Revista Vivienda Infonavit

Los refugios para mujeres como parte del derecho a la vivienda

Revista Vivienda Infonavit, Grupos y territorios vulnerables, junio 2024.

Los refugios para mujeres son un tema subestimado y poco atendido en el debate sobre vivienda y urbanismo. Estos lugares no solo ofrecen alojamiento temporal, sino que son refugios vitales para grupos excluidos de la propiedad privada, como mujeres y personas en situaciones de vulnerabilidad extrema debido a su identidad racializada, discapacidad, origen migrante, pertenencia a comunidades indígenas u otros colectivos marginados. Aunque proveer vivienda temporal puede parecer una solución superficial, es esencial abordar tanto las necesidades inmediatas como las raíces estructurales del problema. El derecho a una vivienda digna y a una vida libre de violencia se entrelaza en la lucha por la justicia y la igualdad, por ello es importate este tema con enfoque integral y estructural. 

No es ninguna novedad que las desigualdades se encuentran atravesadas por factores como la raza, la clase, la discapacidad, la nacionalidad o la edad. Quizá por eso pueda haber algunas suspicacias frente a planteamientos que retomen nuevamente el enfoque diferenciado de género en el acceso a la vivienda. Sin embargo, sigue siendo necesario replantear cómo entendemos el acceso a la vivienda no solo como un derecho indispensable para el habitar, sino su estrecha relación con la protección a la vida e integridad de las mujeres. En los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia por la COVID-19 y el debate mediático en torno a los llamados “nómadas digitales”, el derecho a la vivienda adquirió un nuevo boom en el imaginario popular, siendo un tópico cada vez más notorio en la demandada agenda pública de nuestro país. En ese contexto, considero importante hacer algunas reflexiones sobre un aspecto que creo que no ha recibido aún la atención necesaria en los análisis respecto a la vivienda y la ciudad: los refugios para mujeres.

Por supuesto, estas reflexiones son fragmentarias, como suele ser un enfoque de análisis al aplicarse a un fenómeno complejo. Advierto que doy por hecho —y por lo mismo, por momentos lo daré como algo sobreentendido— que las personas inmersas en estas problemáticas no son “mujeres” a secas, sino aquellas que de forma estructural han sido excluidas de la propiedad privada, razón por la cual tienen a ser principalmente mujeres racializadas, con discapacidad, migrantes, indígenas y de otros colectivos. Son, en muchos aspectos, mujeres cuya realidad dista bastante de los privilegios de muchas de las otras mujeres que normalmente participamos en los debates académicos sobre vivienda y ciudad.

El contexto al que nos enfrentamos

Según datos del Insituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2020), en México existirían al menos 35 219 141 viviendas particulares habitadas, de las cuales 68.82% es vivienda propia. Esta cifra contrasta con el 77.87% de viviendas propias habitadas que había en 1990. Cada vez son menos las personas que habitan una vivienda propia, cuestión que se confirma con los datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, también del Inegi: para 2014, 61% de las personas vivía en una vivienda propia pagada, mientras que en 2020 el porcentaje había descendido a 57.1%. Debe destacarse que este dato incluye a aquellas viviendas intestadas y en litigio. Por su parte, el porcentaje de vivienda en arrendamiento pasó de 15.2% en 2014 a 16.4% en 2020; la vivienda prestada aumentó de 12.8% a 14.2% en ese mismo periodo; y la vivienda propia pagándose aumentó de 10.4% a 10.7%.

México está dejando de ser ese país de propietarios que tanto se prometió a partir de las reformas constitucionales en materia de vivienda y seguridad social de las décadas de 1970 y 1980. No es ninguna novedad que las nuevas generaciones enfrentarán cada vez más obstáculos para acceder a una vivienda propia, debido a múltiples factores que van desde la precarización de los salarios y la especulación, hasta la mala gestión del suelo en los municipios y el precio de los materiales. 

Una habitación propia: las barreras habitacionales de las mujeres

Frente a esta tendencia general de obstáculos en el acceso a una vivienda debe tenerse en cuenta que, de las 34 892 997 viviendas particulares habitadas en el país, solo 34.97% es propiedad de una mujer. Además, mientras que 6.35% es copropiedad entre una mujer y un hombre, solo 0.21% está en copropiedad por dos mujeres (Inegi, 2020). 

Si bien solo 12.56% de las personas en situación de calle son mujeres, las mujeres representan 53.21% de las personas usuarias en casas hogares para menores de edad; y 59.64% en casas hogares para adultos mayores. También, las mujeres son 58.24% de las personas usuarias en hospitales o residencias para personas con enfermedades incurables o terminales, y 61.11% de las personas en albergues para familiares de personas hospitalizadas o que reciben tratamiento médico en hospitales, según datos de la misma fuente.

Las brechas salariales y económicas parecieran traducirse también en brechas para el acceso a la vivienda, ya sea en compra o en renta. La solución a este contexto es una meta de gran alcance que atraviesa por labores que parecen titánicas a corto plazo: desde transformar radicalmente la vivienda en el país, hasta acabar con el patriarcado, el racismo y el clasismo. En este sentido, hablar de viviendas temporales para evitar una situación de calle pudiera parecer a muchos una especie de paliativo, en el mejor de los casos, cuando no un distractor. Sin embargo, atender lo urgente no implica renunciar a lo estructural, como alguna vez escuché decirle a la urbanista Rosalba Loyde en otro contexto. En el caso particular, el derecho a la vivienda y el derecho a una vida libre de violencia se integran en una misma problemática. 

Los refugios como vivienda

El papel de los refugios en la atención a la violencia de género radica en que liberan —al menos de forma transitoria— a las mujeres de enfrentarse a la disyuntiva entre tener que permanecer en casa con su agresor o pasar a una situación de calle. Los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres para acceder a una vivienda terminan siendo instrumentalizados como un mecanismo de control y dominación. Esta forma de castigo por no ser propietaria de su espacio de habitar es muchas veces incluso avalada por el derecho.

En 2007, en la ciudad de León, Guanajuato, una mujer fue demandada por su esposo, quien reclamaba el divorcio y que esta perdiera la patria potestad de los hijos por abandono del hogar, tal y como estaba previsto en la legislación del estado. Durante el juicio, la mujer argumentó que ella había sufrido distintos episodios de violencia doméstica que amenazaban su vida. Temiendo no saber a dónde irse con sus hijos, en un nuevo episodio de violencia optó por huir, confiando en que encontraría ayuda para recuperar a sus hijos. Sin embargo, nada de esto fue considerado por el juzgado, quien le dio la razón al agresor. En la sentencia ni siquiera se tomó en cuenta el testimonio de los hijos, quienes coincidían en el riesgo y la violencia que atravesaba la madre. 

Si bien este caso fue finalmente resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —la cual resolvió que el juez había incumplido su obligación de juzgar con perspectiva de género—, tuvieron que pasar seis años para que la víctima recibiese una resolución favorable.

Desde 1981, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer reconocía el deber de los Estados de suministrar refugios, ya sea por medio del sector público o privado, como parte de los “servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia” (Organización de los Estados Americanos [OEA], 1994). Décadas después, en 2020, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó las Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada, en las cuales se reconoció, entre otros, que los refugios temporales para mujeres víctimas de violencia de género son parte del derecho a la vivienda.

En situaciones de violencia doméstica, la legislación debería garantizar que, independientemente de si la mujer tiene o no derechos de titularidad, propiedad formal o tenencia de la vivienda, ella pueda permanecer allí en caso apropiado y que el expulsado sea el agresor. Los Estados deberían proporcionar acceso inmediato a los alojamientos de emergencia y acceso rápido a los servicios de asistencia de primera línea para situaciones de crisis. Los programas de vivienda a largo plazo, incluidos los destinados a la asignación de viviendas públicas o sociales permanentes, deberían dar prioridad a las mujeres y familias que huyen de la violencia (ONU, 2019).

También, a nivel nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la necesidad de contar con refugios para mujeres, aunque esto sigue siendo una meta aún pendiente. 

En México, los refugios para mujeres víctimas de violencia de género —en su aplastante mayoría, privados— parecieran no darse abasto. El Inegi registra este tipo de vivienda bajo los rubros de “albergues para mujeres o víctimas de violencia intrafamiliar” y “refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia”, sin que quede muy en claro la diferencia entre uno y otro. En 2020, en México había al menos 87 albergues para mujeres o víctimas de violencia intrafamiliar, con un total de 830 usuarios, de los cuales 693 son mujeres, es decir, 83.49%. Estos albergues cuentan con un total de 577 personas trabajadoras y 710 voluntarias. Adicionalmente, el Inegi identifica 108 “refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia”, donde 71% de las 1 452 personas usuarias son mujeres, con un total de 1 042. Este rubro cuenta con un total de 1 172 personas trabajadoras y 392 voluntarias. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para 2015 únicamente 39.8% de los refugios de mujeres es de instituciones públicas, a pesar de que el Estado representaba 90% del financiamiento de los refugios (Inmujeres, 2016). 

La política de refugios en México continúa siendo insuficiente de atender. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por violencia familiar para 2023 fueron 284 140; es decir, un aumento de 122% en comparación con 2015. Si bien es imposible pensar que toda esta crisis de violencia se solucionará con refugios para mujeres víctimas de violencia, sigue siendo un vacío que parte de la falta de comprensión de esta medida como un punto de intersección entre el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la vivienda. 

Algunas perspectivas a futuro 

Los refugios para mujeres víctimas de violencia en México se enfrentan a un problema común cuando se habla de derechos sociales: la falta de presupuesto. A pesar de que a finales de 2023 se anunció un aumento de 0.02% en el presupuesto para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, la Red Nacional de Refugios advirtió que las atenciones otorgadas a mujeres han aumentado 3% en los últimos años (Mena, 2023). Un camino sería buscar alternativas creativas que puedan potenciar esfuerzos para aumentar el número de opciones de vivienda alternativa, sobre todo ante una problemática en la que no se deben escatimar esfuerzos. 

Esto pudiera llevarnos a pensar en acciones que ya se encuentran en marcha como, por ejemplo, la recuperación de las cerca de 600 000 viviendas Infonavit abandonadas. En los últimos años se ha realizado un trabajo de tipificación de estas unidades para identificar las causas de abandono y así determinar la posibilidad de recuperación. Por ejemplo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha planteado la importancia de distinguir entre vivienda abandonada por mala infraestructura —que implicaría no una inversión mayor en reparación, sino en reconstrucción— o por lejanía y falta de acceso a transporte público —tema fuera del ámbito de competencias del instituto y para el cual requiere de la voluntad de municipios y estados—, de casos de abandono por imposibilidad de pago —en los que probablemente no había ya un problema de infraestructura o distancia—. 

Debido a que las 600 000 viviendas abandonadas se encuentran en contextos sumamente diversos, será ingenuo asegurar que en cualquier fraccionamiento con este tipo de viviendas podría convertirse en un proyecto para refugio de mujeres víctimas de violencia. Pero sería un absurdo descartar por completo esta posibilidad, sobre todo cuando ya existen algunas experiencias que evidencian que sí es posible en algunos escenarios. Por ejemplo, con el programa Renta Tu Casa, el municipio de Tlajomulco en Jalisco buscó que vivienda abandonada fuera recuperada para ponerse en renta a precios asequibles, además de fungir como intermediario y aval entre el propietario de la casa y el inquilino.1 Entre los grupos prioritarios para aplicar a este programa se encontraban, justamente, las mujeres víctimas de violencia de género. Si bien no era un programa de refugios temporales sino de arrendamiento público asequible, nos abre una posibilidad para procesos más ambiciosos a partir de la recuperación de vivienda Infonavit —sin hacer de lado los grandes obstáculos que existen para recuperar muchas de esas unidades—. 

Uno de los mayores retos está en que no basta con disponer físicamente de habitaciones para las mujeres, sino de todo el equipo y atención integral que requieren para la toma de decisiones y para poder transitar a otro estadio. No se trata de dar morada únicamente, sino de garantizar los medios necesarios para atender los retos a los que se enfrentan tras sufrir episodios de violencia en su propio hogar. Pareciera, al menos por el momento, que los principales avances se han dado en la acción colectiva y en la organización de mujeres que se solidarizan con estos casos, más que en las agendas legislativas y administrativas. 

Notas

  1.  Programa reseñado en “Mecanismos para el abordaje de la vivienda deshabitada y el acceso a la vivienda: el alquiler social como política pública local. Experiencias desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”, https://revistavivienda.infonavit.org.mx/2023/02/02/mecanismos-para-el-abordaje-de-la-vivienda-deshabitada-y-el-acceso-a-la-vivienda-el-alquiler-social-como-politica-publica-local-experiencias-desde-tlajomulco-de-zuniga-jalisco/  

Referencias

Ampudia Farías, A. y Lizárraga Martínez, C. (2022). “Mecanismos para el abordaje de la vivienda deshabitada y el acceso a la vivienda: el alquiler social como política pública local. Experiencias desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”, Revista Vivienda Infonavit, Año 6, Número 2, 110-117. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículos 1, 8, 38.XIII, 48.IV, 49.X y 50.VII. 

Inmujeres (2016). Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia: un diagnóstico a partir de los datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social, 2015. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf 

Mena, C. G. (2023, 15 septiembre). Presupuesto de egresos busca aumentar solo 0.02% en refugios a mujeres. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2023/09/15/sociedad/presupuesto-de-egresos-busca-aumentar-0-02-en-refugios-a-mujeres/ 

Municipio de Tlajomulco (2 de febrero de 2022). Tlajomulco garantiza hogar a 265 personas con Renta Tu Casa [Boletín de prensa]. 

Organización de los Estados Americanos (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Organización de las Naciones Unidas (2019). Comité de Derechos Humanos, A/HRC/43/43, 26 de diciembre de 2019, párr. 53.c. 

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Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

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Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.