Autoproducción y autoconstrucción: el reconocimiento de la otra producción habitacional en los resultados de la ENVI 2020

Autoproduccion ENVI 2020

La ENVI 2020 identifica el parque habitacional construido en el país, distinguiéndolo según la forma de adquisición. De esta forma, se encuentran familias que adquirieron su vivienda mediante compra –ya sea por sus propios medios o con un crédito– y otras que no la han adquirido. En este texto se destaca a las familias que, para hacerse de una vivienda, han recurrido a su propio esfuerzo de ahorro, de tiempo y de trabajo. A esto se le conoce como autoproducción y autoconstrucción, método mediante el cual, según los resultados de la ENVI 2020, se explica casi 57% de la vivienda del país.

En el pasado, la forma de construcción de la vivienda estaba a cargo de tres actores: el Estado, el mercado y la sociedad. No obstante, ha sido el mercado quien se ha encargado de difundir y comunicar que ha sido él quien ha conformado el parque habitacional del país. Pero, ¿es así la realidad de la vivienda en México? ¿Quién o quiénes han construido las viviendas en nuestro país? O, más bien, sería mejor preguntar sobre la forma en que estas se han adquirido. 

La política habitacional de México y sus principales actores –gobierno y desarrolladores– han identificado su intervención a lo largo de los años como el resultado del hacer habitacional. Sin embargo, han olvidado identificar lo que hacen las y los habitantes, así como los grupos sociales, en este escenario. 

Con los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2021) se logran identificar dos formas de producir vivienda –un bien costoso y de larga vida, dicho sea de paso–. Por un lado están la producción y venta realizadas por los desarrolladores privados. Estos espacios, por lo general, suelen ser de dimensiones mínimas que no tienen la capacidad de crecer con el tiempo para adecuarse a las dinámicas familiares y que, para adquirirlos, se tiene el recurso necesario o se recurre a un crédito, lo que implica ser derechohabiente o sujeto de crédito. 

Por otro lado está aquella que muestra sus huellas en todas las ciudades del país: en las colonias o barrios populares que, a través de los años, se transforman; suelo o terrenos que fueron vendidos y ocupados (para su posterior regularización) sin servicios básicos (que son gestionados e introducidos por los propios pobladores organizados), inicialmente con viviendas provisionales que, con el tiempo, se han ido consolidando y adecuando a las condiciones económicas de los integrantes de cada familia. A través de este proceso, unos años después, se tiene una vivienda progresiva que sigue creciendo, cuyas dimensiones están adecuadas al crecimiento y la dinámica de la propia familia y por la que no se tiene una deuda de crédito, en tanto se ha construido a partir del propio ahorro o colaboración familiar. 

Esta manera, que se identifica como producción social de vivienda, ha sido vista con cierto desdén, pues se le ha identificado con un conjunto de irregularidades en el acceso al suelo adquirido, la ausencia de permisos, en un largo y malo proceso constructivo que termina siendo muy costoso. No se le ha visto como lo que realmente es: otra forma de producir vivienda y que explica gran parte de la realidad del país. 

Este artículo pretende destacar los resultados de la ENVI 2020 a partir de identificar el universo total de viviendas, la forma de adquisición o no, y cuántas han sido construidas –ya sea para ser vendidas o para ser usadas– por medio de la autoproducción y la autoconstrucción. 

A manera de hipótesis, se propone tomar como referencia el texto coordinado por Rino Torres y Roberto Eibenschutz (2006) titulado La producción social de la vivienda en México, donde se afirma que 62.91% de las viviendas en México “son producidas al margen de los sistemas financieros de los sectores público y privados”. La investigación realizada por los autores utilizó bases de datos y siguió un recuento histórico riguroso. Hoy, con los datos de la ENVI, podemos confirmar dicha afirmación. 

Es necesario considerar que, hasta el 2018, la política de vivienda fue una de financiamiento para que los desarrolladores colocaran su producto habitacional a través de créditos para la población que podía pagarlo.

Un proceso de reconocimiento

Antes que nada, es necesario definir los dos términos que se han llegado a usar como sinónimos para denostarlos y descalificarles frente al hacer privado. Y aunque no es el tema de estas líneas, es importante no olvidarlo y señalar que la autoproducción y la autoconstrucción no son lo mismo. Estos términos identifican la actuación habitacional que las y los pobladores (relacionados con su núcleo familiar o con su núcleo comunitario) emplean frente a la forma de adquirir su vivienda. 

Según la Ley de Vivienda (art. 4, 2019), se entiende por:

  • Autoproducción de vivienda: el proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción.
  • Autoconstrucción de vivienda: el proceso de construcción o edificación de la vivienda realizada directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva.

Cabe señalar que el tema de la vivienda no solo es complejo por sí mismo, sino también en tanto interfieren dinámicas y actores diversos. Hay que pensar, por ejemplo, que no solo debería existir la política habitacional –misma que debería estar vinculada a una política de suelo, en clara relación con una política de desarrollo urbano–, sino integrar suelo, vivienda, desarrollo urbano, cuidado del medioambiente y financiamiento. Pero, por otro lado, es necesario considerar que, hasta el 2018, la política de vivienda fue una de financiamiento para que los desarrolladores colocaran su producto habitacional a través de créditos para la población que podía pagarlo.

Ahora, este modo de reconocer “la otra parte del hacer habitacional” es una situación que han venido planteando, no de hoy, sino desde hace medio siglo, otros grupos de la sociedad civil –como las y los integrantes en México de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC)–, la academia y las organizaciones sociales. Muestra de ello es que la Ley de Vivienda, desde su origen en 2006 y hasta sus últimas modificaciones en 2019, considera los términos de autoproducción, autoconstrucción y producción social de vivienda. 

Con anticipación, en el año 2000, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) implementó, a nivel federal, una oficina para atender a los autoproductores de vivienda, a quienes desde entonces les brinda asistencia técnica. Esta actividad fue denominada producción social de vivienda asistida.1 Por otra parte, desde 1998, la administración del Distrito Federal, a través del Instituto de Vivienda, puso en marcha su Programa de Mejoramiento de Vivienda2 con el fin de atender el proceso de mejora habitacional en las colonias populares de la Ciudad de México. Este programa continúa hasta hoy. Es decir, estamos frente al largo proceso de reconocimiento de la otra producción habitacional.

Además, ya desde 2010, en el cuestionario del Censo de Población y Vivienda de aquel año se incluyeron cuatro preguntas para identificar la forma de adquisición de la vivienda. Más tarde, en el 2014 se realizó la primera Encuesta Nacional de Vivienda, que tuvo como finalidad contar con datos estadísticos a profundidad sobre la vivienda, entre ellos, la forma de adquisición.

Esta forma de adquisición de la vivienda también aparece tanto en la ENVI 2014 como en la edición de 2020, ello a pesar de que el censo es un instrumento más general. A través de este bloque de preguntas se ha podido identificar si la vivienda se adquirió en el mercado o si se produjo para su propio uso.

No obstante, a pesar de las diferencias de profundidad y de amplitud de los instrumentos censo y encuestas, dos informaciones se han mantenido constantes: 

  • Muestra el poder adquisitivo de la población que se constata a través de la vivienda. 
  • Este poder adquisitivo de la población se relaciona con el lugar (entidad federativa) donde vive, reafirmando que los estados pobres tienen mayor cantidad de autoproductores o autoconstructores.

Así, se tiene que, en estados con mayor poder adquisitivo (Nuevo León) habrá una mayor presencia de viviendas compradas, mientras que en demarcaciones estatales con menor poder adquisitivo (Oaxaca, Chiapas y Guerrero) será mayor el número de viviendas hechas mediante autoproducción y autoconstrucción (ver Gráficas 1 y 3).

El universo habitacional en México en 2020

Para identificar los resultados de la ENVI 2020 es necesario señalar algunas precisiones metodológicas (Inegi, 2021) que ofrece la encuesta. Con el concepto básico usado en el Censo de Población y Vivienda –viviendas particulares habitadas (VivPH)–, se identifica el universo de viviendas del país en el año 2020. Se trata de un levantamiento a manera de muestreo probabilístico (55 147 viviendas) que se realizó entre el 26 de octubre y el 18 de diciembre de 2020, mediante entrevista cara a cara y con cuestionario electrónico a millones de hogares. El cuestionario contiene un apartado referido a la “Adquisición” (pregunta 5.17) que considera siete opciones: 

  1. ¿Esta vivienda se compró nueva? 
  2. ¿Esta vivienda se compró usada?
  3. ¿Esta vivienda se mandó construir con un albañil o trabajador por su cuenta?
  4. ¿Esta vivienda se mandó construir con un ingeniero o arquitecto?
  5. ¿Esta vivienda se mandó hacer con una empresa constructora?
  6. ¿Esta vivienda la construyó alguna persona de este hogar?
  7. ¿Esta vivienda se obtuvo de otra manera?

La ENVI 2020 identifica un universo probabilístico de 35.3 millones de viviendas particulares habitadas o VivPH (Inegi, 2021), de las cuales, 23.9 millones son propias y 5.8 millones son rentadas. La diferencia (5.6 millones viviendas), seguramente corresponde a otras formas de adquisición, como heredada, prestada o invadida.

Estas 35.3 millones VivPH se distribuyen de la siguiente forma:

  1. Viviendas adquiridas: 66.64%
  2. Viviendas no adquiridas (NA): 32.23%

La base de datos de la ENVI 2020 muestra una conjunción entre los reactivos 5.12 y 5.2 del cuestionario, lo cual congrega el universo total de viviendas del país –35.3 millones de viviendas particulares habitadas (VivPH)– que se compone de: 1) viviendas adquiridas –en las modalidades de compra y mandar hacer y que representan 66.64% del total de viviendas–; y 2) viviendas NA (no adquirida) que representan 32.23% (ver Gráfica 2).

La identificación de la vivienda en renta como parte del parque habitacional construido en el país es un dato relevante, perdido en el supuesto de que “todos tienen que ser propietarios”, en tanto la renta de vivienda representa en México un conjunto de inseguridades de la relación propietario-inquilino, ya que se le considera una relación entre particulares que no tiene regulación alguna. Así, los datos tabulados incorporan “NA” y refieren el motivo de renta como “no tener acceso a crédito o no tener recursos”. Como dato, el porcentaje más alto de vivienda NA lo tiene la CDMX, con 48% de viviendas en renta; la entidad con el porcentaje más bajo es Oaxaca, con 19.5%. 

A efecto de identificar “la otra forma de producción” en la ENVI 2020, que está ligada a la capacidad de adquisición de la familia, se procede a no considerar la variable NA (ver Gráfica 3) y agrupar las preguntas-respuestas del cuestionario de acuerdo con la participación de empresas o a la participación de la población. De esta manera, las preguntas 1, 2 y 5 (numeradas arriba) corresponden al bloque de participación de empresas y donde la acción que se reporta es la compra; en tanto, las respuestas 3 y 4 corresponden al campo de la autoproducción y la acción es mandar a hacer, y la respuesta 6 es para identificar a las y los autoconstructores, donde la acción es construir por su cuenta. 

De esta forma, se identifican las relaciones solo a partir del número de viviendas adquiridas en el país (ver Gráfica 3), y se conforma un universo de 23 895 576 viviendas. De estas, las 

ejecutadas con participación de empresas hacen un total de 8 555 892 (35.81% del universo); por otro lado, se encuentran las ejecutadas por autoproducción, que suman 10 309 465; más las ejecutadas por autoconstrucción, 3 304 300. Juntas, estas dos últimas modalidades suman 13 613 765 viviendas, lo que representa 56.97 % del parque habitacional que ha hecho la población con “financiamiento familiar” o recursos propios, y que se acerca a la cifra señalada por Rino Torres y Roberto Eibenschutz.3 

Reflexiones finales

Los resultados de la ENVI 2020 nos convocan a identificar la relación con la política pública habitacional que reconoce y coloca a las familias en el centro a través de la autoproducción y la autoconstrucción. De esta manera se ejerce el acceso a una vivienda, considerado un derecho humano. 

Si bien el diseño de la política habitacional tiene como base el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024, que identifica mayores carencias en los estados del sur del país, la propuesta de programas de vivienda diseñados en apoyo a la autoproducción incluye la participación de las y los profesionales de la arquitectura y la ingeniería en su calidad de asistentes técnicos o asesores técnicos,4 quienes definen con cada familia la intervención de diseño que se ejecutará. 

El reconocimiento de lo que hace la población como acción familiar o como comunidad y que se ha identificado como “la otra forma de producir” o la producción social de vivienda es el resultado destacable de la ENVI 2020, en tanto la historia de la política habitacional privilegió el modelo de la vivienda terminada como la opción para los derechohabientes o para quien tiene acceso a un crédito. Ahora sabemos que no debe ser así. 

El hecho de contar con programas públicos que tengan como búsqueda de resultados a la autoproducción, la autoconstrucción y la producción social de vivienda, por ejemplo, a partir de los programas de Reconstrucción, de Vivienda Emergente y de Vivienda Social de la Secreatría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y ConstruYO,5 significa atender a la población de menos recursos con el objetivo de que concreten su derecho humano a una vivienda adecuada. 

Notas 

1. Las Reglas de Operación 2021 de la Conavi recuerdan que el artículo 4.o, fracción X de la Ley de Vivienda señala que la Producción Social de Vivienda Asistida es aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones. 

2. La presentación del Programa de Mejoramiento que el propio Instituto de Vivienda de la Ciudad de México hace en su portal señala que “[e]ste Programa se aplica en inmuebles ubicados en suelo urbano y en suelo habitacional rural de baja densidad; regularizados o en proceso de regularización, que acrediten propiedad o posesión; en vecindades que no se redensifiquen y en departamentos de interés social y popular. Es un apoyo financiero a los procesos de autoadministración y mantenimiento que realizan las familias que no tienen otras fuentes de financiamiento y se encuentran en situación de pobreza. Tiene como objetivo atender problemas de hacinamiento, desdoblamiento familiar, vivienda precaria, deteriorada, en riesgo o provisional; fomenta el arraigo familiar y barrial”. 

3. La diferencia porcentual de 7.22% corresponde a “obtenida de otra manera”. 

4. La ENVI 2020 ya les registra, con un porcentaje nacional, hasta ahora de 1.67%. 

5. La nueva línea de crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, llamada ConstruYO, ha operado a partir de 2020. Este programa considera que las y los derechohabientes del instituto pueden ser autoproductores y encargar a su vivienda a una empresa constructora.  

Referencias 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021a). Nota técnica. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envi/2020/ doc/envi_2020_nota_tecnica.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021b). Cuestionario. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envi/2020/ doc/envi_2020_cuestionario.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021c). Presentación de Resultados ENVI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/ programas/envi/2020/doc/envi_2020_presentacion.pdf 

Ley de Vivienda de 2019. Última reforma publicada DOF 14-05-2019. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_140519.pdf 

Torres, R. y Eibenschultz, R. (2006). La producción social de la vivienda en México. Dimensión e impacto macro y microeconómico de la producción social en México. UAM-X. 

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Georgina Sandoval

La autora es arquitecta y doctora en Urbanismo por la UNAM. Actualmente es presidenta honoraria de Casa y Ciudad, A. C., así como profesora investigadora de la División de CyAD en la UAM Azcapotzalco. Puede ser contactada en el correo electrónico: sandovalgeo@hotmail.com 

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El autor es arquitecto por la Universidad de Sevilla y maestro en Estudios Urbanos por el Colmex. Actualmente es el coordinador de Desarrollo Urbano para el WRI México. Puede ser contactado en el correo electrónico: gorka.zubicaray@wri.org

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El autor es matemático por la Universidad Autónoma de Aguascalientes con estudios en maestría en estadística oficial por el Centro de Investigación en Matemáticas A.C.(CIMAT).  Es director general Adjunto de Encuestas Sociodemográficas en INEGI.

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Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro y doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es Investigador Titular “B” en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán. Sus líneas de investigación son espacio urbano, estructura de clases sociales, cambio sociocultural y etnicidad en la ciudad y su periferia próxima. Cuenta con dos libros de autoría individual y tres como coordinador, además de varios capítulos de libro y artículos en prensa y revistas especializadas.

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Gerardo Gómez del Campo del paso

Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.