Históricamente, no se han considerado las necesidades y experiencias particulares de las mujeres y niñas en el diseño y planeación de las ciudades. Esto se debe a que, en las urbes, la división sexual del trabajo y la valoración de las actividades productivas sobre las reproductivas o de cuidado privilegian a los hombres en la distribución del equipamiento, infraestructura y espacio público. En el presente ensayo se hace uso del concepto de ciudades cuidadoras para proponer la redistribución del espacio —desde el doméstico hasta el urbano— de forma empática, lo cual también conllevaría una redistribución del poder y del acceso a oportunidades.
Las ciudades son los espacios en donde se materializan los sistemas de creencias sociales, políticos y económicos que conforman nuestras sociedades. Son, además, el reflejo de las estructuras de poder, distribuyendo y organizando tanto el espacio como las actividades con base en lo que se considera prioritario en los intereses del colectivo y que prevalecen en las personas que gestionan el territorio.
Al igual que el resto de las ciudades en el mundo, las urbes mexicanas contemporáneas son el reflejo de las relaciones de poder y de las consecuentes decisiones asociadas, donde por décadas se han priorizado las actividades económicas y productivas, desde una visión masculina. 1 El resultado es un modelo de ciudad desigual, con grandes asimetrías para el acceso a oportunidades y el ejercicio de derechos humanos entre hombres y mujeres, así como para el disfrute de las ciudades. Hoy más que nunca se hace evidente que este modelo es insostenible.
Aunado a este contexto, la pandemia por la COVID-19 ha visibilizado y potenciado las desigualdades en las ciudades, en especial en lo que se refiere a las actividades realizadas tradicionalmente por mujeres y niñas; de igual forma, las consecuencias de dichas desigualdades en niñas y mujeres pobres han sido todavía más agudas. Para revertirlas se requerirán esfuerzos colectivos, solidarios e innovadores, surgidos desde la empatía urbana,2 y de herramientas conceptuales como la de ciudades cuidadoras.
En primera instancia, se propone que, para transformar la realidad actual, es necesario reconocer la necesidad de cambio, así como plantear conceptos que permitan entender las causas de dicha desigualdad, como la distribución asimétrica tanto de poder como de recursos entre hombres y mujeres, la discriminación y la división sexual del trabajo.
A lo largo de la historia, hombres y mujeres han desempeñado actividades diferentes en función de su sexo; es decir, el colectivo o las comunidades, por el hecho de nacer hombres o mujeres, les han asignado arbitrariamente tareas, cualidades, y expectativas específicas. El concepto de división sexual del trabajo explica que esta distribución es una construcción social y cultural que se puede cambiar o transformar, y que determina cómo los roles se han distribuido en la sociedad: las mujeres estarían a cargo de la reproducción social, como las actividades de cuidado no remuneradas, y los hombres de las tareas productivas remuneradas (Cepal, 2011).
En las ciudades, la división sexual del trabajo y la valoración de las actividades productivas sobre las reproductivas o de cuidado se evidencia en la distribución del equipamiento, infraestructura y espacio público en el espacio urbano.
Históricamente, no se han considerado las necesidades y experiencias particulares de las mujeres y niñas en el diseño y planeación de las ciudades mexicanas. Por ejemplo, no se toman en cuenta las necesidades territoriales que surgen de realizar tareas diarias, con el análisis de los respectivos desplazamientos, los costos del transporte, el tiempo y las distancias a recorrer, así como las percepciones de (in)seguridad o la facilidad de moverse en compañía de adultos mayores, personas con alguna discapacidad, niñas o niños.
Considerar la división sexual del trabajo actual implica visibilizar que, en México, las mujeres: (i) dedican más tiempo a las actividades de cuidado y enfrentan más limitaciones para acceder a empleos formales, (ii) realizan más trayectos en las ciudades, (iii) invierten más recursos para desplazarse. 3
Para la mayoría de los hombres el espacio doméstico representa refugio y descanso, para las mujeres es un espacio de trabajo, y muchas veces donde también viven episodios de violencia
Esta situación conlleva algunas consideraciones. En primer lugar, es necesario transformar la realidad de las ciudades para que las tareas de cuidado y reproducción se realicen de manera más fácil y económica, permitiendo la conciliación laboral y familiar para hombres y mujeres; esto sienta las bases del concepto de ciudades cuidadoras. En segundo lugar, es imperiosa la redistribución de las tareas de cuidado, con el fin de aumentar el involucramiento y la corresponsabilidad de la población. Para transitar hacia sociedades más justas e igualitarias, es fundamental erradicar los estereotipos.
Por ello, desde el urbanismo feminista se plantea el concepto de ciudades cuidadoras. Esta propuesta, retomada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) —entre otras—, refiere que todas las estructuras que conforman las ciudades (físicas, sociales, económicas, culturales y de poder) deben facilitar la realización de las labores de cuidado requeridas para que la sociedad se reproduzca. Dichas labores deben efectuarse de forma corresponsable y solidaria tanto por hombres como por mujeres —es decir, la comunidad—, pero, además, por el Estado y el mercado. 4 Bajo esta perspectiva, se replantea la gestión urbana y territorial a partir de repensar las ciudades para “dejar de generar espacios desde una lógica productivista, social y políticamente restrictiva, y empezar a pensar en entornos que prioricen a las personas que los van a utilizar” (Valdivia, 2018).
El concepto de ciudades cuidadoras implica diversos cambios tanto en la organización comunitaria y familiar como en la gestión de las ciudades. Algunos ejemplos de los elementos que conforman este concepto son:
- Espacios públicos seguros, incluyentes, cuyo uso sea flexible y adaptable a diferentes usos y perfiles de usuarios y usuarias, que promueve la convivencia e interacción desde la democratización de un espacio común.
- Ciudades seguras, cuyo entorno permita y promueva la libertad.
- Movilidad urbana integral y transporte público accesible, física y económicamente para todas las personas y que conecta diferentes actividades, desde las productivas hasta las actividades de cuidado, espacios de ocio y deporte, entre otros.
- Equipamiento, servicios e infraestructura ubicada y diseñada reconociendo y atendiendo las actividades de cuidado.
- Integración de la sustentabilidad.
- Viviendas construidas en ubicaciones que permiten el acceso a bienes, servicios, equipamientos y oportunidades.
Por último, cabe destacar que una ciudad cuidadora reconoce en las personas una fuente de conocimiento e información prioritaria para la cocreación de ciudades y diseños para las viviendas.
La arquitecta y urbanista feminista Zaida Muxi Martínez (2019), una de las promotoras de las ciudades cuidadoras, enfatiza cómo surge este concepto, pues “nos entendemos en relación con otros y otras, en las redes de apoyo mutuo”. Asimismo, evidencia la necesidad de repensar la vivienda, desde su diseño hasta su emplazamiento en las ciudades; todo desde una visión feminista, pues, si bien para la mayoría de los hombres el espacio doméstico representa refugio y descanso, para las mujeres es un espacio de trabajo, y muchas veces donde también viven episodios de violencia.5 Desde su interior, las ciudades y las viviendas producen y reproducen las desigualdades entre hombres y mujeres: va desde la esfera pública hasta la esfera privada (González-Loyde, 2020).
En términos del diseño habitacional, la división propuesta desde el movimiento moderno de los espacios al interior de las viviendas en áreas públicas y áreas privadas, enfatiza aún más esto. Las áreas públicas —la sala de estar y el comedor, por ejemplo— se visibilizan, mientras que los espacios donde se realizan las labores de trabajo doméstico y de cuidado —la cocina, el área de lavado y las recámaras, por ejemplo— se buscan ocultar, invisibilizar. Por ello, para la urbanista mexicana González-Loyde (2020) “la vivienda se convierte en un acto político, no sólo por las luchas de acceso a ésta, sino también por su capacidad para reproducir o no esta desigualdad desde su interior, haciendo de las mujeres un actor fundamental en esta lucha”.
En este contexto, la vivienda en México se plantea como un derecho humano y una herramienta con el potencial de disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres. Para ello es importante entender que el concepto de vivienda evoluciona a través de la historia, desde los materiales, la distribución, las funciones y las características deseadas. En este sentido, se plantea que la vivienda cuente con referentes desde el marco de los derechos humanos, a partir del cual se le reconoce como un derecho humano desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966), lo que se complementa con las Observaciones realizadas por el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC, 2006a y Red-DESC, 2006b), las cuales agregan el componente cualitativo con la definición de los siete elementos de la vivienda adecuada. 6
De la misma manera, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define la obligatoriedad del Estado mexicano de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos para todas las personas en nuestro país.
Asimismo, la Agenda Global de Desarrollo, a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados desde el 2015 y de los que México es parte, define un marco de acción. En específico el Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, y el Objetivo 11: “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles” (ONU, 2016), delimitan el sentido de las acciones que se deberán implementar.
Acerca del Objetivo 5, la meta 5.4 hace referencia a “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país” (ONU, 2016), mientras que del Objetivo 11, la meta 11.1 afirma “Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales” (ONU, 2016).
Esto refuerza la propuesta de integrar en la planeación urbana y las políticas de vivienda el enfoque de género, ubicar a las personas en el centro de la toma de decisiones y lograr cambiar los paradigmas en la toma de decisiones. Esta tarea requiere la participación y el compromiso de todo el sector para lograr una verdadera transformación. Lo anterior implica asumir la responsabilidad de impulsar las acciones necesarias para materializar un cambio profundo y eliminar las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad y la marginación.
Si bien hoy se reconoce la importancia de que para cualquier análisis de problemáticas sociales y urbanas es necesaria la diferenciación entre hombres y mujeres, el uso y producción de datos estadísticos no siempre considera las relaciones de género (Inmujeres, 2003a). En el caso del espacio urbano y la vivienda, un primer paso fue desagregar por sexo la información recolectada, lo que evidenció algunos efectos de la desigualdad, pero no las causas. Por ejemplo, en México únicamente tres de cada 10 viviendas son propiedad de una mujer (Inmujeres, 2016).
En este sentido, se plantean algunos elementos a considerar en temas de política de vivienda. En primer lugar, es preciso integrar el análisis de la división sexual del trabajo para entender el contexto y tomar decisiones más acertadas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres sin reforzar estereotipos de género. En segundo, cabe asumir que estos elementos sociales impactan en lo que se espera y entiende del entorno urbano y de la vivienda, por lo que es fundamental integrarlos como componentes de análisis. Sin embargo, es importante destacar que tanto las atribuciones, expectativas y responsabilidades que se han dado a hombres y mujeres son una construcción social y, por lo tanto, son modificables; al igual que la construcción de las ciudades y el concepto de la vivienda.
Un elemento fundamental para el empoderamiento y autonomía de las mujeres es la tenencia segura de las viviendas. Al considerar la organización social actual, a partir de la división sexual del trabajo y de la distribución actual de responsabilidades, las mujeres participan en menor manera en el mercado formal. Esto implica que tienen menos posibilidades de ser elegibles a créditos o financiamiento de vivienda. La tenencia segura de vivienda por parte de mujeres impacta en las decisiones de vida, así como en la vulnerabilidad a desalojos forzosos, la perpetuación de situaciones de violencia e, incluso, en la posibilidad de adquirir otros bienes o negocios.
Otro elemento fundamental para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en materia de vivienda es la ubicación de éstas. El entorno urbano define la posibilidad de que hombres y mujeres puedan conciliar la vida laboral y familiar y realizar actividades remuneradas y de cuidado de manera sencilla, segura y a bajo costo, a través del acceso a servicios básicos, facilidades, infraestructura y cercanía a equipamientos. Estos elementos, considerados desde la planeación urbana y gestión territorial, permitirán garantizar que mujeres y niñas puedan acceder y ejercer sus derechos humanos.
En este escenario se proponen las siguientes consideraciones para que la vivienda contribuya a mejorar el acceso de mujeres y niñas a sus derechos humanos:
- Implementar acciones positivas, dirigidas e implementadas para mejorar específicamente el acceso y ejercicio del derecho a la vivienda adecuada por parte de las mujeres.
- Superar la inercia de favorecer a los hombres como beneficiarios de programas y créditos formales para acceder a la vivienda.
- Hacer visible en la planeación urbana y ordenamiento territorial las actividades de cuidado y reproductivas.
- Ubicar a las personas, sus experiencias y necesidades, en el centro del diseño de políticas, gestión urbana y territorial.
Si bien estas medidas ya se impulsan por parte del gobierno federal actual, aún es necesario replantear, desde la sociedad, una redistribución de responsabilidades en materia de tareas de cuidado y reproducción para que las prioridades del colectivo se reflejen en el territorio, además de lograr la sensibilización por parte del sector público y privado para promover la conciliación de la vida laboral y familiar. La vivienda, entendida desde el enfoque integral, es un elemento clave para lograr disminuir las grandes desigualdades.
Las ciudades y las viviendas producen y reproducen las desigualdades entre hombres y mujeres: va desde la esfera pública hasta la esfera privada
El compromiso de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera exige respuestas y soluciones innovadoras e integrales que prioricen el bien común sobre los intereses individuales. La emergencia sanitaria puso de manifiesto que las formas de desigualdad, discriminación y violencia experimentadas por todas las mujeres en México —desventajas que son históricas— se agudizaron en esta triple crisis de salud, económica y ambiental. Por ello, es aún más imperante reducir las brechas de género, considerando que, actualmente, las mujeres y niñas en México, especialmente las más pobres, son más vulnerables que nunca (ONU Mujeres, 2019 e Inegi, 2018).
Transitar a un modelo que redistribuya el espacio, desde el doméstico hasta el urbano, de forma empática y considerando las necesidades de las demás personas representará, también, una redistribución del poder y del acceso a oportunidades que nos conducirá hacia ciudades cuidadoras, humanas e incluyentes.
Una ciudad segura y llena de oportunidades para una niña, donde desde su casa se sienta plena y realizada, será una ciudad que ofrezca a todas las personas oportunidades para ejercer sus derechos libremente y realizarse desde la individualidad hasta la colectividad.
Bibliografía
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Notas
- El proceso acelerado de urbanización en México ocurrió entre 1940 y 1980 (Sobrino, 2011). Durante esas décadas, la participación de las mujeres en el desarrollo de actividades económicas era únicamente de 17 % (Inmujeres, 2003). Por ello, se concluye que eran hombres quienes generalmente estaban al frente de esas decisiones.
- Algunos autores, como Leadbeater (2014), sugieren que la empatía urbana es la capacidad de conectar con personas distintas a nosotras, así como encontrar espacios de encuentro para comprometerse, compartir e intercambiar. Junto con los sistemas de infraestructura, la empatía urbana es la clave de las ciudades humanas e innovadoras. Este modelo se promueve a través del espacio construido, con lugares que permitan el encuentro e intercambio.
- 70.6 % de las mujeres ha sufrido violencia en los espacios públicos (Inegi, 2017).
- “[…] donde el Estado, el mercado, las familias, la comunidad, los hombres y las mujeres se hagan cargo, en un contexto de corresponsabilidad y solidaridad, de las labores de cuidado necesarias para la reproducción de la sociedad” (Organización de las Naciones Unidas, 2017).
- De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Inegi, 2017), 64 % de los casos de violencia doméstica ejercida contra las mujeres por sus parejas es “severa y muy severa”.
- Los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por ONU Hábitat son: (1) seguridad de la tenencia; (2) disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; (3) asequibilidad; (4) habitabilidad; (5) accesibilidad; (6) ubicación, y (7) adecuación cultural.
