Importancia del Atlas Nacional de Riesgos en las políticas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

El Atlas Nacional de Riesgos tiene como objetivo dotar al país de información sobre la distribución espacial de los peligros y su comportamiento, así como conocer la exposición y la vulnerabilidad de los sistemas expuestos para la elaboración de escenarios y la estimación de pérdidas. Se presenta una descripción general del sistema y el uso potencial de algunas capas de información que lo conforman, mismas que pueden ser utilizadas, no solo por las áreas de Protección Civil, sino también por las encargadas de la construcción de vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), como instancia técnica y científica del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), tiene como objetivo principal, entre otras atribuciones estipuladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (RISSPC, 2019) y en la Ley General de Protección Civil (LGPC, 2012), desarrollar políticas públicas que permitan salvaguardar y prevenir a la población y a su entorno, ante la eventualidad de los peligros y riesgos que representan los agentes perturbadores de la naturaleza y los propiciados por actividades humanas, mediante la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión, utilizando para ello herramientas tecnológicas como el Atlas Nacional de Riesgos (ANR).

La información en el ANR permite visualizar la presencia, distribución espacial y, en ciertos casos, temporal, de los principales fenómenos perturbadores que afectan al territorio mexicano, tales como: la actividad de los volcanes Popocatépetl y Colima, la presencia y evolución de diversos fenómenos meteorológicos, la ocurrencia de sismos y los mapas de los principales fenómenos geológicos e hidrometeorológicos.

Desde sus inicios se planteó que esta herramienta debería estar integrada con información de los atlas municipales y estatales de peligros o de riesgos, para lo cual se desarrollaron guías metodológicas relativas al análisis y evaluación de los principales fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y tecnológicos, a fin de que los estados y municipios pudieran desarrollar su atlas (Cenapred, 2006a). No obstante, el Cenapred, en colaboración con otras instituciones, inició la elaboración de mapas de susceptibilidad o de peligro para los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos que más impactan al territorio nacional, así como de algunas de las principales ciudades.

A pesar de que se cuenta con esta herramienta en formato digital (y abierto) desde la segunda mitad de la década antepasada (Cenapred, 2006b y 2007), a la fecha, su potencialidad no ha sido suficientemente aprovechada por algunos desarrolladores de vivienda e instancias gubernamentales, dado que se siguen generando y autorizando desarrollos habitacionales y obras de infraestructura en zonas indicadas por el ANR como zonas no; o bien, no consideran ni toman en cuenta los peligros potenciales que pueden impactar a dichas obras, en el lapso de su vida útil.

Atlas Nacional de Riesgos

Por su ubicación geográfica y sus características orográficas, México está expuesto a una gran variedad de fenómenos naturales que tienen el potencial de causar daño a la población expuesta y vulnerable. Esta posibilidad se magnifica cuando en las poblaciones se han generado condiciones de vulnerabilidad, ya sea por la precariedad de sus viviendas e infraestructura —lo cual, por lo general, tiene relación con el rezago en los niveles de ingreso y preparación (OCDE, 2013)—, o bien, por su localización y su falta de conocimiento u organización.

En opinión de la y los autores, en el ámbito de la gestión integral del riesgo, el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio, existen dos líneas de acción principales que deben ser atendidas para prevenir situaciones de riesgo en la población:

  • Los asentamientos humanos ya establecidos en zonas de riesgo.
  • Los nuevos asentamientos que están en planes o proceso de crearse.

Para los primeros, además de identificar los peligros y riesgos a los que están expuestas las personas, sus propiedades e infraestructura, se requiere conocer las medidas de prevención y mitigación a implementar, a fin de reducir la probabilidad de posibles desastres; o bien, determinar la posibilidad de reubicar a la población en situación de riesgo, como se plantea en el artículo 87 de la LGPC. 1

Para el segundo planteamiento se requiere conocer cuáles son los fenómenos potenciales en una zona o región, así como con qué intensidad y periodicidad podrían presentarse, a fin de valorar si es conveniente ocupar dicho terreno, o bien, determinar qué acciones o medidas de prevención deben implementarse para que ese espacio sea apto y seguro para la construcción de vivienda o de infraestructura. De no hacerlo se incurre en responsabilidades, como se indica en el artículo 84 de la misma LGPC. 2

La información y las herramientas contenidas en el ANR permiten a las y los usuarios identificar los principales peligros o amenazas que pueden presentarse en una zona o región, y, en el caso de asentamientos humanos ya establecidos, hacer una valoración de sus posibles efectos en la población y en los sistemas físicos expuestos. En zonas no urbanizadas, el sistema permite visualizar los fenómenos que potencialmente podrían presentarse a fin de que estos sean tomados en cuenta en la planeación, el diseño y la construcción de vivienda o infraestructura.

De esta manera, el ANR contribuye con las disposiciones de las nuevas Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2021; particularmente en lo que se refiere a la verificación para que el suelo, donde se invertirá el crédito otorgado, cumpla con la normatividad vigente a nivel municipal, estatal y federal, en materia de desarrollo urbano, prevención de desastres y ecología.

Al ser un sistema abierto está disponible para que las personas beneficiarias de crédito, el propio Infonavit y las y los desarrolladores de vivienda puedan hacer las consultas necesarias para tomar mejores decisiones en cuanto al cumplimiento de las normas de identificación de riesgos y prevención de desastres, procurando con ello que las viviendas tengan las mínimas probabilidades de pérdida en el futuro.

Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos

A partir de la publicación de la LGPC en julio de 2012, se establece, en el artículo 84 citado anteriormente, la consulta obligada de los atlas estatales y municipales, por lo que su elaboración toma gran relevancia y se inicia, en todo el país, la integración de estos documentos, mismos que servirán para generar los planes de ordenamiento territorial a nivel local y regional.

Los atlas deberán ser adecuados a las necesidades de la población y tomar en cuenta la gestión integral de riesgos, para evitar la construcción de desastres a futuro en aquellas zonas de crecimiento habitacional, o que permitan analizar las posibles acciones de mitigación de las vulnerabilidades existentes ante diferentes fenómenos.

El ANR cuenta con un módulo donde se pueden consultar los documentos de los atlas estatales y municipales existentes. Cada uno de estos documentos, aunque difieren en presentación y formatos, contienen la información general de cada estado, su localización, división territorial, topografía, clima, hidrología y geología, así como el análisis básico de los peligros a que está expuesta cada entidad. Actualmente, de las 32 entidades del país, en el atlas se pueden consultar 27; esto quiere decir que cinco estados lo están desarrollando, por lo que no se puede acceder directamente a ellos desde el portal del ANR.

La información en el ANR permite visualizar la presencia, distribución espacial y, en ciertos casos, temporal, de los principales fenómenos perturbadores que afectan al territorio mexicano, tales como: la actividad de los volcanes Popocatépetl y Colima, la presencia y evolución de diversos fenómenos meteorológicos, la ocurrencia de sismos y los mapas de los principales fenómenos geológicos e hidrometeorológicos.

En relación con los atlas municipales, desde el portal del ANR se puede acceder a su cobertura, en donde se encuentran las estadísticas nacionales del total de municipios que cuentan con un atlas. Asimismo, se presenta el porcentaje de cobertura de cada estado. También se puede consultar el año en que fue elaborado cada uno y el mapa estatal donde se indican los municipios que cuentan con su atlas. De manera general, se cuenta con 476 atlas municipales, lo que representa 19.3 % del total nacional (Cenapred, 2021).

Como es evidente, cumplir con la meta de que la totalidad de los municipios cuente con su propio atlas es aún lejana. Además, al tratarse de documentos dinámicos, su actualización deberá ser permanente, por lo que el trabajo en el estudio de riesgos debe de consolidarse en cada municipio y estado, para cumplir con la LGPC y lograr edificaciones de vivienda cada vez más seguras.

Gestión integral del riesgo, desarrollo urbano y ordenamiento territorial

Los atlas estatales y municipales de peligros y riesgos son instrumentos indispensables que se integran al ordenamiento territorial, el cual, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat, 2019), se define como un proceso dinámico y continuo, cuyo objetivo es organizar y gestionar los usos y ocupación del suelo, considerando el contexto cultural, geográfico, social, económico, político e institucional, a través de la generación de un conjunto de acuerdos, reglas y políticas entre todos los actores, contribuyendo activamente en la planificación del territorio. Esta afirmación es concordante con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU, 2016). 3 4

Esto significa que la clave para mantener la continuidad y funcionalidad de los espacios rurales y urbanos se sustenta en un enfoque preventivo con visión a largo plazo, especialmente en el marco del cambio climático y la urbanización masiva (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu], 2020), contemplando la respuesta a fenómenos perturbadores, desastre y la reconstrucción frente a ellos.

Dos de los conflictos mundiales que afectan al ordenamiento territorial son el crecimiento poblacional y la pobreza, ya que en ocasiones están desvinculados de los planes y programas que componen el ordenamiento del territorio. Ejemplo de esto es el aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanas y mexicanos, con un ingreso inferior a la línea de pobreza, debido a la crisis por la COVID-19 (Forbes Staff, 2021). Esto concuerda con la estimación de que nueve de cada 10 desastres en el territorio nacional se relacionan con escenarios de asentamientos irregulares y urbanos en el caso de fenómenos hidrometeorológicos (ONU-Hábitat, 2017).

Esta condición de vulnerabilidad latente atenta contra el pleno derecho a la vivienda digna, a la salud y a la vida, los cuales son algunos de los principios básicos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2015-2030 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles (PNUD, 2015), que considera a los centros de población como espacios comunes para la plena realización de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía (ONU-Hábitat, 2018).

Otra manera de conocer el rendimiento e integración de las políticas de ordenamiento territorial y los atlas de riesgo es mediante el desarrollo urbano y de resiliencia (UNISDR, 2009). Ello a través del cumplimiento del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (UNDRR, 2015), el cual, desde su concepción, cuenta con la aceptación de los gobiernos para aumentar la resiliencia ante los desastres, misma que se deberá considerar en las políticas, los planes, los programas y los presupuestos para el desarrollo urbano.

Por otra parte, es importante mencionar que es obligación de las autoridades federales, estatales o municipales asegurarse de —previamente a la autorización o cambio del uso de suelo— la parcelación de la tierra; e incluso autorizaciones de impacto ambiental; verificar que no se ocupen áreas de alto riesgo; y, en casos donde sea necesaria su ocupación, asegurarse de que se consideren las medidas de prevención correspondientes, cumpliendo con los reglamentos de construcción y demás leyes municipales, estatales y federales.

Reglamentos de construcción

Para satisfacer la necesidad de la población de contar con viviendas seguras y económicas, con el paso de los años se han perfeccionado las técnicas de construcción, así como las disciplinas de la arquitectura y la ingeniería civil, logrando tanto el aprovechamiento óptimo de materiales como la mejora de las especificaciones de construcción. Dada la trascendencia de contar con soluciones que resuelvan las necesidades mínimas de habitabilidad y funcionalidad, así como cumplir con niveles de seguridad, a costos aceptables para la población, las autoridades han reunido los requisitos legales y técnicos en documentos oficiales conocidos como reglamentos de construcción, así como en normas o estándares de calidad de materiales.

En México no existe un reglamento de construcción nacional, pues el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos faculta al municipio para otorgar licencias y permisos de construcción (inciso f de la fracción V), indicando que el municipio “expedirá los reglamentos y condiciones administrativas que fuesen necesarios”. Sin embargo, la gran mayoría de los municipios del país carecen de reglamento de construcción, ya que, del universo de los 2 469 municipios (en 2021), solo existen aproximadamente 320 (Cenapred, 2021). Esto da lugar a uno de los mayores problemas en la seguridad de las viviendas de nuestro país, que es la construcción sin diseño estructural ni supervisión de profesionistas (autoconstrucción).

En cada evento catastrófico se ha constatado cómo las viviendas de autoconstrucción son las que sufren los mayores daños y llegan a provocar pérdida de vidas humanas, mientras que las construcciones que cumplen con un reglamento, si bien pueden sufrir daños en eventos como sismos o huracanes, manifiestan daño menos crítico que puede ser reparable a un costo aceptable (Meli, 2010).

Ya que la mayoría de los municipios del país no cuentan con reglamento de construcción, las empresas desarrolladoras de vivienda o los particulares recurren, para el diseño, a códigos reconocidos, principalmente al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF) y, para estimar las acciones de diseño por viento y por sismo, a nivel nacional se consulta el Manual de Diseño de Obras Civiles (MDOC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 2008 y 2015), que incluye datos actualizados de velocidades de viento y sismicidad para todo el país.

Otro documento usado en el medio es el Código de Vivienda elaborado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi, 2017), que, sin tener el mismo carácter legal de un reglamento de construcción, sí puede ser exigido por organismos de financiamiento de vivienda, así como ser referenciado o adoptado por autoridades locales. Dicho código se basa en los manuales de la CFE para las acciones de diseño como el sismo, y en las normas técnicas complementarias (NTC) del RCDF para el diseño estructural.

La responsabilidad de la seguridad estructural de una vivienda recae en la o el dueño, por ello debe ser diseñada por personas profesionales. Por ejemplo, el RCDF señala que, en caso de presentar daños estructurales, el propietario o poseedor debe reportar los daños y está obligado a llevar a cabo las obras de refuerzo (artículos 178 y 179), y los responsables de las construcciones que presenten daños deberán gestionar la constancia de seguridad estructural por un corresponsable en seguridad estructural.

Uso potencial y aplicaciones del ANR

En la agenda nacional de la protección civil, la prevención de desastres tiene una gran relevancia debido a la diversidad de fenómenos potencialmente desastrosos. Por ello se reconoce la importancia de establecer estrategias y programas de largo alcance. Con esta filosofía es que se ha desarrollado y se mantiene actualizado el ANR, que permite realizar consultas y análisis a nivel regional y local, en lo referente a la susceptibilidad, peligro y riesgo de varios fenómenos naturales y antropogénicos que pueden generar condiciones de riesgo o de desastre; coadyuvando en las diferentes etapas de la gestión integral del riesgo, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.

Una característica que se consideró para hacer fácilmente entendible la información del ANR es el uso de una escala de colores que guarda relación con los niveles de susceptibilidad, peligro o riesgo, facilitando la lectura y espacialidad de los datos. A manera de ejemplo y para mostrar alguna de las aplicaciones del ANR, a continuación se presenta la aplicación de una de sus herramientas que ha resultado de gran interés para la población.

Mapa Nacional de Susceptibilidad a la Inestabilidad de Laderas (MNSIL)

Desde su elaboración (Cenapred, 2015), inclusión en el ANR y actualización en 2020, el MNSIL ha sido una herramienta muy valiosa para fines de protección civil y es ampliamente utilizado por autoridades estatales y municipales de esta disciplina, así como por otras dependencias del gobierno federal. Incluso ha sido de gran interés académico de diversas universidades del país, quienes recurrentemente han solicitado los archivos vectoriales de este mapa y su metodología de elaboración.

La susceptibilidad, definida por el grado de importancia de las principales variables que determinan la posibilidad de que se produzca la inestabilidad de laderas, depende principalmente de la geología, la topografía, el uso de suelo y la vegetación, cuyo grado de importancia se determinó con 222 casos documentados por el Cenapred, de 1999 a 2017, y se procesó mediante un sistema de información geográfica (Figura 1).

Figura 1. Mapa Nacional de Susceptibilidad por Inestabilidad de Laderas
AtlasNR_1 MNSI
Fuente: Cenapred (2015).
 

El mapa muestra las zonas o regiones donde hay, o no, condiciones para que se produzcan fenómenos de inestabilidad de laderas, por lo que se pueden identificar con antelación, las zonas con mayor propensión a deslizamientos, lo que resulta de gran utilidad para autoridades de Protección Civil —y la población en general—, permitiendo tomar alguna acción de prevención, o bien, orientar el ordenamiento del territorio. Este fue el caso del municipio de Huauchinango, Puebla, en el que, a solicitud de la Sedatu, el Cenapred analizó 704 viviendas ubicadas sobre, o cerca de, laderas con propensión a inestabilidad (Figura 2); el resultado fue que 40 % de dichas viviendas (Cenapred, 2021) se ubicaban en zonas de susceptibilidad Muy alta y Alta.

Aunque el resto de viviendas se localizó en zonas de susceptibilidad Media, Baja y Muy baja, no significó que estas estuvieran exentas der ser afectadas por inestabilidad de ladera, ya que se ubicaban en los cauces de ríos y barrancas, o bien, en zonas planas pero cercanas a laderas potencialmente inestables.

Figura 2. Porción del MNSIL correspondiente al estado de Puebla y
localización de las viviendas que la Sedatu pretende reubicar
AtlasNR_3 Puebla
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Las aplicaciones del ANR no solo tienen beneficios para la población, sino también para las instituciones encargadas de la Protección Civil, ya que facilitan las acciones de prevención y reducción de riesgos de desastres, contribuyendo a la gestión integral del riesgo. Su potencial es muy alto en la planeación de asentamientos humanos, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial y, al ser un sistema abierto, puede ser utilizado por los desarrolladores de vivienda, quienes pueden identificar fácilmente los principales peligros o amenazas que afectarán los proyectos que elaboren.

Aunque aporta información muy valiosa para la toma de decisiones y la orientación de estudios necesarios para enfrentar mejor los principales fenómenos perturbadores, el ANR no sustituye a los reglamentos de construcción que deben ser utilizados para el diseño y edificación de todo tipo de construcciones.


Referencias

Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) (2006a). Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. Varios tomos. Coordinación Nacional de Protección Civil, México. Ver fuente

Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) (2006b). Informe de Actividades 2006 del Cenapred. Coordinación Nacional de Protección Civil, México. Ver fuente

Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) (2007). Informe de Actividades 2007 del Cenapred. Coordinación Nacional de Protección Civil, México. Ver fuente

Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) (2015). Generación de Insumos para el Atlas Nacional de Riesgos – Mapa Nacional de Susceptibilidad por Inestabilidad de Laderas. Proyecto Anual de Trabajo. Coordinación Nacional de Protección Civil, México.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) (2015a). Mapa Nacional de Susceptibilidad por Inestabilidad de Laderas. Atlas Nacional de Riesgos. Coordinación Nacional de Protección Civil, México. Ver fuente

Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) (2016). Análisis de Gabinete. “Municipios del estado de Puebla que se localizan en zona de riesgo por inestabilidad de laderas”. Oficio H00-DG/1731/2016, elaborado por el Cenapred para atender la solicitud de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano respecto a la reubicación viviendas afectadas por el huracán Earl, en agosto de 2016. Ciudad de México, 28 de noviembre de 2016. Coordinación Nacional de Protección Civil, México.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) (2020). Actualización del Mapa Nacional de Susceptibilidad a la Inestabilidad de Laderas como instrumento preventivo en el marco de la GIRD. Proyecto Anual de Trabajo. Coordinación Nacional de Protección Civil, México.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) (2021). Atlas Nacional de Riesgos. Coordinación Nacional de Protección Civil, México. Ver fuente

Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) (2021). Metodología para el Ordenamiento del Territorio con base en el Mapa Nacional de Susceptibilidad a Inestabilidad de Laderas. Proyecto Anual de Trabajo. Coordinación Nacional de Protección Civil, México.

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United Nations International Strategy for Disaster Reduction (2009). Terminology on Disaster Risk Reduction. Geneva, Switzerland, 24 pp.

Notas
  1. Artículo 87 de la LGPC (2012): “En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes, con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo al que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción”.
  2. Artículo 84 de la LGPC (2012): “Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, de las entidades federativas y el Nacional, y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente”.
  3. Artículo 3, Fracción XXVI, de la LGAHOTDU (2016): “El ordenamiento territorial es una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental”.
  4. Artículo 3, Fracción XXIX, de la LGAHOTDU (2016): “Los esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y gestión de los desastres, se enfocan en la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de las vulnerabilidades y la gestión sensata de los suelos y del medio ambiente”.
  5. Artículo 46 de la LGAHOTDU (2016).
  6. Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas.
  7. Artículos 66 y 68 de la LGAHOTDU (2016).

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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JOSÉ RAYMUNDO GALÁN GONZÁLEZ

Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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ALEJANDRO CEPEDA GARCÍA

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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EMILIA GARCÍA-ARTEAGA MOLINAR

Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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CAROLINA VILLARREAL LEOS

Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público, con un amplio enfoque en paisaje y accesibilidad.

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SHEILA FERNIZA QUIROZ

Arquitecta por el ITESM con estudios en Barcelona. Actualmente cursa la Maestría en Asuntos Urbanos en la UANL, investigando temas de vivienda, planeación urbana, movilidad y género. Desde el 2013 trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público dentro de la iniciativa de regeneración urbana DistritoTec.

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IBAN TRAPAGA IGLESIAS

Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A. en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la UAM y cursa un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad, migraciones internacionales, fronteras y violencias.

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DIEGO CASTAÑEDA GARZA

Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.