Las ideas expresadas en este texto están basadas en la experiencia internacional de la y el autor, de más de 14 años trabajando hombro con hombro con pobladores de asentamientos populares. 1
Los asentamientos populares, más conocidos como “informales”, han aumentado de manera significativa desde hace tres décadas en las ciudades de América Latina (Fernandes, 2011), teniendo como factor común de conformación el creciente deseo por una mejor calidad de vida (Rodríguez y Di Virgilio, 2013). Los procesos migratorios hacia las ciudades siguen fortaleciéndose a tal punto que, en América Latina, hemos pasado de 38.9 % de población urbana en 1990, a 75 % en la actualidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2020). Sin embargo, este impulso de mejora se ve limitado por condiciones estructurales como la pobreza y la falta de justicia socioespacial (ONU-Hábitat, 2012) en dimensiones alarmantes. Esta inexistencia de opciones formales para integrarse a la ciudad se traduce en que al menos 25 % de las personas en Latinoamérica vive en un asentamiento de este tipo (Habitat International Coalition América Latina [HIC-AL], 2019).
Las personas que viven en asentamientos populares han sido socialmente criminalizadas e institucionalmente invisibilizadas. Conocerlas nos permitirá dimensionar y entender el fenómeno, tomando en cuenta elementos como su tipo de conformación y las características poblacionales específicas para combatir el estigma que los afecta, y así, diseñar e implementar soluciones adecuadas.
Existe una amplia diversidad de contextos en los que se desarrolla esta realidad y se requieren soluciones democráticas a la medida. De acuerdo con Alfonso Iracheta (2015), estas son las principales formas en que se conforma un asentamiento de este tipo:
La importancia del diálogo directo en la búsqueda de soluciones
El primer paso para resolver una problemática es conocerla y, en el caso de nuestro país, podemos afirmar que, bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y TECHO (Escoffié, 2020), estamos avanzando para obtener información censal y no quedarnos en estimaciones. A nivel internacional, TECHO ha impulsado estos esfuerzos de relevamientos en Chile, Argentina, Paraguay y Colombia. En el resto del mundo hay proyectos ambiciosos de organizaciones como Slum Dwellers International (SDI), que ha perfilado 224 ciudades en África y Asia.
Sin embargo, los datos oficiales gubernamentales a nivel mundial son realmente escasos. Por lo mismo, México tiene una oportunidad de liderazgo sin precedentes.
TECHO utilizó como herramienta un litigio estratégico: en 2018 presentamos una solicitud de información al Inegi con el fin de conocer la ubicación y características de la población en estos asentamientos. Al respondernos que no se cuenta con dicha información, procedimos con un amparo que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, el 24 de junio de 2020, emitió una sentencia favorable. Esta resolución es histórica, porque no solo ordena al Inegi subsanar esta omisión, sino que es la primera vez que el más alto tribunal del país aborda la situación de los asentamientos populares y los reconoce como uno de los sectores más excluidos del país, principalmente por las violaciones que padecen en su acceso a una vivienda adecuada.
Además, logramos que la ejecución de la sentencia tenga otro componente histórico: la instalación de una mesa interinstitucional. Esta propuesta por parte de TECHO confirma nuestra visión democrática, al reconocer la autoridad del Inegi para definir los mejores mecanismos técnicos que ayuden a lograr el objetivo y comprometer a otros actores relevantes del sector público, académico y social, con el fin de aportar los conocimientos y recursos disponibles en un proyecto de dimensiones tan relevantes.
Desde la perspectiva social
Entre las soluciones democráticas se cuenta con el diálogo auténtico, participativo e incluyente, que integre y considere las voces y perspectivas de quienes ahí habitan, el cual permitirá que la actuación de las autoridades evolucione de una pugna por la recuperación del territorio —sin ejercicios claros de intervención más allá del uso de la fuerza y de lo legal—, hacia un verdadero ejercicio de derechos y deberes.
Este sector de la ciudadanía tiene mucho qué aportar, al ser quienes viven la peor arista de la problemática. Estas personas se caracterizan por su resiliencia y proactividad, de ahí el adjetivo de sus asentamientos: populares. Son responsables claves del apabullante 60 % de viviendas que se han construido directamente por las familias, sin intervención mercantil o gubernamental (La Jornada, 2017). Por ello, un acceso al suelo seguro, adecuado y bien localizado potenciaría esta capacidad instalada. Además, se impactaría significativamente en la movilidad y la cohesión social, responsables del desarrollo democrático de las naciones; democrático porque facilita puntos de encuentro en lugar de ciudades divididas.
Desde la perspectiva económica
Podemos y debemos invertir mejor los recursos públicos al integrar a los asentamientos populares en los planes de desarrollo urbano. Por un lado, si tomamos un enfoque proactivo que prevenga su conformación, lograremos ahorros significativos. Resultará siempre más costoso equipar zonas ya construidas que destinar el suelo necesario previamente. El crecimiento es inevitable, pero anticiparnos con diseños financieramente adecuados sí es posible.
Entre las soluciones democráticas se cuenta con el diálogo auténtico, participativo e incluyente, que integre y considere las voces y perspectivas de quienes ahí habitan, el cual permitirá que la actuación de las autoridades evolucione de una pugna por la recuperación del territorio hacia un verdadero ejercicio de derechos y deberes.
Por otro lado, integrar a las personas que los habitan actualmente en los proyectos de mejora asegurará su apropiación para evitar terminar con más viviendas abandonadas. Así, llegaremos a un punto de eficiencia en donde se utilicen los mínimos recursos posibles para el mayor número de formalidad de personas. Es decir, identificar los asentamientos y modos de vida, comenzar un diálogo para concluir con la formalización o resolución de dicho asentamiento, acompañado de prácticas que no provoquen la creación de más asentamientos. De esta forma, destinar los recursos públicos a la prevención y resolución de la problemática con base en información se perfila como algo mejor que, de manera reactiva, reparar daños basados en estimaciones sin visión a futuro.
Aunando a estos ahorros, se ampliaría la base de contribuyentes y la competitividad de la ciudad en su conjunto. Los recursos generados por estos conceptos también podrían, entonces, permitir la creación de incentivos para que la iniciativa privada aumente su oferta para este sector.
Dos perspectivas desde los asentamientos populares
Ángeles tuvo la oportunidad de llegar a vivir a Jardines de San Juan, Tlalpan, en la Ciudad de México, hace 18 años, junto con su esposo. Antes rentaban una vivienda en Barranca del Muerto, pero cada mes padecían para comprar comida, así que ahorraron para adquirir un terreno, aunque no contara con servicios. A los pocos meses se incorporó al equipo de maestras de la escuela local. Ella tiene una fuerte vocación por la educación y, aunque la paga es baja, le entusiasma mucho ver el desarrollo de las y los niños en su comunidad. Desde hace 17 años gana 500 pesos a la quincena.
Al visibilizar las experiencias de Maribel y Ángeles, profundizamos en el contexto de millones de personas que se enfrentan al desafío de integrarse a la ciudad: distancia y oportunidad de trabajo, cercanía de equipamiento básico, imposibilidad de acceder al mercado formal de vivienda, entre otros factores. La buena noticia es que las soluciones, aunque retadoras, son económica y políticamente viables.
Reflexiones finales
Las políticas públicas en el sector de suelo y vivienda tienen que tomar una dirección en donde se incluya a las personas con menores ingresos y, en específico, a los asentamientos populares. Es un reto para cualquier gobierno, dado que implica la coordinación y comunicación entre diferentes instituciones y sectores de la sociedad. Es un deber que, en caso de omitirse, tendrá costos para la ciudadanía en su conjunto. A continuación, tres recomendaciones claves: .
- Regular el uso de las tierras enfocándose en su función social. Crear nuevos instrumentos financieros, urbanos y legales, entendiendo que la propiedad privada no es la única ni la mejor solución en todos los casos. Experiencias como las cooperativas de vivienda en Uruguay muestran caminos creativos y efectivos. Otra opción son los Polígonos de Urbanización Popular bien ubicados, utilizando una figura jurídica alineada con la función social como el Patrimonio Familiar.
- Reconocer la autoproducción del espacio familiar y comunitario como un eje central de acción en la creación de ciudades inclusivas y sostenibles, reforzando la tenencia segura de la tierra. Es una fuerza descomunal enmarcada en capacidades comunitarias como la participación, la organización, la identidad y la activación de redes. La asesoría técnica (con foco en las juventudes) y el reconocimiento de los comités vecinales son acciones que pueden potenciar el avance.
- Mejorar la forma discursiva sobre estos procesos del hábitat, que implican procesos sociales complejos y acciones legítimas a favor de este derecho. En específico, TECHO propone reconocerlos como asentamientos populares, considerando el elemento proactivo que lo ha caracterizado como una propuesta urbana alternativa y democrática para el futuro de las ciudades.
Se trata de corregir el sistema que no nos permite ejercer nuestros derechos sin afectar otros. Nos enfrentamos a una emergencia que seguirá creciendo y que nos reta a enfrentarla con una mirada integral. Los efectos negativos que las familias de Maribel y Ángeles han vivido en su peor faceta, terminan por afectar a toda la ciudad. Ellas y los millones de mexicanas y mexicanos que serán visibilizados nos impulsan a proponer mecanismos innovadores y creativos para atender una deuda de generaciones. Desde TECHO seguiremos demostrando que este cambio de visión ofrece las herramientas para estar a la altura del reto: poniendo a las personas en el centro para lograr un verdadero crecimiento sostenible.
Notas
1 Al día de hoy hemos movilizado más de 1.3 millones de voluntarios, construido más de 130 000 viviendas de emergencia y 500 proyectos de infraestructura comunitaria en al menos 519 asentamientos de 19 países de Latinoamérica. Dicha experiencia nos ha ameritado más de 50 premios, entre ellos: Premio Visionarios JK (BID), Mejores Prácticas en la Mejora del Hábitat Humano (Dubai International Awards), Premio Derechos Humanos Rey de España, World Habitat Awards y Habitat Scroll of Honour Award (ambos de la ONU).
2 TECHO define asentamientos populares como un conjunto de mínimo ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de 50 % no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario o sistema de eliminación de excretas a través de la red de alcantarillado regular.
3 Para conocer más acerca de las acciones de TECHO en estos países, visitar: www.techo.org/plataforma-asentamientos/
4 La Coalición para la Transformación Urbana es una iniciativa que busca identificar, diseñar y evaluar instrumentos de política pública que aceleren la transformación del modelo urbano y que ayuden a hacer frente a los retos urbanos que afrontará nuestro país en los siguientes años. El objetivo de la alianza es fomentar un modelo de desarrollo urbano más próximo, conectado, sustentable, seguro e inclusivo, para privilegiar el bienestar social, económico y ambiental. Sus miembros más destacados son: World Resources Institute, C40, la Cepal, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés), ONU-Hábitat y la Embajada Británica. Más información en: https://newclimateeconomy.net/urban-transitions/urban-transitions-homepage
5 Esta experiencia surgió de un piloto financiado por el Banco Intermaricano de Desarrollo (BID) en 1966, que aseguraba 85 % del valor, mientras que 15 % era aportado por las propias familias en forma de mano de obra, llamada “Ayuda Mutua”. Para más información: https://www.fucvam.org.uy/
Referencias
Álvarez Rojas, A. M. (2013). (Des) Igualdad socioespacial y justicia espacial: nociones clave para una lectura crítica de la ciudad. POLIS. Revista Latinoamericana. Chile. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S0718-65682013000300012.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal] (2020). La urbanización presenta oportunidades y desafíos para avanzar hacia el desarrollo sostenible. https://www.cepal. org/notas/73/Titulares2#:~:text=Am%C3%A9rica%20 Latina%20es%20la%20regi%C3%B3n,un%2080%25%20 en%20zonas%20urbanas
Escoffié, K. (30 de junio de 2020). Sentencia Techo México vs. Inegi: el impacto de las cortes en las ciudades. Revista Archdaily. https://www.archdaily.mx/mx/942640/sentencia-techo-mexico-vs-inegi-el-impacto-de-las-cortes-en-las-ciudades. Última revisión el 3 de mayo de 2021.
Fernandes, E. (2011). Informe sobre Enfoque en Políticas de Suelo. EUA: Lincoln Institute of Land Policy.
Habitat International Coalition América Latina [HIC-AL] (5 de agosto de 2019). HIC-AL. https://hic-al.org/2019/08/05/ no-son-asentamientos-informales-son-barrios-y-ciudades-hechos-por-la-gente-lorena-zarate/
Iracheta, A. (2015). Ciudad informal y precaria en la urbanización social y privada del ejido. Ensayos sobre la dualidad del desarrollo urbano en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
La Jornada. (8 de junio de 2017). En México 60 % de casas han sido autoconstruidas: PSH. Periódico Vanguardia. https://vanguardia.com.mx/articulo/ en-mexico-60-de-casas-han-sido-autoconstruidas-psh.
ONU-Hábitat (2012). Estado de las ciudades en América Latina y el Caribe 2012. Brasil: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
Rodríguez, M. C. y Di Virgilio, M. M. (2013). Producción social del hábitat. Abordajes conceptuales, prácticas de investigación y experiencias en las principales ciudades del Cono Sur. Argentina: Café de las Ciudades.
