La vivienda es un punto de partida para el desarrollo individual, comunitario y urbano, así como el semillero de valores indispensables para la cohesión social y la seguridad en las ciudades. El proyecto de un futuro con urbes capaces de satisfacer la demanda habitacional de forma sustentable solo será realizable mediante la diversificación de las opciones que la ciudadanía tiene a su alcance para construir un patrimonio. Este texto explora opciones estratégicas para reducir el rezago habitacional en México, con énfasis en la tenencia del suelo como condición de posibilidad para conseguirlo.
Pensar en un desarrollo sustentable en las ciudades contemporáneas, proyectado hacia un futuro que combine perspectivas sociales, medioambientales, de movilidad y solidez comunitaria, es una tarea compleja. Para poner en práctica esta visión hace falta un esfuerzo multilateral y multisectorial. Por encima de todo, se necesitan mecanismos eficaces de comunicación entre la ciudadanía y sus gobiernos locales; entre estos y las autoridades estatales, federales y la iniciativa privada. Esta comunicación es una de las acciones que realizamos en el gobierno de México, específicamente desde el sector público de la vivienda, para consolidar el desarrollo urbano del país.
En los grandes asentamientos urbanos con frecuencia encontramos problemas de inseguridad, informalidad y segregación socioespacial que dificultan el ya de por sí ambicioso proceso de cultivar un sentido de pertenencia dentro de las comunidades. Tan solo en la Ciudad de México, más de 30 % de la población vive en situación de pobreza, y otro 28 % se considera vulnerable por carencias sociales como acceso a servicios de salud, educación, vivienda adecuada y agua (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval], 2018). La gran mayoría de estas personas vive en localidades de la capital con altos índices de marginación.
Ya desde mediados del siglo pasado, con la explosión demográfica de las grandes metrópolis, se evidenciaba la importancia de la integración comunitaria para el sano desarrollo de los entornos urbanos. La propia Jane Jacobs (2013), una de las voces más importantes del urbanismo contemporáneo y activista incansable por la igualdad social en Estados Unidos, señaló que la apropiación de los espacios públicos —la vida en la acera, en los parques, en la calle— es una de nuestras principales armas en contra de la discriminación, la violencia y la inseguridad.
Es difícil ignorar el punto de partida de la urbanización. La vivienda es el mayor articulador del espacio urbano y, por ello, el suelo en que se construye es la principal condicionante para el desarrollo social y comunitario. Los valores de sana convivencia en espacios seguros, o la cohesión social que convierte a una comunidad en núcleo de acción cívica, suelen tener las mejores posibilidades de arraigo si se cultivan desde el hogar. Un entorno doméstico adecuado, garante de los derechos básicos de sus ocupantes, puede incidir sustancialmente en la responsabilidad social y el respeto al entorno. En contraste, las viviendas que no pueden ofrecer acceso a la educación, a oportunidades de empleo, a servicios básicos o certeza en la tenencia del suelo aíslan geográfica y materialmente a sus habitantes de una red de apoyo social necesaria para construir comunidades fuertes y confiables (ONU-Hábitat, 2010).
Por lo anterior, resulta indispensable analizar el rezago habitacional que prevalece en el país y las estrategias para reducirlo. Actualmente, una cuarta parte de los hogares se encuentra en esta situación (ONU-Hábitat, 2017), por lo que ampliar las opciones con las que la ciudadanía cuenta para aprovechar el suelo urbanizado puede ser una estrategia poderosa de combate contra la marginación.
La siguiente gráfica muestra la evolución de este fenómeno en el parque habitacional del país. Como se puede observar, entre el año 2000 y el 2018, el rezago habitacional se mantuvo prácticamente constante en términos absolutos de 9 000 000 de viviendas, a pesar de que en ese período hubo una expansión sin precedentes. Lo anterior quiere decir que se incorporaban más viviendas de las que salían de rezago. Entre 2018 y 2020, esta tendencia cambió: mientras el parque habitacional creció en 1.75 %, el rezago disminuyó en 9.5 %. La razón fue un cambio de visión necesario, comenzando con el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, en el que se planteó diversificar los apoyos y recursos.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Conavi.
De acuerdo con ONU-Hábitat (2017), las ciudades mexicanas aún experimentan un alto ritmo de crecimiento y expansión. El crecimiento demográfico en las próximas décadas dejará como saldo más de 500 nuevas ciudades, las cuales concentrarán alrededor de 80 % de la población nacional antes de 2030, con poblaciones predominantemente pobres. Ante este inquietante panorama, estamos atendiendo los problemas en los asentamientos actuales para evitar que se repliquen a mayor escala.
En estos centros urbanos, la mayor área de crecimiento se da en la autoproducción de vivienda. En este proceso social, las familias, solas o con ayuda coordinada, dirigen su proyecto de vivienda conforme sus recursos lo permiten y sus necesidades lo dictan.
Vivienda reconstruida y mejorada con involucramiento de las y los beneficiarios en el proceso de construcción (Conavi, 2020).
Sin embargo, reconocer la autoproducción como un fenómeno masivo es reconocer también un área de oportunidad. El primer desafío es acabar con la informalidad y garantizar la regularización en la tenencia del suelo urbanizado. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2018), alrededor de 27 % —es decir, unas 6.3 millones— de las viviendas urbanas en México no cuenta con escrituras.
El proceso de ordenar el desarrollo a través de políticas territoriales que aceleren y faciliten los procesos de regularización corresponde principalmente a los gobiernos municipales. Estos deben ser capaces de identificar los diversos intereses —comunitarios, medioambientales, sociales, públicos, privados, etc.— que conviven en sus localidades, y mediar entre ellos. Todo empieza por dar voz a las necesidades de la población y asegurarse de que tanto las empresas como los organismos que participan del sector de la vivienda las cumplan por encima de todo, antes de su propio beneficio y de los intereses de sus intermediarios. Una colaboración transversal es indispensable para avanzar en un marco legislativo inclusivo y competente que permita universalizar la certeza jurídica en suelo urbano.
La vivienda es el mayor articulador del espacio urbano y, por ello, el suelo en que se construye es la principal condicionante para el desarrollo social y comunitario.
Los programas de producción de vivienda social son otra vía legal importante para regularizar la vivienda particular. En gran parte, el éxito de estos programas depende de los canales de acceso al suelo para construcción de vivienda. Lo que hace falta son vías para comprar terrenos donde edificar, y donde los organismos nacionales de vivienda puedan incentivar la autoproducción formal y bien regulada. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la Conavi, la Sociedad Hipotecaria Federal: todos ellos juegan un papel clave para que las familias transiten hacia el mercado formal de suelo (Gilbert, 2001). Las reformas de 2020 al Infonavit y al Fovissste permiten financiar la compra de suelo y la construcción de vivienda en terreno propio. La intención es incidir en la creación de un mercado formal de fraccionadores de suelo con servicios.
El segundo gran reto de la autoproducción se refiere a la calidad de los inmuebles. Es frecuente que los hogares, cuando son autoconstruidos, se levanten con conocimientos técnicos limitados, algunos materiales precarios o no adecuados para la zona, y sin los procesos constructivos óptimos. Es común que se construya sin la ayuda de expertos en ingeniería, arquitectura o profesionales de la construcción, lo cual puede resultar en viviendas de poca durabilidad, inadaptadas a las regiones en que se encuentran, susceptibles a daños por desastres, inseguras o inadecuadas para quienes las habitan y las rodean.
Durante años, este problema ha desprestigiado a la autoproducción en nuestro país, resaltando sus fallas y riesgos —por ejemplo, después de evaluar los impactos que tuvieron los sismos de 2017 y 2018 en este tipo de vivienda—.
Es un error, sin embargo, asumir por ello que no existe una autoproducción responsable, una opción más económica, resistente y bien adaptada; un auténtico beneficio social construido por y para cada comunidad. No faltan técnicas y materiales óptimos para construir, de mano propia, una vivienda resistente no solo a sismos, sino también a otros desastres, que sea capaz de ahorrar energía eléctrica, captar agua, procesar y aprovechar el desperdicio.
México es un país con una importante tradición de procesos constructivos, que en cada región cuenta con técnicas y materiales locales durables, de fácil acceso y bajo costo. Hay zonas del país donde conviene más construir una vivienda de adobe —un material térmico y sismorresistente— que de concreto. En otras, un techo de palma es más económico y estable que uno de madera. Estos conocimientos —parte de un saber popular que data de generaciones— merecen ser conservados y difundidos, cultivando una noción importantísima para la ciudadanía, para el gobierno, para los organismos de vivienda y el sector privado que se beneficia de su avance: la autoproducción no es simplemente una opción más para producir vivienda, sino un abanico de oportunidades para todas las partes involucradas en su desarrollo.
Es esencial incentivar la autoproducción y poner al servicio de las personas la capacitación sobre procesos constructivos de calidad, asesoría técnica y prevención de riesgos.
Es esencial incentivar la autoconstrucción y poner al servicio de las personas la capacitación sobre procesos constructivos de calidad, asesoría técnica y prevención de riesgos. En este sentido, desde la Sedatu hemos impulsado la plataforma Decide y Construye, 1 donde, además de presentarse todas las opciones de apoyo para la vivienda que ofrece el sector público, se pueden encontrar herramientas y guías para la construcción. La plataforma incluye videos, tutoriales y planos descargables de prototipos de vivienda para las diferentes regiones del país. Es una herramienta completamente nueva al alcance de todas las personas.
La idea de difundir los procesos constructivos de calidad puede repercutir positivamente en el bienestar de las personas, pero requiere de un acuerdo mutuo entre los gobiernos y el sector privado: la autoproducción se puede convertir hoy en una opción segura y sustentable, que además contribuya a la recuperación económica del país. En esta labor colectiva, también resulta clave el rol del medio académico, de profesionistas y técnicos capacitados de la construcción, personas dispuestas a promover una cultura responsable de la autoproducción mediante instrumentos de planeación, material didáctico y asistencia técnica.
Hacer una apuesta por diversificar las opciones que la ciudadanía tiene para asegurar su patrimonio es un paso certero para reducir el rezago habitacional. Por eso, los apoyos directos para la autoproducción se han convertido en un elemento central de las acciones del sector público de la vivienda. Tan solo en 2020 se apoyó a más de 300 000 familias con mejoras a sus viviendas. Ha llegado el momento de expandir las opciones y aprovechar el marco legal que hemos construido en los últimos años. Hacia el futuro, no existe un escenario donde la autoproducción de vivienda no sea el eje central para mejorar la calidad de vida de las personas.
El objetivo de estas propuestas es actualizar nuestro modelo de desarrollo y darle mayor alcance, buscando construir un futuro en el que la vivienda sea, al mismo tiempo, un motor del desarrollo económico del país y la base de la contribución social que cada miembro hace a su entorno. Todo ello gira en torno del enfoque central de nuestro actual gobierno: el cumplimiento cabal y sin excepciones de los derechos más básicos de las personas. Nuestra misión es ver a la vivienda convertida en piedra angular de una vida cívica igualitaria, más participativa, justa e incluyente para todas y todos los mexicanos. En resumen, la piedra angular para la transformación.
Notas
- Este proyecto puede ser consultado en el sitio web: https://decideyconstruye.gob.mx
Referencias
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (2018). Pobreza 2018 / Ciudad de México. https:// www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/DistritoFederal/Paginas/Pobreza_2018.aspx
Gilbert, A. (2001). La vivienda en América Latina. Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (Indes), citado en J. I. Vera López (2019), La producción social de vivienda en México: incorporación del enfoque en salud. Suelo urbano en México. Retos y oportunidades para su administración y registro. 299-338.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2018). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH). https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/
Jacobs, J. (2013). Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing Libros.
ONU-Hábitat (2010). El derecho a una vivienda adecuada. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf
ONU-Hábitat (2017). Tendencias del desarrollo urbano en México. https://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico
Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano y Comisión Nacional de Vivienda (Sedatu-Conavi) (2018). El rezago habitacional y la carencia por calidad y espacios de la vivienda: un análisis comparativo. https://sniiv.conavi.gob.mx/doc/ analisis/2018/REVG_El%20rezago%20habitacional%20y%20la%20carencia%20por%20calidad%20y%20espacios.pdf
Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano y Comisión Nacional de Vivienda (Sedatu-Conavi) (2020). Programa de Mejoramiento Urbano. https://mimexicolate.gob.mx/tag/autoconstruccion/
