Reactivación económica y laboral al promover el sector de desarrollo urbano y vivienda con equidad de género e inclusividad

Por Paloma Silva de Anzorena

Existe una correlación positiva entre la inversión en infraestructura, urbanización, equipamientos de ciudad y la atención a la inversión, en el abatimiento del rezago habitacional. De ahí que sea fundamental identificar qué productos y políticas públicas innovadoras deben ser impulsadas, sobre todo en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda.

México, como muchos otros países de Latinoamérica, presenta retos importantes en materia de atención al desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, así como un importante déficit habitacional, el cual afecta sobre todo a las personas de bajos ingresos y que trabajan en el mercado informal. Además, se espera que la contingencia por la COVID-19 reduzca sensiblemente la capacidad fiscal de los gobiernos federales, estatales y municipales.

Para hacer frente a estas situaciones es preciso desarrollar políticas públicas y productos innovadores que promuevan la participación del sector privado en la atención a la inversión que requerirá, a su vez, un desarrollo urbano ordenado, que atienda el déficit habitacional.

Asimismo, se requiere de un mercado más sofisticado a largo plazo, capaz de financiar tanto a la estructura y urbanización de la ciudad, como a la vivienda (ya sea para venta, renta asequible o mejoramiento) o a potenciales compradores, con hipotecas, garantías y seguros de crédito a la vivienda.

Con el fin de atender el déficit cualitativo de vivienda es necesario desarrollar productos de microfinanciamiento de mediano y corto plazo que atiendan al sector, preferentemente informal y de bajos ingresos, con productos de mejoramiento, ampliación, remodelación de vivienda, lotes con servicios y entrega de títulos de propiedad.

La experiencia internacional demuestra que existe una correlación positiva entre la inversión en infraestructura, urbanización, equipamientos de ciudad y la atención a la inversión, en el abatimiento del rezago habitacional en países que han desarrollado más sofisticación en temas de subsidio, garantías y financiamiento, así como una mayor penetración de financiamiento e inversión del sector privado al desarrollo urbano y la vivienda en proporción con su PIB. Por ejemplo, países como Chile, Colombia o Panamá presentan menos riesgo de asentamientos informales (BID et al., 2014). Por el contrario, países con poco desarrollo en el mercado de financiamiento al sector han incrementado de manera drástica dichos asentamientos (BID et al., 2017).

Por ello es de suma importancia identificar qué productos y políticas públicas innovadoras deben ser impulsadas, particularmente en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda para atraer la inversión del sector privado.

1. Productos innovadores que se pueden impulsar en materia de desarrollo urbano y vivienda

I. Subsidios a programas de mejoramiento urbano, infraestructura y equipamiento de la ciudad

  • Subsidios al mejoramiento del espacio público.
  • Subsidios a la titulación con el objetivo de regularizar el suelo urbano y que las familias tengan un título de propiedad.
  • Subsidios a infraestructura (pavimentación, ensanche de banquetas, drenaje, manejo de residuos sólidos).
  • Subsidios que desincentiven el uso de transporte motorizado (ciclovías, vivienda asequible orientada al transporte).
  • Subsidios para actualización o publicación de planes de desarrollo urbano y planes parciales de desarrollo.

II. Subsidios que promueven la atención al déficit habitacional

Existen poblaciones vulnerables con muy baja calidad salarial que deben ser apoyadas con subsidios al 100 % o con la fórmula: ahorro, subsidio y financiamiento. Para ello, se deben diseñar programas de subsidios a toda la cadena de valor de la vivienda:

  • Subsidio para adquisición de vivienda nueva y usada.
  • Subsidio para la renta: vouchers, 1 senior living (vivienda para adultos mayores), dormitorios para estudiantes y profesores, jornaleros y migrantes.
  • Subsidio para mejoramiento, ampliación y remodelación de vivienda.
  • Subsidio para la autoproducción de vivienda y vivienda progresiva.
  • Subsidio para mejoramiento de unidades habitacionales existentes.
  • Subsidio para vivienda destinada a migrantes y jornaleros.
  • Subsidio para vivienda sostenible que reduzca consumo de agua, gas y energía eléctrica.
  • Subsidio para incorporar las tecnologías de la información (internet, computadoras, etcétera) a la vivienda.
  • Subsidio para vivienda rural (respetando los usos y costumbres) y la vivienda vernácula.
  • Subsidio para vivienda en retrofit, para transformar una vivienda deteriorada, normalmente de valor patrimonial en México, en varias viviendas (lofts, coworking, etc.) para aprovechar su huella de carbono y reutilizarla.

III. Financiamientos y garantías que promuevan recursos privados nacionales y extranjeros para desarrollo urbano y soluciones de vivienda asequibles

Es de total trascendencia diseñar productos innovadores que incentiven recursos privados nacionales y extranjeros para acompañar a los gobiernos en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y para la atención de las soluciones de vivienda. Para ello es necesario desarrollar operaciones con los siguientes productos:

  • Financiamientos, seguros de crédito a la vivienda y garantías a gobiernos que apalanquen recursos invertidos en el sector privado e incrementen los retornos de los proyectos de desarrollo urbano y vivienda. Por ejemplo, seguros de crédito o microfinanciamiento a la vivienda; garantías de primera pérdida que reduzcan las probabilidades de incumplimiento o la severidad de la pérdida de los proyectos de financiamiento destinados a desarrollo urbano y vivienda para las familias de bajos ingresos e informales.
  • Financiamientos y garantías a los gobiernos que apoyen productos financieros que reduzcan barreras de entrada y salida que promuevan “piso parejo”. Es decir, apoyar tanto a pequeños como a medianos constructores e inversionistas a poder entrar y salir con recursos de financiamiento en el mercado de desarrollo urbano y vivienda, para democratizar la inversión en el sector.
  • Financiamientos y garantías a los gobiernos que apoyen productos financieros que promuevan atención a bajos ingresos y no afiliados. Los programas de subsidio y apoyo a la vivienda con financiamiento o garantías de primera pérdida o seguros de crédito a la vivienda para que las familias tengan pagos mensuales asequibles y así solucionen sus necesidades de vivienda.
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IV. Financiamientos y garantías que canalicen recursos privados al sector de desarrollo urbano y vivienda a través del mercado de valores

El mercado financiero puede ser el vínculo entre los inversionistas nacionales y extranjeros interesados en invertir en el mediano y largo plazo en el sector. De esta manera se relacionan, por un lado, los constructores y demandantes de soluciones de infraestructura, urbanización y vivienda, y por el otro, los bancos, inversionistas, institucionales y microfinancieras. Para desarrollar un mercado profundo de subsidio y financiamiento se requiere, entonces:

  • Desarrollar un mercado de inversionistas institucionales nacionales y extranjeros que invierta en el sector de infraestructura, urbanización y vivienda. Es urgente obtener financiamiento de inversionistas con horizonte de inversión a largo plazo, para dar créditos con pagos pequeños asequibles a las familias. Países como Chile (BID et al., 2014), Alemania (Hackelberg et al., 2018) y Estados Unidos (Riddy, 2018) entre otros, han desarrollado transformaciones en sus fondos de pensiones, compañías aseguradoras y sociedades de inversión para que sean ellas, a través de diferentes instrumentos financieros, las que financien tanto la construcción de infraestructura de ciudad como la demanda de soluciones de vivienda.
  • Fortalecer los bancos de desarrollo gubernamentales y organismos nacionales de vivienda que se dediquen al financiamiento o sirvan de garantes en el sector vivienda. Con el fin de propiciar el acceso a la vivienda con productos de financiamiento, algunos países han creado bancos gubernamentales de desarrollo especializados en este sector. Dichas instituciones otorgan créditos, seguros de crédito a la vivienda y garantías, que promueven la construcción y adquisición o mejoramiento de viviendas preferentemente de interés social y medio. Un ejemplo de ello son la Sociedad Hipotecaria Federal en México y el Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/CAIXA) en Brasil.
  • Asimismo, existen otras organizaciones con participación público-privada. El caso más exitoso ha sido el Infonavit, cuya función principal es proporcionar a los trabajadores créditos hipotecarios y no hipotecarios relacionados con la vivienda, así como obtener rendimientos de los ahorros de pensión de jubilación del Fondo Nacional de Pensiones. 2
  • Profundizar el mercado de bursatilizaciones. Para que los gobiernos, bancos y microfinancieras descarguen sus carteras de crédito existentes y puedan otorgar nuevos financiamientos.
  • Utilizar garantías de bancos de desarrollo y multilaterales para que los bancos, gobiernos y constructores emitan bonos con mejor calificación y obtengan financiamiento más barato destinado a subsidios o financiamientos a desarrollo urbano y soluciones de vivienda. El caso de Ecuador, 3 con una emisión de 300 millones de dólares con garantía del BID, ayudó a que el gobierno contase con más recursos y más baratos a través de un bono social para subsidiar mejoramientos y autoproducciones en su país. Asimismo, Vinte, que es una desarrolladora de vivienda en México, emitió un bono verde con garantía del BID por 699 millones de pesos.
  • Potenciar intermediarios financieros capaces de financiar la oferta y demanda de vivienda (bancos comerciales, microfinancieras, aseguradoras de crédito a la vivienda, etcétera). La experiencia internacional ha demostrado que en países como Canadá, Estados Unidos, Panamá, Chile y Colombia, gran parte del financiamiento de hipotecas proviene de la banca comercial (Titelman, 2013). Asimismo, familias de América Central y de la región andina y el Cono Sur atienden sus necesidades de mejoramiento, ampliación y autoproducción de vivienda con microfinanciamientos de cooperativas, microfinancieras o bancos comerciales dedicados a la base de la pirámide.
  • Por ello es de suma importancia promover su participación, ya sea a través de beneficios fiscales, subsidios, o bien, del diseño de productos de la banca de desarrollo capaces de mitigar el riesgo de la banca comercial (seguros de crédito a la vivienda o garantías de primera pérdida).
  • Adicionalmente, países como Colombia, Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá, entre otros, han desarrollado mercados de covered bonds 4 para reducir los niveles requeridos de reservas y capital en los balances de los intermediarios financieros con el objetivo de darles un mayor espacio para originar más crédito para la vivienda (EAVM, 2010).
  • Canalizar recursos de las bolsas de valores a vivienda en renta de bajos ingresos. Se requiere que se apoye el desarrollo de instrumentos financieros como los REITS o FIBRAS, 5 así como bonos relacionados con el sector vivienda en renta social, para:
    • Facilitar las transacciones con valores respaldados por créditos a la vivienda en renta.
    • Procurar el desarrollo del mercado de inversionistas institucionales de largo plazo para financiar vivienda en renta.
  • Promover más financiamiento a constructores de vivienda social en renta.
  • Hacer asociaciones público-privadas (APP o PPP) para construir parques habitacionales de vivienda en renta y albergues temporales para migrantes y jornaleros. En Inglaterra, Estados Unidos y otros países se hacen APP para que los privados construyan, administren y operen vivienda social en renta —propiedad de los gobiernos—, y éstos, a su vez, a través de los APP, destinan presupuesto anual para el pago de los servicios del sector privado, de tal manera que no se requiere un desembolso grande inicial, sino que se prorratea en 10 a 20 años de operación de la APP.
México: tan diverso como desigual

Situación de las mujeres

A pesar de que las mujeres conforman la mayoría poblacional en México, existe inequidad de oportunidades laborales, convirtiéndola en una población vulnerable en los aspectos alimenticio, de salud y de pobreza. Por ejemplo, en 2016 el porcentaje de pobreza en las áreas urbanas del país ascendió a 39.2 %; de dicho total, las mujeres representaron 27.9 % (Coneval, 2017).

México tiene una de las tasas más bajas de participación laboral femenina en la región de América Latina y el Caribe. Mientras en México la participación femenina es de 55.3 %, en Chile, Brasil y Colombia es de 69 %, 70 % y 74 %, respectivamente (OCDE, 2017). Este aspecto es fundamental ya que no sólo afecta directamente la calidad de vida de las mujeres y sus hijas o hijos, sino que también incide en la productividad del país.

En 2018, en México, 51.6% de las mujeres no tenían un trabajo remunerado. Este indicador se dispara a 81.7 % y a 80.7 % cuando se trata de mujeres de ámbitos rurales y mujeres de ámbitos indígenas, respectivamente (Echarri, 2020).

El 41.8 % de las mujeres mexicanas viven en una residencia sin escrituras. Este porcentaje asciende a 56.6 % en zonas rurales pobres y a 63.2 % si se superpone la pertenencia a pueblos indígenas (Echarri, 2020).

Situación de los pueblos indígenas y afromexicanos

De acuerdo con el Programa Nacional de Pueblos Indígenas 2018-2024, en México existen 25.7 millones de personas que se autoadscriben como indígenas, lo que representa 21.5 % de la población nacional. Por su parte, 1.3 millones de personas se consideran afromexicanas, lo que representa 1.2 % de la población. En nuestro territorio existen 64,172 localidades con población indígena y 7.4 millones de hablantes de alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 % de los habitantes mayores de tres años del país (INPI, 2018).

Los pueblos indígenas y afromexicano viven en condiciones de gran pobreza, marginación y discriminación en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La exclusión y el racismo explican esta lacerante situación. No ha existido un diseño político de largo plazo acorde a su diversidad cultural, social o económica, ni se han establecido las políticas públicas duraderas que sean acordes a sus formas de organización y que atiendan sus reivindicaciones y aspiraciones de vida.

Situación de las personas con capacidades diferentes

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México define como una persona con discapacidad a “aquella que tiene alguna limitación física o mental para realizar actividades en su casa, en la escuela o trabajo, como caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir, escuchar, etc”. De acuerdo con cifras del Inegi, en 2018 se contabilizaron 7.7 millones de mexicanos con alguna discapacidad, de las cuales 54.2 % corresponde a mujeres y 49.9 % es adulto mayor (Enadid, 2018).

Además de la marginación en términos de acceso al derecho del trabajo, también existen brechas (significativamente mayores) en cuanto a la protección laboral y el tipo de empleos en los que se ocupan. Por cada 100 personas con alguna discapacidad auditiva o en el habla sólo 19 son trabajadores asalariados en el sector formal; para quienes presentan discapacidad motriz la cifra es 14 de cada 100. La discapacidad cognitiva o mental es la más castigada, con 13 de cada 100 habitantes en esta situación (Enadis, 2017).

Desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, para promover la equidad de género, diversidad e inclusión de personas originarias de pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad

El gobierno mexicano tiene muchos retos en materia de desigualdad de la población de mujeres y niñas, personas originarias de pueblos indígenas y afromexicanos, así como personas con discapacidad o con capacidades diferentes.

Existen muchos compromisos nacionales e internacionales encaminados a reducir las brechas, descritas arriba. Además, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 (Sedatu, 2020) define como uno de sus objetivos: “Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que, por su identidad, género, condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad, han sido excluidas del desarrollo territorial”.

Por ello, la intervención en desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en México puede aprovecharse para promover la inclusión y la participación de mujeres y las personas originarias de pueblos indígenas y afromexicanos en el mercado laboral y mejorar la calidad de vida para personas con discapacidad o capacidades diferentes.

De esta manera, estas intervenciones estarían alineadas a la Declaratoria de la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III (ONU Hábitat III, 2017), encaminada a promover ciudades compactas, incluyentes, resilientes y que promuevan la equidad de género y la diversidad.

Es de vital importancia que, cuando se conceptualicen las intervenciones de ciudad, vivienda y su diseño, se considere la participación activa de mujeres, miembros de la comunidad indígena, afromexicanos y personas con capacidades diferentes mediante procesos participativos en los que tengan voz y voto. Todo con los siguientes objetivos:

  • Proveer servicios que permitan que las mujeres tengan más tiempo libre para el desarrollo profesional y, por consiguiente, mejores posiciones y sueldo en sus trabajos.
  • Incorporar criterios de equidad de género y de integración de usos y costumbres de comunidades indígenas y población afromexicana, así como incorporar elementos que promuevan la accesibilidad en espacios públicos e infraestructuras para personas con capacidades diferentes.
  • Considerar, en algunas intervenciones, albergues, orientación y apoyo para mujeres en situación de violencia de género por su pareja o familiares.
  • Contar con señalización y características que salvaguarden las infraestructuras, reconozcan las culturas y utilicen los idiomas indígenas, y que sean accesibles para personas con discapacidad o capacidades diferentes.
  • Promover el papel que el arte y el conocimiento local juegan en la rehabilitación y la revitalización de las zonas urbanas.
  • Promover intervenciones con un entorno urbano articulado, bien comunicado y con equipamientos de cercanía donde las prioridades hayan sido determinadas considerando la opinión de las mujeres, población originaria de pueblos indígenas y afromexicanos, y personas con discapacidad o capacidades diferentes.
  • Introducir propuestas de actuaciones por la gestión de parte pública, privada y social de los equipamientos e infraestructuras públicos, favoreciendo la equidad de género, la inclusión de pueblos indígenas y de personas con discapacidad o capacidades diferentes.
  • Introducir criterios de inclusión acercando la vivienda a equipamientos de salud, educativos, culturales y de esparcimiento y lugares de trabajo.
  • Introducir criterios de inclusión dotando de transporte, mobiliario urbano y banquetas adecuados para personas dependientes o capacidades diferentes.
  • Ofertar en las intervenciones, actividades y servicios utilizados en la vida cotidiana de las mujeres, de los pueblos indígenas y afromexicanos y personas con discapacidad o capacidades diferentes.
  • Reforzar la incorporación del comercio de proximidad y servicios de uso cotidiano como farmacias o entidades bancarias.
  • Mejorar la accesibilidad y la percepción de seguridad de los espacios públicos con cámaras de circuito cerrado y conectadas a servicios de seguridad pública para que sean más transitados y utilizados.
  • Priorizar aquellos equipamientos que tienen un mayor impacto, como son los asistenciales, educativos y sanitarios.
  • Crear, junto con los municipios, organizaciones público-privadas para empoderar a los vecinos en la gestión y mantenimiento de las intervenciones, con el fin de mantener la calidad del conjunto urbano a largo plazo.
  • Asegurar mecanismos de participación donde se fomente y facilite la participación de mujeres y de personas indígenas, en particular en lo que se refiere al idioma, los espacios y los momentos de participación.
  • Llevar a cabo alianzas con los tres órdenes de gobierno para canalizar programas relacionados con apoyo a pueblos indígenas (CNDI), mujeres (Inmujeres) y población con capacidades diferentes.
  • Aumentar la disponibilidad de equipamientos que atiendan a niños y adultos mayores dependientes de mujeres, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en la población residente.
  • Priorizar la implantación de equipamientos sanitarios que favorezcan especialmente la equidad de género y para personas con capacidades diferentes.
  • Favorecer programas de microemprendimiento que supongan la provisión de servicios de apoyo para mujeres, personas originarias de comunidades indígenas y personas con capacidades diferentes.
  • Mayor disponibilidad de equipamientos comunitarios que realicen actividades educativas y de desarrollo comunitario con población preadolescente y adolescente, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar y así evitar embarazos tempranos.
  • Promover guarderías que se adapten a las necesidades de madres de niños pequeños (de 0 a 6 años) que trabajan fuera del hogar.
  • Situar en un mismo itinerario peatonal en torno a 30 minutos a pie, todos los equipamientos de máxima prioridad para las mujeres, y de 15 minutos para las personas con capacidades diferentes.
  • Favorecer el desarrollo de centros comunitarios que integran actividades asimilables a clubes de tareas para adolescentes o “clubes de niños y niñas”.
  • Proveer señalización en el pavimento, así como la creación de banquetas incluyentes. De igual forma, la habilitación de bibliotecas con contenidos en lenguaje braille, en lengua de señas y en lenguas de las comunidades indígenas.
  • Priorizar rampas, guías táctiles y otras adaptaciones para facilitar la movilidad de las personas que tienen alguna discapacidad visual, auditiva o motriz.
  • Proveer aceras anchas (para sillas de ruedas), lisas, con rampas, sin postes o farolas en lugares no habituales; así como estaciones de metro con ascensor o escaleras automáticas; semáforos con voz; carteles con información en braille y con imágenes simples, parques con columpios adaptados, colegios de integración, etcétera. Estos elementos permiten que las personas con discapacidad se muevan libre y seguramente por la ciudad.

Políticas públicas innovadoras para impulsar atención al rezago habitacional

Adicional a productos innovadores, es fundamental promover políticas públicas, reformas y regulaciones que atiendan el rezago habitacional, mismas que se describen a continuación:

  • Coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Coordinación en las zonas más expuestas a riesgo de desastres para canalizar las inversiones, así como para la definición de usos de suelo para vivienda social bien ubicada y con acceso a todos los servicios de la ciudad.
  • Mediciones de impacto de los programas de desarrollo urbano y vivienda. Uso de la tecnología para la generación de un sistema de información detallada y precisa que permita evaluar el impacto de los subsidios, así como planificar su asignación futura y dar transparencia en la derrama de recursos.
  • Incentivos fiscales y cambios en la regulación que detienen la inversión del sector privado en la inversión en desarrollo urbano y vivienda. La calibración de los incentivos del Estado para promover la participación de hogares y del sector privado en el mejoramiento de la vivienda y del arrendamiento.
  • Continuar la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y de Catastros, para dotar de certidumbre a la propiedad de la vivienda y promover el mercado secundario de la misma.
  • Racionalización de los programas de desarrollo urbano y vivienda, para mejorar su focalización, minimizar su regresividad y evitar las filtraciones, con el fin de orientar los recursos hacia los segmentos de más bajos ingresos.
  • Marco regulatorio para la gestión del suelo, que garantice la provisión de suelo urbanizado bien localizado y la inclusión de equipamientos de ciudad y vivienda.
  • Integración de la gestión de desastres, como parte de la política de desarrollo urbano y vivienda, así como la utilización activa de los subsidios para promover el reasentamiento voluntario en zonas de riesgo no mitigables y evitar asentamientos en zonas de riesgo.
  • Integración de mesas intersecretariales o interministeriales de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, para promover vivienda verde, cercana tanto al transporte público como a equipamientos de salud, educativos y fuentes de empleo. Asimismo, que la vivienda esté alineada a los objetivos ODS y los compromisos de cambio climático del país.
  • Legislación relativa a Grandes Proyectos Urbanos (GPU) o desarrollos certificados.
  • Concursos nacionales y alianzas de los gobiernos con escuelas de arquitectura y sociedad civil, para promover programas de mejoramiento urbano y prototipos de vivienda de acuerdo con los usos y costumbres de las familias, respetando la vivienda vernácula de la región y el confort considerando su zona bioclimática.
  • Revisar los marcos legales referentes a las bursatilizaciones y securitizaciones de vivienda, con el fin de propiciar un mercado más atractivo, pero evitar crisis subprime.
  • Hacer una legislación relativa al retrofit de inmuebles catalogados patrimonialmente. Respetar los inmuebles, pero darles un nuevo uso habitacional o mixto.
  • Desarrollar sistemas de monitoreo del rezago y productos de subsidio y financiamiento relacionados a los perfiles de riesgo y plazo considerando si se atenderá el déficit cuantitativo o cualitativo del país. De acuerdo con los demográficos actuales y potenciales de México, se puede apoyar a los gobiernos con el desarrollo de modelos de medición por calidad salarial y datos demográficos con el fin de tener un diagnóstico de:
    • Monto de recursos necesarios para atender dicho déficit actual y potencial.
    • Población que se atenderá (jóvenes, adultos mayores, mujeres jefas de familia, migrantes, etcétera).
    • Calidad salarial de los potenciales beneficiarios y la volatilidad de sus ingresos (bajos, medios, altos).
    • Fuentes de ingreso de la población que se atenderá (sector formal, informal, trabajadores independientes, migrantes, etcétera).
    • Ubicación de la vivienda (vivienda urbana, semiurbana o rural), entre otros.

Conclusiones

El proceso de urbanización y el rezago habitacional actual y potencial en México presenta desafíos importantes en cuanto a la necesidad de recursos. Asimismo, existen problemas fiscales que imposibilitan a los gobiernos destinar los montos que se requieren para atender a su población. En ese sentido, resulta indispensable incentivar recursos del sector privado para atender las soluciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda del país a través del diseño de nuevos productos financieros y de subsidio.

Ante la imposibilidad de participar en los mercados de financiamiento, los hogares de ingresos bajos y en situación de informalidad laboral recurren a la utilización de préstamos informales por parte de amigos o familiares, agiotistas con altas tasas de interés o también a la vivienda progresiva. Esto ha creado asentamientos informales en zonas de riesgo. Mejorar la situación habitacional de los hogares de menores ingresos, entonces, supone introducir un marco normativo y productos innovadores que lo impulsen.

Asimismo, la ciudad y el entorno urbano público son de uso común para todos los ciudadanos que pertenecen a la misma. Las mujeres, personas originarias de pueblos indígenas y afromexicanos, así como con capacidades diferentes, son miembros de nuestra sociedad y mismos ciudadanos, y este grupo, ya no minoritario, no se debería de ignorar en el desarrollo y planificación de la ciudad.

Por ello, promover programas, productos y políticas públicas para la inversión en desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en México, con participación público-privada, representa una oportunidad para reducir las brechas de pobreza y marginación en el país, a la vez de abrir el acceso y derecho a la ciudad y a espacios públicos de esta población.


Bibliografía

Banco Interamericano de Desarrollo, Alarcón, A., Damaestri, E., y B, P. (2014, septiembre). Financiamiento de la vivienda en Chile (N.o 693). Ver fuente

Banco Interamericano de Desarrollo, Domínguez, J., Fernandini, M., Riquelme, L., y Schneider, C. (2017, julio). Financiamiento del mercado de vivienda en América Latina y el Caribe (N.o 519). Ver fuente

Echarri, J. (2020). Interseccionalidad de las desigualdades de género en México. Un análisis para el seguimiento de los ODS. Secretaría de Gobernación. Consejo Nacional de Población. Ver fuente

Fundación Cidoc y Sociedad Hipotecaria Federal (2010, octubre). Estado Actual de la Vivienda en México (EAVM) 2010. Gobierno de México. Ver fuente

Hackelberg, F., PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft e IWMInstitute (2018, febrero). Investing in German Real Estate. Ver fuente

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica Enadid 2018. Ver fuente

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). Encuesta Nacional sobre Discriminación Enadis 2017. Ver fuente

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (2018). Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024. Ver fuente

ONU Hábitat III (2017). Nueva Agenda Urbana, Quito. Ver fuente

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (2020). Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024. Ver fuente

Riddy, A. (2018, 9 marzo). Investment funds have found a new cash cow: social housing. NewStatesman. Ver fuente

Titelman, D., Cepal y German Agency for Technical Cooperation (2003, octubre). La banca de desarrollo y el financiamiento productivo. Cepal. Ver fuente


Notas
  1. Los vouchers son apoyos que dan los gobiernos por un porcentaje de la rentas.
  2. Para más información, visitar el Portal Infonavit, en Ver fuente
  3. Reuters (14 de enero de 2020). Ecuador prepara emisión de bono con garantía del BID para plan de vivienda. El Universo. Recuperado de Ver fuente
  4. A diferencia de las bursatilizaciones de hipotecas, los bonos cubiertos o covered bonds son bonos respaldados, en primer lugar, por hipotecas segregadas, y posteriormente, por los balances de los emisores.
  5. Las REITS o REITS son instrumentos financieros que consisten en bursatilizaciones de rentas futuras de propiedades y son muy utilizadas en Estados Unidos, Europa y México para obtener recursos de inversionistas institucionales y construir oficinas, centros comerciales o vivienda en renta.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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Gorka Zubicaray Díaz

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Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN

Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro y doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es Investigador Titular “B” en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán. Sus líneas de investigación son espacio urbano, estructura de clases sociales, cambio sociocultural y etnicidad en la ciudad y su periferia próxima. Cuenta con dos libros de autoría individual y tres como coordinador, además de varios capítulos de libro y artículos en prensa y revistas especializadas.

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Gerardo Gómez del Campo del paso

Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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JOSÉ RAYMUNDO GALÁN GONZÁLEZ

Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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ALEJANDRO CEPEDA GARCÍA

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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EMILIA GARCÍA-ARTEAGA MOLINAR

Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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CAROLINA VILLARREAL LEOS

Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público, con un amplio enfoque en paisaje y accesibilidad.

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SHEILA FERNIZA QUIROZ

Arquitecta por el ITESM con estudios en Barcelona. Actualmente cursa la Maestría en Asuntos Urbanos en la UANL, investigando temas de vivienda, planeación urbana, movilidad y género. Desde el 2013 trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público dentro de la iniciativa de regeneración urbana DistritoTec.

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IBAN TRAPAGA IGLESIAS

Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A. en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la UAM y cursa un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad, migraciones internacionales, fronteras y violencias.

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DIEGO CASTAÑEDA GARZA

Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.