Existe una correlación positiva entre la inversión en infraestructura, urbanización, equipamientos de ciudad y la atención a la inversión, en el abatimiento del rezago habitacional. De ahí que sea fundamental identificar qué productos y políticas públicas innovadoras deben ser impulsadas, sobre todo en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda.
México, como muchos otros países de Latinoamérica, presenta retos importantes en materia de atención al desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, así como un importante déficit habitacional, el cual afecta sobre todo a las personas de bajos ingresos y que trabajan en el mercado informal. Además, se espera que la contingencia por la COVID-19 reduzca sensiblemente la capacidad fiscal de los gobiernos federales, estatales y municipales.
Para hacer frente a estas situaciones es preciso desarrollar políticas públicas y productos innovadores que promuevan la participación del sector privado en la atención a la inversión que requerirá, a su vez, un desarrollo urbano ordenado, que atienda el déficit habitacional.
Asimismo, se requiere de un mercado más sofisticado a largo plazo, capaz de financiar tanto a la estructura y urbanización de la ciudad, como a la vivienda (ya sea para venta, renta asequible o mejoramiento) o a potenciales compradores, con hipotecas, garantías y seguros de crédito a la vivienda.
Con el fin de atender el déficit cualitativo de vivienda es necesario desarrollar productos de microfinanciamiento de mediano y corto plazo que atiendan al sector, preferentemente informal y de bajos ingresos, con productos de mejoramiento, ampliación, remodelación de vivienda, lotes con servicios y entrega de títulos de propiedad.
La experiencia internacional demuestra que existe una correlación positiva entre la inversión en infraestructura, urbanización, equipamientos de ciudad y la atención a la inversión, en el abatimiento del rezago habitacional en países que han desarrollado más sofisticación en temas de subsidio, garantías y financiamiento, así como una mayor penetración de financiamiento e inversión del sector privado al desarrollo urbano y la vivienda en proporción con su PIB. Por ejemplo, países como Chile, Colombia o Panamá presentan menos riesgo de asentamientos informales (BID et al., 2014). Por el contrario, países con poco desarrollo en el mercado de financiamiento al sector han incrementado de manera drástica dichos asentamientos (BID et al., 2017).
Por ello es de suma importancia identificar qué productos y políticas públicas innovadoras deben ser impulsadas, particularmente en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda para atraer la inversión del sector privado.
1. Productos innovadores que se pueden impulsar en materia de desarrollo urbano y vivienda
I. Subsidios a programas de mejoramiento urbano, infraestructura y equipamiento de la ciudad
- Subsidios al mejoramiento del espacio público.
- Subsidios a la titulación con el objetivo de regularizar el suelo urbano y que las familias tengan un título de propiedad.
- Subsidios a infraestructura (pavimentación, ensanche de banquetas, drenaje, manejo de residuos sólidos).
- Subsidios que desincentiven el uso de transporte motorizado (ciclovías, vivienda asequible orientada al transporte).
- Subsidios para actualización o publicación de planes de desarrollo urbano y planes parciales de desarrollo.
II. Subsidios que promueven la atención al déficit habitacional
Existen poblaciones vulnerables con muy baja calidad salarial que deben ser apoyadas con subsidios al 100 % o con la fórmula: ahorro, subsidio y financiamiento. Para ello, se deben diseñar programas de subsidios a toda la cadena de valor de la vivienda:
- Subsidio para adquisición de vivienda nueva y usada.
- Subsidio para la renta: vouchers, 1 senior living (vivienda para adultos mayores), dormitorios para estudiantes y profesores, jornaleros y migrantes.
- Subsidio para mejoramiento, ampliación y remodelación de vivienda.
- Subsidio para la autoproducción de vivienda y vivienda progresiva.
- Subsidio para mejoramiento de unidades habitacionales existentes.
- Subsidio para vivienda destinada a migrantes y jornaleros.
- Subsidio para vivienda sostenible que reduzca consumo de agua, gas y energía eléctrica.
- Subsidio para incorporar las tecnologías de la información (internet, computadoras, etcétera) a la vivienda.
- Subsidio para vivienda rural (respetando los usos y costumbres) y la vivienda vernácula.
- Subsidio para vivienda en retrofit, para transformar una vivienda deteriorada, normalmente de valor patrimonial en México, en varias viviendas (lofts, coworking, etc.) para aprovechar su huella de carbono y reutilizarla.
III. Financiamientos y garantías que promuevan recursos privados nacionales y extranjeros para desarrollo urbano y soluciones de vivienda asequibles
Es de total trascendencia diseñar productos innovadores que incentiven recursos privados nacionales y extranjeros para acompañar a los gobiernos en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y para la atención de las soluciones de vivienda. Para ello es necesario desarrollar operaciones con los siguientes productos:
- Financiamientos, seguros de crédito a la vivienda y garantías a gobiernos que apalanquen recursos invertidos en el sector privado e incrementen los retornos de los proyectos de desarrollo urbano y vivienda. Por ejemplo, seguros de crédito o microfinanciamiento a la vivienda; garantías de primera pérdida que reduzcan las probabilidades de incumplimiento o la severidad de la pérdida de los proyectos de financiamiento destinados a desarrollo urbano y vivienda para las familias de bajos ingresos e informales.
- Financiamientos y garantías a los gobiernos que apoyen productos financieros que reduzcan barreras de entrada y salida que promuevan “piso parejo”. Es decir, apoyar tanto a pequeños como a medianos constructores e inversionistas a poder entrar y salir con recursos de financiamiento en el mercado de desarrollo urbano y vivienda, para democratizar la inversión en el sector.
- Financiamientos y garantías a los gobiernos que apoyen productos financieros que promuevan atención a bajos ingresos y no afiliados. Los programas de subsidio y apoyo a la vivienda con financiamiento o garantías de primera pérdida o seguros de crédito a la vivienda para que las familias tengan pagos mensuales asequibles y así solucionen sus necesidades de vivienda.
IV. Financiamientos y garantías que canalicen recursos privados al sector de desarrollo urbano y vivienda a través del mercado de valores
El mercado financiero puede ser el vínculo entre los inversionistas nacionales y extranjeros interesados en invertir en el mediano y largo plazo en el sector. De esta manera se relacionan, por un lado, los constructores y demandantes de soluciones de infraestructura, urbanización y vivienda, y por el otro, los bancos, inversionistas, institucionales y microfinancieras. Para desarrollar un mercado profundo de subsidio y financiamiento se requiere, entonces:
- Desarrollar un mercado de inversionistas institucionales nacionales y extranjeros que invierta en el sector de infraestructura, urbanización y vivienda. Es urgente obtener financiamiento de inversionistas con horizonte de inversión a largo plazo, para dar créditos con pagos pequeños asequibles a las familias. Países como Chile (BID et al., 2014), Alemania (Hackelberg et al., 2018) y Estados Unidos (Riddy, 2018) entre otros, han desarrollado transformaciones en sus fondos de pensiones, compañías aseguradoras y sociedades de inversión para que sean ellas, a través de diferentes instrumentos financieros, las que financien tanto la construcción de infraestructura de ciudad como la demanda de soluciones de vivienda.
- Fortalecer los bancos de desarrollo gubernamentales y organismos nacionales de vivienda que se dediquen al financiamiento o sirvan de garantes en el sector vivienda. Con el fin de propiciar el acceso a la vivienda con productos de financiamiento, algunos países han creado bancos gubernamentales de desarrollo especializados en este sector. Dichas instituciones otorgan créditos, seguros de crédito a la vivienda y garantías, que promueven la construcción y adquisición o mejoramiento de viviendas preferentemente de interés social y medio. Un ejemplo de ello son la Sociedad Hipotecaria Federal en México y el Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/CAIXA) en Brasil.
- Asimismo, existen otras organizaciones con participación público-privada. El caso más exitoso ha sido el Infonavit, cuya función principal es proporcionar a los trabajadores créditos hipotecarios y no hipotecarios relacionados con la vivienda, así como obtener rendimientos de los ahorros de pensión de jubilación del Fondo Nacional de Pensiones. 2
- Profundizar el mercado de bursatilizaciones. Para que los gobiernos, bancos y microfinancieras descarguen sus carteras de crédito existentes y puedan otorgar nuevos financiamientos.
- Utilizar garantías de bancos de desarrollo y multilaterales para que los bancos, gobiernos y constructores emitan bonos con mejor calificación y obtengan financiamiento más barato destinado a subsidios o financiamientos a desarrollo urbano y soluciones de vivienda. El caso de Ecuador, 3 con una emisión de 300 millones de dólares con garantía del BID, ayudó a que el gobierno contase con más recursos y más baratos a través de un bono social para subsidiar mejoramientos y autoproducciones en su país. Asimismo, Vinte, que es una desarrolladora de vivienda en México, emitió un bono verde con garantía del BID por 699 millones de pesos.
- Potenciar intermediarios financieros capaces de financiar la oferta y demanda de vivienda (bancos comerciales, microfinancieras, aseguradoras de crédito a la vivienda, etcétera). La experiencia internacional ha demostrado que en países como Canadá, Estados Unidos, Panamá, Chile y Colombia, gran parte del financiamiento de hipotecas proviene de la banca comercial (Titelman, 2013). Asimismo, familias de América Central y de la región andina y el Cono Sur atienden sus necesidades de mejoramiento, ampliación y autoproducción de vivienda con microfinanciamientos de cooperativas, microfinancieras o bancos comerciales dedicados a la base de la pirámide.
- Por ello es de suma importancia promover su participación, ya sea a través de beneficios fiscales, subsidios, o bien, del diseño de productos de la banca de desarrollo capaces de mitigar el riesgo de la banca comercial (seguros de crédito a la vivienda o garantías de primera pérdida).
- Adicionalmente, países como Colombia, Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá, entre otros, han desarrollado mercados de covered bonds 4 para reducir los niveles requeridos de reservas y capital en los balances de los intermediarios financieros con el objetivo de darles un mayor espacio para originar más crédito para la vivienda (EAVM, 2010).
- Canalizar recursos de las bolsas de valores a vivienda en renta de bajos ingresos. Se requiere que se apoye el desarrollo de instrumentos financieros como los REITS o FIBRAS, 5 así como bonos relacionados con el sector vivienda en renta social, para:
- Facilitar las transacciones con valores respaldados por créditos a la vivienda en renta.
- Procurar el desarrollo del mercado de inversionistas institucionales de largo plazo para financiar vivienda en renta.
- Promover más financiamiento a constructores de vivienda social en renta.
- Hacer asociaciones público-privadas (APP o PPP) para construir parques habitacionales de vivienda en renta y albergues temporales para migrantes y jornaleros. En Inglaterra, Estados Unidos y otros países se hacen APP para que los privados construyan, administren y operen vivienda social en renta —propiedad de los gobiernos—, y éstos, a su vez, a través de los APP, destinan presupuesto anual para el pago de los servicios del sector privado, de tal manera que no se requiere un desembolso grande inicial, sino que se prorratea en 10 a 20 años de operación de la APP.
México: tan diverso como desigual
Situación de las mujeres
A pesar de que las mujeres conforman la mayoría poblacional en México, existe inequidad de oportunidades laborales, convirtiéndola en una población vulnerable en los aspectos alimenticio, de salud y de pobreza. Por ejemplo, en 2016 el porcentaje de pobreza en las áreas urbanas del país ascendió a 39.2 %; de dicho total, las mujeres representaron 27.9 % (Coneval, 2017).
México tiene una de las tasas más bajas de participación laboral femenina en la región de América Latina y el Caribe. Mientras en México la participación femenina es de 55.3 %, en Chile, Brasil y Colombia es de 69 %, 70 % y 74 %, respectivamente (OCDE, 2017). Este aspecto es fundamental ya que no sólo afecta directamente la calidad de vida de las mujeres y sus hijas o hijos, sino que también incide en la productividad del país.
En 2018, en México, 51.6% de las mujeres no tenían un trabajo remunerado. Este indicador se dispara a 81.7 % y a 80.7 % cuando se trata de mujeres de ámbitos rurales y mujeres de ámbitos indígenas, respectivamente (Echarri, 2020).
El 41.8 % de las mujeres mexicanas viven en una residencia sin escrituras. Este porcentaje asciende a 56.6 % en zonas rurales pobres y a 63.2 % si se superpone la pertenencia a pueblos indígenas (Echarri, 2020).
Situación de los pueblos indígenas y afromexicanos
De acuerdo con el Programa Nacional de Pueblos Indígenas 2018-2024, en México existen 25.7 millones de personas que se autoadscriben como indígenas, lo que representa 21.5 % de la población nacional. Por su parte, 1.3 millones de personas se consideran afromexicanas, lo que representa 1.2 % de la población. En nuestro territorio existen 64,172 localidades con población indígena y 7.4 millones de hablantes de alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 % de los habitantes mayores de tres años del país (INPI, 2018).
Los pueblos indígenas y afromexicano viven en condiciones de gran pobreza, marginación y discriminación en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La exclusión y el racismo explican esta lacerante situación. No ha existido un diseño político de largo plazo acorde a su diversidad cultural, social o económica, ni se han establecido las políticas públicas duraderas que sean acordes a sus formas de organización y que atiendan sus reivindicaciones y aspiraciones de vida.
Situación de las personas con capacidades diferentes
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México define como una persona con discapacidad a “aquella que tiene alguna limitación física o mental para realizar actividades en su casa, en la escuela o trabajo, como caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir, escuchar, etc”. De acuerdo con cifras del Inegi, en 2018 se contabilizaron 7.7 millones de mexicanos con alguna discapacidad, de las cuales 54.2 % corresponde a mujeres y 49.9 % es adulto mayor (Enadid, 2018).
Además de la marginación en términos de acceso al derecho del trabajo, también existen brechas (significativamente mayores) en cuanto a la protección laboral y el tipo de empleos en los que se ocupan. Por cada 100 personas con alguna discapacidad auditiva o en el habla sólo 19 son trabajadores asalariados en el sector formal; para quienes presentan discapacidad motriz la cifra es 14 de cada 100. La discapacidad cognitiva o mental es la más castigada, con 13 de cada 100 habitantes en esta situación (Enadis, 2017).
Desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, para promover la equidad de género, diversidad e inclusión de personas originarias de pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad
El gobierno mexicano tiene muchos retos en materia de desigualdad de la población de mujeres y niñas, personas originarias de pueblos indígenas y afromexicanos, así como personas con discapacidad o con capacidades diferentes.
Existen muchos compromisos nacionales e internacionales encaminados a reducir las brechas, descritas arriba. Además, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 (Sedatu, 2020) define como uno de sus objetivos: “Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que, por su identidad, género, condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad, han sido excluidas del desarrollo territorial”.
Por ello, la intervención en desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en México puede aprovecharse para promover la inclusión y la participación de mujeres y las personas originarias de pueblos indígenas y afromexicanos en el mercado laboral y mejorar la calidad de vida para personas con discapacidad o capacidades diferentes.
De esta manera, estas intervenciones estarían alineadas a la Declaratoria de la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III (ONU Hábitat III, 2017), encaminada a promover ciudades compactas, incluyentes, resilientes y que promuevan la equidad de género y la diversidad.
Es de vital importancia que, cuando se conceptualicen las intervenciones de ciudad, vivienda y su diseño, se considere la participación activa de mujeres, miembros de la comunidad indígena, afromexicanos y personas con capacidades diferentes mediante procesos participativos en los que tengan voz y voto. Todo con los siguientes objetivos:
- Proveer servicios que permitan que las mujeres tengan más tiempo libre para el desarrollo profesional y, por consiguiente, mejores posiciones y sueldo en sus trabajos.
- Incorporar criterios de equidad de género y de integración de usos y costumbres de comunidades indígenas y población afromexicana, así como incorporar elementos que promuevan la accesibilidad en espacios públicos e infraestructuras para personas con capacidades diferentes.
- Considerar, en algunas intervenciones, albergues, orientación y apoyo para mujeres en situación de violencia de género por su pareja o familiares.
- Contar con señalización y características que salvaguarden las infraestructuras, reconozcan las culturas y utilicen los idiomas indígenas, y que sean accesibles para personas con discapacidad o capacidades diferentes.
- Promover el papel que el arte y el conocimiento local juegan en la rehabilitación y la revitalización de las zonas urbanas.
- Promover intervenciones con un entorno urbano articulado, bien comunicado y con equipamientos de cercanía donde las prioridades hayan sido determinadas considerando la opinión de las mujeres, población originaria de pueblos indígenas y afromexicanos, y personas con discapacidad o capacidades diferentes.
- Introducir propuestas de actuaciones por la gestión de parte pública, privada y social de los equipamientos e infraestructuras públicos, favoreciendo la equidad de género, la inclusión de pueblos indígenas y de personas con discapacidad o capacidades diferentes.
- Introducir criterios de inclusión acercando la vivienda a equipamientos de salud, educativos, culturales y de esparcimiento y lugares de trabajo.
- Introducir criterios de inclusión dotando de transporte, mobiliario urbano y banquetas adecuados para personas dependientes o capacidades diferentes.
- Ofertar en las intervenciones, actividades y servicios utilizados en la vida cotidiana de las mujeres, de los pueblos indígenas y afromexicanos y personas con discapacidad o capacidades diferentes.
- Reforzar la incorporación del comercio de proximidad y servicios de uso cotidiano como farmacias o entidades bancarias.
- Mejorar la accesibilidad y la percepción de seguridad de los espacios públicos con cámaras de circuito cerrado y conectadas a servicios de seguridad pública para que sean más transitados y utilizados.
- Priorizar aquellos equipamientos que tienen un mayor impacto, como son los asistenciales, educativos y sanitarios.
- Crear, junto con los municipios, organizaciones público-privadas para empoderar a los vecinos en la gestión y mantenimiento de las intervenciones, con el fin de mantener la calidad del conjunto urbano a largo plazo.
- Asegurar mecanismos de participación donde se fomente y facilite la participación de mujeres y de personas indígenas, en particular en lo que se refiere al idioma, los espacios y los momentos de participación.
- Llevar a cabo alianzas con los tres órdenes de gobierno para canalizar programas relacionados con apoyo a pueblos indígenas (CNDI), mujeres (Inmujeres) y población con capacidades diferentes.
- Aumentar la disponibilidad de equipamientos que atiendan a niños y adultos mayores dependientes de mujeres, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en la población residente.
- Priorizar la implantación de equipamientos sanitarios que favorezcan especialmente la equidad de género y para personas con capacidades diferentes.
- Favorecer programas de microemprendimiento que supongan la provisión de servicios de apoyo para mujeres, personas originarias de comunidades indígenas y personas con capacidades diferentes.
- Mayor disponibilidad de equipamientos comunitarios que realicen actividades educativas y de desarrollo comunitario con población preadolescente y adolescente, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar y así evitar embarazos tempranos.
- Promover guarderías que se adapten a las necesidades de madres de niños pequeños (de 0 a 6 años) que trabajan fuera del hogar.
- Situar en un mismo itinerario peatonal en torno a 30 minutos a pie, todos los equipamientos de máxima prioridad para las mujeres, y de 15 minutos para las personas con capacidades diferentes.
- Favorecer el desarrollo de centros comunitarios que integran actividades asimilables a clubes de tareas para adolescentes o “clubes de niños y niñas”.
- Proveer señalización en el pavimento, así como la creación de banquetas incluyentes. De igual forma, la habilitación de bibliotecas con contenidos en lenguaje braille, en lengua de señas y en lenguas de las comunidades indígenas.
- Priorizar rampas, guías táctiles y otras adaptaciones para facilitar la movilidad de las personas que tienen alguna discapacidad visual, auditiva o motriz.
- Proveer aceras anchas (para sillas de ruedas), lisas, con rampas, sin postes o farolas en lugares no habituales; así como estaciones de metro con ascensor o escaleras automáticas; semáforos con voz; carteles con información en braille y con imágenes simples, parques con columpios adaptados, colegios de integración, etcétera. Estos elementos permiten que las personas con discapacidad se muevan libre y seguramente por la ciudad.
Políticas públicas innovadoras para impulsar atención al rezago habitacional
Adicional a productos innovadores, es fundamental promover políticas públicas, reformas y regulaciones que atiendan el rezago habitacional, mismas que se describen a continuación:
- Coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Coordinación en las zonas más expuestas a riesgo de desastres para canalizar las inversiones, así como para la definición de usos de suelo para vivienda social bien ubicada y con acceso a todos los servicios de la ciudad.
- Mediciones de impacto de los programas de desarrollo urbano y vivienda. Uso de la tecnología para la generación de un sistema de información detallada y precisa que permita evaluar el impacto de los subsidios, así como planificar su asignación futura y dar transparencia en la derrama de recursos.
- Incentivos fiscales y cambios en la regulación que detienen la inversión del sector privado en la inversión en desarrollo urbano y vivienda. La calibración de los incentivos del Estado para promover la participación de hogares y del sector privado en el mejoramiento de la vivienda y del arrendamiento.
- Continuar la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y de Catastros, para dotar de certidumbre a la propiedad de la vivienda y promover el mercado secundario de la misma.
- Racionalización de los programas de desarrollo urbano y vivienda, para mejorar su focalización, minimizar su regresividad y evitar las filtraciones, con el fin de orientar los recursos hacia los segmentos de más bajos ingresos.
- Marco regulatorio para la gestión del suelo, que garantice la provisión de suelo urbanizado bien localizado y la inclusión de equipamientos de ciudad y vivienda.
- Integración de la gestión de desastres, como parte de la política de desarrollo urbano y vivienda, así como la utilización activa de los subsidios para promover el reasentamiento voluntario en zonas de riesgo no mitigables y evitar asentamientos en zonas de riesgo.
- Integración de mesas intersecretariales o interministeriales de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, para promover vivienda verde, cercana tanto al transporte público como a equipamientos de salud, educativos y fuentes de empleo. Asimismo, que la vivienda esté alineada a los objetivos ODS y los compromisos de cambio climático del país.
- Legislación relativa a Grandes Proyectos Urbanos (GPU) o desarrollos certificados.
- Concursos nacionales y alianzas de los gobiernos con escuelas de arquitectura y sociedad civil, para promover programas de mejoramiento urbano y prototipos de vivienda de acuerdo con los usos y costumbres de las familias, respetando la vivienda vernácula de la región y el confort considerando su zona bioclimática.
- Revisar los marcos legales referentes a las bursatilizaciones y securitizaciones de vivienda, con el fin de propiciar un mercado más atractivo, pero evitar crisis subprime.
- Hacer una legislación relativa al retrofit de inmuebles catalogados patrimonialmente. Respetar los inmuebles, pero darles un nuevo uso habitacional o mixto.
- Desarrollar sistemas de monitoreo del rezago y productos de subsidio y financiamiento relacionados a los perfiles de riesgo y plazo considerando si se atenderá el déficit cuantitativo o cualitativo del país. De acuerdo con los demográficos actuales y potenciales de México, se puede apoyar a los gobiernos con el desarrollo de modelos de medición por calidad salarial y datos demográficos con el fin de tener un diagnóstico de:
- Monto de recursos necesarios para atender dicho déficit actual y potencial.
- Población que se atenderá (jóvenes, adultos mayores, mujeres jefas de familia, migrantes, etcétera).
- Calidad salarial de los potenciales beneficiarios y la volatilidad de sus ingresos (bajos, medios, altos).
- Fuentes de ingreso de la población que se atenderá (sector formal, informal, trabajadores independientes, migrantes, etcétera).
- Ubicación de la vivienda (vivienda urbana, semiurbana o rural), entre otros.
Conclusiones
El proceso de urbanización y el rezago habitacional actual y potencial en México presenta desafíos importantes en cuanto a la necesidad de recursos. Asimismo, existen problemas fiscales que imposibilitan a los gobiernos destinar los montos que se requieren para atender a su población. En ese sentido, resulta indispensable incentivar recursos del sector privado para atender las soluciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda del país a través del diseño de nuevos productos financieros y de subsidio.
Ante la imposibilidad de participar en los mercados de financiamiento, los hogares de ingresos bajos y en situación de informalidad laboral recurren a la utilización de préstamos informales por parte de amigos o familiares, agiotistas con altas tasas de interés o también a la vivienda progresiva. Esto ha creado asentamientos informales en zonas de riesgo. Mejorar la situación habitacional de los hogares de menores ingresos, entonces, supone introducir un marco normativo y productos innovadores que lo impulsen.
Asimismo, la ciudad y el entorno urbano público son de uso común para todos los ciudadanos que pertenecen a la misma. Las mujeres, personas originarias de pueblos indígenas y afromexicanos, así como con capacidades diferentes, son miembros de nuestra sociedad y mismos ciudadanos, y este grupo, ya no minoritario, no se debería de ignorar en el desarrollo y planificación de la ciudad.
Por ello, promover programas, productos y políticas públicas para la inversión en desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en México, con participación público-privada, representa una oportunidad para reducir las brechas de pobreza y marginación en el país, a la vez de abrir el acceso y derecho a la ciudad y a espacios públicos de esta población.
Bibliografía
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Notas
- Los vouchers son apoyos que dan los gobiernos por un porcentaje de la rentas.
- Para más información, visitar el Portal Infonavit, en Ver fuente
- Reuters (14 de enero de 2020). Ecuador prepara emisión de bono con garantía del BID para plan de vivienda. El Universo. Recuperado de Ver fuente
- A diferencia de las bursatilizaciones de hipotecas, los bonos cubiertos o covered bonds son bonos respaldados, en primer lugar, por hipotecas segregadas, y posteriormente, por los balances de los emisores.
- Las REITS o REITS son instrumentos financieros que consisten en bursatilizaciones de rentas futuras de propiedades y son muy utilizadas en Estados Unidos, Europa y México para obtener recursos de inversionistas institucionales y construir oficinas, centros comerciales o vivienda en renta.
