Política de suelo urbano como ruta para la vivienda incluyente

Por José Alfonso Iracheta Carroll

En este ensayo se identifican algunas de las políticas públicas más relevantes que podrían implementarse en el corto y mediano plazo desde el gobierno federal, así como desde los gobiernos estatales y municipales, para impulsar un replanteamiento a profundidad sobre cómo queremos que sean nuestras ciudades en el futuro. Se consideran dos objetivos principales: ordenar el territorio urbano y su entorno de influencia, así como favorecer una política de suelo incluyente, que permita acceder a suelo y vivienda adecuada a la población que se ha visto históricamente excluida de la ciudad.

La gestión urbana es una de las tareas más complejas que hay. No solo porque su propia naturaleza involucra el diálogo y la negociación con una diversidad de agentes, sino porque las políticas urbanas suelen tener componentes técnicos considerables, cuya lógica puede resultar contraintuitiva, dificultando aún más el diálogo y la construcción de las propias políticas. Esta dinámica necesariamente implica considerar uno o varios niveles de complejidad: diálogo entre agentes con intereses diversos y muchas veces opuestos; debates en torno de fenómenos difíciles de entender; percepciones arraigadas sobre la situación de los problemas; conflictos recurrentes relacionados con la propiedad; y prejuicios que dificultan la construcción de alternativas compartidas para resolver problemas específicos.

En este ensayo me concentro en dos objetivos: ordenar el territorio urbano y su entorno de influencia, y favorecer una política de suelo incluyente, que permita acceder a suelo y vivienda adecuada a la población que se ha visto históricamente excluida de la ciudad. Estos objetivos son amplios, pero para fines prácticos, planteo tres estrategias que se complementan entre sí para aproximarnos al problema. La primera se refiere a la regulación y normatividad urbana, reflejada principalmente en algunos parámetros urbanísticos; la segunda considera algunos instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento del desarrollo urbano para ordenar las zonas de crecimiento de las ciudades, así como para densificar o reconvertir zonas subutilizadas; y, finalmente, la tercera tiene que ver con la cobertura de los servicios básicos y equipamientos urbanos, en especial de la red de movilidad que estructura a las ciudades.

Los instrumentos de planeación urbana son de los mecanismos más importantes que tienen los gobiernos municipales para establecer criterios normativos para orientar la toma de decisiones sobre la ocupación del territorio. La planeación urbana debería ser un instrumento que no solo responde a las necesidades técnicas para definir cómo, cuándo y dónde debería crecer (o no) la ciudad, para impulsar proyectos estratégicos u otorgar todo tipo de licencias y permisos, sino que debería ser también un instrumento que permita alcanzar un acuerdo sociopolítico en la sociedad y entre los agentes que participan en el desarrollo urbano (Iracheta, 2020, p. 263) y, por lo tanto, servir como engrane que legitime y dé certeza jurídica a las decisiones que toman las autoridades locales.

La realidad, sin embargo, dista de coincidir con estos criterios, reflejando desarticulación y desvinculación entre la planeación urbana, los criterios normativos y los mecanismos formales e informales de toma de decisiones y ocupación del territorio, con consecuencias particularmente dramáticas en las zonas periféricas e irregulares de las ciudades. Existen muchas razones para explicar esta desarticulación, que van desde las capacidades de los gobiernos locales, pasando por la complejidad para la gestión de los mercados de suelo y vivienda (con los grandes intereses que los controlan), hasta la corrupción simple y llana. Sin embargo, quiero concentrarme en dos limitantes que, por diseño, reducen las posibilidades de los gobiernos locales para impulsar políticas de suelo y sus instrumentos de gestión y financiamiento del desarrollo urbano.

 

La realidad refleja que hay desarticulación y desvinculación entre la planeación urbana, los criterios normativos y los mecanismos formales e informales de toma de decisiones y ocupación del territorio, con consecuencias dramáticas en zonas periféricas e irregulares de las ciudades.

La realidad, sin embargo, dista de coincidir con estos criterios, reflejando desarticulación y desvinculación entre la planeación urbana, los criterios normativos y los mecanismos formales e informales de toma de decisiones y ocupación del territorio, con consecuencias particularmente dramáticas en las zonas periféricas e irregulares de las ciudades. Existen muchas razones para explicar esta desarticulación, que van desde las capacidades de los gobiernos locales, pasando por la complejidad para la gestión de los mercados de suelo y vivienda (con los grandes intereses que los controlan), hasta la corrupción simple y llana. Sin embargo, quiero concentrarme en dos limitantes que, por diseño, reducen las posibilidades de los gobiernos locales para impulsar políticas de suelo y sus instrumentos de gestión y financiamiento del desarrollo urbano.

La primera limitante proviene de los criterios técnico-normativos de la planeación urbana, y en específico de las zonificaciones y densidades. Cuando los instrumentos de planeación urbana establecen con lujo de detalle (como suele ocurrir) las zonificaciones secundarias, que incluyen usos del suelo, densidades de población y potenciales de edificabilidad (coeficiente de utilización del suelo o CUS), pueden generar un efecto contrario al que persiguen (De Soto, 1989; Glaeser et al., 2006; Goytia y Pasquini, 2016).

Vamos a desgranar este problema. En primer lugar, establecer densidades puede tener un efecto regresivo y de segregación socioespacial que afecta sobre todo a la población de menores ingresos. Una densidad poblacional prestablecida implicaría que diferentes grupos de ingreso tendrían que afrontar los mismos costos del suelo por lote, a pesar de que los grupos de mayor ingreso podrían acceder a mayores coeficientes de utilización, traducidos en casas de mayor tamaño; mientras que los sectores de menores ingresos mantendrían coeficientes de utilización relativamente bajos, con casas pequeñas, al no poder producir viviendas para más de un núcleo familiar, precisamente por las restricciones de densidad poblacional. Esta dinámica urbana ocurre a pesar de que son los sectores de menores ingresos quienes demandan una mayor densidad habitacional (Bertaud y Malpezzi, 2001; Feler y Henderson, 2011).

Por lo tanto, el efecto de estas políticas es el encarecimiento artificial del suelo, con la consecuente expulsión de la población de menores ingresos hacia zonas en donde el suelo es más barato (más alejadas, con menor cobertura de servicios públicos y, en general, en peores condiciones urbanas), en donde pueden acceder a lotes más pequeños o a lotes con menores restricciones que permitan mayores densidades con viviendas en donde pueden cohabitar múltiples hogares.

Un segundo argumento, vinculado al financiamiento del desarrollo urbano, es que cuando los instrumentos de planeación establecen zonificaciones con densidades y coeficientes de utilización rígidos, la ciudad está otorgando de forma tácita y gratuita un derecho para aprovechar los potenciales de desarrollo, sin que exista una contraprestación a favor de la ciudad por parte de quien resulte beneficiado. En los casos en donde se permiten mayores densidades, prácticamente la ciudad entrega el potencial de desarrollo con bajas o nulas contraprestaciones respecto de las cargas que la mayor densidad generará sobre las infraestructuras urbanas. En los casos en donde se restringe la densidad, igualmente se entrega este derecho al “no desarrollo” que tiende a generar una escasez artificial de suelo, impulsando un proceso de exclusión que igualmente implica una carga para la ciudad en términos de la provisión de servicios básicos e instalación de infraestructuras en zonas cada vez más alejadas.

De lo anterior podemos extraer algunas implicaciones que resultan problemáticas. En primer lugar, si estos parámetros urbanísticos no se definen considerando prioritariamente la capacidad de las infraestructuras instaladas (además de otras características barriales específicas), como pueden ser las redes de agua y drenaje, energía, acceso al sistema urbano de movilidad —particularmente transporte público masivo— y otras infraestructuras, la ciudad estará subutilizando la capacidad instalada o, dicho de otro modo, estará desperdiciando la inversión pública. En esos casos, los instrumentos de planeación requieren mayor flexibilidad, de modo que las decisiones sobre usos de suelo, densidades y coeficientes de utilización puedan adaptarse a las necesidades de la economía urbana y a los umbrales e incrementos de capacidad de la infraestructura que tiene la ciudad.

En segundo lugar, el establecimiento rígido de estos parámetros reduce sustancialmente las posibilidades operativas y legales que tiene la ciudad para implementar instrumentos fiscales o financieros que permitan, por un lado, aprovechar al máximo los potenciales de edificación basados en las infraestructuras y, por el otro, recuperar los costos en que incurre la ciudad para construir y mantener las infraestructuras, así como para proveer servicios básicos de todo tipo.

A manera de ejemplo, la venta de derechos de desarrollo, implementado originalmente en Brasil y uno de los instrumentos de financiamiento y gestión del suelo más exitosos de América Latina, estableció densidades flexibles y un potencial de edificabilidad básico con valor uno, que se considera parte del derecho humano a contar con los medios necesarios para subsistir y, por lo tanto, no tiene costo. Este coeficiente unitario quiere decir que es un derecho del propietario poder construir el mismo número de metros cuadrados que tiene su lote. Si el propietario quiere acceder a un coeficiente mayor, digamos, porque quiere hacer un edificio de varios pisos; entonces debe pagar el diferencial de esa mayor edificabilidad según una fórmula prestablecida que es pública y conocida por los promotores (Furtado et al., 2017). De esa forma, la ciudad recibe recursos para invertir en las infraestructuras que enfrentan cargas crecientes. Ello con el fin de mantener y mejorar la provisión de los servicios públicos, así como impulsar intervenciones urbanas que generen una oferta de suelo y vivienda para la población de menores ingresos, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los emprendimientos impulsados por los propietarios. Otra alternativa sería que la ciudad fijara un porcentaje mínimo de vivienda de interés social que debe considerar cualquier emprendimiento inmobiliario como contraprestación por recibir mayores derechos de edificabilidad, como se hace en Alemania o en la ciudad de Nueva York.

En algunos casos, los instrumentos de planeación requieren flexibilidad para que las decisiones sobre usos de suelo, densidades y coeficientes de utilización puedan adaptarse a las necesidades de la economía urbana.

Kunz y Eibenschutz (2001) plantean cuatro versiones del impuesto predial que se complementan entre sí, y que permitirían alcanzar diversos objetivos como, por ejemplo, incentivar la ocupación de predios vacíos o subutilizados, mediante una tasa predial alta y creciente en el tiempo, sujeta a cumplir con el criterio del mayor y mejor uso del suelo posible; o ampliar la base recaudatoria sin afectar de forma desproporcionada a grupos de población específicos, ni causar distorsiones en los mercados de suelo y vivienda.

La importancia de contar con un impuesto predial fuerte radica no solo en que serviría para fortalecer las finanzas y ampliar las capacidades de los gobiernos locales, sino que también permitiría orientar y dirigir recursos públicos y privados hacia el logro de los objetivos de la política pública. También es importante no olvidar que, de toda la variedad de instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento del desarrollo urbano que existen, es el único que se aplica de forma prácticamente universal en México.

Por otro lado, cuando la importancia del impuesto predial no es asumida por los gobiernos locales, es necesario buscar mecanismos alternativos de financiamiento que, si bien difícilmente podrían aplicarse de forma universal, sí podrían ser aplicados en zonas específicas de la ciudad o en contextos particulares. En los párrafos anteriores mencioné dos versiones de la venta de derechos de desarrollo. Este instrumento es sumamente versátil, ya que puede tomar muchas formas dependiendo del contexto político y económico, así como del objetivo de la política pública. La versión básica de este instrumento consiste en vender el excedente de potencial de edificabilidad que busca un propietario, lo que permite internalizar los costos que estaría imponiendo a la ciudad (y a la ciudadanía) derivados de las cargas que originaría sobre las infraestructuras de todo tipo. Una versión más compleja, pero también más eficiente de este instrumento, consiste en establecer un mercado de bonos de potencial adicional de desarrollo que son subastados por la ciudad y negociados en los mercados financieros, y que, por lo tanto, tienen la capacidad de encontrar el precio de equilibrio (óptimo) que refleja el valor de los incrementos en el potencial de desarrollo. Este instrumento no solo maximiza la capacidad recaudatoria del gobierno local, sino que también le permite a propietarios, promotores e inversionistas canalizar un mayor flujo de recursos a las zonas prioritarias de la ciudad, establecidas en los instrumentos de planeación urbana (Sandroni, 2014). De ese modo, los bonos de potencial adicional de desarrollo pueden favorecer el aprovechamiento óptimo de las infraestructuras instaladas, al tiempo que generan un flujo financiero para favorecer el cumplimiento de otros objetivos como, por ejemplo, garantizar la vivienda adecuada a la población de menores ingresos.

Los derechos para aprovechar el potencial de desarrollo también pueden intercambiarse. Esta versión del instrumento está diseñada para aprovechar al máximo el potencial de desarrollo que tiene una ciudad (Uzon, 2014), pero también sirve para generar suelo para espacio público o equipamientos urbanos en donde no están disponibles. Como se puede ver, la variedad y grado de complejidad de la venta o intercambio de los derechos de desarrollo es amplia, por lo que permite ajustarlo al contexto y al objetivo de política pública que se busca, además de permitir también un alto grado de creatividad e innovación a favor de la ciudad.

Otros instrumentos disponibles para el ordenamiento de la ciudad y para generar una oferta de suelo para la población de menores ingresos son los macroproyectos de gestión del suelo (Jiménez Huerta, 2014), los cuales consisten en impulsar grandes proyectos de desarrollo en las zonas de expansión urbana o en zonas que requieren una reconversión de usos de suelo (por ejemplo, zonas industriales en declive). A través de un diseño basado en la mixtura de usos y destinos del suelo, de tipologías de vivienda, así como de grupos de población y de ingresos a quienes va dirigido, es posible aprovechar las economías de aglomeración resultantes para generar flujos financieros que sirvan para financiar la infraestructura y algunos usos y destinos del suelo específicos. En ese sentido, los usos con mayor rentabilidad estarían financiando a los usos con menor o nula rentabilidad, como puede ser la vivienda social o los espacios públicos y equipamientos urbanos.

 

La puesta en práctica de estos y otros instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento del desarrollo urbano tiene como fin cumplir con los objetivos de la política pública. Sin embargo, también tienen otros efectos que no son evidentes a primera vista. Por ejemplo, la implementación de los instrumentos “desinfla” la especulación sobre el valor del suelo y favorece un aprovechamiento más eficiente de las infraestructuras instaladas en la ciudad, lo que a su vez impulsaría una reducción generalizada del costo del suelo urbano, además de una reducción de los diferenciales en el valor del suelo entre diferentes zonas de la ciudad (Goytia, 2020). Por lo tanto, favorecería el acceso al suelo y a la vivienda adecuada por parte de segmentos de la población que, de otro modo, se verían excluidos del desarrollo urbano y expulsados hacia zonas no aptas o irregulares.

Finalmente, la tercera estrategia se relaciona con la cobertura y accesibilidad a la red de transporte público de la ciudad (aunque los principios son aplicables a todos los servicios públicos, equipamientos e infraestructuras urbanas). Para entender este argumento es de utilidad discutir algunos criterios en la formación del precio del suelo. Smolka (2020) considera que un factor determinante no es la deseabilidad del suelo per se, en términos de la accesibilidad a servicios públicos de calidad y condiciones del entorno urbano, sino la diferencia que hay entre el “mejor” y el “peor” suelo de la ciudad, entendido como el que se encuentra en las peores condiciones del entorno urbano y, de nueva cuenta, con menor accesibilidad a servicios públicos de calidad.

En principio, el mayor costo del suelo que tiene una zona céntrica consolidada refleja el menor costo relativo que tienen las familias para gozar de una buena accesibilidad a una variedad de modos de transporte, que van desde el peatonal y no motorizado, hasta el transporte público masivo o el vehículo particular. Por su parte, las familias que viven en zonas menos adecuadas enfrentan costos del suelo mucho menores, pero con menor o incluso nula cobertura y accesibilidad a la red de transporte de la ciudad. Por lo tanto, un factor determinante del valor del suelo son las diferencias entre buenas y malas condiciones de accesibilidad en distintas zonas de la ciudad, más que otros factores que son de carácter subjetivo y que reflejan las percepciones individuales de las personas.

Visto desde otro ángulo, el costo relacionado con la falta de accesibilidad a la red urbana de transporte público es una especie de crédito de largo plazo que deben pagar las familias de menores ingresos que se localizan en asentamientos irregulares para acceder a un lote que es sustancialmente más barato que el suelo con buena accesibilidad (Smolka y Biderman, 2011). El problema es que este “crédito” puede representar costos muy superiores en el largo plazo, de los que habrían enfrentado de haber podido acceder a suelo apto desde un inicio. Estos costos se adicionan según sean las condiciones de accesibilidad (o falta de) a los diferentes servicios públicos, equipamientos o infraestructuras que enfrenta cada lote específico.

Evidentemente, hay muchos otros determinantes del valor del suelo, pero para el caso de las intervenciones que están a disposición de los gobiernos locales para incidir en el ordenamiento del territorio de la ciudad y el acceso a suelo y vivienda adecuada, estos criterios resultan de la mayor relevancia. En esta lógica, la inversión en infraestructura y equipamientos de calidad en las zonas de mayor marginación reduciría los diferenciales que existen en el costo del suelo de diferentes zonas de la ciudad, impulsando un proceso de mayor inclusión socioespacial y mejorando de manera sustancial la calidad de vida de las familias que habitan zonas marginadas y tradicionalmente excluidas del desarrollo urbano. Si este proceso es acompañado de otras políticas de suelo como las mencionadas en los párrafos anteriores, se reduciría la presión que impulsa el crecimiento de los asentamientos irregulares al ampliar la oferta de suelo asequible.

A lo largo de este texto he discutido algunas de las alternativas de política pública con que cuentan los gobiernos locales para avanzar hacia el ordenamiento del territorio y para favorecer una política de suelo incluyente, que permita acceder tanto a suelo como a vivienda adecuada para la población que se ha visto históricamente excluida de la ciudad. México ha dado pasos importantes para contar con bases más sólidas que permitan la implementación de las políticas discutidas; sin embargo, todavía estamos varios pasos por detrás de otros países latinoamericanos que enfrentan la problemática de forma mucho más contundente.

En primer lugar, resulta fundamental aprovechar las herramientas que están a la mano, como es el impuesto predial. De no impulsar un diálogo público y un cambio en los incentivos detrás de la toma de decisiones de los líderes políticos locales, que permita transitar hacia un modelo de fiscalidad urbana sostenible, basado primordialmente en el predial, las ciudades mexicanas están condenadas a mantenerse en un eterno estado crítico (valga la aparente contradicción de términos), sin una ruta que las haga viables en el largo plazo. Una alternativa para alcanzar los cambios requeridos está en modificar las fórmulas con que se asignan las transferencias de recursos federales y estatales para financiar a los municipios. Los criterios deberían incluir una mezcla de factores que reconozcan la realidad local en términos de población y presión urbana, pero también que premien buenas prácticas recaudatorias y castiguen los comportamientos indeseados. De nueva cuenta, estos factores deberían ser técnicos y no políticos, como ocurre al día de hoy.

En segundo lugar, es necesario fortalecer las bases legales establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para la implementación de los instrumentos de gestión y financiamiento del desarrollo urbano que se discutieron aquí, además de muchos otros que existen y están disponibles para ponerse en práctica. Si bien la actual ley general es suficientemente amplia como para permitir su existencia, no establece criterios claros que sirvan para orientar a los gobiernos locales, lo que ha limitado su implementación, o ha generado una falta de transparencia respecto del origen y uso de los recursos resultantes.

Por último, es necesario replantear los criterios para definir el destino de las inversiones públicas, de modo que sirvan para reducir las diferencias en accesibilidad a los diferentes bienes y servicios que ofrece la ciudad. Particularmente relevante resulta impulsar la constitución de nuevas centralidades que le den una vida propia a las diferentes zonas de la ciudad y que reduzcan la presión sobre el sistema de movilidad. Además, estas nuevas centralidades podrían generar dinámicas positivas propias que se constituyan como un motor local del desarrollo urbano, reduciendo la dependencia del centro que sufren todas las ciudades.

Referencias

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Bertaud, A. y Malpezzi, S. (2001). Measuring the costs and benefits of urban land use regulation: a simple model with an application to Malaysia. Journal of Housing Economics, 10(3), 393-418.

De Soto, H. (1989). The other path. s.p.i.

Feler, L. y Henderson, J. V. (2011). Exclusionary policies in urban development: Under-servicing migrant households in Brazilian cities. Journal of Urban Economics, 69(3), 253-272.

George, H. (1884). Progress and poverty: An inquiry into the cause of industrial depressions, and of increase of want with increase of wealth, the remedy. W. Reeves.

Glaeser, E. L., Gyourko, J. y Saks, R. E. (2006). Urban growth and housing supply. Journal of Economic Geography, 6(1), 71-89.

Goytia, C. (2020). Mercados informales de suelo en América Latina. s.p.i.

Goytia, C. y Pasquini, R. (2016). Housing Informality: The Land Use Regulation Link to Informal Tenure in Developing Countries. Argentina.

Iracheta, A. X. (2020). Otra ciudad es posible: Los retos del desarrollo urbano en América Latina. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Jiménez Huerta, E. (2014). Oferta de suelo servido y vivienda para la población de escasos recursos en Aguascalientes. En M. Smolka y F. Furtado (eds.), Instrumentos notables de políticas de suelo en América Latina. Lincoln Institute of Land Policy.

Kunz, I. y Eibenschutz, R. (2001). Algunos instrumentos fiscales para reforzar las políticas de suelo. Estudios Demográficos y Urbanos, 85-108.

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Morales Schechinger, C. (2005). Políticas de suelo urbano, accesibilidad de los pobres y recuperación de plusvalías. [Texto correspondiente a la investigación La renta del suelo, las finanzas urbanas y el municipio mexicano, desarrollada en Universidad Nacional Autónoma de México, México]. sistemamid. com/download. php

Sandroni, P. (2014). Los Certificados de Potencial Adicional de Construcción (Cepac) como instrumento para el financiamiento del desarrollo urbano. En M. Smolka y F. Furtado (eds.), Instrumentos notables de políticas de suelo en América Latina. Lincoln Institute of Land Policy.

Smolka, M. (2020). Re: Formación de los gradientes de precios de la tierra urbana. s.p.i.

Smolka, M. O. y Biderman, C. (2011). Housing informality: An economist’s perspective on urban planning. En The Oxford handbook of urban economics and planning. s.p.i.

Smolka, M. O. y Goytia, C. (2019). Land Markets. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies, 1-7.

Uzon, N. (2014). Transferencia del derecho de construir: La experiencia de Porto Alegre, Brasil. En M. Smolka y F. Furtado (eds.), Instrumentos notables de políticas de suelo en América Latina. Lincoln Institute of Land Policy.

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JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro y doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es Investigador Titular “B” en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán. Sus líneas de investigación son espacio urbano, estructura de clases sociales, cambio sociocultural y etnicidad en la ciudad y su periferia próxima. Cuenta con dos libros de autoría individual y tres como coordinador, además de varios capítulos de libro y artículos en prensa y revistas especializadas.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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JOSÉ RAYMUNDO GALÁN GONZÁLEZ

Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público, con un amplio enfoque en paisaje y accesibilidad.

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Arquitecta por el ITESM con estudios en Barcelona. Actualmente cursa la Maestría en Asuntos Urbanos en la UANL, investigando temas de vivienda, planeación urbana, movilidad y género. Desde el 2013 trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público dentro de la iniciativa de regeneración urbana DistritoTec.

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Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.