La vivienda: unidad básica del desarrollo urbano

Por Román Meyer Falcón

La vivienda es un punto de partida para el desarrollo individual, comunitario y urbano, así como el semillero de valores indispensables para la cohesión social y la seguridad en las ciudades. El proyecto de un futuro con urbes capaces de satisfacer la demanda habitacional de forma sustentable solo será realizable mediante la diversificación de las opciones que la ciudadanía tiene a su alcance para construir un patrimonio. Este texto explora opciones estratégicas para reducir el rezago habitacional en México, con énfasis en la tenencia del suelo como condición de posibilidad para conseguirlo.

Pensar en un desarrollo sustentable en las ciudades contemporáneas, proyectado hacia un futuro que combine perspectivas sociales, medioambientales, de movilidad y solidez comunitaria, es una tarea compleja. Para poner en práctica esta visión hace falta un esfuerzo multilateral y multisectorial. Por encima de todo, se necesitan mecanismos eficaces de comunicación entre la ciudadanía y sus gobiernos locales; entre estos y las autoridades estatales, federales y la iniciativa privada. Esta comunicación es una de las acciones que realizamos en el gobierno de México, específicamente desde el sector público de la vivienda, para consolidar el desarrollo urbano del país.

En los grandes asentamientos urbanos con frecuencia encontramos problemas de inseguridad, informalidad y segregación socioespacial que dificultan el ya de por sí ambicioso proceso de cultivar un sentido de pertenencia dentro de las comunidades. Tan solo en la Ciudad de México, más de 30 % de la población vive en situación de pobreza, y otro 28 % se considera vulnerable por carencias sociales como acceso a servicios de salud, educación, vivienda adecuada y agua (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval], 2018). La gran mayoría de estas personas vive en localidades de la capital con altos índices de marginación.

Ya desde mediados del siglo pasado, con la explosión demográfica de las grandes metrópolis, se evidenciaba la importancia de la integración comunitaria para el sano desarrollo de los entornos urbanos. La propia Jane Jacobs (2013), una de las voces más importantes del urbanismo contemporáneo y activista incansable por la igualdad social en Estados Unidos, señaló que la apropiación de los espacios públicos —la vida en la acera, en los parques, en la calle— es una de nuestras principales armas en contra de la discriminación, la violencia y la inseguridad.

Es difícil ignorar el punto de partida de la urbanización. La vivienda es el mayor articulador del espacio urbano y, por ello, el suelo en que se construye es la principal condicionante para el desarrollo social y comunitario. Los valores de sana convivencia en espacios seguros, o la cohesión social que convierte a una comunidad en núcleo de acción cívica, suelen tener las mejores posibilidades de arraigo si se cultivan desde el hogar. Un entorno doméstico adecuado, garante de los derechos básicos de sus ocupantes, puede incidir sustancialmente en la responsabilidad social y el respeto al entorno. En contraste, las viviendas que no pueden ofrecer acceso a la educación, a oportunidades de empleo, a servicios básicos o certeza en la tenencia del suelo aíslan geográfica y materialmente a sus habitantes de una red de apoyo social necesaria para construir comunidades fuertes y confiables (ONU-Hábitat, 2010).

Por lo anterior, resulta indispensable analizar el rezago habitacional que prevalece en el país y las estrategias para reducirlo. Actualmente, una cuarta parte de los hogares se encuentra en esta situación (ONU-Hábitat, 2017), por lo que ampliar las opciones con las que la ciudadanía cuenta para aprovechar el suelo urbanizado puede ser una estrategia poderosa de combate contra la marginación.

La siguiente gráfica muestra la evolución de este fenómeno en el parque habitacional del país. Como se puede observar, entre el año 2000 y el 2018, el rezago habitacional se mantuvo prácticamente constante en términos absolutos de 9 000 000 de viviendas, a pesar de que en ese período hubo una expansión sin precedentes. Lo anterior quiere decir que se incorporaban más viviendas de las que salían de rezago. Entre 2018 y 2020, esta tendencia cambió: mientras el parque habitacional creció en 1.75 %, el rezago disminuyó en 9.5 %. La razón fue un cambio de visión necesario, comenzando con el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, en el que se planteó diversificar los apoyos y recursos.

Gráfica 1. Rezago habitacional en México 2000-2020
(número de viviendas y porcentaje)
grafica
Fuente: Elaboración propia con datos de la Conavi.

 

De acuerdo con ONU-Hábitat (2017), las ciudades mexicanas aún experimentan un alto ritmo de crecimiento y expansión. El crecimiento demográfico en las próximas décadas dejará como saldo más de 500 nuevas ciudades, las cuales concentrarán alrededor de 80 % de la población nacional antes de 2030, con poblaciones predominantemente pobres. Ante este inquietante panorama, estamos atendiendo los problemas en los asentamientos actuales para evitar que se repliquen a mayor escala.
En estos centros urbanos, la mayor área de crecimiento se da en la autoproducción de vivienda. En este proceso social, las familias, solas o con ayuda coordinada, dirigen su proyecto de vivienda conforme sus recursos lo permiten y sus necesidades lo dictan.

Nuevo espacio público construido en Reynosa, Tamaulipas (Sedatu, Programa de Mejoramiento Urbano, 2020).

 

Vivienda reconstruida y mejorada con involucramiento de las y los beneficiarios en el proceso de construcción (Conavi, 2020).

Vivienda reconstruida con involucramiento de las y los beneficiarios en el proceso de construcción, adaptada a condiciones regionales (Conavi, 2020).
 
La autoproducción tiene una larga tradición en México —de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional de Vivienda (Sedatu-Conavi, 2020), responde a más de 64 % de todas las viviendas— y tiene raíces en motivos socioculturales y en la falta de acceso al financiamiento. Lo anterior ha tenido dos importantes consecuencias: el crecimiento de los asentamientos en las periferias de las ciudades y, en algunos casos, viviendas que no cuentan con estructuras y materiales adecuados.

Sin embargo, reconocer la autoproducción como un fenómeno masivo es reconocer también un área de oportunidad. El primer desafío es acabar con la informalidad y garantizar la regularización en la tenencia del suelo urbanizado. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2018), alrededor de 27 % —es decir, unas 6.3 millones— de las viviendas urbanas en México no cuenta con escrituras. 

Esta situación pone a millones de personas al margen de cualquier sistema que pueda procurar su bienestar. En cambio, cuando los asentamientos cuentan con certeza jurídica, se pone a disposición de sus ocupantes una serie de transacciones que les permiten adquirir mayores derechos sobre su vida privada y pública (Gilbert, 2001): mayor injerencia en la toma de decisiones, mejor acceso a servicios, conectividad, equipamientos públicos y seguridad. La regularización en la tenencia de la tierra es, en términos prácticos, una oportunidad para incrementar el valor de nuestro suelo urbano y nuestro territorio.

El proceso de ordenar el desarrollo a través de políticas territoriales que aceleren y faciliten los procesos de regularización corresponde principalmente a los gobiernos municipales. Estos deben ser capaces de identificar los diversos intereses —comunitarios, medioambientales, sociales, públicos, privados, etc.— que conviven en sus localidades, y mediar entre ellos. Todo empieza por dar voz a las necesidades de la población y asegurarse de que tanto las empresas como los organismos que participan del sector de la vivienda las cumplan por encima de todo, antes de su propio beneficio y de los intereses de sus intermediarios. Una colaboración transversal es indispensable para avanzar en un marco legislativo inclusivo y competente que permita universalizar la certeza jurídica en suelo urbano.

La vivienda es el mayor articulador del espacio urbano y, por ello, el suelo en que se construye es la principal condicionante para el desarrollo social y comunitario.

Los programas de producción de vivienda social son otra vía legal importante para regularizar la vivienda particular. En gran parte, el éxito de estos programas depende de los canales de acceso al suelo para construcción de vivienda. Lo que hace falta son vías para comprar terrenos donde edificar, y donde los organismos nacionales de vivienda puedan incentivar la autoproducción formal y bien regulada. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la Conavi, la Sociedad Hipotecaria Federal: todos ellos juegan un papel clave para que las familias transiten hacia el mercado formal de suelo (Gilbert, 2001). Las reformas de 2020 al Infonavit y al Fovissste permiten financiar la compra de suelo y la construcción de vivienda en terreno propio. La intención es incidir en la creación de un mercado formal de fraccionadores de suelo con servicios.

El segundo gran reto de la autoproducción se refiere a la calidad de los inmuebles. Es frecuente que los hogares, cuando son autoconstruidos, se levanten con conocimientos técnicos limitados, algunos materiales precarios o no adecuados para la zona, y sin los procesos constructivos óptimos. Es común que se construya sin la ayuda de expertos en ingeniería, arquitectura o profesionales de la construcción, lo cual puede resultar en viviendas de poca durabilidad, inadaptadas a las regiones en que se encuentran, susceptibles a daños por desastres, inseguras o inadecuadas para quienes las habitan y las rodean.

Durante años, este problema ha desprestigiado a la autoproducción en nuestro país, resaltando sus fallas y riesgos —por ejemplo, después de evaluar los impactos que tuvieron los sismos de 2017 y 2018 en este tipo de vivienda—.

Es un error, sin embargo, asumir por ello que no existe una autoproducción responsable, una opción más económica, resistente y bien adaptada; un auténtico beneficio social construido por y para cada comunidad. No faltan técnicas y materiales óptimos para construir, de mano propia, una vivienda resistente no solo a sismos, sino también a otros desastres, que sea capaz de ahorrar energía eléctrica, captar agua, procesar y aprovechar el desperdicio.

México es un país con una importante tradición de procesos constructivos, que en cada región cuenta con técnicas y materiales locales durables, de fácil acceso y bajo costo. Hay zonas del país donde conviene más construir una vivienda de adobe —un material térmico y sismorresistente— que de concreto. En otras, un techo de palma es más económico y estable que uno de madera. Estos conocimientos —parte de un saber popular que data de generaciones— merecen ser conservados y difundidos, cultivando una noción importantísima para la ciudadanía, para el gobierno, para los organismos de vivienda y el sector privado que se beneficia de su avance: la autoproducción no es simplemente una opción más para producir vivienda, sino un abanico de oportunidades para todas las partes involucradas en su desarrollo.

Es esencial incentivar la autoproducción y poner al servicio de las personas la capacitación sobre procesos constructivos de calidad, asesoría técnica y prevención de riesgos.

Es esencial incentivar la autoconstrucción y poner al servicio de las personas la capacitación sobre procesos constructivos de calidad, asesoría técnica y prevención de riesgos. En este sentido, desde la Sedatu hemos impulsado la plataforma Decide y Construye, 1 donde, además de presentarse todas las opciones de apoyo para la vivienda que ofrece el sector público, se pueden encontrar herramientas y guías para la construcción. La plataforma incluye videos, tutoriales y planos descargables de prototipos de vivienda para las diferentes regiones del país. Es una herramienta completamente nueva al alcance de todas las personas.

La idea de difundir los procesos constructivos de calidad puede repercutir positivamente en el bienestar de las personas, pero requiere de un acuerdo mutuo entre los gobiernos y el sector privado: la autoproducción se puede convertir hoy en una opción segura y sustentable, que además contribuya a la recuperación económica del país. En esta labor colectiva, también resulta clave el rol del medio académico, de profesionistas y técnicos capacitados de la construcción, personas dispuestas a promover una cultura responsable de la autoproducción mediante instrumentos de planeación, material didáctico y asistencia técnica.

Hacer una apuesta por diversificar las opciones que la ciudadanía tiene para asegurar su patrimonio es un paso certero para reducir el rezago habitacional. Por eso, los apoyos directos para la autoproducción se han convertido en un elemento central de las acciones del sector público de la vivienda. Tan solo en 2020 se apoyó a más de 300 000 familias con mejoras a sus viviendas. Ha llegado el momento de expandir las opciones y aprovechar el marco legal que hemos construido en los últimos años. Hacia el futuro, no existe un escenario donde la autoproducción de vivienda no sea el eje central para mejorar la calidad de vida de las personas.

El objetivo de estas propuestas es actualizar nuestro modelo de desarrollo y darle mayor alcance, buscando construir un futuro en el que la vivienda sea, al mismo tiempo, un motor del desarrollo económico del país y la base de la contribución social que cada miembro hace a su entorno. Todo ello gira en torno del enfoque central de nuestro actual gobierno: el cumplimiento cabal y sin excepciones de los derechos más básicos de las personas. Nuestra misión es ver a la vivienda convertida en piedra angular de una vida cívica igualitaria, más participativa, justa e incluyente para todas y todos los mexicanos. En resumen, la piedra angular para la transformación.

Notas
  1. Este proyecto puede ser consultado en el sitio web: https://decideyconstruye.gob.mx

Referencias

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (2018). Pobreza 2018 / Ciudad de México. https:// www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/DistritoFederal/Paginas/Pobreza_2018.aspx 

Gilbert, A. (2001). La vivienda en América Latina. Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (Indes), citado en J. I. Vera López (2019), La producción social de vivienda en México: incorporación del enfoque en salud. Suelo urbano en México. Retos y oportunidades para su administración y registro. 299-338. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2018). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH). https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/ 

Jacobs, J. (2013). Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing Libros. 

ONU-Hábitat (2010). El derecho a una vivienda adecuada. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf 

ONU-Hábitat (2017). Tendencias del desarrollo urbano en México. https://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico 

Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano y Comisión Nacional de Vivienda (Sedatu-Conavi) (2018). El rezago habitacional y la carencia por calidad y espacios de la vivienda: un análisis comparativo. https://sniiv.conavi.gob.mx/doc/ analisis/2018/REVG_El%20rezago%20habitacional%20y%20la%20carencia%20por%20calidad%20y%20espacios.pdf

Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano y Comisión Nacional de Vivienda (Sedatu-Conavi) (2020). Programa de Mejoramiento Urbano. https://mimexicolate.gob.mx/tag/autoconstruccion/ 

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Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro y doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es Investigador Titular “B” en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán. Sus líneas de investigación son espacio urbano, estructura de clases sociales, cambio sociocultural y etnicidad en la ciudad y su periferia próxima. Cuenta con dos libros de autoría individual y tres como coordinador, además de varios capítulos de libro y artículos en prensa y revistas especializadas.

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Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

Semblanza del autor

LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

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Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.