¿Hasta cuándo dejaremos de considerar al suelo como un recurso inagotable?

Por Guillermo Gándara Fierro

Este artículo analiza la importancia de conservar la calidad del suelo, con el fin de asegurar el desempeño de las funciones y los servicios ambientales frente a las presiones del cambio del uso de suelo con fines de urbanización. Se destaca la necesidad y urgencia de innovar tanto en la gestión del suelo (urbanizado y urbanizable) como en la gestión de las áreas verdes y parques urbanos, además de las reservas naturales cercanas a estos núcleos. Lo anterior con el objetivo de proveer, mantener y fortalecer sus funciones ambientales. Ya sea en su ámbito natural o urbano, es indispensable contar con instrumentos, normas, programas, etc., que incentiven la correcta gestión del suelo, garantizando el eficiente funcionamiento del entorno natural, dentro y fuera de nuestras ciudades.

En memoria de Susana Judith Hurtado Baker,

promotora de la sostenibilidad e incansable

defensora de los humedales en México.

Cuando Jesús Erquicia, jefe de la Oficina de Ordenamiento Territorial del Gobierno Vasco, hablaba de sostenibilidad urbana, de la ciudad compacta y del principio de transgeneracionalidad en la sostenibilidad, sostenía que “el territorio no es nuestro, sino de nuestros hijos” y que “el territorio es finito” (Deusto, 2013). De inmediato, la idea provocó una “marea” en mi mente, contrastando con las visiones infantiles del Cañón del Cobre, en el estado de Chihuahua, una zona geográfica en donde el territorio parece infinito; de ahí que parezca tan difícil pensar en que ese suelo pueda agotarse.

Hemos trasladado a nuestras ciudades esta visión de “lo interminable del territorio mexicano”. En nuestro país, la gran mayoría de las áreas urbanas devoran territorio a una velocidad alarmante; se expanden al infinito como si el suelo fuese inagotable. En gran parte, varios de los problemas que nos aquejan en la vida urbana —llamadas también externalidades urbanas— tienen su origen en esta forma de expansión (Henry, 2007; Kolstad, 2000a).

Como sabemos, las ciudades ocupan solo 2 % de la superficie del planeta, pero consumen 75 % de la energía y son responsables de 70 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero producidas a nivel mundial (Global Futurist, 2013). Para dimensionar este apetito voraz por el suelo, podemos contrastar el crecimiento urbano frente al crecimiento poblacional. Así, en el contexto latinoamericano esta relación es de 4 a 1, mientras que en las ciudades mexicanas es, en promedio, de 6 a 1 (ONU-Hábitat, 2012). Como en todo promedio, los extremos se diluyen. En el caso de la zona metropolitana de Monterrey, esta diferencia es aún más dramática, ya que, entre 1980 y 2015, la población creció 122 %, mientras que la mancha urbana lo hizo en 733 %. Además, solamente 25 % de la expansión urbana se hizo dentro de las áreas definidas para ello en los correspondientes planes de desarrollo urbano (Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, 2021).

Ante esta situación, vale la pena preguntarnos qué perdemos como sociedad cuando el desarrollo urbano depreda el territorio en dichas proporciones y fuera de las delimitaciones planificadas para ello. Con el fin de tener una respuesta global, es preciso reflexionar sobre las funciones ambientales que se dan en los diferentes tipos de suelos, y que constituyen las bases para sostener los diversos ecosistemas que en ellos se desarrollan.

Crónica de los servicios ambientales desaparecidos

Entre otras funciones, los suelos constituyen el hábitat de diversas especies de flora y fauna, además de la micobiota y la microbiota. El primer término se refiere al “internet” conformado por los hongos existentes tanto en la superficie e interior del suelo, como en los diversos organismos. El segundo hace referencia al mundo de los microorganismos existentes también en dichos espacios, incluyendo a los reinos Monera y Protista (Muñoz, 2020). Por lo general, pensamos y nos preocupamos en mayor medida de las dos primeras, ya que son las que vemos (flora y fauna), pero igualmente importantes son las que no vemos (micobiota y microbiota).

Las conexiones sistémicas entre estos cinco reinos, en conjunto con el reino mineral, permiten el funcionamiento y mantenimiento de las funciones ambientales, como el ciclo de los nutrientes, el control biológico de enfermedades y plagas, la descomposición de contaminantes, la regulación de gases en la atmósfera y el ciclo hidrológico, solo por ejemplificar algunas. Por ello, su existencia, conservación, fortalecimiento y herencia son no solo un compromiso moral, sino una responsabilidad y una ocupación de las generaciones presentes y futuras.

Pensemos por un momento en lo que sucede, por ejemplo, en un incendio o en un desmonte o desbroce. En estos últimos, los daños son superficiales, afectando en mayor medida la flora y la fauna. Sin embargo, en el caso del primero, los daños son más graves, afectando de manera superficial e interna no solo a la flora y a la fauna, sino también a la micobiota y a la microbiota. En consecuencia, la recuperación de los ecosistemas tras un incendio suele darse en el muy largo plazo, en el mejor de los casos (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2001). De hecho, como explica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), es una percepción errónea que el suelo sea renovable en la escala de tiempo humana, ya que se calcula que una capa de suelo de un centímetro de espesor puede tardar alrededor de cien años en formarse. Su degradación puede explicarse, al menos en parte, por la ausencia de políticas públicas que lo consideren un recurso patrimonial y ambiental de primer orden (Semarnat, 2015). Ahora, pensemos en lo que sucede con estas funciones ambientales cuando sustituimos el suelo con concreto, asfalto y ladrillos. La respuesta es obvia: desaparecen por completo.

En la actualidad tenemos un mayor conocimiento sobre las complejas interconexiones entre los seres vivos de los cinco reinos naturales y, por tanto, de las implicaciones de intervenir o afectar los territorios que les albergan. Por ejemplo, preguntémonos, ¿por qué el perezoso desciende al suelo a defecar, exponiéndose así a sus depredadores? La respuesta nos llevará a descubrir que, en sí mismo, el perezoso es un ecosistema que alberga una sorprendente biodiversidad en su pelaje, y es por la superviviencia del ecosistema completo que el perezoso se expone ante los depredadores (Fountain et al., 2017).

Este fascinante caso sirve para ejemplificar el complejo mundo de interconexiones entre especies a lo largo y ancho de los territorios.1 Así, la sana existencia de las relaciones sistémicas entre dichos reinos naturales permitirá, en el corto, mediano y largo plazo, el mantenimiento de las diversas funciones ambientales, garantizando que tanto los territorios como los ecosistemas que en ellos se albergan continúen ofreciéndonos diversos servicios ambientales, como hábitat y sitios de reproducción de especies, paisaje, áreas de recreación, valores culturales, control de la erosión, permeo de impactos ambientales, regulación del clima, fertilidad del suelo, biomimesis, tratamiento de desechos, polinización, provisión de alimentos y materiales, bancos de información genética, entre otros (Belausteguigoitia, 2003; Costanza et al., 1997; Gándara, 2008; Liu et al., 2010; Semarnat, 2015; WRI, 2008).

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El valor económico de las funciones ambientales del suelo

Es mucho lo que perdemos socioambientalmente al urbanizar el nuevo suelo disponible, pues dicha transformación será incapaz de sostener sus funciones y de ofrecer esta variada gama de servicios ambientales. Lo más común en las decisiones del mercado del suelo es que estas únicamente consideren el valor del suelo como un bien inmueble, es decir, su valor de uso para urbanización o edificabilidad; en otras palabras, el valor del metro cuadrado en el mercado del suelo para construir en él avenidas, aceras, viviendas, edificios, naves industriales, aeropuertos, etc. Difícilmente encontraremos internalizado en el valor del metro cuadrado de tierra, los valores económicos por sus funciones y servicios ambientales. De hecho, la razón de tal omisión está más decantada en los fallos del mercado —en este caso los de las externalidades positivas— que en el desconocimiento o la ausencia de mecanismos para ello.

En efecto, las herramientas y metodologías de la ciencia económica para la valoración ambiental están disponibles desde mediados del siglo XX, como el costo de viaje, el costo de oportunidad, la estimación de funciones de producción, de utilidad y de precios hedónicos; y otras recientemente, como la valoración contingente, entre otras (Azqueta, 1994; Kolstad, 2000b; Tietenberg, 2003).

Respecto de la valoración económica del ambiente, los trabajos de Costanza et al. (1997) constituyen un hito a nivel mundial, al analizar, por primera vez, una valoración económica de los servicios ambientales ofrecidos por los ecosistemas del planeta. Estos fueron valorados en un promedio de 33 billones de dólares estadounidenses (1012), cantidad 1.83 veces mayor al valor del PIB mundial en el mismo año de referencia.

Como argumentan las y los autores, los servicios de los sistemas ecológicos y las reservas de capital natural que los producen son fundamentales para el funcionamiento del sistema de sustento de la vida en la Tierra, ya que contribuyen, directa e indirectamente, en el bienestar humano, y, por lo tanto, representan parte del valor económico total del planeta. Los resultados incluyen las estimaciones del valor económico de 17 servicios ambientales para 16 biomas. Para toda la biosfera, el valor se estimó en el rango de 16 a 54 billones de dólares estadounidenses (1012) por año, la mayor parte fuera del sistema de mercado.

En México se cuenta con estudios, investigaciones, reportes y publicaciones sobre diversas aplicaciones de valoración económica del ambiente y de muy específicos servicios ambientales. Sanjurjo e Islas (2007) reúnen las experiencias del Instituto Nacional de Ecología (INE) en la valoración económica de los ecosistemas para la toma de decisiones, mientras que Carabias (2003) expone el estado de la valoración económica y conservación de la biodiversidad en México. Por su parte, Noriega (2002) toma los valores reportados por Costanza y los transfiere a los ecosistemas circundantes a la zona metropolitana de Monterrey, en una extensión de 375 748 hectáreas, estimando en 88.5 millones de dólares anuales (227.7 USD/ha) el valor de los servicios ambientales ofrecidos por los biomas del matorral y pastizales, bosque templado, vegetación urbana, vegetación de galería y zonas agrícolas.

A nivel regional y local podemos encontrar valoraciones de servicios ambientales muy específicos. Por ejemplo, Bolaños (2007) estima el valor de los servicios hidrológicos ofrecidos por los ecosistemas representativos de la Sierra Gorda en el estado de Querétaro. Los valores anuales de dichos servicios ambientales se encuentran entre 98 USD/ha y 1 730 USD/ha para las cuencas El Chuveje y Arroyo Real. Otro ejemplo es el de Lucio y Gándara (2016), quienes presentan una valoración de los servicios ecosistémicos de biodiversidad y paisaje provistos por el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, en el estado de Coahuila, mismos que oscilan entre 184 USD/ha y 419 USD/ha. Esta área es hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción, y fue designada la primera área silvestre de América Latina. Los resultados indican una valoración anual, para el servicio ambiental de biodiversidad, de entre 109 USD/ha y 249 USD/ha, mientras que, para el paisaje, los valores se encuentran entre 86 USD/ha y 196 USD/ha.

Por otra parte, Gándara et al. (2006) analizan la valoración de un servicio ambiental muy particular como es el control natural de plagas ofrecido por la colonia de murciélagos (Tadarida brasiliensis) que habita la Cueva de la Boca en el municipio de Santiago, Nuevo León. De acuerdo con información primaria y secundaria sobre la importancia económica de los cultivos de sorgo, maíz, cítricos y nuez en la zona de influencia, y acerca de la intensidad en la aplicación de compuestos químicos para el control de sus plagas, el valor económico de este servicio ambiental es de entre 6.5 y 16.5 millones de pesos anuales, con un valor promedio de 260 pesos por hectárea para estos cultivos (unos 13 USD/ha).

En cuanto a conexiones más directas al ámbito urbano, 3 Del Río et al. (2014) estudian la valoración económica de los beneficios sociales y ambientales que proveen áreas verdes en las 17 colonias del DistritoTec en la ciudad de Monterrey. La superficie total de dicho polígono es de 437 hectáreas, de las cuales solo 3 % es área verde, es decir, 132 964 m2. Las áreas verdes urbanas ofrecen diversos beneficios y servicios a la sociedad, al dar imagen e identidad a las ciudades, ser zonas de recreación social, hábitat de animales y plantas, además de ofrecer servicios ambientales tales como retención de agua, microclimas y disminución de ruido. Los resultados contabilizan un valor promedio de 768 377 MXN/ha (unos 38 807 USD/ha) anuales, basados en la disposición de la población a pagar para mantener y conservar dichas áreas. En esta misma línea, Gándara (2004) realiza una valoración económica de los servicios recreativos del parque ecológico Chipinque, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, estimando un beneficio recreativo anual promedio por hectárea de 9 256 MXN/ha (467.5 USD/ha).

Estos ejemplos sirven para destacar no solo la importancia social y ambiental que significa despojar al suelo de sus ecosistemas, sino para evidenciar que esa pérdida también puede expresarse en términos monetarios. Dicha valoración económica permitiría comparar el valor del metro cuadrado del suelo con fines inmobiliarios y de urbanización, frente al valor de los beneficios ambientales que este nos ofrece, en la misma perspectiva de una toma de decisiones basada en un análisis costo-beneficio, o bien, desde el punto de vista privado del mercado del suelo. Ello debiera constituir una herramienta valiosa para el diseño de políticas públicas de uso del suelo más eficientes y sostenibles, 4 así como para fomentar una toma de decisiones más consciente entre las y los actores públicos y privados.

En los párrafos anteriores se ha hecho énfasis en el nuevo suelo que se va añadiendo en los márgenes de las marcas urbanas, pero ¿qué sucede con el suelo no edificado y no edificable al interior de los núcleos urbanos? Pensemos, por ejemplo, en cañadas, cuencas, áreas verdes, parques, camellones, lotes baldíos, corredores, etc.; ¿cómo recuperamos la provisión de servicios ambientales o mitigamos y afrontamos pérdidas y riesgos derivados de la urbanización y del propio metabolismo urbano? La respuesta no es nueva, ha sido expuesta en diversos foros internacionales (ONU-Hábitat, 2009), conceptualizada e investigada por diversos autores (i.e. Worldwatch Institute, 2016; Garrido y Gándara, 2016; Garrido y Gándara, 2013), y puesta en práctica en varias ciudades: se trata de la sostenibilidad urbana.

La ciudad sostenible

Como expone Gándara (2013), las ciudades son constructos humanos que concentran fenómenos complejos con sistemas que interactúan entre sí: movilidad, seguridad, vivienda, información, residuos, etc.; y donde cada habitante consume recursos (territorio, agua, alimentos, energía, entre otros). Así que una ciudad puede orientarse hacia la sostenibilidad, en función de la forma como se proveen y gestionan dichos sistemas, así como de la intensidad de su metabolismo urbano (uso que se haga de estos recursos, desde su origen hasta su disposición final). Por tanto, la observación urbana ha de enfocarse en todas las dimensiones de una ciudad: territorial, ambiental, económica, social, política, etc. En este sentido, con base en el modelo octagonal de la sostenibilidad elaborado por Lozano et al. (2008), se propone una visión holística para la observación de la sostenibilidad urbana. En este modelo juegan un rol vital la conjunción de las y los actores públicos, privados y ciudadanos, así como el diseño y cumplimento de la política ambiental (Kraft, 2004).

Las ciudades son constructos humanos que concentran fenómenos complejos con sistemas que interactúan entre sí: movilidad, seguridad, vivienda, información, residuos, etc.; y donde cada habitante consume recursos (territorio, agua, alimentos, energía, entre otros).

Por tanto, debemos buscar la provisión de los servicios ambientales en los suelos que aún albergan ecosistemas a través de la reforestación con especies autóctonas, la promoción de la polinización y de los huertos urbanos, la prevención de incendios, quema de lotes baldíos y camellones; la conservación de cuencas y escurrimientos, impidiendo la canalización de afluentes; y la prohibición y penalización del vertido de aguas residuales y residuos al ambiente, entre otras medidas y acciones.

De igual forma, se aprende de las buenas prácticas y experiencias que otras ciudades pueden compartir, como la iniciativa “Vitoria verde por fuera, verde por dentro”, en Vitoria-Gasteiz (País Vasco, España), que después de lograr un anillo verde alrededor de la ciudad, ahora se enfoca en introducir corredores biológicos 7 al interior del área urbana, sustituyendo vialidades por áreas verdes y rescatando las cuencas canalizadas en el pasado (Ibarrondo, 2013).

Otra experiencia positiva es la reconversión del suelo urbanizado a parques urbanos, como el Parque Fundidora, en Monterrey, donde se recuperaron 144 hectáreas de suelo industrial, y que desde 1988 se administra como un organismo público descentralizado a través del Fideicomiso Fundidora. Otro ejemplo más reciente en la administración de parques urbanos mediante la figura del fideicomiso —que permite la convergencia y diálogo entre las y los ciudadanos, la iniciativa privada y la administración pública— es el proyecto Parque Metropolitano Tres Presas, en Chihuahua. Sin duda, la participación ciudadana es clave en la materialización de las políticas y programas ambientales, como la plataforma ciudadana Unidos por El Huajuco, que busca una gobernanza para el desarrollo urbano sostenible en la Delegación Huajuco del municipio de Monterrey (Montemayor y Gándara, 2018).

Por su parte, las superficies construidas también pueden jugar un papel importante en la senda hacia la sostenibilidad urbana. Todavía es posible mitigar sus impactos en la pérdida de servicios ambientales. Aquí cobran sentido todas las iniciativas para minimizar las huellas energética, hídrica y de carbono de las ciudades. Son varias las megatendencias tecnológicas a nivel mundial que podemos asimilar localmente, entre ellas innovation to zero y smart is the new green (Frost & Sullivan, 2019). La primera incluye propuestas como net zero, zero water runoff y zero waste, que nos invitan a innovar para que nuestras edificaciones sean autosuficientes en agua y energía. Net zero nos reta a desconectarnos de la red eléctrica e hídrica, autogenerando los propios recursos. Zero water runoff es una estrategia en la misma línea, que nos propone lograr cero escurrimientos con el propósito de generar recursos para el autoconsumo y de mitigar la pérdida de infiltraciones al subsuelo. La megatendencia de cero residuos implica innovar en el ciclo de vida de los productos para dejar de generar residuos, tanto de parte de la oferta como de la demanda, al evitar el uso de empaques y de la obsolescencia programada, así como un cambio cultural en el modelo de consumo del “úsese y tírese”. Por otra parte, la tendencia smart is the new green invita a incorporar inteligentemente las tecnologías más innovadoras, de forma tal que las edificaciones puedan coadyuvar (y no sustituir) en las funciones ecosistémicas, como el uso de pinturas fotocatalíticas, de concreto permeable y de smartflowers, entre otras. El uso de estas tecnologías puede contribuir a la descontaminación atmosférica, el mantenimiento del ciclo hidrológico y la minimización de emisiones, respectivamente, y en conjunto también pueden impactar en la regulación climática.

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¿Hasta cuándo dejaremos de considerar al suelo como un recurso inagotable?

En conclusión, hemos reflexionado aquí sobre los impactos ambientales, sociales y económicos que representa la pérdida de los ecosistemas vinculados al suelo y, en general, a los territorios. Se pone de manifiesto que el crecimiento en la extensión superficial de algunas ciudades en México supera hasta en siete veces su crecimiento poblacional, lo cual es un claro indicador de la depredación del suelo, de la desdensificación y, en general, de la expansión de la mancha urbana que considera al territorio como infinito e inagotable.

Ante la pregunta: ¿qué perdemos como sociedad cuando el desarrollo urbano depreda el territorio?, se explicaron las valiosas funciones ambientales que los diversos reinos naturales efectúan y que, gracias a sus dinámicas complejas y sistémicas, nos proveen de una serie de servicios ambientales cuya conservación y permanencia es requisito indispensable no solo para la vida urbana, sino para nuestra existencia y la de las futuras generaciones.

Se contrastó y constató que el valor de suelo debería internalizar el valor de los servicios ambientales en la búsqueda de soluciones más eficientes y sustentables en su uso, en vez de solamente considerar el valor del suelo en los mercados de la urbanización y la edificación. La sostenibilidad urbana brinda una visión estratégica para asegurar la permanencia en la provisión de servicios ambientales tanto en los ecosistemas externos como en los que se encuentran al interior de los espacios urbanos.

Asimismo, la aplicación inteligente de la tecnología en el ámbito urbano puede coadyuvar en la mitigación de nuestros impactos en el ambiente. Además de la gobernanza urbana, donde es vital el diálogo entre las y los actores públicos, privados y ciudadanos, es indispensable contar con instrumentos, normas, programas, etc., que incentiven la correcta gestión del suelo, de forma que se garantice el eficiente funcionamiento del entorno natural dentro y fuera de nuestras ciudades.

Los trabajos de Costanza et al. (1997) constituyen un hito a nivel mundial, al analizar, por primera vez, una valoración económica de los servicios ambientales ofrecidos por los ecosistemas del planeta.

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Notas
  1. Quizás parezca desconectada la referencia al perezoso en el ámbito urbano, pero dependerá de la ubicación geográfica de las y los lectores. En ciudades como Santa Cruz, Bolivia, podría ser un encuentro cotidiano. Asimismo, en la cotidianidad de ciertas áreas de Monterrey puede darse la coincidencia con osos, pecaríes, coyotes, garzas, murciélagos, etc., en el contexto urbano, especialmente en tiempos del confinamiento debido a la pandemia por la COVID-19.
  2. La captura de agua o desempeño hidráulico es el servicio ambiental que producen las áreas arboladas al impedir el rápido escurrimiento del agua de lluvia precipitada, propiciando la infiltración de agua que alimenta los mantos acuíferos y la prolongación del ciclo del agua.
  3. No porque en los ejemplos anteriores no se tenga, sino porque es más explícito o directo. Finalmente, el agua producida en la Sierra Gorda es consumida tanto por las poblaciones rurales como urbanas de la cuenca, mientras que el área de influencia de los murciélagos se ubica en un rango promedio de 80 kilómetros alrededor de su cueva, donde entra completamente la zona metropolitana de Monterrey.
  4. Sostenibles en toda la extensión de la práctica, respetando los principios de transgeneracionalidad, corresponsabilidad, previsión, prevención, entre otros, como se aborda a continuación en términos de la sostenibilidad urbana.
  5. Véanse, a manera de ejemplo, las European Green Capitals.
  6. Las ocho dimensiones son: ambiental, social-cultural, económica, político-normativa, educativa, principios de la sostenibilidad, participación de los actores y científico-tecnológica.
  7. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, en Monterrey, donde áreas protegidas como la Sierra Cerro de la Silla están en peligro de convertirse en “islas” en medio del “océano” de concreto y asfalto.

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Gerardo Gómez del Campo del paso

Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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JOSÉ RAYMUNDO GALÁN GONZÁLEZ

Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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ALEJANDRO CEPEDA GARCÍA

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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EMILIA GARCÍA-ARTEAGA MOLINAR

Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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CAROLINA VILLARREAL LEOS

Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público, con un amplio enfoque en paisaje y accesibilidad.

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SHEILA FERNIZA QUIROZ

Arquitecta por el ITESM con estudios en Barcelona. Actualmente cursa la Maestría en Asuntos Urbanos en la UANL, investigando temas de vivienda, planeación urbana, movilidad y género. Desde el 2013 trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público dentro de la iniciativa de regeneración urbana DistritoTec.

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IBAN TRAPAGA IGLESIAS

Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A. en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la UAM y cursa un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad, migraciones internacionales, fronteras y violencias.

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DIEGO CASTAÑEDA GARZA

Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.