Acceso al suelo para las familias de menores recursos: una reflexión

Por Roberto Gabriel Eibenschutz Hartman

La autoproducción de vivienda es la manera de edificación más socorrida por la mayoría de las y los mexicanos; especialmente para los sectores económicos más vulnerables. La predilección por este método se debe, además de a sus bondades, a la falta de oportunidades para acceder al mercado formal inmobiliario. Bajo este esquema, el mayor reto es el acceso al suelo para construcción. En el presente artículo se describen, primero, las dificultades y limitantes que esta población experimenta para establecer su vivienda. Posteriormente se señalan algunas de las opciones a las que dicha población se ve obligada a recurrir, tales como la ocupación irregular de la propiedad ejidal, comunal y privada. Para finalizar, se bosquejan recomendaciones para la creación de políticas públicas con miras a solucionar este problema.

El texto consiste en una reflexión cualitativa que surge de la experiencia del autor, no pretende ser un estudio sistemático producto de un trabajo de investigación. Si la o el lector desea contar con información cuantitativa sobre el tema será necesario recurrir a los abundantes datos que se pueden obtener en las fuentes oficiales (Auris; SAHOP; Inegi, Cepal, Indeco; Corett, Fonhapo; Sedue; Sedatu; Insus; Conavi, Infonavit, Fovissste, SHF, RAN, RUV) y a la amplia bibliografía publicada sobre el tema en México y Latinoamérica.

A la manera en que la población mayoritaria del país resuelve su necesidad de vivienda (las cifras oficiales la calculan entre 60 % y 70 %) se le denomina Proceso de Producción Social de Vivienda (PSV), reconocido como un derecho en la legislación, pero prácticamente ignorado en la realidad por las instancias nacionales dedicadas a la atención de la vivienda.

Este tipo de construcción es edificada por la población de más bajos recursos económicos. Por lo general, se trata de personas con empleos no asalariados y que, en consecuencia, no pueden ser derechohabientes de las instituciones creadas para la atención de la vivienda de las y los trabajadores; y que, por otra parte, tampoco reúnen los requisitos exigidos por la banca comercial para otorgar un crédito hipotecario.

Esta población, mediante el esfuerzo propio, la ayuda mutua y siguiendo tradiciones de organización comunitaria, aprovecha los materiales y procedimientos constructivos desarrollados por la cultura local, logrando gestionar y construir la gran mayoría de las viviendas de las que se dispone en el país, tanto en el medio rural como en el urbano.

Para ello se han valido de procedimientos ingeniosos y simples que conciben a la vivienda como un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, condicionado por dos factores fundamentales: la evolución de las necesidades familiares generadas por la reproducción social y la disponibilidad de recursos que pueden ser destinados a la construcción de la vivienda.

Sería injusto dejar de reconocer los esfuerzos institucionales que han existido para la atención de las necesidades de vivienda de este sector, entre los cuales se deben mencionar los programas de Banobras, del Instituto Nacional para el Desarrollo Cooperativo (Indeco) y del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo); y más recientemente de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), así como las acciones a cargo de los institutos estatales y municipales de vivienda. Otro papel relevante lo han tenido las organizaciones de la sociedad civil (Copevi, Cenvi, Casa y Ciudad, Hábitat para la Humanidad, entre otras) organizadas en torno de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés), y los propios grupos organizados que, con asesoría de algunas universidades o profesionales independientes, han aportado a la solución de la demanda de un techo. Sin embargo, también es preciso reconocer que todos estos esfuerzos sumados representan una proporción marginal si los comparamos con el número de viviendas y los recursos destinados a la atención de las necesidades de los sectores asalariados y de mayor solvencia económica. ¿Cuáles son las razones que explican esta situación?

La gran limitante: el acceso al suelo

La creciente población que buscaba espacio en las ciudades se enfrentó al incremento del valor del suelo y a la ausencia de opciones para su asentamiento, descubriendo la posibilidad de “comprar” un pedazo de tierra en un ejido para establecerse.

El proceso de PSV referido anteriormente ha demostrado ser una buena solución que se adapta a las restricciones del sistema financiero, pues resuelve la falta de recursos de crédito con el ahorro familiar para construir la vivienda de forma progresiva. Sin embargo, para que el proceso se inicie, las y los interesados deben enfrentar múltiples dificultades para acceder al suelo, ya que este está sujeto a las condiciones especulativas del mercado inmobiliario formal, mismas que resultan inaccesibles para los reducidos recursos con los que cuentan las familias. Además, respecto de la construcción de la vivienda, existe la imposibilidad de resolver la localización de manera progresiva.

Entonces, ¿cómo resuelven estas familias el paso indispensable previo a la construcción de su vivienda? Es necesario identificar, primero, a dos grupos sociales con características bien diferenciadas que se encuentran frente a la necesidad de definir el lugar en el que puedan establecerse:

  1. Migrantes

Las familias o personas migrantes que han tomado la difícil decisión de abandonar su lugar de origen debido a las limitaciones que enfrentan para sobrevivir en el medio rural; principalmente por falta de empleo y, en consecuencia, de ingreso. Enfrentan la atomización de la propiedad rural y la carencia de medios para la producción, aunadas a la concentración de la propiedad rural en entidades empresariales que incorporan tecnologías y maquinaria para hacer más eficiente la producción y disminuir la necesidad de mano de obra. En tiempos recientes, a este grupo se han incorporado las personas desplazadas por el crimen organizado, quienes se ven obligadas a huir de sus hogares para salvar la vida.

Este grupo, atraído por las supuestas ventajas que ofrece el medio urbano, intenta encontrar ubicación en las ciudades. En primera instancia, como allegados en viviendas de parientes, compadres, amigos o paisanos, en tanto logran acomodarse y generar algún ingreso. En ocasiones, según el número de individuos y su grado de organización, pueden invadir un predio privado o ejidal, o acordar con el propietario del predio las condiciones de pago y el plazo para adquirirlo. Hay que señalar que, aunque la intensidad del proceso migratorio ha disminuido en lo que va de este siglo, todavía hay un flujo migratorio considerable que seguramente disminuirá aún más en el futuro próximo debido a la pandemia.

2. Desdoblados

Este calificativo se aplica coloquialmente a las parejas jóvenes constituidas por las y los hijos de familias residentes en las ciudades que viven en la casa paterna, formando una familia ampliada. Cuando el crecimiento de la familia los obliga, buscan establecerse de forma independiente a partir de los escasos recursos económicos de los que disponen. Esta situación es la más frecuente y responde a la presión generada por las altas tasas de crecimiento demográfico que se presentaron en el país hacia las décadas de 1960 a 1980.

Las (limitadas) opciones para acceder al suelo

Ambos grupos confluyen en la generación de la demanda de suelo para iniciar el proceso de producción de su vivienda y se enfrentan a las siguientes opciones:

  1. Habitar hacinados en la casa paterna, en espacios restringidos con limitado acceso a servicios, en condiciones de insalubridad y promiscuidad, que frecuentemente conducen a violencia y conductas delictivas que, sobre todo, afectan a las mujeres.
  2. Rentar una vivienda precaria, un cuarto en una vivienda o la azotea de un edificio, en donde las condiciones de vida son semejantes a las anteriores y el pago no constituye una posibilidad para contar en el futuro con la propiedad de la vivienda.
  3. Adquirir una vivienda en la periferia lejana, de superficies mínimas (recordar aquellos fraccionamientos de “minicasitas” de 49 metros cuadrados o menos), producida por una empresa desarrolladora dentro de un conjunto que carece de 

    los equipamientos mínimos. Puede ser adquirida mediante el otorgamiento de un crédito institucional o bancario si las personas cuentan con un ingreso fijo para cubrir el pago de la hipoteca durante 20 o 30 años, al final de los cuales se les permitirá ejercer su pleno derecho de propiedad. Esta solución, que es la mayoritaria en el mercado formal, queda definitivamente fuera del alcance del grupo social que nos preocupa.

  4. Ocupar irregularmente un predio en la periferia lejana de las ciudades, ya sea de propiedad privada o social, con o sin autorización del propietario, carente de infraestructura, servicios y equipamientos. Esta forma de acceso al suelo es la más frecuente, a pesar de estar rodeada de una serie de vicios que generan un altísimo costo social y están lejos de constituir una solución adecuada para los pobladores.

Por la magnitud y complejidad del fenómeno conviene intentar analizar a mayor profundidad la ocupación irregular del suelo, tanto a la propiedad privada como a la social. 

Ocupación irregular de la propiedad privada

Ocurre cuando un grupo organizado de colonos, sin conocimiento ni autorización del propietario, ocupa un predio. Son los casos menos frecuentes, que suelen terminar con el desalojo de los ocupantes mediante el uso de la fuerza pública o a través de una negociación con el propietario, donde los funcionarios municipales intervienen para lograr un acuerdo entre las partes. Esto implica un largo y conflictivo proceso en el que es común la aparición de actos de corrupción que involucran a líderes sociales, funcionarios públicos y propietarios del suelo.

Una variante de esta situación es cuando el propietario del suelo entra en connivencia con los ocupantes del mismo, simulando la invasión de una superficie que no cuenta con la certificación de uso del suelo para vivienda por tratarse de suelo clasificado como de conservación o estar destinado a otros usos en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes. Este escenario, en el que el verdadero promotor de la invasión aparece como víctima de una acción violenta, se resuelve finalmente a través de un proceso que conlleva los mismos vicios ya señalados arriba, y termina por legitimar una situación contraria a lo estipulado en los instrumentos de planeación aprobados.

Ocupación irregular de la propiedad social (ejidal o comunal)

Como es sabido, como resultado principal de la lucha revolucionaria, la Reforma Agraria —sustentada en la Constitución de 1917— inicia un proceso que adquiere su máxima intensidad en la década de 1930. Dicha reforma estuvo orientada a repartir la tierra confiscada a las grandes haciendas y latifundios entre campesinos con derechos a salvo, formando así los núcleos ejidales. Para proteger y asegurar la propiedad de las y los ejidatarios, las tierras entregadas se declararon intransferibles, imprescriptibles e inembargables (artículo 27 constitucional). En general, estas dotaciones se ubicaron en torno de los cascos de las haciendas, distantes de los centros urbanos.

A partir de la década de 1960, y con mayor intensidad hasta finales del siglo pasado, empezaron a confluir dos situaciones: por una parte, la imposibilidad de hacer productivos los ejidos dado el reducido tamaño de las parcelas, la falta de recursos para incorporar tecnología, y que, en la mayoría de los casos, se trató de tierra con precaria calidad agrícola, sin infraestructura de riego. 

Por otra parte, a partir de esa misma década inicia la llamada explosión demográfica, donde las tasas de natalidad se mantuvieron altas y las de mortalidad descendieron aceleradamente gracias a los avances en la atención a la salud. Ello, sumado al intenso proceso de urbanización, generó un crecimiento poblacional que rebasó la capacidad de previsión de los gobiernos y desató el proceso de especulación con el suelo urbano. Ante la incapacidad para controlar el proceso, las autoridades municipales optaron por retirarse, aduciendo que se trataba de un tema federal para cuya atención no tenían atribuciones.

Esta combinación marcó el inicio de la ocupación irregular de los ejidos, donde los ejidatarios que no podían obtener un ingreso por el cultivo de su tierra vieron la posibilidad de tenerlo al permitir la ocupación por parte de avecindados, a quienes les “vendieron” ilegalmente una fracción de su parcela, la que, debido a la expansión de las ciudades, ahora se ubicaba en su periferia.

Por su parte, la creciente población que buscaba espacio en las ciudades se enfrentó al incremento del valor del suelo y a la ausencia de opciones para su asentamiento, descubriendo la posibilidad de “comprar” un pedazo de tierra en un ejido para establecerse. El resultado de esta situación fue la aparición, en prácticamente todas las grandes y medianas ciudades del país, de extensas zonas cubiertas por viviendas precarias sin obedecer a una estructura mínimamente organizada, sin servicios ni equipamientos, transporte o espacios, públicos y recreativos.

La primera reacción del Estado ante esta situación ocurre en el Estado de México en la década de 1970. Mediante la acción conjunta del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (precursor de la Secretaría de la Reforma Agraria) y el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (Auris) (creado por el gobierno estatal para atender la creciente problemática urbana), se inició el proceso expropiatorio de miles de hectáreas ejidales en los municipios metropolitanos del Estado de México, colindantes con el entonces Distrito Federal, con dos propósitos: regularizar la tenencia de la tierra en estas extensas zonas irregulares, y generar reservas territoriales para evitar la reproducción de la irregularidad.

En estas reservas se construyó la nueva ciudad de Cuautitlán-Izcalli y también una serie de conjuntos habitacionales denominados Izcallis, que se destinaron a población de ingresos medios y bajos. A partir de esa experiencia, un par de años después se creó la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) como un organismo efímero, con el objetivo de regularizar la tenencia en todo el país y acabar para siempre con la irregularidad.

En términos generales, el proceso establecido para ello inició con la identificación de asentamientos irregulares que, por su magnitud, grado de consolidación o debido a la presión política ejercida por los pobladores, se consideraba que debían ser atendidos. Intervinieron líderes y gestores que manejaron las listas de quienes serían beneficiados; las autoridades ejidales, la Procuraduría Agraria, las autoridades estatales y municipales, junto con la Corett, integraban los expedientes y preparaban los decretos expropiatorios para pasar los derechos de la propiedad de manos de los ejidatarios a las de los pobladores. 

A lo largo del proceso, que podía implicar varios años de trámites, se fueron sumando nuevos interesados en ser beneficiados y nuevos promotores e intermediarios, entre ellos, políticos en campaña que ofrecían la regularización a cambio de votos. De esta manera, la regularización se transformó en un juego de “todos ganan”, sin que esto implicase una inversión por parte del Estado. Los ejidatarios obtuvieron una compensación por vender su tierra, lo que la ley expresamente prohibía, y los ocupantes lograron un papel que los hizo legítimos propietarios del suelo que, al entrar en el mercado formal inmobiliario, incrementó significativamente su valor, aunque su localización fuese inadecuada y persistieran las carencias en equipamientos y servicios.

A principios de la década de 1990, coincidiendo con las políticas de impulso a la privatización, se modificó el artículo 27 constitucional y se abrió así la posibilidad de privatizar los ejidos mediante la votación mayoritaria de los ejidatarios, con el fin de asumir el dominio pleno de sus parcelas, certificada en asamblea por la Procuraduría Agraria. Es así que las empresas desarrolladoras adquirieron el suelo en dominio pleno a un precio que, si bien era superior a su valor comercial agrícola, estaba muy por debajo del que resultó una vez obtenida, por parte del ayuntamiento —generalmente mediante el pago de sobornos a quien corresponda—, la autorización de cambio de uso del suelo necesaria para la obtención de las licencias y el financiamiento para la construcción de las viviendas que, finalmente, fueron entregadas a las y los derechohabientes de las instituciones, liquidando su deuda ante los desarrolladores inmobiliarios.

Reflexiones y recomendaciones finales

A través del proceso descrito podemos observar algunos elementos que vale la pena destacar:

  1. La población de bajos recursos económicos no tiene acceso al mercado formal de suelo urbano.
  2. El proceso progresivo de producción social de la vivienda ha demostrado su eficacia, pero no puede aplicarse a la localización.
  3. La localización de la vivienda está determinada por el mercado especulativo del suelo.
  4. Tanto los asentamientos irregulares como los conjuntos habitacionales cerrados generan segregación social.
  5. Los asentamientos irregulares no consideran los espacios necesarios para el equipamiento, espacios públicos, verdes y recreativos.
  6. Los planes de desarrollo urbano no se aplican o se modifican en función de los intereses de los desarrolladores.
  7. El acceso al suelo para las personas de bajos recursos económicos no puede resolverse de manera individual, ni aun contando con financiamiento.
  8. La regularización de la tenencia de la tierra no garantiza el acceso a una vivienda adecuada.
  9. La regularización reproduce la irregularidad y está plagada de vicios y corrupción.
  10. El gobierno asume una posición pasiva y solo interviene cuando las situaciones de irregularidad están consolidadas.

Hasta ahora, pudiéramos afirmar que no existe una solución para resolver el acceso al suelo para la población de bajos recursos, pero se pueden señalar algunos caminos que pudieran permitir la atención al sector mayoritario de la población, siendo conscientes de las grandes limitaciones existentes. 

La estrategia fundamental debe orientarse a atender a la población antes de que se vea obligada a recurrir a la ocupación irregular del suelo. Esto implica que el gobierno, en sus distintos ámbitos, asuma la responsabilidad de suspender los programas de regularización y prevea en los planes de desarrollo urbano la ubicación de los sitios adecuados para el establecimiento de la población y los mecanismos idóneos para lograrlo. Entre estos últimos podemos destacar la creación de reservas territoriales que pueden generarse por medio de la expropiación o por la adquisición, por parte del municipio, de terrenos apropiados, definidos en el plan de desarrollo urbano correspondiente, o mediante la asociación con los ejidatarios para desarrollar sus tierras mediante esquemas de reajuste parcelario, de acuerdo con lo estipulado en los planes, recurriendo a la banca de desarrollo para el financiamiento correspondiente. 

Un esquema semejante puede realizarse mediante la constitución de empresas mixtas con las empresas desarrolladoras, en localizaciones adecuadas que garanticen la integración al tejido urbano existente y en donde se acuerden los espacios y las inversiones necesarias para ofrecer soluciones integrales a la vivienda, de manera que la expansión de las ciudades mantenga densidades adecuadas y contemple la diversidad de espacios y usos del suelo necesarios para la convivencia y la actividad económica. 

En estos casos es fundamental el control de los precios de venta para garantizar el acceso de la población de menores recursos y el establecimiento de programas de vivienda incluyente que permitan el subsidio cruzado en los desarrollos, aplicando precios diferenciados al suelo según la diversidad de usos propuestos y a la venta de derechos de desarrollo para incrementar la oferta de espacios para la vivienda multifamiliar, oficinas y otros usos compatibles. Lo anterior puede ser de gran utilidad para recuperar plusvalías que resultan del mismo proyecto y pueden cubrir los costos de construcción de la infraestructura.

La estrategia fundamental para resolver el acceso al suelo para la población de bajos recursos debe orientarse a atenderla antes de que se vea obligada a recurrir a la ocupación irregular. 

Los proyectos de lotes y servicios utilizados en otras épocas han dejado de ser atractivos, porque el costo resulta inalcanzable para los pobladores. Sin embargo, si se introduce el criterio de progresividad para los servicios se puede pensar en la opción de ofrecer lotes con proyecto, en los cuales esté resuelta la localización y su vínculo con la ciudad, así como la ubicación de los espacios destinados a los equipamientos y usos complementarios que podrán realizarse junto con la infraestructura de manera progresiva, según los proyectos previstos en los sitios adecuados. 

El apoyo a la figura de condominio familiar abre grandes posibilidades de atención a las familias desdobladas con beneficios significativos para ellas. Se trata de resolver, en el mismo predio donde vive la familia ampliada, la construcción de nuevos espacios para albergar a los nuevos hogares, ya sea en un segundo o tercer piso o en espacios libres del mismo lote. Según las condiciones, en cada caso se puede incluso pensar en espacios adicionales para ser rentados o vendidos. En esta solución, los condóminos pueden acceder a un crédito hipotecario al constituirse el condominio.

Entre las ventajas que ofrece esta solución está el hecho de que se mantiene el vínculo familiar y el arraigo en la zona donde ya se ha establecido una relación vecinal, lo que fortalece la cohesión social. Se trata de zonas que se ubican al interior de las ciudades y ya cuentan con infraestructura, servicios y equipamientos, donde la densidad puede incrementarse fortaleciendo la convivencia barrial. La escala de esta forma de solución puede ser muy grande siguiendo la idea de construir miles de proyectos de pocas viviendas dentro de la ciudad en lugar de construir pocos proyectos con miles de viviendas fuera de la ciudad.

Para poner en práctica este tipo de proyectos a la escala que se requiere es necesario involucrar en la gestión a los institutos de vivienda o inmobiliarias estatales y municipales para apoyar la organización social, ya sea en cooperativas o asociaciones civiles para la adquisición del suelo, además de negociar con las instituciones nacionales de vivienda y la banca los mecanismos crediticios correspondientes. Adicionalmente, esta forma de atención a la vivienda puede generar empleo para profesionistas independientes y pequeños constructores, así como estimular la actividad económica en los barrios y la derrama de recursos entre operarios, artesanos y distribuidores de materiales locales.

El objetivo central de impedir la proliferación de los asentamientos irregulares con todas sus secuelas negativas requiere de acciones firmes que impidan físicamente la ocupación de superficies que deben ser conservadas por sus características ambientales, tales como áreas naturales protegidas, zonas forestales y de recarga de acuíferos, áreas pantanosas, inundables o con grandes pendientes, y aquellas donde se presenten fallas geológicas, entre otras. Estas áreas deben ocuparse intensivamente con usos compatibles con su vocación ambiental, entre ellos: viveros forestales, floricultura, horticultura, fruticultura, investigación científica, parques urbanos y metropolitanos, turismo ecológico, etc., y deben contar con el apoyo crediticio para que los propietarios obtengan una ganancia lícita por la actividad productiva que realicen, evitando la ocupación irregular de sus parcelas. 

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.