Revista Vivienda Infonavit

La defensa del derecho a la vivienda de personas vulnerables frente a los tribunales: reflexiones desde la práctica

Revista Vivienda Infonavit, Grupos y territorios vulnerables, junio 2024.

Las personas vulnerables que sufren violaciones a su derecho a una vivienda adecuada enfrentan múltiples obstáculos normativos y de desproporción en las relaciones de poder que se identifican en el ejercicio de este derecho, a la hora de buscar defenderse frente a los tribunales. Esta situación, además de representar una violación al derecho en análisis, el debido proceso y la defensa, dificulta las acciones tendientes a enfrentar la crisis de asequibilidad en la cual estamos inmersos. Para paliar esta situación, en el país se ha conformado la primera clínica jurídica en materia de derecho a la vivienda. 

México y el mundo están sufriendo los efectos de una crisis de la vivienda que se refleja en la desprotección de este derecho para millones de personas.1 Si bien para la población empobrecida y vulnerable, la crisis de la vivienda ha sido la norma en todos los tiempos (Madden y Marcuse, 2016), hoy estamos en presencia de una brecha especialmente significativa entre los precios de la vivienda, por un lado, y el crecimiento de los salarios de la población que perciben ingresos medios o bajos, por el otro. Se trata de una crisis de asequibilidad2 derivada de una mercantilización de la vivienda sin precedentes.

Eso se debe en buena medida a los efectos del capitalismo global financiarizado, que ha convertido los inmuebles en la principal reserva de riqueza en el mundo. Tan solo “de 2017 a 2020, el valor global de los activos inmobiliarios residenciales aumentó en 90 billones de dólares, alcanzando la asombrosa cifra de 258.5 billones de dólares, según Savills Research.3 Para ponerlo en perspectiva, todas las acciones de los mercados bursátiles mundiales tienen un valor de 109.2 billones de dólares, el PIB mundial es de 84.8 billones de dólares y todo el oro que se ha extraído vale apenas 12.1 billones de dólares” (Farha y Gertten, 2022). 

Si bien no se presenta de manera homogénea en todas las latitudes (Lapavitsas, 2016), el fenómeno de la financiarización es una de las razones principales por las cuales los precios de la vivienda no están creciendo conforme a la demanda, sino a partir de una lógica especulativa, lo que provoca una reducción significativa en las opciones de vivienda asequible. Su desarrollo ha sido posible gracias a múltiples factores como son la presencia de grandes excedentes financieros de corporaciones, fondos estatales y sistemas de pensión invertidos en el mercado financiero global, pero también a la colaboración de los gobiernos que la han propiciado a través de la puesta en marcha de instrumentos y normativas ad hoc. 

A los efectos de la financiarización4 se acompañan también nuevas formas de gentrificación impulsada por los inversores en búsqueda permanente de nuevos espacios para incrementar sus ganancias, y que se sufren de manera muy violenta y conflictiva en los territorios. La población vulnerable siempre, pero también clases medias y jóvenes profesionales, al no poder acceder a viviendas adecuadas conforme a su nivel de ingreso, se encuentran obligados a vivir hacinados, en barrios precarios, muy alejados de sus lugares de trabajo y redes de apoyo, a pagar porcentajes exorbitantes de sus salarios para la vivienda, a sufrir cargas excesivas —como solicitudes de garantías como son fianzas, aval bancario, depósito de garantía, estudio de solvencia— e incluso actos de discriminación —con cierta frecuencia, muchos propietarios no alquilan a personas con hijos pequeños o que tengan determinado color de piel— para acceder a la renta de un espacio, o a vivir bajo amenaza de desalojo.

En este contexto, el derecho está cumpliendo un papel de extrema relevancia. Si bien la gran mayoría de las constituciones de los países de la región —incluyendo a México y a su capital— reconocen el derecho a una vivienda adecuada (DVA), los grupos empresariales y políticos que se benefician de la mercantilización han estado presionando para debilitar las regulaciones que puedan existir para enfrentar sus efectos. Además, buscan impedir la adopción de iniciativas que tienen como fin reforzar la defensa del DVA, poner freno a los efectos de la financiarización, e incluso, las que plantean alternativas de vivienda no especulativa. Aunado a ello, en México y en otros países latinoamericanos, este fenómeno se beneficia del alto nivel de inseguridad jurídica de la tenencia,5 de frecuentes actos de corrupción a diferentes niveles, de la impunidad en la cual quedan las acciones violentas empleadas para vaciar, tanto a partir de desalojos judiciales como no, espacios céntricos y atractivos de las personas que allí habitan, y de garantías jurídicas y procesales insuficientes para los inquilinos y las personas que sufren desalojos y otras violaciones a su DVA. 

En los apartados siguientes analizaremos brevemente algunos de los obstáculos que las personas más vulnerables encuentran al intentar defenderse frente a los tribunales y, ligado a ello, nos referiremos a la conformación de la primera clínica jurídica del país sobre el derecho a una vivienda adecuada. Finalmente, mencionaremos algunas de las acciones que sería necesario poner en marcha para enfrentar estos obstáculos.

I. Obstáculos y dificultades en el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad en relación con el DVA

El derecho a la vivienda adecuada no se limita a los elementos que señalan las Observaciones Generales 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU,6 sino que también implica tener la posibilidad de defenderle frente a cualquier violación, incluso de particulares (Wilson, 2020) y, para ello, tener a disposición recursos administrativos, judiciales o de otra índole que sean adecuados, accesibles, no onerosos, rápidos y eficaces.7

Las violaciones al DVA que se reflejan en los millones de personas vulnerables desalojadas judicialmente por la ejecución de hipotecas o demandas de incumplimiento de contrato de arrendamiento, se pueden entender a partir de la indefensión jurídica causada por la falta de adecuación del marco legal que tome en cuenta el derecho a la vivienda, así como por la desproporción en las relaciones de poder que se identifican en el ejercicio de este derecho. Para ilustrar esto último podemos tomar como ejemplo el caso de una hipoteca en la cual el acreedor es una entidad bancaria, misma que tiene el capital para ejercer acción jurídica con grandes despachos de abogados en contra de un deudor hipotecario que está en desventaja frente a su contraparte. Como se puede observar, las reglas civiles esconden esta desigualdad de condiciones.

El acceso a la justicia para quienes resienten una violación a su DVA y además son parte de grupos en situación de vulnerabilidad, es uno de los grandes pendientes a nivel nacional y local. Para comenzar, no se tiene información oficial sobre la situación de las personas que acuden a defender su vivienda en tribunales, quiénes son, cuál es su situación jurídica y qué demandan.8 Aunado a ello, hasta ahora existe una débil actividad judicial en materia de vivienda en tribunales federales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un desarrollo de estándares todavía incipiente (Escoffié y Emanuelli, 2021). Aun así, el máximo tribunal ha reconocido la necesidad de dar atención prioritaria a las personas que se encuentran en situación desfavorable en términos sociales y económicos.9

Si bien existen múltiples formas a través de las cuales se judicializan problemas de vivienda, ya sea en la justicia federal o local, en este texto nos enfocaremos en el sistema de justicia civil local, debido a que es la justicia común y por tratarse de un campo recurrente de acción frente a las miles de relaciones contractuales que rigen la vida cotidiana. Los principales obstáculos que identificamos en este ámbito son los siguientes: a) obstáculos de acceso: aquellas dificultades que impiden llevar a instancias jurisdiccionales violaciones del DVA, y que pueden ser atribuibles a factores sociales, económicos e institucionales; b) obstáculos de proceso: este tipo de barreras recaen principalmente en la legislación, que al ser aplicada tiene como resultado una defensa débil e ineficiente.

El caso de la CDMX nos da un ejemplo de ambos. Según cifras oficiales, en 2023 fueron ejecutadas alrededor de 2 000 órdenes de desalojo emitidas por tribunales (SSCCDMX, 2023). De las personas desalojadas, no se sabe cuántas contaron con una defensa adecuada, y además, se tienen indicios que señalan que los juzgadores no aplicaron estándares del DVA (Sánchez-Carro, en prensa). Aunado a esto, el Código de Procedimientos Civiles regula los desalojos a través de un juicio especial, caracterizado por ser un juicio sumario en el cual se prioriza la desocupación de un inmueble (Salcedo, 2011), de modo que contempla plazos reducidos, no permite la suspensión del desalojo y limita la posibilidad de ofrecer pruebas supervenientes.

De forma grave, el Código además no garantiza que las personas sean oportunamente notificadas de un desahucio, contemplando entonces que quienes no comparezcan lleven el juicio “en rebeldía”. Es decir, la ley ordena que el juzgado entienda que la persona no quiso atender el juicio y, por tanto, no le da posibilidad de ser oída, cuando en muchos casos las razones de no comparecer están relacionadas únicamente con la ausencia de recursos económicos para la defensa. A consecuencia de ello, muchas personas acaban siendo desalojadas sin siquiera tener claridad en relación con el juicio en su contra.10 

De esta forma, la legislación y el proceso judicial entrañan vulneraciones y obstáculos que socavan la efectividad del DVA, el derecho a una defensa adecuada y al debido proceso. 

II. Sobre las razones para abrir una clínica dedicada al derecho a la vivienda que atienda a personas vulnerables 

En la Ciudad de México, pocos son los espacios en los que se da asesoría y representación jurídica accesible a personas en situación de vulnerabilidad, como la defensoría pública local. Durante años, organizaciones de base populares en defensa de la vivienda, redes de personas afectadas y defensoras de derechos, habían mantenido una preocupación común: la necesidad de un espacio de defensa de vivienda seria y accesible.11 Para responder a esta demanda, la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat se alió con la Universidad Iberoamericana, dando origen en 2022 a la Clínica Jurídica sobre Derecho a la Vivienda Adecuada María Luisa Marín.12 

La clínica tiene como principales actividades la formación de estudiantes en materia de DVA compaginada con la asesoría jurídica para grupos y personas en situación de vulnerabilidad. También desarrolla acciones de investigación, capacitación e incidencia. En su corto camino, y considerando sus limitados recursos, ha acompañado 14 casos relacionados con desalojos y vivienda alternativa, corte de servicios, incumplimiento de contratos, así como personas sin hogar. Las actividades de la clínica son guiadas por un consejo asesor integrado por académicos, abogados ligados a movimientos sociales y especializados en la defensa de la vivienda, que toman las decisiones colectivamente.

Desde un inicio, la clínica trazó una metodología que conjuga el DVA con las demás ramas del derecho, para así lograr una estrategia robusta a favor de las personas que resienten una violación a sus derechos, lo que también busca impulsar cambios en la concepción que se tiene en el ámbito jurídico tradicional de instituciones del derecho privado o del propio derecho a la vivienda.

En este primer año de trabajo, la clínica, además de los ya mencionados, ha enfrentado obstáculos que influyen en el resultado de los casos en seguimiento, tales como la falta de entendimiento de la vivienda como un derecho humano en la legislación local y por autoridades, lo que hace que sea tratada solo como un inmueble u objeto de contrato regulado por el derecho privado, así como la lentitud de atención a casos de vivienda en el Poder Judicial local, en fiscalías o en instituciones dedicadas a garantizar vivienda, frente a casos críticos que requieren una respuesta rápida por parte del gobierno, pues se encuentra en juego la vida digna e integridad de personas. 

Reflexiones finales

Al considerar el contexto esbozado en la introducción, la concreción del derecho a la vivienda adecuada presenta múltiples desafíos. Así como la financiarización de la vivienda no hubiera sido posible sin la adecuación —o el debilitamiento— de una serie de normativas o el establecimiento de nuevas figuras jurídicas que hoy la posibilitan, la defensa y realización plenas de este derecho exigen una serie de modificaciones normativas —y en la práctica de abogados y juzgadores— que reconozcan que el sistema legal —y por lo tanto, también el ámbito civil— está encabezado por una Constitución que debe ser leída a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos sociales. Lo que debemos ser capaces de sobrepasar es la brecha que existe en las políticas neoliberales entre lo retórico (por el beneficio común) y la realización (por el beneficio de una pequeña clase gobernante), tantas veces evidenciada por los movimientos sociales (Harvey, 2008).

Para empezar, algunas de las demandas que se han hecho escuchar con mayor frecuencia en este ámbito son las relacionadas a la urgencia de generar información desagregada en materia de violaciones al derecho a una vivienda adecuada y, en este marco, en relación con los desalojos que se lleven a cabo; contar con defensorías públicas especializadas que asuman la defensa del DVA para personas vulnerables y puedan nivelar relaciones de poder y desventaja. Aunado a ello, los diferentes estados del país deberían dotarse de legislaciones inquilinarias garantistas que, entre muchas otras cosas, establezcan la obligatoriedad de registrar los contratos de arrendamiento; con legislaciones que prevean estándares de derechos humanos en relación con los desalojos; y con políticas de vivienda que ofrezcan alternativas a las personas vulnerables desalojadas o que han sido víctimas de otras violaciones a su derecho a la vivienda. 

Notas

1. Un reciente Informe del Relator Especial para el Derecho a una Vivienda Adecuada reporta que en el mundo existen unos 1 600 millones de personas que no cuentan con una vivienda adecuada y carecen de servicios esenciales. Las proyecciones indican que, para 2030, esta crisis podría afectar hasta a 3 000 millones de personas (ONU, 2023). 

2. En la presentación del Reporte Anual de Vivienda 2023 del Infonavit, por ejemplo, el director de esta institución reconoce que en el país ha habido un vertiginoso aumento en los precios de la vivienda, lo que ha dificultado el acceso a créditos hipotecarios (Infonavit, 2023). 

3. Actualizando los datos al 2022 esta misma fuente reporta que, si bien en ese año el valor de los bienes inmuebles se redujo a partir de efectos relacionados con la pandemia, la propiedad seguía siendo la mayor reserva de riqueza del mundo (Tostevin, 2017). 

4. Para profundizar, se puede consultar: De la Peña, A. y Jaramillo, M. (2023, diciembre). Evidencias de la financiarización de la vivienda en México: análisis cuantitativo de la producción y la demanda. Revista Vivienda Infonavit. https://revistavivienda.infonavit.org.mx/2023/12/14/evidencias-de-la-financiarizacion-de-la-vivienda-en-mexico-analisis-cuantitativo-de-la-produccion-y-la-demanda/ 

5. Según el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024, “En México, 16.3% de las viviendas propias habitadas carecen de tenencia segura por falta de escrituras. Esto repercute especialmente en grupos en condición de discriminación y vulnerabilidad como la población indígena y los hogares rurales, cuyas viviendas carecen de escrituras en una proporción mucho más elevada (23.6% y 25.3%, respectivamente)”. Los principales retos que el documento identifica tienen que ver con la ausencia de un registro de lotes irregulares; con el hecho de que el proceso de escrituración adolece tanto de información insuficiente como de difusión ineficiente en relación a los trámites y catastros realizados en el registro público; a los altos costos de los trámites notariales; y al bajo número (41%) de viviendas rentadas que cuentan con un contrato de arrendamiento. A ello debería sumarse el hecho de que el sistema jurídico no reconoce las relaciones de posesión que se dan en éste contexto. 

6. Es importante resaltar en este punto que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) es el intérprete autorizado del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado que es vinculante para México. En este mismo sentido, tanto las observaciones generales como la jurisprudencia del Comité DESC hace parte del bloque de constitucionalidad, así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo en el amparo directo en revisión 3516/2013, en donde hizo uso de la Observación General No. 4 sobre derecho a la vivienda, aplicando sus estándares y reconociendo sus elementos integrantes. 

7. Comité DESC, Observación general n. 9, Sobre la aplicación interna del Pacto, párrs. 9 y 10. 

8. Las únicas cifras que se tienen son aquellas relacionadas con los desalojos provenientes de tribunales locales que llegan a hacerse públicas, como lo hace el Poder Judicial CDMX, no así en otras entidades. 

9 Ver el Amparo en Revisión 3516/2013 resuelto por la SCJN. 

10. Esta situación ha sido cuestionada en tribunales, con resultados poco favorecedores, puede consultarse al respecto la tesis Arrendamiento inmobiliario. El artículo 957, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, no viola los principios de seguridad jurídica y debido proceso. Semanario Judicial de la Federación, décima época, tesis: 1a. CXL/2017 (10a.), instancia: Primera Sala, tipo: aislada, materia(s): constitucional civil, registro: 2015233, en la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las reglas de la controversia de arrendamiento no son violatorias del derecho a un debido proceso. 

11. Si bien existen algunos abogados populares que trabajan de forma solidaria y gratuita, su número es muy reducido frente a una crisis de vivienda de gran envergadura. 

12. María Luis Marín fue una de las líderes más visibles del movimiento inquilinario que surgió en Veracruz en 1922. El movimiento impulsó una gran huelga de pagos que duró más de 38 meses y motivó la elaboración de una serie de legislaciones específicas sobre el tema hoy abrogadas.  

Referencias

Escoffié Duarte, C. y Emanuelli, M. (2021) El derecho a una vivienda digna y adecuada: experiencias comparadas de tutela judicial. En C. Courtis (coord.), Manual sobre justiciabilidad de los derechos econmicos, sociales, culturales y ambientales (833-859). Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Farha, L. y Gertten, G. (2022, Marzo). La gentrificación no está detrás de la crisis de la vivienda en México. La financiarización sí (en línea). The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/03/08/ gentrificacion-que-es-mexico-push-documental-financiarizacion/ 

Harvey, D. (2008). El neoliberalismo como destrucción creativa. Apuntes de Cenes, 27 (45). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=479548752002 

Infonavit (2023). Reporte Anual de Vivienda 2023. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Encuesta Nacional de Vivienda. 

Lapavitsas, C. (2016). Beneficios sin producción. Cómo nos explotan las finanzas. Traficantes de Sueños. 

Madden, D. y Marcuse, P. (2016). En defensa de la vivienda. Capitán Swing Libros. 

Organización de las Naciones Unidas (2019). Informe Relatoría Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, A/HRC/40/61. 

Organización de las Naciones Unidas (2023). Informe Relatoría Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, A/78/192. 

Salcedo Flores, A. (2011). Las controversias de arrendamiento inmobiliario: 25 años de inconstitucionalidad. Alegatos (77) 33-62. 

Sánchez-Carro, D., La importancia del balance. La protección judicial del Derecho a la vivienda frente a actores privados en México (en prensa). 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, Síntesis Informativa. https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Sintesis/21122023/ SSC.pdf 

Tostevin, P. (2017). How much is the world worth? Savills Blog. https://www.savills.com/blog/article/216300/residential-property/ how-much-is-the-world-worth.aspx 

Wilson, S. (2020). The right to adequate housing. En J. Dugard et al. (eds.), Research Handbook on Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights (180-201). Edward Elgar Publishing. 

Artículos relacionados

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Semblanza de la autora

María Silvia Emanuelli

Licenciada en Derecho por la Università Statale de Milán (Italia) y abogada por el Consejo Nacional Forense de ese país. Maestra en Estudios Latinoamericanos con mención honorífica por la UNAM. Es la coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), miembro del Consejo Asesor de la Clínica Jurídica “María Luisa Marín” y del Grupo Asesor del Espacio Cultural Infonavit. A lo largo de su trayectoria ha colaborado en más de 20 publicaciones en materia de derechos humanos vinculados al hábitat y ha impartido cursos y conferencias en América Latina y Europa. 

Puede ser contactada en el correo: hic-al@hic-al.org

Semblanza de la autora

Daniela Sánchez-Carro

Estudiante de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la misma universidad y maestra en Teoría y práctica de los derechos humanos por la Universidad de Essex (Inglaterra). Se desempeña como coordinadora de la Clínica Jurídica del Derecho a la Vivienda Adecuada “María Luisa Marín” y como profesora de asignatura en la UIA-Ciudad de México. 

Puede ser contactada en el correo: daniela.sanchez17@correo.uia.mx

Suscríbete

Por favor, infórmenme cuando esté disponible el próximo número de la revista Infonavit.

Semblanza del autor

Gorka Zubicaray Díaz

El autor es arquitecto por la Universidad de Sevilla y maestro en Estudios Urbanos por el Colmex. Actualmente es el coordinador de Desarrollo Urbano para el WRI México. Puede ser contactado en el correo electrónico: gorka.zubicaray@wri.org

Semblanza del autor

Octavio Heredia Hernández

El autor es matemático por la Universidad Autónoma de Aguascalientes con estudios en maestría en estadística oficial por el Centro de Investigación en Matemáticas A.C.(CIMAT).  Es director general Adjunto de Encuestas Sociodemográficas en INEGI.

Semblanza del autor

Edgar Vielma Orozco

El autor es matemático por la Universidad de Guadalajara (U de G) y maestro en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es director general de Estadísticas Sociodemográficas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Puede ser contactado en el correo electrónico: edgar.vielma@inegi.org.mx

Semblanza del autor

ROMÁN MEYER FALCÓN

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

Semblanza del autor

RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN

Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro y doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es Investigador Titular “B” en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán. Sus líneas de investigación son espacio urbano, estructura de clases sociales, cambio sociocultural y etnicidad en la ciudad y su periferia próxima. Cuenta con dos libros de autoría individual y tres como coordinador, además de varios capítulos de libro y artículos en prensa y revistas especializadas.

Semblanza del autor

Gerardo Gómez del Campo del paso

Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

Semblanza del autor

Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

Semblanza del autor

Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

Semblanza del autor

ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

Semblanza del autor

Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

Semblanza del autor

Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Semblanza del autor

JOSÉ RAYMUNDO GALÁN GONZÁLEZ

Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

Semblanza del autor

ALEJANDRO CEPEDA GARCÍA

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

Semblanza del autor

EMILIA GARCÍA-ARTEAGA MOLINAR

Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

Semblanza del autor

CAROLINA VILLARREAL LEOS

Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público, con un amplio enfoque en paisaje y accesibilidad.

Semblanza del autor

SHEILA FERNIZA QUIROZ

Arquitecta por el ITESM con estudios en Barcelona. Actualmente cursa la Maestría en Asuntos Urbanos en la UANL, investigando temas de vivienda, planeación urbana, movilidad y género. Desde el 2013 trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público dentro de la iniciativa de regeneración urbana DistritoTec.

Semblanza del autor

IBAN TRAPAGA IGLESIAS

Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A. en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la UAM y cursa un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad, migraciones internacionales, fronteras y violencias.

Semblanza del autor

DIEGO CASTAÑEDA GARZA

Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

Semblanza del autor

JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

Semblanza del autor

CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

Semblanza del autor

ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

Semblanza del autor

GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

Semblanza del autor

MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

Semblanza del autor

ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Semblanza del autor

FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

Semblanza del autor

LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

Semblanza del autor

MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

Semblanza del autor

ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

Semblanza del autor

JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

Semblanza del autor

LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

Semblanza del autor

YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

Semblanza del autor

MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Semblanza del autor

MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

Semblanza del autor

CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

Semblanza del autor

MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

Semblanza del autor

ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

Semblanza del autor

JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

Semblanza del autor

CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

Semblanza del autor

ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

Semblanza del autor

PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

Semblanza del autor

SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

Semblanza del autor

DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

Semblanza del autor

ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

Semblanza del autor

PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

Semblanza del autor

NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

Semblanza del autor

IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

Semblanza del autor

JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

Semblanza del autor

MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.