Ciudades cuidadoras y vivienda: un camino hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres

Históricamente, no se han considerado las necesidades y experiencias particulares de las mujeres y niñas en el diseño y planeación de las ciudades. Esto se debe a que, en las urbes, la división sexual del trabajo y la valoración de las actividades productivas sobre las reproductivas o de cuidado privilegian a los hombres en la distribución del equipamiento, infraestructura y espacio público. En el presente ensayo se hace uso del concepto de ciudades cuidadoras para proponer la redistribución del espacio —desde el doméstico hasta el urbano— de forma empática, lo cual también conllevaría una redistribución del poder y del acceso a oportunidades.

Las ciudades son los espacios en donde se materializan los sistemas de creencias sociales, políticos y económicos que conforman nuestras sociedades. Son, además, el reflejo de las estructuras de poder, distribuyendo y organizando tanto el espacio como las actividades con base en lo que se considera prioritario en los intereses del colectivo y que prevalecen en las personas que gestionan el territorio.

Al igual que el resto de las ciudades en el mundo, las urbes mexicanas contemporáneas son el reflejo de las relaciones de poder y de las consecuentes decisiones asociadas, donde por décadas se han priorizado las actividades económicas y productivas, desde una visión masculina. 1 El resultado es un modelo de ciudad desigual, con grandes asimetrías para el acceso a oportunidades y el ejercicio de derechos humanos entre hombres y mujeres, así como para el disfrute de las ciudades. Hoy más que nunca se hace evidente que este modelo es insostenible.

Aunado a este contexto, la pandemia por la COVID-19 ha visibilizado y potenciado las desigualdades en las ciudades, en especial en lo que se refiere a las actividades realizadas tradicionalmente por mujeres y niñas; de igual forma, las consecuencias de dichas desigualdades en niñas y mujeres pobres han sido todavía más agudas. Para revertirlas se requerirán esfuerzos colectivos, solidarios e innovadores, surgidos desde la empatía urbana,2 y de herramientas conceptuales como la de ciudades cuidadoras.

En primera instancia, se propone que, para transformar la realidad actual, es necesario reconocer la necesidad de cambio, así como plantear conceptos que permitan entender las causas de dicha desigualdad, como la distribución asimétrica tanto de poder como de recursos entre hombres y mujeres, la discriminación y la división sexual del trabajo.

A lo largo de la historia, hombres y mujeres han desempeñado actividades diferentes en función de su sexo; es decir, el colectivo o las comunidades, por el hecho de nacer hombres o mujeres, les han asignado arbitrariamente tareas, cualidades, y expectativas específicas. El concepto de división sexual del trabajo explica que esta distribución es una construcción social y cultural que se puede cambiar o transformar, y que determina cómo los roles se han distribuido en la sociedad: las mujeres estarían a cargo de la reproducción social, como las actividades de cuidado no remuneradas, y los hombres de las tareas productivas remuneradas (Cepal, 2011).

En las ciudades, la división sexual del trabajo y la valoración de las actividades productivas sobre las reproductivas o de cuidado se evidencia en la distribución del equipamiento, infraestructura y espacio público en el espacio urbano.

Históricamente, no se han considerado las necesidades y experiencias particulares de las mujeres y niñas en el diseño y planeación de las ciudades mexicanas. Por ejemplo, no se toman en cuenta las necesidades territoriales que surgen de realizar tareas diarias, con el análisis de los respectivos desplazamientos, los costos del transporte, el tiempo y las distancias a recorrer, así como las percepciones de (in)seguridad o la facilidad de moverse en compañía de adultos mayores, personas con alguna discapacidad, niñas o niños.

Considerar la división sexual del trabajo actual implica visibilizar que, en México, las mujeres: (i) dedican más tiempo a las actividades de cuidado y enfrentan más limitaciones para acceder a empleos formales, (ii) realizan más trayectos en las ciudades, (iii) invierten más recursos para desplazarse. 3

Tabla 1. Comparación del tiempo empleado en actividades no remuneradas,
trabajos en el mercado laboral y trabajos remunerados entre hombres y mujeres
tabla 1
Fuente: Inegi (2020).

Para la mayoría de los hombres el espacio doméstico representa refugio y descanso, para las mujeres es un espacio de trabajo, y muchas veces donde también viven episodios de violencia

Esta situación conlleva algunas consideraciones. En primer lugar, es necesario transformar la realidad de las ciudades para que las tareas de cuidado y reproducción se realicen de manera más fácil y económica, permitiendo la conciliación laboral y familiar para hombres y mujeres; esto sienta las bases del concepto de ciudades cuidadoras. En segundo lugar, es imperiosa la redistribución de las tareas de cuidado, con el fin de aumentar el involucramiento y la corresponsabilidad de la población. Para transitar hacia sociedades más justas e igualitarias, es fundamental erradicar los estereotipos.

Por ello, desde el urbanismo feminista se plantea el concepto de ciudades cuidadoras. Esta propuesta, retomada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) —entre otras—, refiere que todas las estructuras que conforman las ciudades (físicas, sociales, económicas, culturales y de poder) deben facilitar la realización de las labores de cuidado requeridas para que la sociedad se reproduzca. Dichas labores deben efectuarse de forma corresponsable y solidaria tanto por hombres como por mujeres —es decir, la comunidad—, pero, además, por el Estado y el mercado. 4 Bajo esta perspectiva, se replantea la gestión urbana y territorial a partir de repensar las ciudades para “dejar de generar espacios desde una lógica productivista, social y políticamente restrictiva, y empezar a pensar en entornos que prioricen a las personas que los van a utilizar” (Valdivia, 2018).

El concepto de ciudades cuidadoras implica diversos cambios tanto en la organización comunitaria y familiar como en la gestión de las ciudades. Algunos ejemplos de los elementos que conforman este concepto son:

  • Espacios públicos seguros, incluyentes, cuyo uso sea flexible y adaptable a diferentes usos y perfiles de usuarios y usuarias, que promueve la convivencia e interacción desde la democratización de un espacio común.
  • Ciudades seguras, cuyo entorno permita y promueva la libertad.
  • Movilidad urbana integral y transporte público accesible, física y económicamente para todas las personas y que conecta diferentes actividades, desde las productivas hasta las actividades de cuidado, espacios de ocio y deporte, entre otros.
  • Equipamiento, servicios e infraestructura ubicada y diseñada reconociendo y atendiendo las actividades de cuidado.
  • Integración de la sustentabilidad.
  • Viviendas construidas en ubicaciones que permiten el acceso a bienes, servicios, equipamientos y oportunidades.

Por último, cabe destacar que una ciudad cuidadora reconoce en las personas una fuente de conocimiento e información prioritaria para la cocreación de ciudades y diseños para las viviendas.

La arquitecta y urbanista feminista Zaida Muxi Martínez (2019), una de las promotoras de las ciudades cuidadoras, enfatiza cómo surge este concepto, pues “nos entendemos en relación con otros y otras, en las redes de apoyo mutuo”. Asimismo, evidencia la necesidad de repensar la vivienda, desde su diseño hasta su emplazamiento en las ciudades; todo desde una visión feminista, pues, si bien para la mayoría de los hombres el espacio doméstico representa refugio y descanso, para las mujeres es un espacio de trabajo, y muchas veces donde también viven episodios de violencia.5 Desde su interior, las ciudades y las viviendas producen y reproducen las desigualdades entre hombres y mujeres: va desde la esfera pública hasta la esfera privada (González-Loyde, 2020).

En términos del diseño habitacional, la división propuesta desde el movimiento moderno de los espacios al interior de las viviendas en áreas públicas y áreas privadas, enfatiza aún más esto. Las áreas públicas —la sala de estar y el comedor, por ejemplo— se visibilizan, mientras que los espacios donde se realizan las labores de trabajo doméstico y de cuidado —la cocina, el área de lavado y las recámaras, por ejemplo— se buscan ocultar, invisibilizar. Por ello, para la urbanista mexicana González-Loyde (2020) “la vivienda se convierte en un acto político, no sólo por las luchas de acceso a ésta, sino también por su capacidad para reproducir o no esta desigualdad desde su interior, haciendo de las mujeres un actor fundamental en esta lucha”.

En este contexto, la vivienda en México se plantea como un derecho humano y una herramienta con el potencial de disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres. Para ello es importante entender que el concepto de vivienda evoluciona a través de la historia, desde los materiales, la distribución, las funciones y las características deseadas. En este sentido, se plantea que la vivienda cuente con referentes desde el marco de los derechos humanos, a partir del cual se le reconoce como un derecho humano desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966), lo que se complementa con las Observaciones realizadas por el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC, 2006a y Red-DESC, 2006b), las cuales agregan el componente cualitativo con la definición de los siete elementos de la vivienda adecuada. 6

De la misma manera, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define la obligatoriedad del Estado mexicano de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos para todas las personas en nuestro país.

Asimismo, la Agenda Global de Desarrollo, a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados desde el 2015 y de los que México es parte, define un marco de acción. En específico el Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, y el Objetivo 11: “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles” (ONU, 2016), delimitan el sentido de las acciones que se deberán implementar.

Acerca del Objetivo 5, la meta 5.4 hace referencia a “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país” (ONU, 2016), mientras que del Objetivo 11, la meta 11.1 afirma “Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales” (ONU, 2016).

Esto refuerza la propuesta de integrar en la planeación urbana y las políticas de vivienda el enfoque de género, ubicar a las personas en el centro de la toma de decisiones y lograr cambiar los paradigmas en la toma de decisiones. Esta tarea requiere la participación y el compromiso de todo el sector para lograr una verdadera transformación. Lo anterior implica asumir la responsabilidad de impulsar las acciones necesarias para materializar un cambio profundo y eliminar las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad y la marginación.

Si bien hoy se reconoce la importancia de que para cualquier análisis de problemáticas sociales y urbanas es necesaria la diferenciación entre hombres y mujeres, el uso y producción de datos estadísticos no siempre considera las relaciones de género (Inmujeres, 2003a). En el caso del espacio urbano y la vivienda, un primer paso fue desagregar por sexo la información recolectada, lo que evidenció algunos efectos de la desigualdad, pero no las causas. Por ejemplo, en México únicamente tres de cada 10 viviendas son propiedad de una mujer (Inmujeres, 2016).

En este sentido, se plantean algunos elementos a considerar en temas de política de vivienda. En primer lugar, es preciso integrar el análisis de la división sexual del trabajo para entender el contexto y tomar decisiones más acertadas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres sin reforzar estereotipos de género. En segundo, cabe asumir que estos elementos sociales impactan en lo que se espera y entiende del entorno urbano y de la vivienda, por lo que es fundamental integrarlos como componentes de análisis. Sin embargo, es importante destacar que tanto las atribuciones, expectativas y responsabilidades que se han dado a hombres y mujeres son una construcción social y, por lo tanto, son modificables; al igual que la construcción de las ciudades y el concepto de la vivienda.

Figura 1. Porcentaje de mujeres en México que residen en una vivienda sin escrituras (2015)
figura 1
Fuente: Gráfico tomado de Echarri-Cánovas (2020).
 

Un elemento fundamental para el empoderamiento y autonomía de las mujeres es la tenencia segura de las viviendas. Al considerar la organización social actual, a partir de la división sexual del trabajo y de la distribución actual de responsabilidades, las mujeres participan en menor manera en el mercado formal. Esto implica que tienen menos posibilidades de ser elegibles a créditos o financiamiento de vivienda. La tenencia segura de vivienda por parte de mujeres impacta en las decisiones de vida, así como en la vulnerabilidad a desalojos forzosos, la perpetuación de situaciones de violencia e, incluso, en la posibilidad de adquirir otros bienes o negocios.

Otro elemento fundamental para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en materia de vivienda es la ubicación de éstas. El entorno urbano define la posibilidad de que hombres y mujeres puedan conciliar la vida laboral y familiar y realizar actividades remuneradas y de cuidado de manera sencilla, segura y a bajo costo, a través del acceso a servicios básicos, facilidades, infraestructura y cercanía a equipamientos. Estos elementos, considerados desde la planeación urbana y gestión territorial, permitirán garantizar que mujeres y niñas puedan acceder y ejercer sus derechos humanos.

En este escenario se proponen las siguientes consideraciones para que la vivienda contribuya a mejorar el acceso de mujeres y niñas a sus derechos humanos:

  • Implementar acciones positivas, dirigidas e implementadas para mejorar específicamente el acceso y ejercicio del derecho a la vivienda adecuada por parte de las mujeres.
  • Superar la inercia de favorecer a los hombres como beneficiarios de programas y créditos formales para acceder a la vivienda.
  • Hacer visible en la planeación urbana y ordenamiento territorial las actividades de cuidado y reproductivas.
  • Ubicar a las personas, sus experiencias y necesidades, en el centro del diseño de políticas, gestión urbana y territorial.

Si bien estas medidas ya se impulsan por parte del gobierno federal actual, aún es necesario replantear, desde la sociedad, una redistribución de responsabilidades en materia de tareas de cuidado y reproducción para que las prioridades del colectivo se reflejen en el territorio, además de lograr la sensibilización por parte del sector público y privado para promover la conciliación de la vida laboral y familiar. La vivienda, entendida desde el enfoque integral, es un elemento clave para lograr disminuir las grandes desigualdades.

Las ciudades y las viviendas producen y reproducen las desigualdades entre hombres y mujeres: va desde la esfera pública hasta la esfera privada

El compromiso de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera exige respuestas y soluciones innovadoras e integrales que prioricen el bien común sobre los intereses individuales. La emergencia sanitaria puso de manifiesto que las formas de desigualdad, discriminación y violencia experimentadas por todas las mujeres en México —desventajas que son históricas— se agudizaron en esta triple crisis de salud, económica y ambiental. Por ello, es aún más imperante reducir las brechas de género, considerando que, actualmente, las mujeres y niñas en México, especialmente las más pobres, son más vulnerables que nunca (ONU Mujeres, 2019 e Inegi, 2018).

Transitar a un modelo que redistribuya el espacio, desde el doméstico hasta el urbano, de forma empática y considerando las necesidades de las demás personas representará, también, una redistribución del poder y del acceso a oportunidades que nos conducirá hacia ciudades cuidadoras, humanas e incluyentes.

Una ciudad segura y llena de oportunidades para una niña, donde desde su casa se sienta plena y realizada, será una ciudad que ofrezca a todas las personas oportunidades para ejercer sus derechos libremente y realizarse desde la individualidad hasta la colectividad.


Bibliografía

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Notas
  1. El proceso acelerado de urbanización en México ocurrió entre 1940 y 1980 (Sobrino, 2011). Durante esas décadas, la participación de las mujeres en el desarrollo de actividades económicas era únicamente de 17 % (Inmujeres, 2003). Por ello, se concluye que eran hombres quienes generalmente estaban al frente de esas decisiones.
  2. Algunos autores, como Leadbeater (2014), sugieren que la empatía urbana es la capacidad de conectar con personas distintas a nosotras, así como encontrar espacios de encuentro para comprometerse, compartir e intercambiar. Junto con los sistemas de infraestructura, la empatía urbana es la clave de las ciudades humanas e innovadoras. Este modelo se promueve a través del espacio construido, con lugares que permitan el encuentro e intercambio.
  3. 70.6 % de las mujeres ha sufrido violencia en los espacios públicos (Inegi, 2017).
  4. “[…] donde el Estado, el mercado, las familias, la comunidad, los hombres y las mujeres se hagan cargo, en un contexto de corresponsabilidad y solidaridad, de las labores de cuidado necesarias para la reproducción de la sociedad” (Organización de las Naciones Unidas, 2017).
  5. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Inegi, 2017), 64 % de los casos de violencia doméstica ejercida contra las mujeres por sus parejas es “severa y muy severa”.
  6. Los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por ONU Hábitat son: (1) seguridad de la tenencia; (2) disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; (3) asequibilidad; (4) habitabilidad; (5) accesibilidad; (6) ubicación, y (7) adecuación cultural.

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro y doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es Investigador Titular “B” en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán. Sus líneas de investigación son espacio urbano, estructura de clases sociales, cambio sociocultural y etnicidad en la ciudad y su periferia próxima. Cuenta con dos libros de autoría individual y tres como coordinador, además de varios capítulos de libro y artículos en prensa y revistas especializadas.

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Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.