La inclusión financiera ha demostrado ser una herramienta efectiva tanto para combatir las desigualdades socioeconómicas como para detonar el desarrollo económico. No obstante, el nivel de acceso y uso de los productos y servicios financieros en países emergentes sigue siendo bajo, como en el caso de México. Asimismo, la problemática es aún más pronunciada para las mujeres, ya que enfrentan numerosos obstáculos para acceder a financiamiento formal, en particular para la adquisición de vivienda. Este artículo describe los diferentes aspectos y obstáculos para el acceso y uso de los productos y servicios financieros, tanto a nivel internacional como nacional. Con base en el cálculo de las brechas de género en el acceso y uso financiero, se identifican áreas de oportunidad para la formulación de políticas públicas que permitan garantizar el acceso igualitario para mujeres y hombres en el ámbito financiero, a fin de lograr un desarrollo inclusivo y sostenido en América Latina.
Tanto gobiernos como organismos internacionales reconocen que la inclusión financiera es una herramienta clave para incrementar el bienestar de la población, así como para reducir las desigualdades y las brechas estructurales que aquejan a las sociedades, y con ello impulsar el desarrollo económico de los países.
En lo que se refiere a América Latina y el Caribe (ALyC), la desigualdad en las oportunidades de acceso al sistema financiero formal constituye uno de los mayores retos, en adición a múltiples brechas sociales que resulta imperativo atender; en particular la de género, que amplifica y perpetúa las diferencias socioeconómicas preexistentes. La conjunción de estos dos agravantes y su persistencia alerta sobre la urgencia de diseñar e implementar políticas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
Si bien hoy se cuenta con una extensa literatura en materia de inclusión financiera, los trabajos que analizan dicho tema con una perspectiva de género son relativamente escasos, y éstos se reducen aún más si se trata de brechas de género por tipo de crédito, y en particular el de la vivienda.
En este sentido, en este artículo se pretende abordar la problemática desde distintas aristas con un enfoque de género. Para tal propósito, en primer lugar se analizan las barreras a la inclusión financiera, con especial énfasis en los obstáculos que enfrentan las mujeres desde un contexto internacional. Posteriormente, se presentan estadísticas comparativas acerca del panorama de inclusión financiera femenina, tanto a nivel internacional como en México. Por último, se muestra una breve descripción de algunos determinantes para el acceso financiero, en particular del acceso al crédito para la adquisición de vivienda. Con base en dicho análisis se identifican áreas de oportunidad que permitan diseñar políticas públicas integrales e incluyentes, que visibilicen y atiendan de fondo el problema.
La inclusión financiera y los obstáculos que enfrentan las mujeres
Existe una amplia gama de definiciones del término inclusión financiera. Por su relevancia, destaco aquí la del Banco Mundial y la del Consejo Nacional de Inclusión Financiera de México. Para el primero (2020), la inclusión financiera se define como “el acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan las necesidades de las personas y las empresas —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros—, prestados de manera responsable y sostenible”, asegurando con ello su seguridad financiera y una mejor calidad de vida. Es por ello que el organismo internacional determinó que la inclusión financiera es un factor que propicia siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las mujeres usan la infraestructura física para la provisión de servicios financieros (sucursales, corresponsales o cajeros automáticos) en menor medida que los hombres, ya que exhiben menores niveles de acceso financiero
Para el segundo (2020), el concepto se refiere al acceso y el uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y que promueva competencias económico-financieras.
En síntesis, se puede decir que la inclusión financiera es una herramienta para que las personas y las empresas satisfagan de mejor manera sus necesidades económicas básicas, entre las que se cuentan:
- Transferir valor de manera segura, ágil y a bajo costo.
- Manejar de manera ordenada y segura los flujos de liquidez.
- Hacer frente a imprevistos con mecanismos como créditos o seguros.
- Alcanzar metas de largo plazo con mecanismos eficaces de planeación, ahorro y capitalización.
A pesar de los beneficios mencionados, el nivel de inclusión financiera —especialmente en los países emergentes— resulta aún muy bajo en términos absolutos y en comparación con las economías avanzadas. Diversas razones explican este fenómeno, algunas relacionadas con las características específicas del sistema financiero de cada país, mientras que otras tienen su origen fuera de éste.
Dentro del primer grupo, la presencia de economías de escala limita la provisión de productos y servicios financieros formales a segmentos minoritarios de la población que se encuentran subatendidos. Asimismo, se observa falta de información adecuada, comprensible, suficiente y oportuna para que los usuarios potenciales tomen decisiones sobre los productos y servicios financieros que mejor se adapten a sus necesidades. De igual forma, en cuanto a los mecanismos de protección a los usuarios de los servicios financieros, la regulación y los organismos encargados de velar por ellos son insuficientes y aún no han madurado. Ello, aunado al desconocimiento de la población, ha incidido en una limitada confianza en el sistema.
Dentro del segundo grupo, destaca el problema de que, en general, los individuos cuentan con escasas competencias económico-financieras, 2 lo que puede redundar en que a nivel individual, familiar o de empresa se tomen decisiones que les son poco beneficiosas. Un segundo factor exógeno es la falta de servicios de conectividad en poblaciones rurales y suburbanas, lo que restringe el despliegue de puntos de acceso al sistema financiero y dificulta las labores de identificación y autentificación de usuarios por parte de las instituciones financieras.
En este contexto, las mujeres enfrentan una realidad mucho más compleja, ya que se encuentran en mayor desventaja frente a los hombres para afrontar los retos mencionados y, adicionalmente, encaran otros obstáculos.
En primer lugar, la alta deserción en la educación de niñas y adolescentes en la mayoría de los países ha generado una brecha de competencias económico-financieras entre hombres y mujeres. Asimismo, ello las limita a trabajar, particularmente, en el sector informal de la economía. Al incurrir en la informalidad, se reducen los flujos de ingreso que podrían calificar para distintos productos financieros formales y les impide mantener un registro del flujo de ingresos constante.
Aunado a ello, el fenómeno migratorio ha provocado que en algunos países las localidades alejadas y sin conectividad se encuentren mayormente habitadas por mujeres, lo que acentúa sus limitaciones para acceder a servicios financieros.
La falta de identificación oficial también constituye una de las principales barreras para la inclusión financiera. De acuerdo con el Portal FinDev 3 y la encuesta The Global Findex Database 2017 (Demirguc-Kunt, 2018), se estima que cerca de mil millones de personas en todo el mundo todavía luchan por demostrar su identidad. En los países de bajos ingresos, 44 % de las mujeres no tiene un documento de identificación oficial, requisito indispensable para abrir una cuenta bancaria en la mayoría de estos países (FinDev, 2020).
Respecto de otros obstáculos específicos que enfrentan las mujeres, se basan, en gran medida, en normas sociales y estereotipos, como aquellos que les confieren un rol secundario en el proceso de decisión dentro del hogar o que les asigna exclusivamente las responsabilidades de cuidado de la familia, impidiéndoles contar con la independencia económica para invertir o adquirir activos que podrían usarse como garantía. Asimismo, la naturaleza de sus labores y las normas sociales dificultan su movilidad para que acudan a puntos de atención del sistema financiero.
Finalmente, existe evidencia de discriminación hacia mujeres en el mercado de crédito. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (Montaya et al., 2020), las solicitudes enviadas por mujeres tienen una probabilidad 18 % menor de ser aprobadas, en comparación con solicitudes equivalentes de hombres.
Estadísticas comparativas sobre el acceso y uso de productos financieros para mujeres
1. Evidencia internacional
A nivel internacional, el acceso a productos y servicios financieros formales ha aumentado en los últimos años, tanto para mujeres como para hombres. Estimaciones basadas en datos de la encuesta The Global Findex Database 2017 (Demirguc-Kunt, 2018) indican que, entre 2011 y 2017, la proporción de adultos con una cuenta de depósito en una institución financiera aumentó de 51 % a 67 %. Al interior, el incremento fue mayor para las mujeres, en términos absolutos y relativos, al pasar de 47 % a 64%; si bien persiste un rezago en el acceso de las mujeres respecto de los hombres, cuyo incremento fue de 55 % a 71%.
Según la misma fuente, en México, el acceso es más limitado para ambos géneros. El porcentaje de la población mayor a 15 años que tiene alguna cuenta en una institución financiera en México (35 %) está 18 puntos porcentuales (pp) por debajo del valor correspondiente promedio para países de ALyC (53 %) y 59 pp debajo de países de ingresos altos (94 %), como puede apreciarse en la Gráfica 1. Asimismo, los datos sugieren que la brecha de género 4 en tenencia de cuentas en México (18 %) es mayor que para el promedio de los países latinoamericanos (12 %) y para los países de economías avanzadas (2 %) (Gráfica 2a).
En términos de acceso a créditos vigentes de vivienda con instituciones financieras, si bien los niveles de tenencia de productos financieros son bajos en México, la brecha estimada entre mujeres y hombres (25 %) resulta menor que en ALyC (75 %) y que en el resto del mundo (30 %) (Gráfica 2b).
En términos de uso de los productos financieros, la brecha de género es significativa para las distintas regiones del mundo, como se aprecia en la Gráfica 3. En el caso de ahorro en el último año, ésta es de 50 %, debajo del promedio de la región ALyC (67 %), pero muy por encima de la de países de ingresos altos (6 %), como se muestra en la Gráfica 4a. De manera paralela, la brecha de género en México respecto de solicitud de crédito durante los últimos 12 meses (alrededor de 0 %) es menor que en aquellos dos grupos de países (de 25 % y 29 %, respectivamente), como aparece en la Gráfica 4b.
2. Inclusión financiera en México
De acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a diciembre de 2019, el número de las cuentas de depósito tradicionales en la banca múltiple es mayor para hombres que para mujeres. No obstante, en el caso de las cuentas de expediente simplificado nivel 2, 5 que requieren de menos datos de identificación básicos del titular y sin necesidad de conservar copias de la documentación, las mujeres tienen significativamente mayor acceso. Lo anterior revela el problema que aún enfrentan las mujeres en México a la hora de aperturar una cuenta bancaria por carecer de documentos de identificación oficial.
En cuanto a contratos de crédito bancarios, hay una brecha de género clara, especialmente en los créditos hipotecarios. En contraste, entre entidades de ahorro y de crédito popular, se revierte dicha brecha, habiendo significativamente más cuentas para mujeres provenientes de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (socaps) y de Sociedades Financieras Populares (sofipos), como se indica en el Cuadro 1.
Por su parte, la información complementaria proveniente de una Sociedad de Información Crediticia permite identificar el total de clientes por género, atendidos por distintos tipos de intermediarios (véase el Cuadro 2, Panel A).
Se aprecia que, entre instituciones de banca múltiple y sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) vinculadas a bancos, el número de créditos y clientes mujeres es ligeramente menor que el de los hombres. Asimismo, el saldo total de los créditos otorgados a mujeres es sensiblemente menor, sugiriendo que los montos promedio que se dan a mujeres son más bajos. En el caso de intermediarios financieros no bancarios, el número de créditos y clientes mujeres resulta mayor, aunque, de nuevo, los saldos totales indican que son menores a los titulares hombres.
En el Panel B del Cuadro 2 se utiliza información de una muestra aleatoria de un millón de acreditados que reportan a dicha Sociedad de Información Crediticia, y en el que se llega a idénticas conclusiones.
En el mismo sentido, la información derivada de encuestas complementa y reafirma los hallazgos. En el Cuadro 3 se muestran diferencias en el acceso y uso de productos y servicios financieros entre hombres y mujeres en México, usando información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2018.
Por ejemplo, las mujeres usan la infraestructura física para la provisión de servicios financieros (sucursales, corresponsales o cajeros automáticos) en menor medida que los hombres. Una de las posibles razones detrás de su menor uso de los puntos físicos de acceso es que las mujeres exhiben menores niveles de acceso financiero.
Respecto de la tenencia de cuentas de depósito, se muestra una brecha de género positiva, y que la mayoría de la población que posee este tipo de acceso es para recibir transferencias sociales (17 %), nómina (25 %) o para ahorrar (31 %). Los mismos datos descriptivos confirman la menor proporción de mujeres trabajadoras en el sector formal, al asociarse a una menor tenencia de cuentas de nómina, lo que resulta en una brecha positiva de 63 %, y a las de pensión (brecha positiva de 25 %), ambas posiblemente por las responsabilidades de cuidado.
Por otro lado, es de esperar que, entre personas que trabajan en el sector formal de la economía, la tenencia de una cuenta de depósito sea alta (alrededor de 81 %), dado que probablemente reciben su remuneración a través de éstas. Es importante resaltar que, respecto de los hombres que tienen un trabajo formal, las mujeres que están en la misma situación laboral tienen mayor acceso a las cuentas de depósito (84 % frente a 79 %), por lo que, en estos casos, la brecha de género se revierte. Este dato resulta interesante, y al combinarlo con la información contenida en el Cuadro 2, indica que, si bien en general las mujeres tienen menos acceso financiero y a préstamos bancarios, una vez que el fenómeno se controla por su condición laboral formal, la brecha de género tiende a ser menos relevante. En consecuencia, las políticas públicas enfocadas a generar mejores condiciones para la incorporación de las mujeres al sector formal deberían contribuir a disminuir las brechas de género. Para ello, una pieza clave es combatir la alta deserción en la educación de niñas y adolescentes, y no menos importante, contar con estrategias que supriman los prejuicios culturales y estereotipos sobre los roles de las niñas y mujeres en la sociedad.
En cuanto al acceso al crédito, la evidencia sugiere que, en general, las mujeres acuden a fuentes no bancarias, entidades que posiblemente requieren de menos requisitos de identificación y documentos oficiales para la apertura de una cuenta, como tiendas departamentales, entidades de ahorro y crédito popular —como se había mencionado anteriormente— o incluso redes de apoyo como familiares o conocidos. Al analizar los datos de créditos originados por entidades bancarias y financieras, se observa una brecha de género positiva, la cual es de magnitud considerable si se trata de un crédito a la vivienda (80 %). Además de los obstáculos ya mencionados para presentar garantías, otro factor que puede explicar este fenómeno es que las mujeres tardan hasta 10 años en solicitar un crédito hipotecario por diversas cuestiones (por ejemplo, un menor ahorro en la subcuenta de vivienda dada la discontinuidad laboral por razones de cuidado o porque su pareja ya es titular de una cuenta de crédito a la vivienda) (Klapper, 2012). Por ello, la edad promedio de las mujeres para tramitar un crédito a la vivienda es de 30 años, mientras que la de los hombres es de 23 años (Martínez, 2020).
Existe evidencia de discriminación hacia mujeres en el mercado de crédito. Las solicitudes enviadas por mujeres tienen una probabilidad 18 % menor de ser aprobadas, en comparación con solicitudes equivalentes de hombres.
Una variable fundamental para acceder a créditos es contar con un trabajo formal y la evidencia muestra que, en ese supuesto, la brecha de género es menos perceptible; es decir, la probabilidad para un hombre o una mujer de tener un crédito es casi igual cuando ambos tienen un trabajo formal. No obstante, tratándose de créditos a la vivienda, las mujeres con empleo formal enfrentan mayores obstáculos, por lo que la brecha de género alcanza casi 19 %.
En cuanto al uso de los servicios financieros, al tener menos acceso, el uso por parte de las mujeres también es menor en comparación con el de los hombres (Cuadro 3).
Determinantes del acceso financiero
En esta sección se presentan los resultados de las regresiones lineales por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), cuyo objetivo fue verificar si, al controlar por las características observables y disponibles de la ENIF (edad, nivel educativo, tamaño de localidad, empleo, formal o informal), se confirman los determinantes en tenencia de productos de depósito/ahorro (depósito y depósito excluyendo a las cuentas para dispersión de subsidios) y de crédito (cualquier cuenta de crédito y de crédito para la adquisición de vivienda) documentadas en las secciones anteriores.
En el Cuadro 4 se incluyen los resultados de los determinantes más importantes y, en general, llegan a las mismas conclusiones:
- La diferencia de género en el acceso a los productos de captación y de crédito desaparece, incluso en algunos tipos de cuentas se revierte, cuando las mujeres tienen las mismas condiciones sociodemográficas y socioeconómicas que los hombres.
- Los resultados en la columna 1 indican que, a un nivel de confianza de 95 % y al controlar por las variables mencionadas, el hecho de ser mujer incide positivamente en la tenencia de cuentas de depósito. Este resultado sugeriría que, si comparamos mujeres y hombres con características observables similares, las primeras de hecho tienen mayor probabilidad de tener una cuenta. Lo anterior es consistente con los hallazgos en la sección de los datos descriptivos.
- En la columna 2 se aprecia que las cuentas para la recepción de subsidios gubernamentales explican buena parte de la mayor tenencia de cuentas de mujeres: al no considerarlas, la diferencia en tenencia de cuentas entre mujeres y hombres se reduce de manera importante, aunque se mantiene ligeramente en favor de las mujeres.
- En la columna 3 no se aprecian diferencias en la tenencia de créditos formales entre mujeres y hombres, como se había identificado en los datos descriptivos. Sin embargo, al concentrarnos en créditos para vivienda que son otorgados por una entidad bancaria, observamos que existe un rezago en el acceso mismo que se ha identificado a lo largo de los análisis de datos. Al tomar como referencia la media (no ponderada), las mujeres tienen menos probabilidad de contar con este tipo de crédito.
En resumen, los resultados de las regresiones sugieren que, bajo condiciones iguales respecto de los hombres, la diferencia de género para acceder a los productos y servicios financieros tiende a desaparecer o revertirse. No obstante, para el mercado de créditos a la vivienda, ser mujer confirma una condición desfavorable, situación que podría encontrar parte de las explicaciones en la sección de análisis de los datos descriptivos.
Conviene recordar que los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavi) 6 son las entidades que administran las Subcuentas de Vivienda (SCV) de los trabajadores formales y que proveen financiamiento para la adquisición de vivienda (dándoles mejores condiciones a los trabajadores de menores ingresos). Sin embargo, dichos organismos no pueden otorgar crédito a trabajadores que se desempeñan en el sector informal de la economía, en el que, como ya se mencionó, hay mayor participación de mujeres. Asimismo, los requisitos para acceder a dicho tipo de financiamiento, como haber cotizado continuamente durante seis bimestres o tener como mínimo 18 meses de aportaciones en la SCV, resultan más difíciles de cumplir para las mujeres, en virtud de que exhiben trayectorias laborales con mayor entrada y salida del mercado laboral formal.
Por su parte, los intermediarios financieros privados tampoco se enfocan en los trabajadores informales, porque éstos no cuentan con mecanismos de comprobación del origen, monto y estabilidad de los flujos de ingreso que servirían como fuente de pago para el crédito, poniendo a una gran proporción de mujeres trabajadoras en mayor desventaja para acceder a un crédito a la vivienda.
¿Qué acciones hemos emprendido para cambiar esta situación?
Como parte de esta agenda, el Banco de México ha desarrollado herramientas que permiten comparar productos financieros a través de una plataforma electrónica intuitiva y fácil de usar, con el fin de que los usuarios puedan elegir los que más les convienen (por ejemplo, el comparador de distintos tipos de créditos al consumo). a
Asimismo, en el ámbito de educación financiera y generación de competencias económicas-financieras, el Banco ha conformado una amplia oferta de divulgación y formación orientada a diversas audiencias. Por ejemplo, dentro de la página web hay una sección denominada “Banxico Educa”, con información atractiva e interactiva orientada a niños, jóvenes y adultos.
En lo que se refiere a medidas para facilitar el acceso a servicios financieros formales, el Banco de México emitió la regulación para “cuentas de expediente simplificado”, cuyo objetivo es facilitar la apertura de cuentas entre personas que enfrentan dificultades para reunir la documentación que se requiere para cuentas tradicionales, siendo las mujeres las que enfrentan este reto de forma más notoria. El diseño de este tipo de cuentas se basa en un enfoque en el cual las funcionalidades de las cuentas son proporcionales a los requisitos de apertura (por ejemplo, de naturaleza exclusivamente transaccional).
En relación con el establecimiento de estándares, el Banco desarrolló un sistema para la realización de pagos a través de teléfonos celulares con servicio de internet, utilizando códigos de respuesta rápida (QR) y de comunicación de campo cercano (NFC). El esquema CoDi aumenta el espacio de elección de los agentes económicos para realizar pagos aprovechando una herramienta con la que ya muchos cuentan: el teléfono celular.
Adicionalmente, incentiva la aceptación de pagos digitales en comercios, incluyendo aquellos de pequeña escala (cuyas dueñas son mayoritariamente mujeres), permitiéndoles aumentar el número de pagos que reciben (asociados a más ventas) y tener un registro de su transaccionalidad, lo cual sienta las bases para acceder a otros productos financieros.
a Esta herramienta puede ser consultada en Ver fuente
Áreas de oportunidad y reflexiones finales
Derivado del análisis anterior, es evidente que la inclusión financiera en México representa retos muy importantes, los cuales son aún mayores para la mitad de la población: las mujeres. La realidad es indiscutible cuando se analiza la problemática desde la óptica de los mercados de crédito, especialmente el de adquisición de vivienda.
Por ello, es necesario instrumentar un abanico de medidas tanto en la arena pública como en la privada, que aseguren igualdad de oportunidades de educación, acceso de las mujeres al mercado laboral formal, regulación financiera con perspectiva de género, y la promoción de innovación en la industria de servicios financieros.
En este contexto, el papel de las autoridades es fundamental para propiciar el diseño y la implementación de políticas públicas que provean a la población, y en particular a las mujeres, de mejor comprensión y competencias económicas-financieras, a fin de que desarrollen las habilidades necesarias para la toma de decisiones informadas, así como la evaluación de riesgos y oportunidades financieras, que redunden en mejorar su bienestar.
Para ello, además de garantizar el derecho a la educación universal, así como un futuro laboral formal y seguro a las mujeres, conviene seguir contribuyendo al desarrollo de sus habilidades financieras y digitales mediante más y mejores contenidos de educación y herramientas de comparación y contratación de productos financieros. Ellas les permitirán tener confianza para tomar decisiones en su beneficio y ejercer sus derechos financieros. En este sentido, la protección al consumidor resulta crucial para proteger sus derechos y generar confianza en el sistema financiero.
¿Qué nos falta por hacer en la materia?
Como se mencionó, una de las variables más relevantes para elevar la inclusión financiera es promover el empleo formal. Por ello, es indispensable establecer políticas públicas que incentiven el tránsito de la informalidad a la formalidad.
Asimismo, se requieren esfuerzos encaminados a construir un historial financiero de las personas que permita comprobar su capacidad crediticia.
Otra área de oportunidad se encuentra en flexibilizar los criterios de garantías en el otorgamiento de créditos, por ejemplo, el uso de activos móviles (maquinaria, cuentas por cobrar, joyería y otros activos del hogar), lo que sin duda beneficiaría sobre todo a mujeres.
Desde la arena pública, es recomendable avanzar en el uso de tecnologías digitales para el registro y la autentificación de identidad, y que las instituciones financieras adopten esas tecnologías en sus procesos de validación.
Asimismo, es conveniente profundizar la dispersión de transferencias de programas gubernamentales directamente a cuentas transaccionales, fáciles de usar y de amplia aceptación. Las transferencias a cuentas de depósito dan mayor control a las mujeres respecto de sus fondos, así como privacidad, en comparación con transferencias en efectivo, que pueden ser objeto de solicitudes por parte de sus familiares y conocidos.
En lo que se refiere a educación financiera es fundamental incluir en los programas de educación las materias de economía y finanzas, enfatizando una visión de ciclo de vida que provea un sentido de autonomía económica en cada etapa de la vida.
Finalmente, es conveniente generar más datos desagregados por sexo, para un mejor entendimiento de las condiciones de acceso a productos y servicios financieros que enfrentan los grupos subatendidos o excluidos, en particular las mujeres, para orientar de manera asertiva las decisiones de política.
En lo que se refiere al sector privado, la tecnología digital, así como la mayor accesibilidad a los teléfonos móviles por parte de la población, ha facilitado la ampliación del acceso a servicios financieros a un costo más bajo y con menos riesgo.
Saldo promedio en pesos
Cuentas banca múltiple tradicional:
18,996 Mujeres
22,773 Hombres
De igual manera, el uso cada vez más generalizado e intenso de herramientas innovadoras, como inteligencia artificial y otras de recolección de datos por parte de entidades financieras, pueden proveer información relevante para el desarrollo de productos financieros a la medida de las necesidades de cada tipo de usuario. El uso de canales digitales puede ser una plataforma para acercar los servicios financieros a personas que residen en localidades remotas o de difícil acceso.
En conclusión, si bien observamos algunos avances en la dirección correcta, queda un largo camino por recorrer, por lo que es indispensable mantener el foco en esta problemática.
En la medida en que se avance en la implementación de las propuestas aquí mencionadas, se sentarán las bases para una mayor inclusión financiera y para la atención de las barreras en mercados de financiamiento específicos, a saber, el de crédito hipotecario en México.
Notas
- Este artículo fue desarrollado gracias a la valiosa colaboración de la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, en particular del Dr. José Luis Negrín Muñoz y del Dr. Édgar Cortés Quiroz.
- Las competencias financieras comprenden tres dimensiones: conocimientos financieros, comportamientos financieros y actitudes financieras.
- Plataforma independiente de intercambio de conocimientos del Consultative Group to Assist the Poor-CGAP.
- La brecha de género se define como la diferencia porcentual entre hombres y mujeres, es decir, el porcentaje en Hombres se divide entre el porcentaje en Mujeres y al cociente resultante se le resta la unidad y el valor que queda se multiplica por cien.
- De acuerdo con la regulación mexicana, a partir de diciembre de 2011, las cuentas de depósito simplificadas se clasifican en tres niveles:
Cuenta Nivel 1: son cuentas anónimas, por lo que no se solicitará el nombre del titular.
Cuenta Nivel 2: son cuentas que precisan que el titular proporcione datos de identificación básicos, sin que se conserven copias de la documentación.
Cuenta Nivel 3: son cuentas que requieren que el titular proporcione datos de identificación completos, sin que se conserven copias de la documentación. - De acuerdo con el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de la Vivienda, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2020, los organismos que forman parte de los Onavi son: el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
Bibliografía
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