Inclusión financiera con perspectiva de género y el acceso de las mujeres al mercado de crédito a la vivienda en México

Por Irene Espinosa Cantellano

La inclusión financiera ha demostrado ser una herramienta efectiva tanto para combatir las desigualdades socioeconómicas como para detonar el desarrollo económico. No obstante, el nivel de acceso y uso de los productos y servicios financieros en países emergentes sigue siendo bajo, como en el caso de México. Asimismo, la problemática es aún más pronunciada para las mujeres, ya que enfrentan numerosos obstáculos para acceder a financiamiento formal, en particular para la adquisición de vivienda. Este artículo describe los diferentes aspectos y obstáculos para el acceso y uso de los productos y servicios financieros, tanto a nivel internacional como nacional. Con base en el cálculo de las brechas de género en el acceso y uso financiero, se identifican áreas de oportunidad para la formulación de políticas públicas que permitan garantizar el acceso igualitario para mujeres y hombres en el ámbito financiero, a fin de lograr un desarrollo inclusivo y sostenido en América Latina.

Tanto gobiernos como organismos internacionales reconocen que la inclusión financiera es una herramienta clave para incrementar el bienestar de la población, así como para reducir las desigualdades y las brechas estructurales que aquejan a las sociedades, y con ello impulsar el desarrollo económico de los países.

En lo que se refiere a América Latina y el Caribe (ALyC), la desigualdad en las oportunidades de acceso al sistema financiero formal constituye uno de los mayores retos, en adición a múltiples brechas sociales que resulta imperativo atender; en particular la de género, que amplifica y perpetúa las diferencias socioeconómicas preexistentes. La conjunción de estos dos agravantes y su persistencia alerta sobre la urgencia de diseñar e implementar políticas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

Si bien hoy se cuenta con una extensa literatura en materia de inclusión financiera, los trabajos que analizan dicho tema con una perspectiva de género son relativamente escasos, y éstos se reducen aún más si se trata de brechas de género por tipo de crédito, y en particular el de la vivienda.

En este sentido, en este artículo se pretende abordar la problemática desde distintas aristas con un enfoque de género. Para tal propósito, en primer lugar se analizan las barreras a la inclusión financiera, con especial énfasis en los obstáculos que enfrentan las mujeres desde un contexto internacional. Posteriormente, se presentan estadísticas comparativas acerca del panorama de inclusión financiera femenina, tanto a nivel internacional como en México. Por último, se muestra una breve descripción de algunos determinantes para el acceso financiero, en particular del acceso al crédito para la adquisición de vivienda. Con base en dicho análisis se identifican áreas de oportunidad que permitan diseñar políticas públicas integrales e incluyentes, que visibilicen y atiendan de fondo el problema.

La inclusión financiera y los obstáculos que enfrentan las mujeres

Existe una amplia gama de definiciones del término inclusión financiera. Por su relevancia, destaco aquí la del Banco Mundial y la del Consejo Nacional de Inclusión Financiera de México. Para el primero (2020), la inclusión financiera se define como “el acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan las necesidades de las personas y las empresas —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros—, prestados de manera responsable y sostenible”, asegurando con ello su seguridad financiera y una mejor calidad de vida. Es por ello que el organismo internacional determinó que la inclusión financiera es un factor que propicia siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las mujeres usan la infraestructura física para la provisión de servicios financieros (sucursales, corresponsales o cajeros automáticos) en menor medida que los hombres, ya que exhiben menores niveles de acceso financiero

Para el segundo (2020), el concepto se refiere al acceso y el uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y que promueva competencias económico-financieras.

En síntesis, se puede decir que la inclusión financiera es una herramienta para que las personas y las empresas satisfagan de mejor manera sus necesidades económicas básicas, entre las que se cuentan:

  • Transferir valor de manera segura, ágil y a bajo costo.
  • Manejar de manera ordenada y segura los flujos de liquidez.
  • Hacer frente a imprevistos con mecanismos como créditos o seguros.
  • Alcanzar metas de largo plazo con mecanismos eficaces de planeación, ahorro y capitalización.

A pesar de los beneficios mencionados, el nivel de inclusión financiera —especialmente en los países emergentes— resulta aún muy bajo en términos absolutos y en comparación con las economías avanzadas. Diversas razones explican este fenómeno, algunas relacionadas con las características específicas del sistema financiero de cada país, mientras que otras tienen su origen fuera de éste.

Dentro del primer grupo, la presencia de economías de escala limita la provisión de productos y servicios financieros formales a segmentos minoritarios de la población que se encuentran subatendidos. Asimismo, se observa falta de información adecuada, comprensible, suficiente y oportuna para que los usuarios potenciales tomen decisiones sobre los productos y servicios financieros que mejor se adapten a sus necesidades. De igual forma, en cuanto a los mecanismos de protección a los usuarios de los servicios financieros, la regulación y los organismos encargados de velar por ellos son insuficientes y aún no han madurado. Ello, aunado al desconocimiento de la población, ha incidido en una limitada confianza en el sistema.

Dentro del segundo grupo, destaca el problema de que, en general, los individuos cuentan con escasas competencias económico-financieras, 2 lo que puede redundar en que a nivel individual, familiar o de empresa se tomen decisiones que les son poco beneficiosas. Un segundo factor exógeno es la falta de servicios de conectividad en poblaciones rurales y suburbanas, lo que restringe el despliegue de puntos de acceso al sistema financiero y dificulta las labores de identificación y autentificación de usuarios por parte de las instituciones financieras.

En este contexto, las mujeres enfrentan una realidad mucho más compleja, ya que se encuentran en mayor desventaja frente a los hombres para afrontar los retos mencionados y, adicionalmente, encaran otros obstáculos.

En primer lugar, la alta deserción en la educación de niñas y adolescentes en la mayoría de los países ha generado una brecha de competencias económico-financieras entre hombres y mujeres. Asimismo, ello las limita a trabajar, particularmente, en el sector informal de la economía. Al incurrir en la informalidad, se reducen los flujos de ingreso que podrían calificar para distintos productos financieros formales y les impide mantener un registro del flujo de ingresos constante.

Aunado a ello, el fenómeno migratorio ha provocado que en algunos países las localidades alejadas y sin conectividad se encuentren mayormente habitadas por mujeres, lo que acentúa sus limitaciones para acceder a servicios financieros.

La falta de identificación oficial también constituye una de las principales barreras para la inclusión financiera. De acuerdo con el Portal FinDev 3 y la encuesta The Global Findex Database 2017 (Demirguc-Kunt, 2018), se estima que cerca de mil millones de personas en todo el mundo todavía luchan por demostrar su identidad. En los países de bajos ingresos, 44 % de las mujeres no tiene un documento de identificación oficial, requisito indispensable para abrir una cuenta bancaria en la mayoría de estos países (FinDev, 2020).

Respecto de otros obstáculos específicos que enfrentan las mujeres, se basan, en gran medida, en normas sociales y estereotipos, como aquellos que les confieren un rol secundario en el proceso de decisión dentro del hogar o que les asigna exclusivamente las responsabilidades de cuidado de la familia, impidiéndoles contar con la independencia económica para invertir o adquirir activos que podrían usarse como garantía. Asimismo, la naturaleza de sus labores y las normas sociales dificultan su movilidad para que acudan a puntos de atención del sistema financiero.

Finalmente, existe evidencia de discriminación hacia mujeres en el mercado de crédito. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (Montaya et al., 2020), las solicitudes enviadas por mujeres tienen una probabilidad 18 % menor de ser aprobadas, en comparación con solicitudes equivalentes de hombres.

Estadísticas comparativas sobre el acceso y uso de productos financieros para mujeres

1. Evidencia internacional

A nivel internacional, el acceso a productos y servicios financieros formales ha aumentado en los últimos años, tanto para mujeres como para hombres. Estimaciones basadas en datos de la encuesta The Global Findex Database 2017 (Demirguc-Kunt, 2018) indican que, entre 2011 y 2017, la proporción de adultos con una cuenta de depósito en una institución financiera aumentó de 51 % a 67 %. Al interior, el incremento fue mayor para las mujeres, en términos absolutos y relativos, al pasar de 47 % a 64%; si bien persiste un rezago en el acceso de las mujeres respecto de los hombres, cuyo incremento fue de 55 % a 71%.

Según la misma fuente, en México, el acceso es más limitado para ambos géneros. El porcentaje de la población mayor a 15 años que tiene alguna cuenta en una institución financiera en México (35 %) está 18 puntos porcentuales (pp) por debajo del valor correspondiente promedio para países de ALyC (53 %) y 59 pp debajo de países de ingresos altos (94 %), como puede apreciarse en la Gráfica 1. Asimismo, los datos sugieren que la brecha de género 4 en tenencia de cuentas en México (18 %) es mayor que para el promedio de los países latinoamericanos (12 %) y para los países de economías avanzadas (2 %) (Gráfica 2a).

En términos de acceso a créditos vigentes de vivienda con instituciones financieras, si bien los niveles de tenencia de productos financieros son bajos en México, la brecha estimada entre mujeres y hombres (25 %) resulta menor que en ALyC (75 %) y que en el resto del mundo (30 %) (Gráfica 2b).

En términos de uso de los productos financieros, la brecha de género es significativa para las distintas regiones del mundo, como se aprecia en la Gráfica 3. En el caso de ahorro en el último año, ésta es de 50 %, debajo del promedio de la región ALyC (67 %), pero muy por encima de la de países de ingresos altos (6 %), como se muestra en la Gráfica 4a. De manera paralela, la brecha de género en México respecto de solicitud de crédito durante los últimos 12 meses (alrededor de 0 %) es menor que en aquellos dos grupos de países (de 25 % y 29 %, respectivamente), como aparece en la Gráfica 4b.

 
 

2. Inclusión financiera en México

De acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a diciembre de 2019, el número de las cuentas de depósito tradicionales en la banca múltiple es mayor para hombres que para mujeres. No obstante, en el caso de las cuentas de expediente simplificado nivel 2, 5 que requieren de menos datos de identificación básicos del titular y sin necesidad de conservar copias de la documentación, las mujeres tienen significativamente mayor acceso. Lo anterior revela el problema que aún enfrentan las mujeres en México a la hora de aperturar una cuenta bancaria por carecer de documentos de identificación oficial.

En cuanto a contratos de crédito bancarios, hay una brecha de género clara, especialmente en los créditos hipotecarios. En contraste, entre entidades de ahorro y de crédito popular, se revierte dicha brecha, habiendo significativamente más cuentas para mujeres provenientes de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (socaps) y de Sociedades Financieras Populares (sofipos), como se indica en el Cuadro 1.

Por su parte, la información complementaria proveniente de una Sociedad de Información Crediticia permite identificar el total de clientes por género, atendidos por distintos tipos de intermediarios (véase el Cuadro 2, Panel A).

 
 

Se aprecia que, entre instituciones de banca múltiple y sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) vinculadas a bancos, el número de créditos y clientes mujeres es ligeramente menor que el de los hombres. Asimismo, el saldo total de los créditos otorgados a mujeres es sensiblemente menor, sugiriendo que los montos promedio que se dan a mujeres son más bajos. En el caso de intermediarios financieros no bancarios, el número de créditos y clientes mujeres resulta mayor, aunque, de nuevo, los saldos totales indican que son menores a los titulares hombres.

En el Panel B del Cuadro 2 se utiliza información de una muestra aleatoria de un millón de acreditados que reportan a dicha Sociedad de Información Crediticia, y en el que se llega a idénticas conclusiones.

En el mismo sentido, la información derivada de encuestas complementa y reafirma los hallazgos. En el Cuadro 3 se muestran diferencias en el acceso y uso de productos y servicios financieros entre hombres y mujeres en México, usando información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2018.

Por ejemplo, las mujeres usan la infraestructura física para la provisión de servicios financieros (sucursales, corresponsales o cajeros automáticos) en menor medida que los hombres. Una de las posibles razones detrás de su menor uso de los puntos físicos de acceso es que las mujeres exhiben menores niveles de acceso financiero.

Respecto de la tenencia de cuentas de depósito, se muestra una brecha de género positiva, y que la mayoría de la población que posee este tipo de acceso es para recibir transferencias sociales (17 %), nómina (25 %) o para ahorrar (31 %). Los mismos datos descriptivos confirman la menor proporción de mujeres trabajadoras en el sector formal, al asociarse a una menor tenencia de cuentas de nómina, lo que resulta en una brecha positiva de 63 %, y a las de pensión (brecha positiva de 25 %), ambas posiblemente por las responsabilidades de cuidado.

Por otro lado, es de esperar que, entre personas que trabajan en el sector formal de la economía, la tenencia de una cuenta de depósito sea alta (alrededor de 81 %), dado que probablemente reciben su remuneración a través de éstas. Es importante resaltar que, respecto de los hombres que tienen un trabajo formal, las mujeres que están en la misma situación laboral tienen mayor acceso a las cuentas de depósito (84 % frente a 79 %), por lo que, en estos casos, la brecha de género se revierte. Este dato resulta interesante, y al combinarlo con la información contenida en el Cuadro 2, indica que, si bien en general las mujeres tienen menos acceso financiero y a préstamos bancarios, una vez que el fenómeno se controla por su condición laboral formal, la brecha de género tiende a ser menos relevante. En consecuencia, las políticas públicas enfocadas a generar mejores condiciones para la incorporación de las mujeres al sector formal deberían contribuir a disminuir las brechas de género. Para ello, una pieza clave es combatir la alta deserción en la educación de niñas y adolescentes, y no menos importante, contar con estrategias que supriman los prejuicios culturales y estereotipos sobre los roles de las niñas y mujeres en la sociedad.

En cuanto al acceso al crédito, la evidencia sugiere que, en general, las mujeres acuden a fuentes no bancarias, entidades que posiblemente requieren de menos requisitos de identificación y documentos oficiales para la apertura de una cuenta, como tiendas departamentales, entidades de ahorro y crédito popular —como se había mencionado anteriormente— o incluso redes de apoyo como familiares o conocidos. Al analizar los datos de créditos originados por entidades bancarias y financieras, se observa una brecha de género positiva, la cual es de magnitud considerable si se trata de un crédito a la vivienda (80 %). Además de los obstáculos ya mencionados para presentar garantías, otro factor que puede explicar este fenómeno es que las mujeres tardan hasta 10 años en solicitar un crédito hipotecario por diversas cuestiones (por ejemplo, un menor ahorro en la subcuenta de vivienda dada la discontinuidad laboral por razones de cuidado o porque su pareja ya es titular de una cuenta de crédito a la vivienda) (Klapper, 2012). Por ello, la edad promedio de las mujeres para tramitar un crédito a la vivienda es de 30 años, mientras que la de los hombres es de 23 años (Martínez, 2020).

Existe evidencia de discriminación hacia mujeres en el mercado de crédito. Las solicitudes enviadas por mujeres tienen una probabilidad 18 % menor de ser aprobadas, en comparación con solicitudes equivalentes de hombres.

Una variable fundamental para acceder a créditos es contar con un trabajo formal y la evidencia muestra que, en ese supuesto, la brecha de género es menos perceptible; es decir, la probabilidad para un hombre o una mujer de tener un crédito es casi igual cuando ambos tienen un trabajo formal. No obstante, tratándose de créditos a la vivienda, las mujeres con empleo formal enfrentan mayores obstáculos, por lo que la brecha de género alcanza casi 19 %.

En cuanto al uso de los servicios financieros, al tener menos acceso, el uso por parte de las mujeres también es menor en comparación con el de los hombres (Cuadro 3).

 

Determinantes del acceso financiero

En esta sección se presentan los resultados de las regresiones lineales por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), cuyo objetivo fue verificar si, al controlar por las características observables y disponibles de la ENIF (edad, nivel educativo, tamaño de localidad, empleo, formal o informal), se confirman los determinantes en tenencia de productos de depósito/ahorro (depósito y depósito excluyendo a las cuentas para dispersión de subsidios) y de crédito (cualquier cuenta de crédito y de crédito para la adquisición de vivienda) documentadas en las secciones anteriores.

En el Cuadro 4 se incluyen los resultados de los determinantes más importantes y, en general, llegan a las mismas conclusiones:

  • La diferencia de género en el acceso a los productos de captación y de crédito desaparece, incluso en algunos tipos de cuentas se revierte, cuando las mujeres tienen las mismas condiciones sociodemográficas y socioeconómicas que los hombres.
  • Los resultados en la columna 1 indican que, a un nivel de confianza de 95 % y al controlar por las variables mencionadas, el hecho de ser mujer incide positivamente en la tenencia de cuentas de depósito. Este resultado sugeriría que, si comparamos mujeres y hombres con características observables similares, las primeras de hecho tienen mayor probabilidad de tener una cuenta. Lo anterior es consistente con los hallazgos en la sección de los datos descriptivos.
  • En la columna 2 se aprecia que las cuentas para la recepción de subsidios gubernamentales explican buena parte de la mayor tenencia de cuentas de mujeres: al no considerarlas, la diferencia en tenencia de cuentas entre mujeres y hombres se reduce de manera importante, aunque se mantiene ligeramente en favor de las mujeres.
  • En la columna 3 no se aprecian diferencias en la tenencia de créditos formales entre mujeres y hombres, como se había identificado en los datos descriptivos. Sin embargo, al concentrarnos en créditos para vivienda que son otorgados por una entidad bancaria, observamos que existe un rezago en el acceso mismo que se ha identificado a lo largo de los análisis de datos. Al tomar como referencia la media (no ponderada), las mujeres tienen menos probabilidad de contar con este tipo de crédito.
 

En resumen, los resultados de las regresiones sugieren que, bajo condiciones iguales respecto de los hombres, la diferencia de género para acceder a los productos y servicios financieros tiende a desaparecer o revertirse. No obstante, para el mercado de créditos a la vivienda, ser mujer confirma una condición desfavorable, situación que podría encontrar parte de las explicaciones en la sección de análisis de los datos descriptivos.

Conviene recordar que los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavi) 6 son las entidades que administran las Subcuentas de Vivienda (SCV) de los trabajadores formales y que proveen financiamiento para la adquisición de vivienda (dándoles mejores condiciones a los trabajadores de menores ingresos). Sin embargo, dichos organismos no pueden otorgar crédito a trabajadores que se desempeñan en el sector informal de la economía, en el que, como ya se mencionó, hay mayor participación de mujeres. Asimismo, los requisitos para acceder a dicho tipo de financiamiento, como haber cotizado continuamente durante seis bimestres o tener como mínimo 18 meses de aportaciones en la SCV, resultan más difíciles de cumplir para las mujeres, en virtud de que exhiben trayectorias laborales con mayor entrada y salida del mercado laboral formal.

Por su parte, los intermediarios financieros privados tampoco se enfocan en los trabajadores informales, porque éstos no cuentan con mecanismos de comprobación del origen, monto y estabilidad de los flujos de ingreso que servirían como fuente de pago para el crédito, poniendo a una gran proporción de mujeres trabajadoras en mayor desventaja para acceder a un crédito a la vivienda.

 

¿Qué acciones hemos emprendido para cambiar esta situación?

Como parte de esta agenda, el Banco de México ha desarrollado herramientas que permiten comparar productos financieros a través de una plataforma electrónica intuitiva y fácil de usar, con el fin de que los usuarios puedan elegir los que más les convienen (por ejemplo, el comparador de distintos tipos de créditos al consumo). a

Asimismo, en el ámbito de educación financiera y generación de competencias económicas-financieras, el Banco ha conformado una amplia oferta de divulgación y formación orientada a diversas audiencias. Por ejemplo, dentro de la página web hay una sección denominada “Banxico Educa”, con información atractiva e interactiva orientada a niños, jóvenes y adultos.

En lo que se refiere a medidas para facilitar el acceso a servicios financieros formales, el Banco de México emitió la regulación para “cuentas de expediente simplificado”, cuyo objetivo es facilitar la apertura de cuentas entre personas que enfrentan dificultades para reunir la documentación que se requiere para cuentas tradicionales, siendo las mujeres las que enfrentan este reto de forma más notoria. El diseño de este tipo de cuentas se basa en un enfoque en el cual las funcionalidades de las cuentas son proporcionales a los requisitos de apertura (por ejemplo, de naturaleza exclusivamente transaccional).

En relación con el establecimiento de estándares, el Banco desarrolló un sistema para la realización de pagos a través de teléfonos celulares con servicio de internet, utilizando códigos de respuesta rápida (QR) y de comunicación de campo cercano (NFC). El esquema CoDi aumenta el espacio de elección de los agentes económicos para realizar pagos aprovechando una herramienta con la que ya muchos cuentan: el teléfono celular.

Adicionalmente, incentiva la aceptación de pagos digitales en comercios, incluyendo aquellos de pequeña escala (cuyas dueñas son mayoritariamente mujeres), permitiéndoles aumentar el número de pagos que reciben (asociados a más ventas) y tener un registro de su transaccionalidad, lo cual sienta las bases para acceder a otros productos financieros.

a  Esta herramienta puede ser consultada en Ver fuente

Áreas de oportunidad y reflexiones finales

Derivado del análisis anterior, es evidente que la inclusión financiera en México representa retos muy importantes, los cuales son aún mayores para la mitad de la población: las mujeres. La realidad es indiscutible cuando se analiza la problemática desde la óptica de los mercados de crédito, especialmente el de adquisición de vivienda.

Por ello, es necesario instrumentar un abanico de medidas tanto en la arena pública como en la privada, que aseguren igualdad de oportunidades de educación, acceso de las mujeres al mercado laboral formal, regulación financiera con perspectiva de género, y la promoción de innovación en la industria de servicios financieros.

En este contexto, el papel de las autoridades es fundamental para propiciar el diseño y la implementación de políticas públicas que provean a la población, y en particular a las mujeres, de mejor comprensión y competencias económicas-financieras, a fin de que desarrollen las habilidades necesarias para la toma de decisiones informadas, así como la evaluación de riesgos y oportunidades financieras, que redunden en mejorar su bienestar.

Para ello, además de garantizar el derecho a la educación universal, así como un futuro laboral formal y seguro a las mujeres, conviene seguir contribuyendo al desarrollo de sus habilidades financieras y digitales mediante más y mejores contenidos de educación y herramientas de comparación y contratación de productos financieros. Ellas les permitirán tener confianza para tomar decisiones en su beneficio y ejercer sus derechos financieros. En este sentido, la protección al consumidor resulta crucial para proteger sus derechos y generar confianza en el sistema financiero.

¿Qué nos falta por hacer en la materia?

Como se mencionó, una de las variables más relevantes para elevar la inclusión financiera es promover el empleo formal. Por ello, es indispensable establecer políticas públicas que incentiven el tránsito de la informalidad a la formalidad.

Asimismo, se requieren esfuerzos encaminados a construir un historial financiero de las personas que permita comprobar su capacidad crediticia.

Otra área de oportunidad se encuentra en flexibilizar los criterios de garantías en el otorgamiento de créditos, por ejemplo, el uso de activos móviles (maquinaria, cuentas por cobrar, joyería y otros activos del hogar), lo que sin duda beneficiaría sobre todo a mujeres.

Desde la arena pública, es recomendable avanzar en el uso de tecnologías digitales para el registro y la autentificación de identidad, y que las instituciones financieras adopten esas tecnologías en sus procesos de validación.

Asimismo, es conveniente profundizar la dispersión de transferencias de programas gubernamentales directamente a cuentas transaccionales, fáciles de usar y de amplia aceptación. Las transferencias a cuentas de depósito dan mayor control a las mujeres respecto de sus fondos, así como privacidad, en comparación con transferencias en efectivo, que pueden ser objeto de solicitudes por parte de sus familiares y conocidos.

En lo que se refiere a educación financiera es fundamental incluir en los programas de educación las materias de economía y finanzas, enfatizando una visión de ciclo de vida que provea un sentido de autonomía económica en cada etapa de la vida.

Finalmente, es conveniente generar más datos desagregados por sexo, para un mejor entendimiento de las condiciones de acceso a productos y servicios financieros que enfrentan los grupos subatendidos o excluidos, en particular las mujeres, para orientar de manera asertiva las decisiones de política.

En lo que se refiere al sector privado, la tecnología digital, así como la mayor accesibilidad a los teléfonos móviles por parte de la población, ha facilitado la ampliación del acceso a servicios financieros a un costo más bajo y con menos riesgo.

 

Saldo promedio en pesos
Cuentas banca múltiple tradicional:

18,996 Mujeres
22,773 Hombres

De igual manera, el uso cada vez más generalizado e intenso de herramientas innovadoras, como inteligencia artificial y otras de recolección de datos por parte de entidades financieras, pueden proveer información relevante para el desarrollo de productos financieros a la medida de las necesidades de cada tipo de usuario. El uso de canales digitales puede ser una plataforma para acercar los servicios financieros a personas que residen en localidades remotas o de difícil acceso.

En conclusión, si bien observamos algunos avances en la dirección correcta, queda un largo camino por recorrer, por lo que es indispensable mantener el foco en esta problemática.

En la medida en que se avance en la implementación de las propuestas aquí mencionadas, se sentarán las bases para una mayor inclusión financiera y para la atención de las barreras en mercados de financiamiento específicos, a saber, el de crédito hipotecario en México.

Notas

  1. Este artículo fue desarrollado gracias a la valiosa colaboración de la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, en particular del Dr. José Luis Negrín Muñoz y del Dr. Édgar Cortés Quiroz.
  2. Las competencias financieras comprenden tres dimensiones: conocimientos financieros, comportamientos financieros y actitudes financieras.
  3. Plataforma independiente de intercambio de conocimientos del Consultative Group to Assist the Poor-CGAP.
  4. La brecha de género se define como la diferencia porcentual entre hombres y mujeres, es decir, el porcentaje en Hombres se divide entre el porcentaje en Mujeres y al cociente resultante se le resta la unidad y el valor que queda se multiplica por cien.
  5. De acuerdo con la regulación mexicana, a partir de diciembre de 2011, las cuentas de depósito simplificadas se clasifican en tres niveles:
    Cuenta Nivel 1: son cuentas anónimas, por lo que no se solicitará el nombre del titular.
    Cuenta Nivel 2: son cuentas que precisan que el titular proporcione datos de identificación básicos, sin que se conserven copias de la documentación.
    Cuenta Nivel 3: son cuentas que requieren que el titular proporcione datos de identificación completos, sin que se conserven copias de la documentación.
  6. De acuerdo con el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de la Vivienda, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2020, los organismos que forman parte de los Onavi son: el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
Bibliografía

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Demirguc-Kunt, A., L. Klapper, D. Singer, S. Ansar y J. Hess (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. World Bank, Washington, DC. 

Diario Oficial de la Federación (4 de mayo de 2020). Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592749&fecha=04/05/2020 

FinDev (marzo 2020). El empoderamiento comienza con la identidad. Disponible en: https://www.findevgateway.org/es/ blog/2020/03/el-empoderamiento-comienza-con-la-identidad 

Inegi (2018). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2018/ 

Klapper, L. (2012). Gender Barriers to Banking Exist Worldwide. (Gallup). Disponible en http://news.gallup.com/poll/156122/ gender-barriers-banking-exist-worldwide.aspx 

Martínez, C. (2 de marzo de 2020). “El Infonavit alista crédito dirigido sólo a las mujeres”. El Universal. Disponible en https:// www.eluniversal.com.mx/cartera/el-infonavit-alista-credito-dirigido-solo-las-mujeres#:~:text=Adem%C3%A1s%2C%20las%20 mujeres%20tienen%20menos,un%20cr%C3%A9dito%20especial%20para%20ellas.&text=Durante%202019%2C%20 el%20monto%20promedio,promedio%20otorgado%20a%20los%20hombres. 

Montoya, A. M.; E. Parrado; A. Solís; R. Undurrada (2020). De mal gusto: Discriminación de género en el mercado de créditos de consumo – Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/ De-mal-gusto-Discriminacion-de-genero-en-el-mercado-de-creditos-de-consumo.pdf 

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Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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JOSÉ RAYMUNDO GALÁN GONZÁLEZ

Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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ALEJANDRO CEPEDA GARCÍA

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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EMILIA GARCÍA-ARTEAGA MOLINAR

Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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CAROLINA VILLARREAL LEOS

Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público, con un amplio enfoque en paisaje y accesibilidad.

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SHEILA FERNIZA QUIROZ

Arquitecta por el ITESM con estudios en Barcelona. Actualmente cursa la Maestría en Asuntos Urbanos en la UANL, investigando temas de vivienda, planeación urbana, movilidad y género. Desde el 2013 trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público dentro de la iniciativa de regeneración urbana DistritoTec.

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IBAN TRAPAGA IGLESIAS

Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A. en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la UAM y cursa un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad, migraciones internacionales, fronteras y violencias.

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DIEGO CASTAÑEDA GARZA

Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.