El suelo urbanizado: el capital acumulado que los hogares populares transfieren a las nuevas generaciones

En términos generales, la vivienda se ha asumido como una categoría analítica compacta, prescindiéndose de entender la relación entre el suelo y las construcciones que sobre él están destinadas a ser habitadas. Por ello, en este texto se centra la atención en el papel que juega cada uno de estos componentes en la producción y reproducción de la vivienda popular. Se sostiene que ambos constituyen un capital acumulado por la familia de ascendencia que se transfiere de padres a hijos sin intermediación del mercado. Así, en México, el valor de la vivienda popular emana del trabajo y la capacidad de las familias de donar el suelo urbanizado a las nuevas generaciones, para que ellas dispongan de él y generen nuevas viviendas en el mismo predio.

El problema de la vivienda es analizado prioritariamente en el contexto de las contradicciones en el modo de producción capitalista, mismas que han conducido en los países del sur global a dos modelos de producción: el formal y el informal. El predominio del razonamiento estructural ha conducido a un análisis dicotómico de la vivienda, en el que se han identificado los agentes que participan en estas dos formas de producción (el Estado, el sector privado capitalista y los pobladores); se ha cuestionado la forma en que el Estado, como un agente activo en la reproducción de ambos modelos, converge con el sector inmobiliario capitalista a través de políticas de vivienda y, concurriendo con la población que no tiene acceso a una vivienda terminada, mediante políticas de regularización de tenencia de la tierra y subsidios al mejoramiento de la vivienda.

El tratamiento inequitativo y desigual al problema de la vivienda se ve agravado por la ausencia de una política de suelo dirigida a aminorar las precarias condiciones en que los sectores populares se ven conminados a producir su hábitat. Igualmente, el hecho de que los componentes suelo y construcciones de habitación estén imbricados en la conceptualización de las políticas públicas conduce erróneamente a que sea observada como un producto compacto y no sea analizada en función de sus componentes.

La perspectiva estructural ha puesto poca atención al aporte diferencial que el suelo y las construcciones de habitación ofrecen al desarrollo de la vivienda, y más importante, la función que cada uno de esos componentes cumple en la reproducción familiar, que constituye el objeto de su existencia. Si bien en diferentes estudios se ha registrado que la mano de obra familiar es un elemento organizativo del proceso de producción de la vivienda popular, se desconoce la trascendencia que los vínculos filiales, más allá del lugar de residencia, tienen en su producción, reproducción y transferencia.

El hecho de que la vivienda popular sea adquirida por sus habitantes a través de un proceso paulatino de habilitación del predio y autoconstrucción de edificaciones a ser habitadas, y no obtenida como un producto terminado, obliga a valorar por separado el aporte del suelo y de las unidades de habitación en su producción y reproducción. Entiendo estos como dos estadios diferenciados. La etapa de producción de la vivienda popular involucra el acceso a un suelo no urbanizado, el trabajo vivo realizado tanto en la habilitación del predio como en la autoconstrucción de la vivienda individual, y el tiempo dedicado a la autogestión de los servicios básicos. Diferentemente, identifico la reproducción de la vivienda como una etapa posterior, en la que se construyen viviendas adicionales o segundas viviendas en un mismo predio.

La producción de segundas viviendas en un mismo predio de colonia popular no es un fenómeno aislado. El Censo de 2020 registra que 18.7 % de las viviendas a nivel nacional comparte el mismo predio. Un estudio que hemos realizado recientemente en El Colegio de México indica que uno de cada cuatro predios en colonias populares de la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene más de una vivienda, y que 90 % de las viviendas adicionales está ocupado por parientes del propietario del predio que no pagan renta (Salazar, 2014).

Los hallazgos mencionados obligan a reflexionar sobre aspectos relacionados tanto con la creación de valor de la vivienda popular como con la transmisión de esa riqueza producida de una generación a otra. De la misma forma, la distinción entre el suelo y las edificaciones para habitar, así como el acoplamiento de estos dos componentes en diferentes momentos, nos llevan a indagar hasta qué punto se les da un uso relativamente autónomo en la práctica social.

Con la finalidad de estimular propuestas alternativas de política pública que reconozcan, por un lado, las formas en que se produce y reproduce la vivienda popular y, por el otro, el aporte que la institución familiar tiene en ello, ofrezco analizar de manera separada los componentes suelo, primera vivienda o vivienda principal, y viviendas adicionales o segundas viviendas. Espero con ello proporcionar una mayor comprensión sobre la producción y reproducción de la vivienda popular, que conduzca a reconsiderar la definición de los derechos de propiedad que derivan de la práctica social en la formulación jurídica y normativa que hace posible el paso a programas de acceso a la vivienda.

Este documento está organizado en tres apartados. En el primero proporciono una reflexión sobre cómo el suelo es dotado de valor, independiente de su precio en el mercado. En el segundo formulo cómo ese valor es transmitido generacionalmente de padres a hijos 1, y en el tercero pongo sobre la mesa de la discusión los conceptos de posesión y propiedad como formas viables a incorporar en el reconocimiento del derecho a la vivienda.

El suelo como valor

De acuerdo con la teoría del valor-trabajo, el valor de un objeto radica en el acto del trabajo (Mill, 1943; Smith, 1994; Marx, 2013). Así, el suelo adquiere valor cuando a través de la inversión en trabajo y capital se transforma en suelo urbanizado. Ese valor remite tanto a su utilidad (valor de uso), como a su precio en el mercado (valor de cambio), pero estas dos acepciones no implican que, en la realidad, el suelo sin urbanizar no tenga un precio en el mercado. Significa, sin embargo, que cuando una persona adquiere un suelo no urbanizado, debe adicionarle capital y trabajo, para dotarlo de valor e incorporarlo en el espacio urbano.

En el caso de los hogares populares —quienes mayoritariamente adquieren suelo no urbanizado para construir su vivienda—, el suelo es dotado de valor en diferentes momentos mediante las variadas acciones que ejecutan y los recursos de los que disponen los hogares en cada uno de ellos. Como puede observarse en la Figura 1, en el momento en que se produce el hábitat y una primera vivienda (M1), los desencadenadores del proceso, que son también las y los usuarios finales de las viviendas, realizan tareas que no serán ejecutadas de nuevo en el momento de su reproducción (M2). En la primera etapa, los adquirientes del suelo pagan por este y también producen urbanización; empiezan a construir su primera vivienda sin disponer de servicios básicos o equipamientos mínimos, y gestionan su implementación durante el proceso de habilitación del suelo y de la vivienda, así como de la gestión de servicios básicos para, con ello, consolidar sus colonias e ir creando condiciones generales de habitabilidad.

Figura 1. Producción y reproducción de la vivienda popular
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Fuente: Elaboración propia.
 
meyer oaxaca

En M2 ya no se presentan acciones para la habilitación del predio ni para la urbanización; lo que se repite como actos son la inversión en capital y trabajo, destinadas a la construcción de segundas viviendas. Aunque, aparentemente, la producción de la primera y la segunda vivienda implica trabajo de la misma naturaleza, los niveles de fatiga y habilidad que exigen la una y la otra no son los mismos: la primera vivienda se construye en un predio que no dispone de servicios básicos (M1); las segundas viviendas (M2), en cambio, se edifican en uno que ya cuenta con ellos. En otras palabras, en M2 se ejecuta sobre el trabajo acumulado de los fundadores de la colonia y de todos los recursos, tanto individuales como colectivos, implicados en M1; es decir, en la habilitación del suelo rural para generar un lugar donde vivir. Siguiendo a Mill (1943), el hecho de que en M2 no se asiente en la premura y precariedad de 30 años atrás, significa que un día de fatiga en M2 se troca con un mayor grado de habilidad y hasta puede pagarse en el mercado.

En el contexto de los hogares populares, la transformación del suelo de rural a urbano adquiere mayor relevancia en términos de su valor de uso, que de su valor de cambio. Primero, porque el suelo habilitado se convierte en el sustento material a través del cual las unidades domésticas resuelven su necesidad de habitación. Segundo, porque las edificaciones que sobre él se construyen tienen como fin último ser usadas como lugar de habitación, y no circuladas en el mercado. Tercero, porque en tanto que la vivienda popular sea resultado de un proceso, y no un producto terminado, el suelo adquiere una naturaleza flexible que permite que se acondicionen, adicionen o repliquen sobre él, edificaciones adaptadas a las posibilidades económicas y a los cambios en la estructura y composición de los hogares. Las entradas y salidas de los hijos en las diferentes etapas del ciclo de vida del hogar, así como la adición de nuevos miembros, como resultado de uniones matrimoniales o consensuadas y nuevos nacimientos, conllevan la expansión del grupo familiar y se acompañan de nuevos arreglos residenciales.

El suelo como objeto de transferencia

Como se argumentó, el hecho de que la producción de la vivienda en los sectores populares no se consiga a través del mercado, sino mediante el trabajo vivo de los miembros adultos del hogar y de sus ingresos monetarios, permite que a lo largo del tiempo sus poseedores acumulen un capital incorporado al bien vivienda.

Este capital acumulado reúne tres aspectos interesantes en términos de su reproducción. Uno de ellos es que es transmitido de padres a hijos cuando estos ingresan al mercado laboral o experimentan eventos demográficos. Como se observa en la Figura 1, es solo hasta M2 que el trabajo acumulado de los progenitores se dispensa a sus descendientes mediante un acto de donación voluntaria. La transferencia de trabajo acumulado de los progenitores se produce a través de actos de cesión o donación que provienen del código afectivo radicado en los vínculos filiales. Como deriva de la antropología económica (Graeber, 2018), la transmisión de recursos materiales entre ascendientes y descendientes, desde la donación de reliquias familiares hasta bienes con alto valor económico, es una de las “formas estructurales de la familia que permanecen y están en la base de las relaciones intergeneracionales” (Gonzáles, 2009, p. 522), incluso en circunstancias en que la proximidad entre los miembros de la familia llega a ser conflictiva o escasa.

El segundo aspecto es que el capital acumulado en la vivienda no es cedido de ascendientes a descendientes en su totalidad, sino por componentes y de manera fragmentada, y es común que los padres ofrezcan a sus hijos una porción del predio para que estos generen un lugar para habitar, así como que previamente les presten una habitación, sin exigirles a cambio un beneficio monetario. Esta forma de transmisión del bien de la vivienda, en la que se dona el valor de uso del predio o de la construcción, pero no el valor de cambio, da la posibilidad a los progenitores de beneficiar en vida a sus hijos con el trabajo acumulado sin poner en riesgo sus derechos de propiedad.

Estudios sociodemográficos han señalado que, en la práctica de los hogares populares, los progenitores suelen apoyar la inserción de los jóvenes a la vida adulta a través de la corresidencia (Casal, 1996; Echarri, 2003, 2005; Mier y Terán, 2009; Rabell y Murillo, 2017). Observamos que no se trata exclusivamente de compartir los cuartos y habitaciones, sino de otorgarles también una porción del predio parental para que construyan su vivienda. Dado que esta transferencia se ejecuta a través del sistema consuetudinario y no del jurídico, la transmisión tiende a realizarse como posesión y no como propiedad. Con ese acto de “donación”, los padres proporcionan a sus descendientes el disfrute del predio, pero no les transmite el bien inmueble. Al otorgarles el beneficio de usar el predio para iniciar una vivienda en mejores condiciones que ellas o ellos lo hicieron, les obliga a realizar nueva inversión en trabajo y capital. En este caso, es entonces el suelo, y no la construcción, lo que prima como legado familiar.

La contribución que obtienen los hijos beneficiados para fincar su vivienda es un suelo urbanizado, sin tener que pagar su precio en el mercado. Cuando el receptor crea riqueza en ese predio construyendo una nueva edificación para habitar, incrementa el valor total de lo que denominamos vivienda popular. Sin embargo, su condición de “poseedor” no le permite apropiarse por completo de la riqueza generada por sus progenitores. El resultado del trabajo y el capital invertido por el hijo en la producción de una segunda vivienda es inferior a su valor de cambio, lo que le impide de forma autónoma convertirla en mercancía y ofrecerla en el mercado. Para intercambiar ese bien por dinero tendría que añadirle el precio del suelo, que deviene del trabajo acumulado que sus progenitores realizaron al habilitar el predio, es decir, al dotarlo de condiciones para uso urbano.

Según el racionamiento de Piketty (2014, p. 427), la donación del valor de uso del predio, sin la transferencia de su valor de cambio, compensa en parte el efecto de la propiedad, porque el acoplamiento jurídico de esta tiende a postergarse a su uso en la vida del receptor. Ya sea que el suelo sea cedido a un descendiente para su uso, o se le conceda una edificación para habitar en calidad de préstamo o por herencia, su condición jurídica puede retrasarse debido al efecto que sobre ella ejerce el aumento de la esperanza de vida de los progenitores.

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Entre la posesión y la propiedad

Aceptar que las acciones de trabajar y donar orientan en su conjunto la reproducción de la vivienda popular es consentir en que esta tiene una dimensión que no depende del mercado ni se sostiene en la condición jurídica de la propiedad. Quien posee un objeto material y lo utiliza sin haber adquirido el dominio pleno sobre él, no está impedido de disfrutarlo, porque tiene conciencia de que otra persona es dueña de ese bien que posee. A diferencia, quien es propietario de un bien porque tiene un título de dominio sobre él, está impedido de disfrutarlo si no posee ese bien, porque ha cedido a otra persona su valor de uso a cambio de una renta. En este caso, el propietario disfruta del usufructo del bien, pero no de su uso. En las relaciones filiales entre padres e hijos de sectores populares, no suele asignársele a la cesión de derechos de uso de un bien un precio de mercado. Ascendientes y descendientes generan ámbitos de autonomía compartiendo el uso del predio, sin excluirse unos y otros de su disfrute.

Podemos argumentar entonces que, en el contexto afectivo y solidario de los vínculos filiales, ser posesionario o propietario de un predio no altera su relevancia en tanto valor. En primer lugar, porque el disfrute de una porción del predio parental no depende de ser su propietario, sino de estar dispuesto a aprovecharlo. A los progenitores no les basta con poseer el bien, tienen que ponerlo al servicio de la familia. Los beneficiarios de esa donación no requieren estar necesitados para aceptar el legado familiar; basta con que estén vinculados a los códigos simbólicos del grupo al que pertenecen y que sean agraciados por ello. La transmisión de un bien dentro de una relación filial es un código simbólico que asegura su uso al beneficiario (Graeber, 2018). Así, cuando un progenitor da en posesión una porción de su predio a alguien de su familia y le permite realizar una construcción en él, lo que hace es materializar de forma voluntaria, mediante el acto de la “donación”, la transferencia de algo de valor sin responder al plano normativo que rige la transmisión de la propiedad o que pretende le sea asignada una equivalencia como valor de cambio.

En segundo lugar, porque la riqueza generada con la habilitación de los predios populares y la construcción de primeras y segundas viviendas se produce en temporalidades distintas, no necesariamente sucesivas, y con recursos provenientes de diferentes miembros del hogar. En la producción de una primera vivienda, los progenitores ponen todos sus recursos materiales y humanos a disposición de la familia en formación; en la reproducción de segundas viviendas, son los hijos quienes invierten en capital y trabajo vivo, pero cimentado en el trabajo acumulado de los padres. Esto significa que el componente suelo se revitaliza en distintos momentos, para ser consumido por hogares de diferentes generaciones, constituyéndose en un bien indiviso.

En tercer lugar, porque el suelo y las edificaciones que sobre él se construyen tienen valor de uso autónomo y valor de cambio conjunto en la medida en que estén integrados ambos componentes. No hay que dejar de considerar, sin embargo, que el suelo tiene la propiedad de no deteriorarse, más bien de cualificarse; no solo se urbaniza, sino que, con el paso del tiempo, adquiere mejor localización relativa respecto de las áreas mejor servidas de la ciudad.

Conclusiones

Por un lado, he argumentado aquí que, en su dimensión física, la vivienda popular no es un objeto compacto, sino que se compone de elementos claramente diferenciados: el suelo y las construcciones destinadas a ser habitadas, mismas que se edifican mediante la suma de trabajos efectuados de manera dialéctica en diferentes momentos. Asimismo, he señalado que sus diferentes componentes se valorizan continuamente a través de la práctica social sin tener que pasar por su realización en el mercado, es decir, por un proceso de intercambio por dinero. Y que el hecho de que, en la práctica, sus componentes puedan ser transferidos parcial y no totalmente, los convierte en medios que posibilitan hacer efectivo el vínculo filial.

Por otro lado, he sostenido que la reproducción de la vivienda popular se origina en el predio parental y que ello, más allá de la escasez de suelo servido, radica en la arqueología de los vínculos afectivos. Mientras es así, el valor de la vivienda se afinca tanto en el acto del trabajo como en el acto de la donación y, en consecuencia, la conjunción de estas dos acciones viabiliza que las nuevas generaciones tengan mejores condiciones para iniciar su vida adulta en comparación con las precedentes. Pero ¿por qué este conocimiento sería importante para la política pública?

Mientras la práctica prevaleciente en la política de vivienda sea facilitar créditos para la adquisición de vivienda y, en el mejor de los casos, proporcionar subsidios para el mejoramiento de la misma, sin ofrecer alternativas para facilitar el suministro de suelo urbanizado, cumplir con el derecho a la vivienda continuará siendo una falacia.

Es inoficioso insistir en que las condiciones de precariedad del mercado de trabajo impiden a la población no solvente obtener una vivienda a partir del ingreso real. Conviene, entonces, reconocer que los sectores populares contribuyen a la dotación de vivienda mediante actos de cesión fragmentada del predio parental.

La donación de suelo urbanizado de padres a hijos, como motivación para la construcción de segundas viviendas, puede resolver en parte la falta de vivienda y también el problema socioambiental que acompaña la expansión de la ciudad. En consecuencia, corresponde reforzar la práctica del sistema de transferencia de la propiedad implementada por la institución familiar, cuya permanencia en el tiempo ha sido suficiente para mostrar que genera un círculo virtuoso para la reproducción familiar.

Hasta el momento, dar posesión de un bien inmueble a los descendientes es considerado un derecho legítimo, pero no necesariamente legal. Incumbe a las y los hacedores de política pública crear condiciones jurídicas que reconozcan la transmisión de derechos consuetudinarios como una relación imbatible desde la norma, porque es constituyente de la genealogía social. Hecho el reconocimiento del derecho a heredar el trabajo acumulado, que no se realiza en el mercado, atañe también al Estado reformar las reglas de operación de programas destinados a mejoramiento de vivienda para incluir como personas beneficiarias no solo a las y los propietarios del suelo, sino también a quienes poseen segundas viviendas en los predios parentales, con el fin de consolidar el sistema de transmisión consuetudinario.

 

Notas

  1. Utilizo de manera alternativa los vocablos ‘padres’ y ‘progenitores’ para hacer referencia al padre y madre en su conjunto. No se hace distinción en el texto entre hijos e hijas, porque hemos encontrado que prevalece un sesgo de género en la distribución de los beneficios derivados de la herencia. A través del arraigado sistema patriarcal prevalece la transmisión de derechos de propiedad a los varones de la familia.
Referencias

Casal, J. (1996). Modos emergentes de transición a la vida adulta en el umbral del siglo XXI: Aproximación sucesiva, precariedad y desestructuración. Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas (75), 295-316.

Echarri, C. J. (2003). Hijo de mi hija… estructura familiar y salud de los niños en México. El Colegio de México.

Echarri, C. J. (2005). Las trayectorias de co-residencias en la formación de familias. En M.-L. Coubé, M. E. Zavala de Cosío y R. Zenteno (eds.), Cambio demográfico y social en el México del siglo XX. El Colegio de la Frontera Norte, 395-427.

González, N. (2009). Revisión y renovación de la sociología de la familia. Espacio Abierto, vol. 18, núm. 3, julio-sept., pp. 509-540. Universidad del Zulia, Maracaibo. Ver fuente

Graeber, D. (2018). Hacia una teoría antropológica del valor: la moneda falsa de nuestros sueños. Fondo de Cultura Económica.

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Mier y Terán, M. M. (2009). El proceso de formación de las parejas en México. En C. Rabell Romero (ed.), Tramas familiares en el México contemporáneo. Una perspectiva sociodemográfica. Universidad Nacional Autónoma de México, 199-256.

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Patel, S. (2016). A Decolonial Lens on Cities and Urbanisms: Reflections on the System of Petty Production in India. Asia Research Institute. Working Paper Series, No. 245.

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Salazar, C. (coord.) (2014). La vivienda popular y sus valores de uso: alternativas para la política de vivienda. Investigación financiada por Conavi-Conacyt, clave CONAVI-2011-01- 165682.

Smith, A. (1994) [1776]. La riqueza de las naciones, Editor Digital: Titivillus; cap. 6 y 7.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.