Derecho a la cultura, vivienda y espacio público

Dentro de nuestro sistema constitucional, el reconocimiento al derecho a la cultura y, en consecuencia, a los derechos culturales, es reciente. Estos derechos garantizan el acceso a los bienes y servicios culturales, su disfrute, así como la producción intelectual, entre muchos otros aspectos. No obstante este reconocimiento jurídico y la nueva estructura institucional, no todas las personas tienen acceso al ejercicio de los derechos fundamentales a la cultura. En esta oportunidad analizaré solo una de las razones que lo explican: el olvido en los espacios públicos. En el presente ensayo se abordan algunos de los aspectos jurídicos que pueden ser de utilidad para un nuevo planteamiento en las soluciones de esta problemática. Contar con espacios públicos para el ejercicio del derecho a la cultura es una necesidad del pueblo mexicano.

En los últimos años, un sector prácticamente olvidado, el cultural, tuvo avances institucionales y normativos importantes. Al hacer un recuento rápido, podría señalarse la reforma constitucional del 30 de abril de 2009, en la que se incorporó el derecho al acceso a la cultura al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de toda persona a los derechos culturales.

Destaca también la creación de la Secretaría de Cultura el 17 de diciembre de 2015, mediante adición de un artículo 41 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta reforma institucional y normativa fue fundamental, pues otorgó autonomía de gestión al sector cultural y estableció un órgano coordinador para importantes instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Mención aparte merece la Ley General de Cultura y Derechos Culturales del 19 de junio de 2017, misma que pretende regular el artículo 4 de la Constitución, al que ya hemos hecho referencia. En esta oportunidad no me ocuparé de analizar los aciertos y los defectos de estas reformas al derecho a la cultura. Lo que es importante señalar es que el reconocimiento a estos derechos es ya una realidad en nuestro sistema constitucional. Sin embargo, permanece una interrogante: ¿cuál es la razón por la que, en los espacios públicos, generalmente no se da satisfacción a las personas en su acceso a los derechos culturales?

Esta carencia encuentra eco en la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2021), realizada por medio de encuestas personales y a nivel nacional. Los resultados en materia de cercanía a instalaciones culturales respecto de las viviendas fueron muy significativos. Solo 25.8% de las personas mostró una completa satisfacción sobre esta circunstancia; 22.2% se dijo algo satisfecho; 21.3%, poco satisfecho, y 30.7%, nada satisfecho. Es decir, más de 50% de las personas no tiene un adecuado acceso, en sus espacios públicos, a instalaciones culturales.

Las razones de estas carencias pueden ser múltiples. En esta oportunidad solo haré referencia a cuestiones jurídicas que, desde mi perspectiva, podrían considerarse para resolver esta problemática.

Federalismos diferenciados

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) existen dos formas distintas de federalismo: el federalismo residual y el federalismo cooperativo. El primero de ellos nace de lo dispuesto en el artículo 124, que determina: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de su competencia”. Por su parte, el federalismo cooperativo tiene como punto de partida las competencias que otorgan concurrencias, es decir, que distribuyen competencias entre la Federación, los estados y los municipios (Díaz y Díaz, 1996).

Esta diferenciación, aparentemente solo de interés constitucional y técnico, resulta relevante para entender un problema fundamental en el tema que nos ocupa: las diferentes formas de distribución de competencias en materia de patrimonio cultural y en lo que concierne a espacios públicos. De esta manera, nos encontramos que la legislación relativa a patrimonio cultural es de federalismo residual; es decir, competencia exclusiva de las autoridades federales. En cambio, las disposiciones relativas a espacio público provienen de normas de federalismo cooperativo; dicho en otras palabras, que distribuyen competencias entre la Federación, los estados y los municipios.

Hay una consecuencia práctica de lo aquí señalado: la dificultad en hacer compatibles las diferentes disposiciones jurídicas sobre estos temas, por sus diferencias estructurales a la hora de distribuir competencias. Con el fin de ilustrar más lo aquí señalado, a continuación se abordará la relación entre distintos tipos de problemas territoriales.

Urbanismo, espacio público y patrimonio cultural

De manera poco afortunada, el derecho urbanístico y el patrimonio cultural en nuestro país han marchado por caminos diferentes, e incluso, en muchas ocasiones, se han contrapuesto. Esta circunstancia se hace más notoria si se compara la evolución de la legislación en materia de desarrollo urbano con la legislación de patrimonio cultural. La integración de un ordenamiento territorial desde una perspectiva global es una de las grandes necesidades, no solo normativas sino también pragmáticas, para lograr una conciliación entre ambos aspectos.

    1. Lo urbano

Para comprender en su justa dimensión lo aquí señalado, es conveniente hacer mención sobre algunas disposiciones contenidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, actualmente vigente.

  1. Acceso equitativo. En la fracción III del artículo 1o de la ley se determina, como uno de sus objetivos, fijar los criterios para que exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y asentamientos humanos, garantizando en todo momento tanto la protección como el acceso equitativo a los espacios públicos.
  2. Patrimonio natural y cultural. Por su parte, la fracción XXVII del artículo 3o de la misma disposición jurídica define a este tipo de patrimonio como los sitios, lugares o edificaciones con valor arqueológico, histórico, artístico, ambiental o de otra naturaleza, definidos y regulados por la legislación correspondiente.
  3. Principios de política pública. En el artículo 4o encontramos, dentro de los principios para la aplicación de la ley, el derecho a la ciudad; la equidad e inclusión; la coherencia y racionalidad, y la protección y progresividad del espacio público. Todos estos principios obligan a que la ley se aplique tomando en consideración los distintos derechos humanos involucrados en los espacios públicos pero, también, a que los mismos se mejoren de manera constante y no sean destruidos.
  4. Causa de utilidad pública. El artículo 6o de la ley en comento señala como una de sus causas de utilidad pública la protección del patrimonio cultural de los centros de población.
  5. Participación de las entidades federativas. En la fracción X del artículo 10 de la ley se les faculta a las entidades federativas para participar en la protección del patrimonio cultural.
  6. Programas de zonas metropolitanas o conurbaciones. Dicha ley, en las fracciones X y XI de su artículo 37, señala que estos programas deben de contener tanto las previsiones y acciones prioritarias para conservar, proteger, acrecentar y mejorar los espacios públicos, como las estrategias para la conservación y mejoramiento tanto de la imagen urbana como del patrimonio cultural.
  7. Contenido de la legislación estatal. El artículo 53 determina que la legislación estatal establecerá disposiciones para la ejecución de acciones de mejoramiento y conservación de los centros de población, con la finalidad de preservar el patrimonio cultural, así como la imagen urbana.
  8. Uso cultural. El artículo 55, por su parte, determina que las zonas de patrimonio cultural solo deberán utilizarse para cumplir con su objeto o fines, de acuerdo con la legislación en la materia.
  9. Participación social. El artículo 93, en su fracción V, señala la obligación que tienen las autoridades de promover la participación ciudadana en materia de protección del patrimonio cultural de los centros de población.
  10. Fomento al desarrollo urbano. En la fracción VI del artículo 101 se establece que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, sujetos a disponibilidad presupuestaria, fomentarán la coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado para la protección del patrimonio cultural de los centros de población.
  11. Una regla general importante para el uso, aprovechamiento y custodia de los espacios públicos es que en ellos debe prevalecer el interés general sobre el particular; promover la equidad en su uso y disfrute y la conservación de los monumentos y mobiliario urbano. Lo anterior conforme al artículo 75 de la ley en comento.
    1. Lo cultural

En la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, las disposiciones relacionadas con lo urbano y el espacio público son más escuetas y, de alguna manera, más imprecisas y genéricas, como veremos a continuación.

  1. Utilidad pública, conocimiento y respeto a los bienes culturales. En el artículo 2o de esta ley se considera como de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.
  2. En el mismo sentido, se señala que las autoridades culturales, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos y zonas de monumentos.
  3. Finalmente, se permite que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) organicen o autoricen asociaciones civiles, juntas vecinales y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación.
  4. Restauración, exhibición y conservación local. El artículo 7o de la Ley Federal sobre Monumentos prevé que, cuando las autoridades de las entidades federativas y municipios decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos, lo harán siempre previo permiso y dirección del INAH. En lo que concierne a monumentos artísticos, estos podrán ser conservados o exhibidos en los términos que señale el INBA.
  5. Obras civiles relevantes. Conforme a la fracción I del artículo 36 de la misma ley, también pueden considerarse como monumentos históricos las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas durante los siglos XVI al XIX.
  6. Zonas de monumentos. Según el artículo 43, en las zonas de monumentos no podrá realizarse ningún tipo de obra sin la autorización de los institutos competentes.

Como es posible apreciar en lo hasta ahora expuesto, la legislación vigente es muy limitada para el tratamiento de los espacios culturales y los derechos culturales. De hecho, prácticamente se constriñe a los casos en los que hay alguna relación entre dichos espacios y las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Pero, ¿qué sucede con la creación de nuevas manifestaciones culturales o con el acceso a otras manifestaciones culturales en los espacios públicos? La respuesta es que jurídicamente no han sido regulados.

Acceso a la cultura y a sus bienes y servicios

Desde el párrafo 12 del artículo 4o constitucional se determina el derecho que tienen todas las personas al acceso a la cultura, así como a los bienes y servicios culturales. Pese a que dicha obligación se reitera en la fracción I del artículo 11 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, es posible encontrar que en materia de espacios públicos hay carencias relevantes en diversos aspectos.

  1. Solo lo construido. Tal y como se ha visto a lo largo del presente ensayo, la legislación vigente solo favorece el patrimonio cultural ya construido, sin buscar fomentar la creación de nuevos bienes culturales dentro de los espacios públicos. Con la inclusión de algo en este sentido se lograría, por ejemplo, tanto un mayor trabajo creativo para nuestros artistas y arquitectos, como la construcción de espacios más armónicos, cercanos y adecuados a las distintas necesidades de cada región.
  2. Mayor armonización. Indudablemente, como se ha podido apreciar, la legislación urbana ha avanzado más que la legislación patrimonial, pero no existe una armonización actual entre las diferentes leyes, lo que se traduce en una aplicación insuficiente para garantizar los derechos de acceso a la cultura.

Conclusiones

En la construcción de espacios públicos que favorezcan el acceso a los bienes y servicios culturales es necesario considerar que, si bien las leyes aplicables provienen de sistemas competenciales diferenciados, es preciso armonizar las diferentes disposiciones jurídicas.

Adicionalmente, también debe reconocerse que las leyes actuales solo regulan la protección y la difusión del patrimonio cultural ya construido, faltando tanto el fomento a la creación como el acceso a nuevos bienes y servicios culturales que estén al alcance de las y los habitantes de los centros poblacionales. Esta sola acción daría una gran vitalidad a nuestros espacios públicos.

Referencias

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Díaz y Díaz, M. (1996). México en la vía del federalismo cooperativo. Un análisis de los problemas en torno a la distribución de competencias. En Barra Mexicana Colegio de Abogados, A. C., Homenaje a Fernando Vázquez Pando (Colección Foro de la Barra Mexicana). Themis.

Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (1972), H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México.

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Por Francisco Dorantes Díaz

Cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Tiene estudios de Especialidad y Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y es doctor en Derecho por la UNAM, con mención honorífica. En la administración pública ha sido director de Asuntos Jurídicos y Proyectos Legislativos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue director de Procedimientos y Sanciones de la Procuraduría Federal del Consumidor; coordinador de Asesores del Instituto Nacional de Antropología e Historia; director de Análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y coordinador de asesores del procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Actualmente es director general de Legislación, Consulta y Pago de Predios en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Fue asesor, en dicha materia, de la Organización de Estados Americanos. En su experiencia docente ha trabajado como profesor titular de licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la UAM, la Universidad Intercontinental y la UNAM. En cuanto a cursos de posgrado ha sido profesor en la UNAM, en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Anáhuac del Sur. Ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones y universidades del país. Ha dado conferencias en instituciones internacionales como la ONU y la Unesco. Autor de diversos artículos jurídicos publicados en revistas especializadas y libros individuales y colectivos. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, de la Asociación Mexicana de Retórica y de la Asociación Iberoamericana de Retórica. 

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El autor es matemático por la Universidad de Guadalajara (U de G) y maestro en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es director general de Estadísticas Sociodemográficas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Puede ser contactado en el correo electrónico: edgar.vielma@inegi.org.mx

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ROMÁN MEYER FALCÓN

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN

Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro y doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es Investigador Titular “B” en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán. Sus líneas de investigación son espacio urbano, estructura de clases sociales, cambio sociocultural y etnicidad en la ciudad y su periferia próxima. Cuenta con dos libros de autoría individual y tres como coordinador, además de varios capítulos de libro y artículos en prensa y revistas especializadas.

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Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

Semblanza del autor

ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.