Desigualdad y entorno urbano: de la construcción de vivienda a la construcción de ciudad

Hace poco más de medio siglo que la población de México pasó a ser mayoritariamente urbana, exacerbando el crecimiento de las ciudades. La expansión acelerada, fragmentada y no planeada de las últimas décadas ha derivado en una creciente desigualdad entre sus habitantes, manifiesta tanto en las características físicas de la vivienda como en su entorno urbano. Las opciones para alcanzar una calidad de vida aceptable y poder disfrutar la ciudad varían sensiblemente; no solo entre las distintas ciudades de la república, sino también a su interior. El presente artículo profundiza en las diversas formas en que se manifiesta la desigualdad urbana con relación a la oferta disponible de equipamientos y actividades, relacionando la información de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (para identificar distintos patrones regionales) y el Índice de Desigualdad Urbana, desarrollado por el World Resources Institute México (para identificar las principales carencias al interior de las ciudades de cada región.

La ciudad es un espacio construido colectivamente a lo largo del tiempo. Esta afirmación, que por su obviedad puede encontrar pocos detractores, en la práctica es olvidada demasiadas veces por quienes formamos parte del mundo de la planeación urbana, pero también por todas las personas que vivimos en la ciudad. En dicho olvido podemos llegar a pensar en el concepto de creación de ciudad como un sinónimo de construcción de vivienda, institucionalizando esa idea en una política nacional. De igual forma, también se puede creer que un incremento en el precio de nuestra vivienda depende únicamente de nuestro trabajo, y no de las inversiones de otros actores y elementos (tanto públicos como privados), que mejoran el entorno y hacen más apetecible –por lo tanto, más cara– la decisión de vivir en un entorno más atractivo.

Desde dicho lugar habitual de pensamiento se prioriza una visión de la urbe como un lugar de intercambio entre dos agentes económicos individuales, negando la realidad eminentemente colectiva de la ciudad. El resultado de negar esta realidad son ciudades sin límite, que buscan expandirse; donde la desigualdad se expresa sin concesiones a través de un paisaje de colonias de infraviviendas sin servicios urbanos básicos, sin empleos, con enormes dificultades para estudiar, distantes de las fuentes laborales, bajo el miedo permanente a la enfermedad y en las que la monotonía del gris es la norma donde antes la naturaleza hacía acto de presencia.

En las últimas décadas hemos visto cómo prácticamente todas las periferias de las ciudades de nuestro país se han poblado de grandes fraccionamientos de viviendas unifamiliares, con muy baja densidad, dispersos y desconectados de las oportunidades de empleo, educación, salud y recreación que se concentran en zonas bien delimitadas al alcance de una minoría.

Desde la teoría económica tradicional se podría argumentar que la localización residencial es el resultado de una decisión racional e informada donde la persona opta por vivir en la vivienda que maximice sus preferencias. Así, en el modelo clásico de Alonso (1964) existe un balance entre el tamaño de la vivienda y la distancia a la zona de la ciudad donde se concentran los empleos: si la persona opta por ubicarse más cerca de los empleos incurrirá en menores costos de desplazamiento,1 pero tendrá que conformarse con viviendas de menor tamaño debido al mayor valor del suelo. Modelos más sofisticados introducen más variables, pero todas ellas asumen que las personas, al sacrificar ciertos aspectos de la vivienda o de su ubicación, tienen un comportamiento económico para optimizar su bienestar personal. Por lo tanto, las personas ubicadas en las periferias más lejanas y desconectadas también estarían realizando una elección consciente y meditada.

¿Hasta qué punto este modelo se corresponde con la realidad? La publicación de la nueva Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Geografía y Estadística [Inegi], 2021) permite explorar esta pregunta y ahondar en la relación del entorno urbano con la vivienda.

En primer lugar, los tabulados de la encuesta muestran nítidamente la falta de una planeación integrada de usos del suelo, ya que a nivel nacional 91% de las viviendas dispone de algún uso urbano complementario. Una estructura urbana eminentemente monofuncional –como la que revela la encuesta– puede tener dos consecuencias directas: la progresiva concentración de las actividades económicas por efecto de las economías de aglomeración, y el incremento de las distancias de los desplazamientos de la población por la creciente influencia en el territorio de esa concentración económica (Fujita y Thisse, 2002). Esta situación se agrava cuando, además, no existe una proporción adecuada de empleos y otras actividades respecto del uso habitacional (Cervero y Duncan, 2006).

El fomento de este tipo de modelo urbano puede mostrar una lógica eficiente cuando las ciudades son pequeñas y se garantiza que la población, aun la más alejada, puede acceder a la zona de concentración de actividades económicas en un espacio corto de tiempo. Sin embargo, hace años que las ciudades de nuestro país ya no pueden garantizar ese tipo de acceso, y dicho problema lo experimenta de forma muy acusada la población más vulnerable –la de menores ingresos–, como se observa en la Figura 1.

Los mapas, que son el resultado sintético del análisis desarrollado en el Índice de Desigualdad Urbana del WRI México2 para medir la accesibilidad de distintos estratos de población a empleo y equipamientos urbanos, reflejan el espacio dual de las ciudades mexicanas: una zona central con altos niveles de acceso y una periferia sin oportunidades. Esa polaridad urbana denota una gran competencia por el espacio, ya que la concentración de la actividad económica, aunada a la gran superficie de la huella urbana, aumenta de manera significativa los valores del suelo en las zonas más próximas a las fuentes de empleo. Por lo tanto, las posibilidades de localizarse en zonas accesibles y bien conectadas, sobre todo mediante transporte público, quedan severamente restringidas para una gran parte de la población, incluso si se opta por viviendas de menor tamaño.3

La estructura urbana se convierte en un factor que restringe y complejiza la toma de decisiones de la población respecto de dónde vivir. ¿Cuáles son, entonces, los principales motivos que exponen los encuestados para decidir vivir en una vivienda?

Los tabulados de la ENVI 2020 proporcionan una visión general: tan solo 30.8% de los encuestados afirma que la infraestructura de la vivienda y la localidad es una de las principales razones para elegir una vivienda; 45% menciona motivos económicos; sin embargo, 79.7% de los encuestados menciona alguna cuestión de índole personal para residir en la vivienda.

El bajo porcentaje de personas que parece valorar la calidad del entorno urbano podría estar sesgado por la baja calidad del entorno o de la oferta de equipamientos para una mayoría de la población urbana, sin grandes diferencias en las principales zonas de oferta residencial. De acuerdo con esta hipótesis, la población de menores ingresos valoraría en menor medida el entorno urbano y primaría otro tipo de razones, como las personales. Los microdatos de la encuesta arrojan luz sobre esta cuestión.

Gráficas 1 y 2. Motivo principal de residencia y motivo secundario de residencia en función del principal


Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021b). 

A nivel nacional, el principal motivo para residir en una vivienda son los personales, como atestigua 37% de los encuestados. En segundo lugar, se cuenta la condición de herencia para 24% de las personas. Es decir, 3 de cada 5 personas estarían de alguna forma ancladas al lugar de residencia por motivos ajenos a la ubicación de los empleos, el entorno urbano, o a las propias características de la vivienda. La tercera opción también es relevante: casi 14% de la población reside en su vivienda porque es la única a la que pudo acceder, bien sea con recursos propios o por financiamiento.

Al sumar los tres motivos principales, se llega a la conclusión de que 3 de cada 4 personas en el país tienen severamente limitadas sus opciones de movilidad residencial, por lo que las alternativas para acceder a un entorno urbano que mejore su calidad de vida deberían contemplar, de forma prioritaria, la modificación del entorno urbano inmediato al lugar de residencia.

La elección de residencia en función de la cercanía a vías de acceso y servicios no llega sino hasta el sexto lugar, y la seguridad de la zona hasta el octavo. En total, solo 7% de los encuestados eligió características específicas del lugar como el factor determinante para vivir en una vivienda concreta. Sin embargo, esto no significa que la población no valore las características de la colonia en la que vive, ya que la seguridad y la accesibilidad están presentes en mayor proporción en las respuestas como razones secundarias de elección.

El panorama general ofrecido por los datos se matiza cuando se incorporan dos importantes variables: el nivel socioeconómico y el territorio. En este análisis, el grupo socioeconómico se aproximó a partir de la autoasignación del valor de renta de la vivienda en la ENVI 2020, presuponiendo un patrimonio de mayor o menor valor a partir de la respuesta de los encuestados, y obteniendo como resultado la categorización de los encuestados en 10 grupos (deciles) ordenados de menor a mayor renta. La comparación de las respuestas entre la población del decil inferior y la del superior resalta un hecho sabido: la población de menores ingresos reside donde puede y la de mayores ingresos donde quiere. Por ello, entre la población de mayores ingresos se otorga una mayor relevancia a las características de la vivienda y su entorno (como la cercanía a los servicios), y también a las oportunidades de financiamiento de las que dispone, como el aprovechamiento de un crédito, opción que se encuentra en último lugar entre la población de menores ingresos.

Las Gráficas 3 y 4 escenifican la afirmación previa. Las tres respuestas con mayor variación entre la población de mayores y menores ingresos son “aprovechar un crédito” (16 veces más frecuente en la población de mayor ingreso), “características de la vivienda” (casi 10 veces) y “cercanía a servicios y vías de acceso” (más de cuatro veces). La fotografía a nivel nacional muestra sutiles variaciones entre los estados, debido a la mayor o menor polarización entre la población de los grupos socioeconómicos opuestos.

Por ejemplo, en lo referente a la elección de la vivienda en función de la accesibilidad y servicios del entorno, las mayores diferencias en las respuestas de la población de grupos socioeconómicos opuestos se encuentran en la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Campeche y Quintana Roo (Figura 2). En dichos estados cabría preguntarse si estos resultados están determinados por estructuras urbanas que potencian la concentración de los servicios en zonas muy acotadas y, por lo tanto, excluyentes para la mayoría de la población

Gráficas 3 y 4. Motivo principal de residencia del decil socioeconómico inferior (arriba) frente al decil socioeconómico superior (abajo)

Se omiten las respuestas “Otra” y “No responde” de la representación gráfica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021b).

Por ejemplo, en lo referente a la elección de la vivienda en función de la accesibilidad y servicios del entorno, las mayores diferencias en las respuestas de la población de grupos socioeconómicos opuestos se encuentran en la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Campeche y Quintana Roo (Figura 2). En dichos estados cabría preguntarse si estos resultados están determinados por estructuras urbanas que potencian la concentración de los servicios en zonas muy acotadas y, por lo tanto, excluyentes para la mayoría de la población.

 Figura 2. Proporción entre porcentaje de personas del decil socioeconómico inferior y superior que priman las vías de acceso y cercanía a servicios como principal motivo de localización residencial

Valores más cercanos a cero implican una mayor polarización de las respuestas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021b).

Hasta ahora, la información desgranada de la ENVI 2020 ha mostrado una imagen de la relevancia del espacio público muy alejada de la que normalmente se presupone, en donde el ingreso determina la posibilidad de disfrutar las oportunidades que ofrece la ciudad. Este panorama podría ser interpretado erróneamente por los tomadores de decisiones y llevar a asumir que el disfrute de la ciudad es relevante solo para una minoría y que, por tanto, el objetivo fundamental de la planeación debería consistir únicamente en proporcionar vivienda, sin importar su contexto urbano.

Los microdatos de la ENVI pueden ayudar a resolver esta cuestión, gracias a las preguntas sobre la satisfacción de los usuarios respecto de equipamientos y servicios básicos. A nivel nacional, los datos agregados en los tabulados muestran una realidad positiva, en la que la mayor parte de la población está satisfecha en términos generales con la distancia-tiempo a la mayoría de servicios urbanos contemplados, espacialmente al trabajo, centros escolares y de salud.

Sin embargo, el descontento crece cuando se contempla otro tipo de servicios que no se consideran esenciales, como los centros de recreación y las instalaciones culturales: menos de 50% se considera parcial o completamente satisfecho con esa distancia. De este dato se puede inferir un problema importante de la planeación urbana, que es considerar a la ciudad únicamente como un espacio económico, donde se debe proporcionar a los ciudadanos unos servicios mínimos para poder obtener unos ingresos que aseguren una condición mínima de subsistencia. Esa concepción reduccionista de la ciudad incrementa la vulnerabilidad de la población y agudiza los impactos de las crisis, como la pandemia por la COVID-19, y evidencia que el factor de proximidad hacia esos servicios es un elemento esencial en la planeación urbana y valioso para todos los sectores de la sociedad. Construir una ciudad es mucho más: es construir un hábitat que multiplique las interacciones de sus habitantes y que permita que ellos, independientemente de su estatus socioeconómico, puedan desarrollar sus capacidades al mayor nivel. ¿Es este el caso?

 Figura 2. Proporción entre porcentaje de personas del decil socioeconómico inferior y superior que priman las vías de acceso y cercanía a servicios como principal motivo de localización residencial

 

Para ejemplificar este concepto tomemos el caso de Hidalgo. En este estado, lapolarización en la satisfacción con la distancia percibida es superior al promedio nacional en todos los servicios considerados, y sobre todo en los casos del empleo, los centros escolares y los parques y centros deportivos. Sin embargo, un análisis que considere la ubicación espacial de los equipamientos en distintas zonas metropolitanas puede revelar diferencias importantes.

Así, en el caso de los análisis efectuados para las zonas metropolitanas de Pachuca y Tula, se revela que el acceso a parques y espacios abiertos es mucho más importante, en términos de minimizar la desigualdad, en Pachuca que en Tula, donde cobra mucho más protagonismo el acceso a las fuentes de empleo, equipamientos de salud y educación básica, sobre todo para el estrato de población más vulnerable (Gráficas 6 y 7).

La consideración de que la población más vulnerable de las ciudades del estado tiene los mismos problemas de acceso a servicios podría llevar a adoptar una política poco flexible en la que no se lograse el objetivo último de la planeación: la construcción de ciudad para mejorar la calidad de vida de toda la población, y en última instancia, a realizar un ejercicio poco eficiente de recursos públicos escasos.

En definitiva, la valiosa información que ofrece la ENVI constata los resultados del Índice de Desigualdad Urbana: el entorno urbano y el acceso a los servicios y oportunidades de la ciudad no son una cuestión de elección, sino de ingreso. Esas diferencias se expresan en un espacio urbano segregado, por lo que la mayoría de la población sufre severas restricciones para poder ejercer su derecho a la ciudad.

Gráficas 6 y 7. Carencia de equipamientos y servicios urbanos en zonas metropolitanas de Pachuca y Tula

Valores cercanos a 1 implican una mayor profundidad en la desigualdad al acceso del servicio. 

Fuente: Elaboración propia con base en Brito et al. (2021) y Zubicaray et al. (2021). 

Ante esa situación, nuestros esfuerzos deben dirigirse a afrontar la ardua tarea que queda por hacer: transformar los espacios polarizantes en los que hemos desarrollado nuestras ciudades durante los últimos años, en un hábitat vibrante, equitativo y que proporcione calidad de vida a toda la población. Este esfuerzo deberá ser colectivo, en donde la colaboración de los sectores público y privado es clave. Para ello será necesario transitar a un modelo de planeación urbana y territorial que supere las metas sectoriales y que interiorice la idea de que construir ciudad es mucho más que construir vivienda, ya que las ciudades son, ante todo, las personas que las habitan, y no el modelo económico que esperamos que sean. Nuestro éxito como sociedad depende de ese cambio.

Notas

  1. Para profundizar en el elevado costo de los desplazamientos para las familias mexicanas se recomienda revisar la publicación https://urbantransitions.global/es/publication/el-costo-de-la-expansion-urbana-en-mexico/
  2. El análisis se realizó para las 74 zonas metropolitanas incluidas en el Sistema Urbano Nacional 2018. El Índice de Desigualdad Urbana se puede consultar en línea de forma interactiva en la dirección https://wri-datalab.earthengine.app/view/cities-mexico-urban-inequality, y sus datos se encuentran disponibles para su descarga gratuita en https://datasets.wri.org/dataset/index-urban-inequality-mexico
  3. Opción que se antoja improbable, considerando que 45.1% de las viviendas tiene menos de 75 m2, y que el promedio de ocupantes en cada vivienda particular habitada es de 3.6 personas, de acuerdo con los últimos datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
Referencias

Alonso, W. (1964). Location and land use. Towards a general theory of land rent. Harvard University Press.

Brito, M., Macías, J., Ramírez Reyes, L., Jacquin, C. y Zubicaray, G. (2021). “Índice de Desigualdad Urbana”. Documento de Trabajo. World Resources Institute México. https://wrimexico.org/publication/indice-dedesigualdad-urbana

Cervero, R. y Duncan, M. (2006). “Which Reduces Vehicle Travel More: Jobs-Housing Balance or Retail-Housing Mixing?”. Journal of the American Planning Association, 72:4, 475-490. DOI: 10.1080/01944360608976767

Fujita M. y Thisse, J.F. (2002). Economics of agglomeration: cities, industrial location, and regional growth. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511805660

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021a). Censo de Población y Vivienda 2020.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021b). Encuesta Nacional de Vivienda 2020.

Zubicaray, G., Brito, M., Ramírez Reyes, L., García, N. y Macías, J. (2021). Las ciudades mexicanas: tendencias de expansión y sus impactos. Coalition for Urban Transitions. Londres y Washington, DC. https://urbantransitions.global/publications

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Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Semblanza del autor

FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

Semblanza del autor

MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.