suelo en dos ejidos 1

Por Iban Trapaga Iglesias

Dos casos paradigmáticos de periurbanización sirven para mostrar los cambios socioculturales en poblaciones rurales acaecidos en las últimas tres décadas, consecuencia de la enajenación de la propiedad del suelo. Junto a las afectaciones medioambientales —en gran medida relacionadas a la explotación de los acuíferos locales y a la vocación agraria de la comunidad— existen afectaciones identitarias aún no consideradas.

En México, las políticas públicas de desarrollo urbano han primado sobre la transformación del entorno natural y rural de nuestras metrópolis. La desaforada construcción de desarrollos urbanos en las últimas dos décadas dejó un balance desastroso, manifiesto en la tasa de vivienda social abandonada, ya sea por endeudamientos insostenibles, o bien, por las malas condiciones de vida ofrecidas por estos nuevos residenciales.

El antecedente causal de esta situación se encuentra en los cambios legales inducidos por los gobiernos neoliberales en la pasada década de los noventa: reformas al artículo 27 constitucional, a la Ley Agraria, a la Ley de Asentamientos Humanos, así como a programas de certificación del suelo de uso social. Sin suponer una novedad, estos renovados recursos jurídicos aceleraron la urbanización irracional (por lo antieconómica) de amplias extensiones de suelo rural de uso social (es decir, de ejidos y tierras comunales) en beneficio del capital financiero y de empresas constructoras e inmobiliarias. Como descubriremos más adelante, el beneficio para las poblaciones campiranas fue relativo, o incluso, nulo.

Propiedad social y propiedad mercantil

Las dos décadas del desarrollismo inmobiliario deben comprenderse desde la reforma constitucional de 1992. La intención profunda de esta reforma fue allanar el piso legal para la mercantilización masiva del suelo rústico. Obviamente, un gran negocio que, entre otros cambios, implicó un giro radical en la concepción del suelo como hogar y territorio para la población rural, especialmente aquella dedicada a las tareas campesinas. Sin embargo, antes de extenderme en esta cuestión, será necesario revisar una parte del estado del arte sociológico sobre el alcance y las consecuencias sociales del giro mercantilista en el período 1992-2018.

Los artículos de investigación existentes se concentran en dos áreas metropolitanas con el fin de evaluar la implementación del mecanismo concatenado de compraventa de suelo ejidal y comunal, cambio de uso del suelo, hiperdesarrollo habitacional orientado al interés social o al sector residencial de medio y alto estatus social, y la periurbanización problemática. Tanto la zona metropolitana de Guadalajara como la de la Ciudad de México coinciden en esta secuencia de transformación socioterritorial, aunque ostentan diferencias en las respuestas de la población rural involucrada.

Las evaluaciones académicas de estos programas realizadas a partir de 2004 coinciden en sus conclusiones: para las zonas metropolitanas, el giro mercantilista operó en paralelo a la incesante invasión de suelo social, privado, federal y de conservación ecológica. El territorio urbanizado para uso habitacional fue dominado por vivienda residencial destinada a las clases medias y altas. Para Olivera (2015), la razón de este fracaso en política de vivienda radica en la exclusión de los créditos públicos (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores [Infonavit] y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [Fovissste], más los sistemas estatales) para la mayor parte de los sectores populares, cuya economía familiar está basada en mecanismos informales de ingresos. Adicionalmente, habría que considerar a prestadores de servicios profesionales, microempresarios y trabajadores emigrados al extranjero (como trabajadores formales) sin acceso a fondos públicos de vivienda de interés social.

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En suma, si bien entre 1995 y 2006 los Planes Nacionales de Desarrollo Urbano (PNDU) consideraban integrar hasta 70 % de suelo de uso social, este fue destinado mayormente a viviendas de alta y media plusvalía, manteniéndose el despojo de la tierra ejidal y comunal mediante invasiones y otras argucias legales e ilegales (Maya, 2004, pp. 319-320) para la vivienda popular, que tarde o temprano se regularizó bajo el programa federal de regularización de la tenencia de la tierra (Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra [Corett]), consumando así el ingente despojo de suelo social sin resolver satisfactoriamente la demanda de vivienda.

Estrategias de respuesta y resistencia

¿Qué pasó, entonces, con la población nativa y rural? En primer lugar, el enfoque de estos estudios priorizó los casos de enajenación del suelo social vía adopción de dominio (ejidos) y aportación de tierras comunes (comuneros), en beneficio de sociedades inmobiliarias (Maya, 2004; Jiménez y Ayala, 2015). Esta delimitación invisibilizó la resistencia a la pérdida de suelo social o, al menos, otras alternativas instrumentadas por los ejidatarios ante la expansión de las megalópolis de Ciudad de México y Guadalajara.

Es preciso revisar estudios socioantropológicos realizados en ubicaciones rurales, para dar cuenta de la perspectiva tanto de ejidatarios como de campesinos, y, en general, sobre sus estrategias ante la privatización y los significados atribuidos al suelo en tanto tierra de cultivo y residencia. 4

En síntesis, las estrategias frente a la privatización son diversas y sus motivaciones también. López Amaro (2009) considera el sustrato cultural indígena como un factor para retener la tierra, extremo confirmado por Olivera (2015) para los municipios conurbados de Cuernavaca, donde varias oficinas ejidales formaron frentes con la sociedad civil y presidencias municipales con el objetivo de frenar la enajenación de suelo social, limitando así la afluencia de nuevas clases de residentes y manteniendo actividades agropecuarias junto al nuevo sector de servicios inmobiliarios.

Otro factor que incide en la diversidad de respuestas nativas se relaciona con la diferenciación socioeconómica y los diversos intereses gremiales al interior del ejido (Torres-Mazuera, 2015). Así, a mayor estatus social y nivel de ingresos, los ejidatarios prefieren la enajenación de la tierra, aun siendo pueblos originarios. También operan intereses encontrados si el uso de las parcelas es para ganadería o para milpa tradicional, etcétera.

Por último, cabe señalar que, en los casos mencionados, los estudios descubren características identitarias centradas en la actividad agropecuaria y en la historia local como estructuras simbólicas que favorecen la topofilia y, por ende, la renuencia a trocar la tierra por dinero o a convivir con advenedizos urbanitas.

Suelo, identidad y memoria en perspectiva comparada

Para dilucidar los cambios socioculturales experimentados por la población de los núcleos agrarios afectados, planteo una terna conceptual: periurbanización, territorio e identidad. Esta será la base de un mínimo análisis comparativo entre dos unidades de observación: una parte ejidal del municipio de Chalco, en Estado de México, y un ejido del Valle de Juárez, en Chihuahua.

La dicotomía analítica campo-ciudad es de larga data en las ciencias sociales. Actualmente integra un variado elenco de conceptos como, por ejemplo, la periurbanización. La teoría sociológica clásica ha mantenido campo y ciudad como dos categorías antagónicas caracterizadas por su actividad económica preponderante; salvo en la sociología comprensiva de Max Weber, que considera la dimensión cultural de lo social y la acción social subjetiva para una tipología histórica de la dicotomía clásica y “descubre” la ciudad agraria como un oxímoron conceptual (Crovetto, 2019).

La periurbanización, curiosamente, se acerca al tipo weberiano arriba citado. Se define como “espacios multifuncionales que están sometidos a grandes y rápidas transformaciones, y cuyo dinamismo está, en muy gran medida, determinado desde la ciudad” (Entrena, 2005, p. 63).

En general, existe un consenso difuso sobre la caracterización del fenómeno, pero dos ideas resultan apropiadas para nuestros objetivos: los paisajes en transición (transformaciones múltiples) y el conflicto persistente por los diversos usos del suelo de modo simultáneo (Entrena, 2005).

Por otra parte, es necesario problematizar el suelo desde perspectivas diferentes al mercado y la legislación, ya que los habitantes de estos espacios construyen su sentido en modos diversos. Propongo, en este sentido, la noción socioantropológica de territorio. Por ejemplo, un autor lo define como “espacio socializado y culturizado […] que tiene, en relación con cualquiera de las unidades constitutivas del grupo social propio o ajeno, un sentido de exclusividad, positiva o negativa” (García, 1976, p. 29). Haesbaert (2013) profundiza y complementa este énfasis en la exclusión, subrayando la dicotomía dominación/apropiación. Los sectores sociales más precarizados, los subalternos, basan su construcción del territorio en la apropiación simbólica; las clases dominantes, en cambio, en la dominación.

Con respecto a la dicotomía anterior, en contextos periurbanos la ciudad domina al campo, pero este se apropia simbólicamente de los espacios, estableciendo áreas de exclusión espacial con base en la manipulación consciente o inconsciente de estructuras simbólicas basadas en la cultura tradicional. Una de estas estructuras es, necesariamente, la identidad social local en oposición a la ostentada por los advenedizos. Como señala Barth (1976), la identidad es de tipo situacional, relacional y depende de las interacciones concretas entre individuos con autoadscripciones diferentes. La memoria colectiva y el territorio son parte de dicha identidad social en proceso. Cuando hablamos de memoria, nos referimos a narrativas y símbolos concatenados, socialmente construidos, delimitados y, también, olvidados.

Un caso ejemplar de la interdependencia entre identidad, territorio y memoria se establece con base en los antepasados que siguen vivos simbólicamente, ubicados en el mismo suelo que pisan quienes se consideran sus descendientes.

Dos casos paradigmáticos: Chalco y El Sauzal

Para obtener la información empírica conducente a dilucidar los procesos socioculturales en la población rural, entre 2020 y 2021 visité dos zonas periurbanas con procesos de lotificación de suelo por adopción de dominio y entrevisté a sendas familias con derechos sobre parcelas ejidales.

En el caso del ejido El Sauzal (Chihuahua), parte de las parcelas se enajenó entre 2006 y 2010. En el caso del ejido de Chalco (Estado de México) se dieron fenómenos de invasión de tierras ejidales antes de la enajenación a sociedades inmobiliarias. Esta selección se justifica por las continuidades y discontinuidades entre ambos casos. Las continuidades garantizan la misma identidad en la comparación; las discontinuidades posibilitan, por contraste de datos, los elementos que según la literatura precedente pudieran estar involucrados en las tomas de decisiones respecto de la enajenación de sus tierras.

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Así, El Sauzal y los pueblos viejos de Chalco comparten su carácter periurbano, una tradición histórica de lucha por el suelo social (villismo y zapatismo, respectivamente), su antigua función de hinterland respecto de sus zonas metropolitanas (Paso del Norte y Ciudad de México) y el predominio de actividades económicas primarias. Sin embargo, El Sauzal fue constituido por vecinos del poblado Zaragoza y población repatriada de Estados Unidos en la segunda década del siglo XX con orígenes regionales diversos, aunque mayor o totalmente se trató de mestizos y criollos; además, los cultivos predominantes fueron destinados a la exportación internacional (algodón, zacate sedán, sorgo, alfalfa y nuez), manteniendo algunos orientados al autoabasto local (maíz, trigo, frutales); la identidad social está configurada bajo el tipo ranchero norteño, caracterizada por la música, el atuendo, el dialecto y la gastronomía (Montano y Cervantes, 2017, p. 16).

Por su parte, la historia de los conocidos como pueblos viejos de Chalco es milenaria. Se remonta al poblamiento del vaso lacustre de Texcoco. El sustrato cultural dominante es indígena, de la etnia náhuatl cuya lengua aún se habla por algunas familias ejidatarias de las comunidades de Atlazalpan, Cocotitlán, Huitzilzingo o Ayotzingo. En consecuencia, las actividades campiranas se centran en la milpa tradicional que, con varios milenios de cosechas, actualmente surte a la industria nacional del maíz, sin descuidar el consumo local. A la milpa hay que añadir monocultivos destinados al mercado citadino e internacional, como es el caso paradigmático del amaranto (otro cereal endógamo domesticado en la región); sin embargo, por décadas la actividad económica también se basó en la cabaña vacuna, comercializando lácteos en su función de hinterland metropolitano. Otros tipos de ganado menor son criados en los núcleos agrarios y sus excedentes están orientados al mercado regional.

Usos del suelo, de acuíferos e identidades como ejes de conflictos

Como todo el Valle de Juárez, las coordenadas socioeconómicas de El Sauzal están marcadas por la cercanía con Estados Unidos. En 1922 inició la siembra masiva de algodón en la región juarense que, replicando la experiencia previa en Sonora, se orienta al mercado estadounidense casi en su totalidad (Montano y Cervantes, 2017). La vida transfronteriza marcada por los movimientos migratorios, el comercio y el contrabando siguen presentes en la vida cotidiana, así como eventos de violencia criminal. La proximidad a la frontera internacional es sinónimo de colindancia con el cauce del río Bravo; aunque actualmente el riego fluvial se canaliza por acequias, toda la planicie ribereña es rica en ojos de agua dulce y tierras ricas en sedimento fluvial. Esto ha permitido el cultivo de árboles frutales, destacando la vid, así como el algodón y la alfalfa, gracias a los excedentes de tierras de riego. Otra actividad económica en la que participa El Sauzal es el turismo citadino local. La abundancia de fuentes de agua dulce se refleja en la notoria presencia de balnearios recreativos a lo largo del cauce fluvial, así como servicios hosteleros y culturales (parques temáticos, zoológicos, museos comunitarios y peregrinaciones religiosas). El Sauzal aún cuenta con varios de estos servicios basados, precisamente, en su condición y paisaje campestres, aunque uno de los miembros de la familia “L”, ejidatarios entrevistados, menciona que antes del proceso parcial de urbanización, la zona destacaba por un enorme bosque de sauces de los que hoy quedan mínimos testimonios.

A pesar de que, a inicios del siglo XXI, este y otros ejidos de las poblaciones de Zaragoza y Jesús Carranza arreglaron los trámites para vender a inmobiliarias y constructoras parte de sus parcelas, el declive agroexportador se inició décadas atrás. Según Aboites (2013), el declive del algodón fue irreversible en 1960. Sin embargo, otros eventos abonaron a la extinción del modelo, al menos en los volúmenes de venta acostumbrados. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la contaminación de los acuíferos por el exceso de fertilizantes basados en el amoniaco socavaron la actividad agrícola del Valle en su conjunto (Montano y Cervantes, 2017).

En el primer caso, la exportación de alfalfa, zacate sedán o sorgo ya no fue redituable por pérdida de competitividad; en el segundo, la contaminación por amoniaco derivó en acidificación de suelo y eutrofización. Estos procesos, en ocasiones irreversibles, inciden en la pérdida de productividad por hectárea. Estas adversidades, junto al modelo extremo de ciudad difusa, perfilan las razones para la reciente enajenación del suelo social. En cambio, las consecuencias fueron inesperadas, pero sin modificar apenas los usos del suelo o las identidades rancheras.

Adrián “L” menciona que la cohesión social estuvo por colapsar, dado que la gran mayoría de las y los beneficiados por la colocación de sus parcelas en el mercado inmobiliario dedicó el capital recibido al consumo conspicuo de drogas, sexo y automóviles de lujo. Fue notorio el abandono de las familias y de labores entre las personas ejidatarias residentes. Este pasaje descapitalizó a la población campirana, que retomó labores de cultivo en parcelas en desuso más distantes del núcleo agrario principal. También se dio, comentan, un trasvase de personal a la industria y al sector servicios en Juárez y Estados Unidos.

Sin embargo, los conflictos por el uso del suelo o por cuestiones identitarias están ausentes o, quizá, latentes. Mientras que los habitantes advenedizos evitan, en general, las interacciones con las personas nativas tras sus suburbios fortificados (Trapaga, 2019), estos últimos mantienen el modo de vida ranchero, conservando charrerías, palenques, atuendos campiranos, caballerizas y gastronomía. El sentido de pertenencia parece reforzado, mientras que su concepción del suelo en tanto territorio está más próximo a la perspectiva mercantilista, posiblemente por su experiencia histórica como agroexportadores.

En los lindes del vaso lacustre, aun replicándose similar estrategia basada en restringir la enajenación del suelo social y el asentamiento de nuevos residentes ajenos a la comunidad campesina e indígena, los conflictos derivados del uso del suelo y del desafío intercultural están, cuando menos, latentes.

También los ejidos de Chalco resienten una crisis derivada de la devaluación de la actividad económica primaria. En entrevista, Josafat “M” refiere dos fenómenos crónicos que redundan en el abandono del esquema milenario de cultivos: la falta de lluvias y la deserción juvenil hacia labores menos onerosas o directamente a la emigración internacional. El primero angosta las cosechas, el segundo rompe la tradición campesina y orilla al abandono de las parcelas por falta de mano de obra.

Esta ruptura de la tradición es, sin duda, el conflicto identitario latente. No es el caso de los conocimientos de las personas adultas mayores sobre la herbolaria nahua existente en cada rincón del suelo; ni de las técnicas de cultivo; ni de las identidades vinculadas a los cuatro barrios de su pueblo viejo, confirmadas por la iglesia del pueblo, los caporales (una danza típica) o las celebraciones por muertos, amén de las posadas decembrinas y las constantes fiestas patronales, cívicas y familiares que toman las calles intramuros de la localidad. El conflicto cultural se resiente en el ámbito profesional, mismo que orilla al abandono de la milpa; unas tierras milperas arenosas, negras e infestadas de restos arqueológicos (cerámicas, figuras de pedernal, obsidiana y barro).

Otro de los conflictos latentes, expresado en varias conversaciones informales y en la misma entrevista, es el agua. Al igual que en el caso anterior, el deterioro del medioambiente se achaca a la progresiva urbanización, pero la propiedad comunal del agua (la localidad dispone de dos pozos exclusivos) se percibe en riesgo y es motivo de desconfianza hacia las autoridades, más que hacia los fuereños. Valga decir que, desde el salinato, el ejido de Chalco ha sufrido de sucesivas expropiaciones obedeciendo a las disposiciones de la Corett o al interés público.

Los resultados de este estudio exploratorio sobre las transformaciones y los conflictos socioculturales en torno al proceso acelerado de la mercantilización del suelo de uso social tras la reforma constitucional de 1992 apuntan a una estrategia ejidal y comunal para gestionar los desafíos a su modo de vida y a su patrimonio material e inmaterial. Se perfila una estrategia mixta, más que una cerrazón frontal en los núcleos agrarios circundantes a las manchas urbanas metropolitanas de México y del Paso del Norte: enajenación escalonada y prolongada del uso social y agropecuario del territorio.

El cambio en el uso y las prácticas con el territorio amenaza con erradicar una memoria distintiva y su derecho a la identidad.

Las restricciones a la venta del suelo tomadas en ambos casos de estudio se asemejan al caso del conurbado de Cuernavaca (Olivera, 2015) y pretenden dotar de continuidad al proyecto cultural de las poblaciones campiranas. Este proyecto se percibe como amenazado en uno de los casos por dos razones: la pérdida de los acuíferos en beneficio de los fraccionamientos residenciales y del interés social; y por la ruptura intergeneracional de la identidad específicamente campesina e indígena que amenaza un patrimonio inmaterial representado por los toponímicos nahuas, la etnobotánica local y los restos de rituales y ofrendas colocados en las milpas, para protegerlas, desde tiempo inmemorial.

El cambio en el uso y las prácticas con el territorio amenaza con erradicar una memoria distintiva y su derecho a la identidad. Así, el estudio referido confirma la especificidad indígena ante las modificaciones a sus territorios sancionados por los PNDU y las políticas de vivienda. También descubre que, en ambos casos comparados, los beneficios obtenidos por las ventas son financieramente relativos, y los riesgos medioambientales abundan en riesgo de contaminación y escasez de recursos naturales acrecentado por la acelerada urbanización de los lindes ejidales.

El caso norteño, además, nos ilustra la concepción mestiza de la tierra, más proclive a aceptar su mercantilización. También apunta a la persistencia de la memoria e identidad social más allá de las actividades agrícolas, aunque hay que considerar la existencia de un modelo económico basado en la oferta de entretenimiento cultural y ecológico como alternativa ya establecida en las localidades del Valle de Juárez. Por ello, preservar el paisaje, la calidad y cantidad de los acuíferos y la herencia cultural abundarán en alternativas sustentables para nativos y futuros desarrollos de vivienda.

Como recomendación, los escenarios descritos en esta breve exposición deben alentar la inclusión de iniciativas que preserven la memoria, sabidurías e identidades campesinas ante los desarrollos urbanos residenciales presentes y por venir. Acciones en defensa del derecho a la identidad de los pueblos originarios y de las comunidades rurales pueden concretarse en la preservación de toponímicos, la obligatoriedad de erigir museos comunitarios o casas de cultura junto a los residenciales, así como la recuperación y fomento de cuerpos de agua aledaños a las urbanizaciones. De esta forma se preservará la calidad de vida y exorcizará conflictos comunitarios.

Bibliografía

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Notas
  1. Las condiciones derivadas de las restricciones sanitarias por la pandemia obligaron a replantear y limitar las actividades de investigación en campo, por lo que hay que considerar este escrito como un primer avance de resultados, más que un estudio terminado.
  2. Incluyendo la metropolización de Cuernavaca y otros cuatro municipios morelenses que tiende a integrarse en esta megalópolis.
  3. Ver López Amaro (2009) y Torres-Mazuera (2015).
  4. Ver López Amaro (2009) y Torres-Mazuera (2015).
  5. Entendida como la zona de influencia comercial de una ciudad o de una infraestructura de transporte (hub). Históricamente, esa área periurbana surtía de materias primas (agropecuarias) y adquiría productos elaborados (industriales, de servicios).
  6. Paso del Norte es la denominación histórica de la región internacional que actualmente ocupan los municipios mexicanos de Ciudad Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, el condado de El Paso, Texas, y el condado de Doña Ana en Nuevo México.
  7. El fraccionamiento Riberas del Bravo forma parte de estas lotificaciones y resulta un paradigma del abandono de vivienda de interés social (Aguirre, 2012).

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Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A. en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la UAM y cursa un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad, migraciones internacionales, fronteras y violencias.

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Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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CAROLINA VILLARREAL LEOS

Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público, con un amplio enfoque en paisaje y accesibilidad.

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SHEILA FERNIZA QUIROZ

Arquitecta por el ITESM con estudios en Barcelona. Actualmente cursa la Maestría en Asuntos Urbanos en la UANL, investigando temas de vivienda, planeación urbana, movilidad y género. Desde el 2013 trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público dentro de la iniciativa de regeneración urbana DistritoTec.

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DIEGO CASTAÑEDA GARZA

Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.