Gestión del suelo para la producción de vivienda incluyente en la Ciudad de México

Por Anavel Monterrubio Redonda

En el presente documento se explican cuáles son los instrumentos de gestión del suelo existentes (así como algunas de sus principales limitaciones) para producir vivienda incluyente, 1 en el marco de la operación del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México.

La escasez de suelo apto 2 es un problema estructural para la construcción de vivienda en la Ciudad de México. Su carencia obedece al incremento progresivo y sostenido de su valor, provocado a su vez por las dinámicas económicas generadas en torno de sus características de centralidad, como el nivel de acceso a servicios, el grado de conexión con el resto de la ciudad, las vías de comunicación disponibles, etc. Este tipo de incremento, además de encarecer el suelo apto, conlleva a la segregación y expulsión de la población residente que no puede mantenerse a la par de la escalada en la presión económica. Por todo esto, los costos y la localización del suelo resultan factores determinantes para la generación de oferta de vivienda de bajo costo.

Ante tales circunstancias, los gobiernos se ven en la necesidad de establecer mecanismos de gestión del suelo (tanto legales como fiscales y financieros) para permitir la generación de una reserva de suelo apto como base para la producción de vivienda adecuada 3 (Alonso, 2015) —sobre todo dirigida a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad—.

En la Política Nacional de Suelo (PNS), la gestión de este bien se define como “el proceso que conjunta la creación de canales de comunicación con diversos actores, y el uso de leyes, normas, políticas e instrumentos para la ejecución de acciones integrales de incorporación, ocupación y uso del suelo en el desarrollo urbano” (Instituto Nacional del Suelo Sustentable [Insus], 2020, p. 18). Su objetivo es movilizar el mercado inmobiliario para corregir situaciones socialmente inaceptables e ineficientes, generadas por la naturaleza económica del suelo (García et al., 2014) en los procesos de crecimiento o reciclamiento de la ciudad, tales como la especulación, los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, el incumplimiento de la función social de la propiedad, las dificultades para la conectividad, la movilidad y el desarrollo de infraestructura urbana, así como la escasa disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que determinen los planes o programas de desarrollo urbano, entre otros.

Al respecto, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU, 2016, art. 11) establece que la Federación, las entidades y los municipios tienen la obligación de generar instrumentos que permitan la disponibilidad de suelo para atender a la población en condiciones de pobreza.

Por lo anterior, resulta indispensable analizar el rezago habitacional que prevalece en el país y las estrategias para reducirlo. Actualmente, una cuarta parte de los hogares se encuentra en esta situación (ONU-Hábitat, 2017), por lo que ampliar las opciones con las que la ciudadanía cuenta para aprovechar el suelo urbanizado puede ser una estrategia poderosa de combate contra la marginación.

No obstante, el costo del suelo disponible no es compatible con el presupuesto gubernamental para la gestión de proyectos de vivienda asequible, especialmente en las áreas consolidadas de la ciudad, debido al comportamiento inmobiliario y por el incremento rápido y permanente de sus costos. Así, solo pueden ponerse en marcha estrategias habitacionales para sectores populares si el gobierno controla el mercado de suelo (López, 2020), en un esquema en el que los fondos de financiamiento disponibles para vivienda parten de que la situación de propiedad (dominio) del suelo debería estar resuelta (Gargantini et al., 2014), y en tanto que los factores que privan del satisfactor básico de la vivienda sean el suelo (con servicios y atributos de ciudad a precios asequibles) y la capacidad económica de las personas (Acosta, 2019).

En este orden de ideas, el precio y la localización del suelo son los principales problemas para la producción de vivienda (Jefatura de Gobierno [JG], 2019). Ambos aspectos resultan difíciles de resolver dadas las condiciones actuales de la planeación urbana:

  • Cada vez más, se tiende a favorecer el uso de los instrumentos de fomento, mediante la flexibilización de las restricciones a las transformaciones del uso de suelo establecidas en los instrumentos regulatorios de los programas de desarrollo urbano.
  • La oposición de los desarrolladores privados a los mecanismos redistributivos de gestión del suelo, insistiendo en desarrollar proyectos que solo consideran los usos rentables, dejando de lado los que no generan un beneficio; entre ellos la vivienda de bajo costo (Menéndez, 2017; Morales, 2019).

Ante este panorama, ¿cómo asegurar el componente redistributivo de desarrollo urbano a través de la gestión del suelo para vivienda adecuada, garantizando al mismo tiempo procesos de equidad y sostenibilidad? La respuesta, como hipótesis inicial, es que este elemento redistributivo está en la naturaleza y uso de los instrumentos de las políticas de desarrollo urbano vigentes.

El objetivo del presente documento es explicar cuáles son los instrumentos de gestión del suelo existentes (y algunas de sus principales limitaciones) para producir vivienda incluyente en el marco de la operación del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México.

I. Instrumentos de gestión del suelo en la planeación para la regeneración urbana

En la Ciudad de México, la política de desarrollo urbano para el aprovechamiento del territorio está orientada hacia el concepto de ciudad compacta. Esta política, basada en los principios del desarrollo sostenible, pone el acento en la regeneración de la ciudad existente. Sus principales estrategias son:

  • De reciclamiento urbano mediante la reconversión de zonas industriales o de servicios para albergar desarrollos habitacionales y mixtos.
  • De densificación de áreas habitacionales de baja densidad que cuenten con accesibilidad favorable, infraestructura básica y equipamiento suficiente.
  • De reutilización de inmuebles desocupados o subocupados, potenciando su uso.

En este marco, el principal mecanismo bajo el cual se da la incorporación de suelo urbano para vivienda de interés social y popular son los conjuntos urbanos en régimen de propiedad en condominio (Gómez del Campo, 2016). El acceso al suelo para este uso es cada vez más reducido, lo mismo dentro que fuera de la estructura urbana, y es el principal problema que enfrentan tanto las familias como el gobierno para producir este bien.

Para atender esta situación, y con base en el sistema de planeación urbana, el gobierno de la ciudad cuenta con instrumentos de gestión del suelo que, acordes con las políticas de desarrollo urbano, tienen como objetivo integrar la reserva territorial y estimular el funcionamiento del mercado inmobiliario para vivienda de interés social y popular. Sin embargo, algunos de ellos son coercitivos, otros indicativos, algunos no se utilizan y unos más carecen de legitimidad entre la ciudadanía.

Con la finalidad de ofrecer una aproximación explicativa sobre tales instrumentos, a continuación se revisa el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México.

Se trata de uno de los Programas de Actuación Urbanística que la actual administración ha puesto en marcha como expresión de las políticas locales en materia de suelo y vivienda, así como marco de referencia para la concertación entre el gobierno central, las alcaldías, los productores sociales u organizaciones sociales de vivienda, los Organismos Nacionales de Vivienda (onavis) y las empresas desarrolladoras, con el fin de potenciar la gestión de suelo y garantizar una oferta suficiente de vivienda incluyente.

El programa es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y tiene como objetivo incentivar la construcción de vivienda incluyente con la aplicación de facilidades administrativas y beneficios fiscales en 12 zonas y corredores de la Ciudad de México, caracterizadas por contar en su entorno inmediato con equipamientos urbanos, factibilidad hidráulica y servicios de transporte público masivo (JG, 2019).

Su meta es que, en cada uno de los proyectos desarrollados en el marco de este programa, se construya al menos 30 % de vivienda incluyente, cuyos precios deberán estar en un rango de entre 6 865 y 13 308 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por vivienda, de lo que resulta que el precio máximo ponderado del metro cuadrado habitable no podrá ser superior a 188 UMA (JG, 2019; JG, 2020a).

Con este propósito, el programa establece como líneas programáticas para la producción de vivienda incluyente:

  • La recuperación de inmuebles de alto riesgo en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
  • La regeneración de corredores urbanos.
  • El reciclamiento de zonas industriales y deterioradas.

Y como principales acciones:

  • Delimitación de zonas y corredores prioritarios.
  • Inversión pública complementaria en acciones de mejoramiento del entorno.
  • Emisión de beneficios fiscales.
  • Facilidades administrativas.
  • Operación del programa a través del portal electrónico determinado para ello.

A. Polígonos de desarrollo y construcción prioritarios

  • Polígono de actuación 5 dentro de las áreas establecidas por el Programa General de Desarrollo Urbano.
  • Reajuste de tierras, reparcelación o reagrupamiento parcelario. 6
  • Sistemas de actuación social, privada o por cooperación 7 que aplican dentro de los polígonos de actuación.
  • Aplican en el Sistema de Actuación por Cooperación-Tacubaya y, para el Centro Histórico, en el SAC-San Pablo (integralmente), SAC-Alameda Reforma (parcialmente) y SAC-Doctores (parcialmente) (Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México [ACHCM], 2018).
 

Algunas consideraciones

Con el fin de prevenir actos de corrupción, es la ciudadanía quien vigila su aplicación, por lo que, para su uso, conviene tomar en cuenta algunos de los puntos que generan mayor resistencia ciudadana:

  • Opacidad y discrecionalidad en las decisiones sobre las obras de mitigación, particularmente en lo que se refiere a la relocalización y permuta de usos, destinos y potencialidades del suelo y de construcción de los mismos predios (privados o públicos).
  • Opacidad en la información relativa a los polígonos y los sistemas de actuación, sobre todo en lo que respecta a los convenios de concertación, el fideicomiso privado, la selección de proyectos, las obras de mitigación e integración, el modelo de tasación de las construcciones y la administración de la bolsa de vivienda.
  • Adicionalmente, es importante considerar que:
  • Son instrumentos en donde los desarrolladores tienen la opción de adherir y aceptar (o no) la incorporación de medidas de sustentabilidad, lo que ocasiona un modelo de desarrollo poco sostenible e integrado.
  • Los proyectos que se desarrollan en estos polígonos, aun con medidas de mitigación, ignoran los impactos en la ciudad, invisibilizando el efecto redistributivo.
  • Se observa una débil concurrencia de autoridades del gobierno central y las alcaldías para el mejoramiento del entorno urbano y los espacios públicos, así como una desvinculación en el uso de estos instrumentos, aunque se aplican en áreas muy concretas.

B. Incremento de densidades por aplicación de las Normas de Ordenación 8

Se trata de la utilización de Normas de Ordenación para edificabilidad adicional a la básica, particularmente la aplicación de:

  • NOG 10. Alturas máximas en vialidades en función de la superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y laterales.
  • NOG 26. Norma para impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular en suelo urbano —para inmuebles intervenidos por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México—.
  • NOG 12. Sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano.
  • Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los trabajadores derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda.
 

Algunas consideraciones

  • Es frecuente la denuncia vecinal acerca de la opacidad de la acción gubernamental sobre las autorizaciones para la construcción de vivienda (cálculo de densidades óptimas, las zonas de riesgo, la provisión agua, etcétera).
  • En el caso del sistema de transferencia de potencialidades, no es clara la precisión del vínculo con la legislación fiscal y las reglas de valuación del potencial que se compra o vende (Morales, 2004).

C. Reservas de suelo para uso social

El concepto de reserva territorial refiere “toda superficie colindante con el área urbana de un centro de población o dentro de este, que sea susceptible de ocuparse óptimamente si no está construida, o de renovarse y densificarse si ya lo está” (Olivera, 2001, p. 79). Su uso está dirigido a atender demandas colectivas o de interés general, en este caso, la vivienda.

Para la generación de esta reserva, los instrumentos existentes son:

  • Expropiación de inmuebles para sustitución de vivienda por vivienda nueva terminada o rehabilitación de vivienda e incremento de densidades.
  • Compraventa directa de suelo apto en el mercado inmobiliario.
  • Bolsa de inmuebles integrada por la oferta estatal de suelo, propiedad del gobierno federal o de la Ciudad de México.
  • Donación obligatoria a título gratuito al gobierno de la ciudad para reserva territorial, por efecto de cargas urbanísticas.
 

Algunas consideraciones

Expropiaciones:

  • Se presentan problemas en la fundamentación sobre la utilidad pública para la regeneración habitacional, determinación del grado de riesgo y desacuerdos en el cálculo del monto de las indemnizaciones, lo que puede dar pie a demandas de amparo.

Bolsa estatal de suelo para vivienda:

  • Con frecuencia son predios propiedad del gobierno federal o de la Ciudad de México. No cubren las condiciones para ser suelo estratégico (suelo requerido en el lugar adecuado) para vivienda incluyente.
  • Requiere cambios del uso de suelo.
  • Un número importante de inmuebles que son patrimonio inmobiliario está subutilizado o no se usa, lo que contribuye a agudizar la escasez de suelo y a aumentar su precio.

Adquisición directa de suelo:

  • Implica una negociación con las reglas y valores de mercado, por lo que el costo varía con la localización.
  • Es frecuente que se presenten dificultades en al menos una de las viabilidades requeridas (técnica, financiera, jurídica y localización).

Reflexiones finales

Los instrumentos de gestión del suelo movilizan el mercado inmobiliario, por un lado, al integrar suelo desocupado, subutilizado o menos valorizado; por el otro, al aprovechar óptimamente su potencial, relocalizando usos y densidades. Esto se logra mediante la normativa urbana o por acciones gubernamentales que permitan la creación de una reserva de suelo física o virtual para la producción del espacio urbano en los procesos de regeneración de la ciudad. El desafío, entonces, es doble para el Ejecutivo y el Legislativo: construir conjuntos habitacionales y combatir la especulación.

En este contexto, los instrumentos disponibles para la operación de este programa permiten intervenir el mercado del suelo para desarrollar conjuntos urbanos con oferta de vivienda incluyente; es decir, con una localización que brinde oportunidades de empleo, movilidad, equipamiento, espacio público, etc., a costos asequibles para quienes no están en condiciones de asumir el precio de mercado.

Sin embargo, en la práctica, algunos de ellos, como los de reserva inmobiliaria para uso social —con excepción de la expropiación—, son escasamente utilizados por el gobierno de la ciudad, lo que deja al grueso del mercado de vivienda de este tipo en manos del sector inmobiliario privado, como una forma de promoción inmobiliaria, electiva y voluntaria para el promotor, y no como una obligación que el gobierno pueda imponer, lo que hace que las áreas centrales continúen siendo caras y excluyentes.

Se trata de concesiones o políticas urbanísticas que liberalizan el suelo y que proveen un marco institucional cuya definición, como comenta Morales (2004), refiere una política general de subsidio al uso y usufructo de la propiedad del suelo, lo que hace que cualquier esquema que imponga obligaciones sea rechazado por los desarrolladores.

Al establecer los porcentajes y los precios de vivienda incluyente en zonas determinadas, en realidad no se baja el costo de la vivienda en el mercado inmobiliario. Sin embargo, cabe destacar que el programa tiene el interés loable de procurar una oferta suficiente de vivienda, fuera del libre juego de la oferta y la demanda, para quienes se les dificulta su acceso, y pretende llevarlo a cabo a través de la imposición de los costos finales de la vivienda, lo que responde, efectivamente, a un importante cumplimiento de la función social del suelo.

No obstante, regular el costo no significa que la vivienda va a llegar a quienes menos tienen. Por lo tanto, es importante observar que esta limitación no termine impactando la calidad de la vivienda, y que esta verdaderamente permanezca en manos de quienes la necesitan, porque la experiencia indica que, una vez construida la vivienda, es imposible retener su precio e inevitable su entrada al mercado.

Así, es claro que las intervenciones en procesos de regeneración de la ciudad existentes son mucho más complejas desde el punto de vista social y económico. Además, aunque hay instrumentos de gestión del suelo, en la práctica han sido poco explorados y poco entendidos como una herramienta real para la consolidación de ciudades más sustentables y más justas.

Referencias

Acosta, C. (2019). Derecho urbano comparado: regulaciones de suelo, soportes urbanos y vivienda social. En G. Henao González, C. Acosta y J. Hofman (Eds), Manual de Derecho Urbano. Bogotá: Ed. Universidad del Rosario. Pp. 349- 372.

Alonso, R. (2015). Efectividad del derecho a la vivienda a través de los mecanismos de acceso al suelo en la legislación urbanística española. GOT, n.º 7 (Junio). Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, pp. 45-64.

Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México (ACHCM) (2018). Instrumentos de gestión de suelo para vivienda de interés social en Colombia: análisis de caso. DYNA: Revista de la Facultad de Minas. Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín 81.184. pp 217-224.

García, C., Henao, A. y Vaca, M. (2014). Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México 2017-2022. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 42-51.

Gargantini, D., Pasquale, M. y Garbellotto, L. (2014). Políticas de acceso al suelo urbano: repensar las categorías de análisis. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo 7.14, pp. 202-217.

Gómez del Campo, G. (2016). El debate sobre las cargas urbanísticas, disposiciones que “sí importan”. En A. Azuela (coord.), La ciudad y sus reglas. Sobre la huella del derecho en el orden urbano. México: UNAM, pp. 315-338.

Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) (2020). Política Nacional de Suelo. México: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Gobierno de México. Ver fuente

Jaramillo, S. (2008). Algunos instrumentos de gestión del suelo. Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Colombia: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes, pp. 331-350.

Jefatura de Gobierno (JG) (2019). Acuerdo por el que se aprueba el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México (Peruvi). Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Núm. 213. Noviembre. Administración Pública de la Ciudad de México. Pp 3-22.

Jefatura de Gobierno (JG) (2020a). Nota aclaratoria al acuerdo por el que se aprueba la actualización del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de junio de 2020. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Núm. 374 Bis. Pp. 23-24.

Jefatura de Gobierno (JG) (2020b). Lineamientos para la aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los trabajadores derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en suelo urbano.

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF) (2016). Gaceta Oficial del Distrito Federal, 15 de julio de 2010. Última reforma 06-10- 2016.

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Menéndez, A. (2017). Los objetivos económicos de la regulación del suelo. Revista de Derecho Urbanístico, nº 311. Pp. 277-295.

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Morales, C. (2004a) Transferencia de potencialidad de desarrollo: El caso de la Ciudad de México. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Morales, C. (2019). La financiación urbana a través del suelo requiere de una política coordinada. Entrevista por Natalia García Natalia García y Gorka Zubicaray. En WRI México. Ver fuente

Organización de las Naciones Unidas (2015). Observación general número 4. El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto). Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Olivera, G. (2001). Trayectoria de las reservas territoriales en México: irregularidad, desarrollo urbano y administración municipal tras la reforma constitucional de 1992. EURE (Santiago) [online], vol. 27, n. 81, pp. 61-84. ISSN 0250-7161. Ver fuente en español. Ver fuente en inglés

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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (2019). Impulsando la Vivienda para Trabajadores. Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los trabajadores derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda. Gobierno de la Ciudad de México.

Notas
  1. El gobierno de la Ciudad de México utiliza el término vivienda incluyente para categorizar a la vivienda de interés social, popular y de trabajadores, que cumple con criterios de sustentabilidad, accesibilidad urbana y seguridad estructural (JF, 2019). Es un término que actualmente se discute en el ámbito internacional en relación a las obligaciones, cuotas, exigencias e incentivos vinculados a los proyectos inmobiliarios, con el objetivo de generar vivienda social (Acosta, 2019).
  2. Se considera como suelo apto aquel que cuenta con las cualidades de ubicación, geología, topografía, disponibilidad de agua, costos de desarrollo y otros factores físicos que le permiten ser apropiado para el desarrollo urbano (PNDU, 2014, cit. en Insus, 2020, p. 20).
  3. Se entiende por vivienda adecuada aquella donde se puede “disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” (Observ. Gral. núm. 4, párr. 7).
  4. La vivienda de interés social y popular “corresponde a la expresión legal que establece el monto del precio máximo al que la vivienda debe ser ofertada para garantizar su asequibilidad para los hogares de escasos recursos y para obtener acceso a una serie de estímulos fiscales y facilidades administrativas para su producción” (Monterrubio, 2017).
  5. Superficie delimitada del suelo, integrada por uno o más predios, que se determina en los programas a solicitud de la Administración Pública o a solicitud de los particulares, para la realización de proyectos urbanos mediante la relotificación y relocalización de usos de suelo y destinos (LDUDF, 2016, art. 3).
  6. Instrumento de gestión del suelo que promueve la participación voluntaria de las y los propietarios en procesos de integración inmobiliaria, donde las y los propietarios ceden sus terrenos para dar paso a nuevos proyectos que implican la reconfiguración de un amplio sector urbano, compartiendo el incremento en el valor de la tierra de una manera equitativa y recuperar los costos de construir la infraestructura y los servicios necesarios (Acosta, 2019).
  7. El Sistema de Actuación es un instrumento previsto en la Ley de Desarrollo Urbano (art. 77), que busca articular la acción de los sectores públicos, social y privado, para la realización de proyectos y obras específicas que generen beneficios directos al entorno urbano. Estos sistemas se basan, a su vez, en acuerdos de coordinación, convenios de adhesión, polígonos de actuación, asociaciones público-privadas y reagrupamiento parcelario.
  8. Las Normas de Ordenación establecen las especificaciones para los usos y aprovechamientos del suelo (LDUDF, 2016, art. 47).
  9. “La NGO 26 Para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular está suspendida para los desarrolladores privados, pero no para el Instituto de Vivienda del Distrito Federal u otros Organismos Públicos” (SIG-Seduvi, s.f., cit. en Monterrubio, 2017).
  10. El STP es un instrumento de fomento que permite ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de construcción no edificados, que le correspondan a un predio, según la normatividad vigente aplicable, en favor de un tercero, sujetándose a las disposiciones del Reglamento de la LDUDF, de los programas y a la autorización emitida por la Seduvi (LDUDF, 2016, art. 3).
  11. La norma es un mecanismo para impulsar y facilitar la construcción de vivienda cercana, mixta, asequible, como oferta para los trabajadores derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda (como el Infonavit y el Fovissste) en zonas y corredores específicos de la ciudad (Seduvi, 2019).

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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EMILIA GARCÍA-ARTEAGA MOLINAR

Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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CAROLINA VILLARREAL LEOS

Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público, con un amplio enfoque en paisaje y accesibilidad.

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SHEILA FERNIZA QUIROZ

Arquitecta por el ITESM con estudios en Barcelona. Actualmente cursa la Maestría en Asuntos Urbanos en la UANL, investigando temas de vivienda, planeación urbana, movilidad y género. Desde el 2013 trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público dentro de la iniciativa de regeneración urbana DistritoTec.

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IBAN TRAPAGA IGLESIAS

Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A. en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la UAM y cursa un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad, migraciones internacionales, fronteras y violencias.

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DIEGO CASTAÑEDA GARZA

Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.