La función social del suelo: la viabilidad del derecho a la vivienda desde la perspectiva de los asentamientos populares

Las ideas expresadas en este texto están basadas en la experiencia internacional de la y el autor, de más de 14 años trabajando hombro con hombro con pobladores de asentamientos populares. 1

Los asentamientos populares, más conocidos como “informales”, han aumentado de manera significativa desde hace tres décadas en las ciudades de América Latina (Fernandes, 2011), teniendo como factor común de conformación el creciente deseo por una mejor calidad de vida (Rodríguez y Di Virgilio, 2013). Los procesos migratorios hacia las ciudades siguen fortaleciéndose a tal punto que, en América Latina, hemos pasado de 38.9 % de población urbana en 1990, a 75 % en la actualidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2020). Sin embargo, este impulso de mejora se ve limitado por condiciones estructurales como la pobreza y la falta de justicia socioespacial (ONU-Hábitat, 2012) en dimensiones alarmantes. Esta inexistencia de opciones formales para integrarse a la ciudad se traduce en que al menos 25 % de las personas en Latinoamérica vive en un asentamiento de este tipo (Habitat International Coalition América Latina [HIC-AL], 2019).

Las personas que viven en asentamientos populares han sido socialmente criminalizadas e institucionalmente invisibilizadas. Conocerlas nos permitirá dimensionar y entender el fenómeno, tomando en cuenta elementos como su tipo de conformación y las características poblacionales específicas para combatir el estigma que los afecta, y así, diseñar e implementar soluciones adecuadas. 

Existe una amplia diversidad de contextos en los que se desarrolla esta realidad y se requieren soluciones democráticas a la medida. De acuerdo con Alfonso Iracheta (2015), estas son las principales formas en que se conforma un asentamiento de este tipo: 

 

La importancia del diálogo directo en la búsqueda de soluciones

El primer paso para resolver una problemática es conocerla y, en el caso de nuestro país, podemos afirmar que, bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y TECHO (Escoffié, 2020), estamos avanzando para obtener información censal y no quedarnos en estimaciones. A nivel internacional, TECHO ha impulsado estos esfuerzos de relevamientos en Chile, Argentina, Paraguay y Colombia. En el resto del mundo hay proyectos ambiciosos de organizaciones como Slum Dwellers International (SDI), que ha perfilado 224 ciudades en África y Asia.

Sin embargo, los datos oficiales gubernamentales a nivel mundial son realmente escasos. Por lo mismo, México tiene una oportunidad de liderazgo sin precedentes. 

TECHO utilizó como herramienta un litigio estratégico: en 2018 presentamos una solicitud de información al Inegi con el fin de conocer la ubicación y características de la población en estos asentamientos. Al respondernos que no se cuenta con dicha información, procedimos con un amparo que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, el 24 de junio de 2020, emitió una sentencia favorable. Esta resolución es histórica, porque no solo ordena al Inegi subsanar esta omisión, sino que es la primera vez que el más alto tribunal del país aborda la situación de los asentamientos populares y los reconoce como uno de los sectores más excluidos del país, principalmente por las violaciones que padecen en su acceso a una vivienda adecuada. 

Además, logramos que la ejecución de la sentencia tenga otro componente histórico: la instalación de una mesa interinstitucional. Esta propuesta por parte de TECHO confirma nuestra visión democrática, al reconocer la autoridad del Inegi para definir los mejores mecanismos técnicos que ayuden a lograr el objetivo y comprometer a otros actores relevantes del sector público, académico y social, con el fin de aportar los conocimientos y recursos disponibles en un proyecto de dimensiones tan relevantes. 

Desde la perspectiva social 

Entre las soluciones democráticas se cuenta con el diálogo auténtico, participativo e incluyente, que integre y considere las voces y perspectivas de quienes ahí habitan, el cual permitirá que la actuación de las autoridades evolucione de una pugna por la recuperación del territorio —sin ejercicios claros de intervención más allá del uso de la fuerza y de lo legal—, hacia un verdadero ejercicio de derechos y deberes. 

Este sector de la ciudadanía tiene mucho qué aportar, al ser quienes viven la peor arista de la problemática. Estas personas se caracterizan por su resiliencia y proactividad, de ahí el adjetivo de sus asentamientos: populares. Son responsables claves del apabullante 60 % de viviendas que se han construido directamente por las familias, sin intervención mercantil o gubernamental (La Jornada, 2017). Por ello, un acceso al suelo seguro, adecuado y bien localizado potenciaría esta capacidad instalada. Además, se impactaría significativamente en la movilidad y la cohesión social, responsables del desarrollo democrático de las naciones; democrático porque facilita puntos de encuentro en lugar de ciudades divididas. 

Desde la perspectiva económica 

Podemos y debemos invertir mejor los recursos públicos al integrar a los asentamientos populares en los planes de desarrollo urbano. Por un lado, si tomamos un enfoque proactivo que prevenga su conformación, lograremos ahorros significativos. Resultará siempre más costoso equipar zonas ya construidas que destinar el suelo necesario previamente. El crecimiento es inevitable, pero anticiparnos con diseños financieramente adecuados sí es posible. 

Entre las soluciones democráticas se cuenta con el diálogo auténtico, participativo e incluyente, que integre y considere las voces y perspectivas de quienes ahí habitan, el cual permitirá que la actuación de las autoridades evolucione de una pugna por la recuperación del territorio hacia un verdadero ejercicio de derechos y deberes.

Por otro lado, integrar a las personas que los habitan actualmente en los proyectos de mejora asegurará su apropiación para evitar terminar con más viviendas abandonadas. Así, llegaremos a un punto de eficiencia en donde se utilicen los mínimos recursos posibles para el mayor número de formalidad de personas. Es decir, identificar los asentamientos y modos de vida, comenzar un diálogo para concluir con la formalización o resolución de dicho asentamiento, acompañado de prácticas que no provoquen la creación de más asentamientos. De esta forma, destinar los recursos públicos a la prevención y resolución de la problemática con base en información se perfila como algo mejor que, de manera reactiva, reparar daños basados en estimaciones sin visión a futuro. 

Aunando a estos ahorros, se ampliaría la base de contribuyentes y la competitividad de la ciudad en su conjunto. Los recursos generados por estos conceptos también podrían, entonces, permitir la creación de incentivos para que la iniciativa privada aumente su oferta para este sector.

Dos perspectivas desde los asentamientos populares

 
Con el propósito de mostrar el contexto que estas personas enfrentan en su vida cotidiana, proporcionamos dos breves ejemplos de mujeres voluntarias en TECHO:
 
Maribel perdió a su madre al nacer, por lo que, desde muy joven, emigró de un rancho en una zona rural de Matehuala, San Luis Potosí, a la ciudad de Monterrey, con su esposo. Al hacerlo, habitó una misma casa con 11 personas, y como la situación no era sostenible, decidió marcharse. Ahora lleva seis años viviendo en Renacimiento Unido, Monterrey, y están orgullosos de haber podido adquirir un terreno, aunque no tenga servicios. Su esposo es el sustento familiar, sin embargo, quedó desempleado durante la pandemia.
 

Ángeles tuvo la oportunidad de llegar a vivir a Jardines de San Juan, Tlalpan, en la Ciudad de México, hace 18 años, junto con su esposo. Antes rentaban una vivienda en Barranca del Muerto, pero cada mes padecían para comprar comida, así que ahorraron para adquirir un terreno, aunque no contara con servicios. A los pocos meses se incorporó al equipo de maestras de la escuela local. Ella tiene una fuerte vocación por la educación y, aunque la paga es baja, le entusiasma mucho ver el desarrollo de las y los niños en su comunidad. Desde hace 17 años gana 500 pesos a la quincena.

Al visibilizar las experiencias de Maribel y Ángeles, profundizamos en el contexto de millones de personas que se enfrentan al desafío de integrarse a la ciudad: distancia y oportunidad de trabajo, cercanía de equipamiento básico, imposibilidad de acceder al mercado formal de vivienda, entre otros factores. La buena noticia es que las soluciones, aunque retadoras, son económica y políticamente viables.

Reflexiones finales

Las políticas públicas en el sector de suelo y vivienda tienen que tomar una dirección en donde se incluya a las personas con menores ingresos y, en específico, a los asentamientos populares. Es un reto para cualquier gobierno, dado que implica la coordinación y comunicación entre diferentes instituciones y sectores de la sociedad. Es un deber que, en caso de omitirse, tendrá costos para la ciudadanía en su conjunto. A continuación, tres recomendaciones claves: .

  • Regular el uso de las tierras enfocándose en su función social. Crear nuevos instrumentos financieros, urbanos y legales, entendiendo que la propiedad privada no es la única ni la mejor solución en todos los casos. Experiencias como las cooperativas de vivienda en Uruguay muestran caminos creativos y efectivos. Otra opción son los Polígonos de Urbanización Popular bien ubicados, utilizando una figura jurídica alineada con la función social como el Patrimonio Familiar.
  • Reconocer la autoproducción del espacio familiar y comunitario como un eje central de acción en la creación de ciudades inclusivas y sostenibles, reforzando la tenencia segura de la tierra. Es una fuerza descomunal enmarcada en capacidades comunitarias como la participación, la organización, la identidad y la activación de redes. La asesoría técnica (con foco en las juventudes) y el reconocimiento de los comités vecinales son acciones que pueden potenciar el avance.
  • Mejorar la forma discursiva sobre estos procesos del hábitat, que implican procesos sociales complejos y acciones legítimas a favor de este derecho. En específico, TECHO propone reconocerlos como asentamientos populares, considerando el elemento proactivo que lo ha caracterizado como una propuesta urbana alternativa y democrática para el futuro de las ciudades.

Se trata de corregir el sistema que no nos permite ejercer nuestros derechos sin afectar otros. Nos enfrentamos a una emergencia que seguirá creciendo y que nos reta a enfrentarla con una mirada integral. Los efectos negativos que las familias de Maribel y Ángeles han vivido en su peor faceta, terminan por afectar a toda la ciudad. Ellas y los millones de mexicanas y mexicanos que serán visibilizados nos impulsan a proponer mecanismos innovadores y creativos para atender una deuda de generaciones. Desde TECHO seguiremos demostrando que este cambio de visión ofrece las herramientas para estar a la altura del reto: poniendo a las personas en el centro para lograr un verdadero crecimiento sostenible.

Notas 

1 Al día de hoy hemos movilizado más de 1.3 millones de voluntarios, construido más de 130 000 viviendas de emergencia y 500 proyectos de infraestructura comunitaria en al menos 519 asentamientos de 19 países de Latinoamérica. Dicha experiencia nos ha ameritado más de 50 premios, entre ellos: Premio Visionarios JK (BID), Mejores Prácticas en la Mejora del Hábitat Humano (Dubai International Awards), Premio Derechos Humanos Rey de España, World Habitat Awards y Habitat Scroll of Honour Award (ambos de la ONU). 

2 TECHO define asentamientos populares como un conjunto de mínimo ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de 50 % no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario o sistema de eliminación de excretas a través de la red de alcantarillado regular. 

3 Para conocer más acerca de las acciones de TECHO en estos países, visitar: www.techo.org/plataforma-asentamientos/ 

4 La Coalición para la Transformación Urbana es una iniciativa que busca identificar, diseñar y evaluar instrumentos de política pública que aceleren la transformación del modelo urbano y que ayuden a hacer frente a los retos urbanos que afrontará nuestro país en los siguientes años. El objetivo de la alianza es fomentar un modelo de desarrollo urbano más próximo, conectado, sustentable, seguro e inclusivo, para privilegiar el bienestar social, económico y ambiental. Sus miembros más destacados son: World Resources Institute, C40, la Cepal, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés), ONU-Hábitat y la Embajada Británica. Más información en: https://newclimateeconomy.net/urban-transitions/urban-transitions-homepage 

5 Esta experiencia surgió de un piloto financiado por el Banco Intermaricano de Desarrollo (BID) en 1966, que aseguraba 85 % del valor, mientras que 15 % era aportado por las propias familias en forma de mano de obra, llamada “Ayuda Mutua”. Para más información: https://www.fucvam.org.uy/ 

Referencias 

Álvarez Rojas, A. M. (2013). (Des) Igualdad socioespacial y justicia espacial: nociones clave para una lectura crítica de la ciudad. POLIS. Revista Latinoamericana. Chile. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S0718-65682013000300012. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal] (2020). La urbanización presenta oportunidades y desafíos para avanzar hacia el desarrollo sostenible. https://www.cepal. org/notas/73/Titulares2#:~:text=Am%C3%A9rica%20 Latina%20es%20la%20regi%C3%B3n,un%2080%25%20 en%20zonas%20urbanas 

Escoffié, K. (30 de junio de 2020). Sentencia Techo México vs. Inegi: el impacto de las cortes en las ciudades. Revista Archdaily. https://www.archdaily.mx/mx/942640/sentencia-techo-mexico-vs-inegi-el-impacto-de-las-cortes-en-las-ciudades. Última revisión el 3 de mayo de 2021. 

Fernandes, E. (2011). Informe sobre Enfoque en Políticas de Suelo. EUA: Lincoln Institute of Land Policy. 

Habitat International Coalition América Latina [HIC-AL] (5 de agosto de 2019). HIC-AL. https://hic-al.org/2019/08/05/ no-son-asentamientos-informales-son-barrios-y-ciudades-hechos-por-la-gente-lorena-zarate/ 

Iracheta, A. (2015). Ciudad informal y precaria en la urbanización social y privada del ejido. Ensayos sobre la dualidad del desarrollo urbano en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

La Jornada. (8 de junio de 2017). En México 60 % de casas han sido autoconstruidas: PSH. Periódico Vanguardia. https://vanguardia.com.mx/articulo/ en-mexico-60-de-casas-han-sido-autoconstruidas-psh. 

ONU-Hábitat (2012). Estado de las ciudades en América Latina y el Caribe 2012. Brasil: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. 

Rodríguez, M. C. y Di Virgilio, M. M. (2013). Producción social del hábitat. Abordajes conceptuales, prácticas de investigación y experiencias en las principales ciudades del Cono Sur. Argentina: Café de las Ciudades. 

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EMILIA GARCÍA-ARTEAGA MOLINAR

Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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ALEJANDRO CEPEDA GARCÍA

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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El autor es arquitecto por la Universidad de Sevilla y maestro en Estudios Urbanos por el Colmex. Actualmente es el coordinador de Desarrollo Urbano para el WRI México. Puede ser contactado en el correo electrónico: gorka.zubicaray@wri.org

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ROMÁN MEYER FALCÓN

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro y doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es Investigador Titular “B” en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán. Sus líneas de investigación son espacio urbano, estructura de clases sociales, cambio sociocultural y etnicidad en la ciudad y su periferia próxima. Cuenta con dos libros de autoría individual y tres como coordinador, además de varios capítulos de libro y artículos en prensa y revistas especializadas.

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Gerardo Gómez del Campo del paso

Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.