Hace poco más de medio siglo que la población de México pasó a ser mayoritariamente urbana, exacerbando el crecimiento de las ciudades. La expansión acelerada, fragmentada y no planeada de las últimas décadas ha derivado en una creciente desigualdad entre sus habitantes, manifiesta tanto en las características físicas de la vivienda como en su entorno urbano. Las opciones para alcanzar una calidad de vida aceptable y poder disfrutar la ciudad varían sensiblemente; no solo entre las distintas ciudades de la república, sino también a su interior. El presente artículo profundiza en las diversas formas en que se manifiesta la desigualdad urbana con relación a la oferta disponible de equipamientos y actividades, relacionando la información de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (para identificar distintos patrones regionales) y el Índice de Desigualdad Urbana, desarrollado por el World Resources Institute México (para identificar las principales carencias al interior de las ciudades de cada región.
La ciudad es un espacio construido colectivamente a lo largo del tiempo. Esta afirmación, que por su obviedad puede encontrar pocos detractores, en la práctica es olvidada demasiadas veces por quienes formamos parte del mundo de la planeación urbana, pero también por todas las personas que vivimos en la ciudad. En dicho olvido podemos llegar a pensar en el concepto de creación de ciudad como un sinónimo de construcción de vivienda, institucionalizando esa idea en una política nacional. De igual forma, también se puede creer que un incremento en el precio de nuestra vivienda depende únicamente de nuestro trabajo, y no de las inversiones de otros actores y elementos (tanto públicos como privados), que mejoran el entorno y hacen más apetecible –por lo tanto, más cara– la decisión de vivir en un entorno más atractivo.
Desde dicho lugar habitual de pensamiento se prioriza una visión de la urbe como un lugar de intercambio entre dos agentes económicos individuales, negando la realidad eminentemente colectiva de la ciudad. El resultado de negar esta realidad son ciudades sin límite, que buscan expandirse; donde la desigualdad se expresa sin concesiones a través de un paisaje de colonias de infraviviendas sin servicios urbanos básicos, sin empleos, con enormes dificultades para estudiar, distantes de las fuentes laborales, bajo el miedo permanente a la enfermedad y en las que la monotonía del gris es la norma donde antes la naturaleza hacía acto de presencia.
En las últimas décadas hemos visto cómo prácticamente todas las periferias de las ciudades de nuestro país se han poblado de grandes fraccionamientos de viviendas unifamiliares, con muy baja densidad, dispersos y desconectados de las oportunidades de empleo, educación, salud y recreación que se concentran en zonas bien delimitadas al alcance de una minoría.
Desde la teoría económica tradicional se podría argumentar que la localización residencial es el resultado de una decisión racional e informada donde la persona opta por vivir en la vivienda que maximice sus preferencias. Así, en el modelo clásico de Alonso (1964) existe un balance entre el tamaño de la vivienda y la distancia a la zona de la ciudad donde se concentran los empleos: si la persona opta por ubicarse más cerca de los empleos incurrirá en menores costos de desplazamiento,1 pero tendrá que conformarse con viviendas de menor tamaño debido al mayor valor del suelo. Modelos más sofisticados introducen más variables, pero todas ellas asumen que las personas, al sacrificar ciertos aspectos de la vivienda o de su ubicación, tienen un comportamiento económico para optimizar su bienestar personal. Por lo tanto, las personas ubicadas en las periferias más lejanas y desconectadas también estarían realizando una elección consciente y meditada.
¿Hasta qué punto este modelo se corresponde con la realidad? La publicación de la nueva Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Geografía y Estadística [Inegi], 2021) permite explorar esta pregunta y ahondar en la relación del entorno urbano con la vivienda.
En primer lugar, los tabulados de la encuesta muestran nítidamente la falta de una planeación integrada de usos del suelo, ya que a nivel nacional 91% de las viviendas dispone de algún uso urbano complementario. Una estructura urbana eminentemente monofuncional –como la que revela la encuesta– puede tener dos consecuencias directas: la progresiva concentración de las actividades económicas por efecto de las economías de aglomeración, y el incremento de las distancias de los desplazamientos de la población por la creciente influencia en el territorio de esa concentración económica (Fujita y Thisse, 2002). Esta situación se agrava cuando, además, no existe una proporción adecuada de empleos y otras actividades respecto del uso habitacional (Cervero y Duncan, 2006).
El fomento de este tipo de modelo urbano puede mostrar una lógica eficiente cuando las ciudades son pequeñas y se garantiza que la población, aun la más alejada, puede acceder a la zona de concentración de actividades económicas en un espacio corto de tiempo. Sin embargo, hace años que las ciudades de nuestro país ya no pueden garantizar ese tipo de acceso, y dicho problema lo experimenta de forma muy acusada la población más vulnerable –la de menores ingresos–, como se observa en la Figura 1.
Los mapas, que son el resultado sintético del análisis desarrollado en el Índice de Desigualdad Urbana del WRI México2 para medir la accesibilidad de distintos estratos de población a empleo y equipamientos urbanos, reflejan el espacio dual de las ciudades mexicanas: una zona central con altos niveles de acceso y una periferia sin oportunidades. Esa polaridad urbana denota una gran competencia por el espacio, ya que la concentración de la actividad económica, aunada a la gran superficie de la huella urbana, aumenta de manera significativa los valores del suelo en las zonas más próximas a las fuentes de empleo. Por lo tanto, las posibilidades de localizarse en zonas accesibles y bien conectadas, sobre todo mediante transporte público, quedan severamente restringidas para una gran parte de la población, incluso si se opta por viviendas de menor tamaño.3
La estructura urbana se convierte en un factor que restringe y complejiza la toma de decisiones de la población respecto de dónde vivir. ¿Cuáles son, entonces, los principales motivos que exponen los encuestados para decidir vivir en una vivienda?
Los tabulados de la ENVI 2020 proporcionan una visión general: tan solo 30.8% de los encuestados afirma que la infraestructura de la vivienda y la localidad es una de las principales razones para elegir una vivienda; 45% menciona motivos económicos; sin embargo, 79.7% de los encuestados menciona alguna cuestión de índole personal para residir en la vivienda.
El bajo porcentaje de personas que parece valorar la calidad del entorno urbano podría estar sesgado por la baja calidad del entorno o de la oferta de equipamientos para una mayoría de la población urbana, sin grandes diferencias en las principales zonas de oferta residencial. De acuerdo con esta hipótesis, la población de menores ingresos valoraría en menor medida el entorno urbano y primaría otro tipo de razones, como las personales. Los microdatos de la encuesta arrojan luz sobre esta cuestión.
Gráficas 1 y 2. Motivo principal de residencia y motivo secundario de residencia en función del principal
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021b).
A nivel nacional, el principal motivo para residir en una vivienda son los personales, como atestigua 37% de los encuestados. En segundo lugar, se cuenta la condición de herencia para 24% de las personas. Es decir, 3 de cada 5 personas estarían de alguna forma ancladas al lugar de residencia por motivos ajenos a la ubicación de los empleos, el entorno urbano, o a las propias características de la vivienda. La tercera opción también es relevante: casi 14% de la población reside en su vivienda porque es la única a la que pudo acceder, bien sea con recursos propios o por financiamiento.
Al sumar los tres motivos principales, se llega a la conclusión de que 3 de cada 4 personas en el país tienen severamente limitadas sus opciones de movilidad residencial, por lo que las alternativas para acceder a un entorno urbano que mejore su calidad de vida deberían contemplar, de forma prioritaria, la modificación del entorno urbano inmediato al lugar de residencia.
La elección de residencia en función de la cercanía a vías de acceso y servicios no llega sino hasta el sexto lugar, y la seguridad de la zona hasta el octavo. En total, solo 7% de los encuestados eligió características específicas del lugar como el factor determinante para vivir en una vivienda concreta. Sin embargo, esto no significa que la población no valore las características de la colonia en la que vive, ya que la seguridad y la accesibilidad están presentes en mayor proporción en las respuestas como razones secundarias de elección.
El panorama general ofrecido por los datos se matiza cuando se incorporan dos importantes variables: el nivel socioeconómico y el territorio. En este análisis, el grupo socioeconómico se aproximó a partir de la autoasignación del valor de renta de la vivienda en la ENVI 2020, presuponiendo un patrimonio de mayor o menor valor a partir de la respuesta de los encuestados, y obteniendo como resultado la categorización de los encuestados en 10 grupos (deciles) ordenados de menor a mayor renta. La comparación de las respuestas entre la población del decil inferior y la del superior resalta un hecho sabido: la población de menores ingresos reside donde puede y la de mayores ingresos donde quiere. Por ello, entre la población de mayores ingresos se otorga una mayor relevancia a las características de la vivienda y su entorno (como la cercanía a los servicios), y también a las oportunidades de financiamiento de las que dispone, como el aprovechamiento de un crédito, opción que se encuentra en último lugar entre la población de menores ingresos.
Las Gráficas 3 y 4 escenifican la afirmación previa. Las tres respuestas con mayor variación entre la población de mayores y menores ingresos son “aprovechar un crédito” (16 veces más frecuente en la población de mayor ingreso), “características de la vivienda” (casi 10 veces) y “cercanía a servicios y vías de acceso” (más de cuatro veces). La fotografía a nivel nacional muestra sutiles variaciones entre los estados, debido a la mayor o menor polarización entre la población de los grupos socioeconómicos opuestos.
Por ejemplo, en lo referente a la elección de la vivienda en función de la accesibilidad y servicios del entorno, las mayores diferencias en las respuestas de la población de grupos socioeconómicos opuestos se encuentran en la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Campeche y Quintana Roo (Figura 2). En dichos estados cabría preguntarse si estos resultados están determinados por estructuras urbanas que potencian la concentración de los servicios en zonas muy acotadas y, por lo tanto, excluyentes para la mayoría de la población
Gráficas 3 y 4. Motivo principal de residencia del decil socioeconómico inferior (arriba) frente al decil socioeconómico superior (abajo)
Se omiten las respuestas “Otra” y “No responde” de la representación gráfica.
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021b).
Por ejemplo, en lo referente a la elección de la vivienda en función de la accesibilidad y servicios del entorno, las mayores diferencias en las respuestas de la población de grupos socioeconómicos opuestos se encuentran en la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Campeche y Quintana Roo (Figura 2). En dichos estados cabría preguntarse si estos resultados están determinados por estructuras urbanas que potencian la concentración de los servicios en zonas muy acotadas y, por lo tanto, excluyentes para la mayoría de la población.
Figura 2. Proporción entre porcentaje de personas del decil socioeconómico inferior y superior que priman las vías de acceso y cercanía a servicios como principal motivo de localización residencial
Valores más cercanos a cero implican una mayor polarización de las respuestas.
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021b).
Hasta ahora, la información desgranada de la ENVI 2020 ha mostrado una imagen de la relevancia del espacio público muy alejada de la que normalmente se presupone, en donde el ingreso determina la posibilidad de disfrutar las oportunidades que ofrece la ciudad. Este panorama podría ser interpretado erróneamente por los tomadores de decisiones y llevar a asumir que el disfrute de la ciudad es relevante solo para una minoría y que, por tanto, el objetivo fundamental de la planeación debería consistir únicamente en proporcionar vivienda, sin importar su contexto urbano.
Los microdatos de la ENVI pueden ayudar a resolver esta cuestión, gracias a las preguntas sobre la satisfacción de los usuarios respecto de equipamientos y servicios básicos. A nivel nacional, los datos agregados en los tabulados muestran una realidad positiva, en la que la mayor parte de la población está satisfecha en términos generales con la distancia-tiempo a la mayoría de servicios urbanos contemplados, espacialmente al trabajo, centros escolares y de salud.
Sin embargo, el descontento crece cuando se contempla otro tipo de servicios que no se consideran esenciales, como los centros de recreación y las instalaciones culturales: menos de 50% se considera parcial o completamente satisfecho con esa distancia. De este dato se puede inferir un problema importante de la planeación urbana, que es considerar a la ciudad únicamente como un espacio económico, donde se debe proporcionar a los ciudadanos unos servicios mínimos para poder obtener unos ingresos que aseguren una condición mínima de subsistencia. Esa concepción reduccionista de la ciudad incrementa la vulnerabilidad de la población y agudiza los impactos de las crisis, como la pandemia por la COVID-19, y evidencia que el factor de proximidad hacia esos servicios es un elemento esencial en la planeación urbana y valioso para todos los sectores de la sociedad. Construir una ciudad es mucho más: es construir un hábitat que multiplique las interacciones de sus habitantes y que permita que ellos, independientemente de su estatus socioeconómico, puedan desarrollar sus capacidades al mayor nivel. ¿Es este el caso?
Figura 2. Proporción entre porcentaje de personas del decil socioeconómico inferior y superior que priman las vías de acceso y cercanía a servicios como principal motivo de localización residencial
Para ejemplificar este concepto tomemos el caso de Hidalgo. En este estado, lapolarización en la satisfacción con la distancia percibida es superior al promedio nacional en todos los servicios considerados, y sobre todo en los casos del empleo, los centros escolares y los parques y centros deportivos. Sin embargo, un análisis que considere la ubicación espacial de los equipamientos en distintas zonas metropolitanas puede revelar diferencias importantes.
Así, en el caso de los análisis efectuados para las zonas metropolitanas de Pachuca y Tula, se revela que el acceso a parques y espacios abiertos es mucho más importante, en términos de minimizar la desigualdad, en Pachuca que en Tula, donde cobra mucho más protagonismo el acceso a las fuentes de empleo, equipamientos de salud y educación básica, sobre todo para el estrato de población más vulnerable (Gráficas 6 y 7).
La consideración de que la población más vulnerable de las ciudades del estado tiene los mismos problemas de acceso a servicios podría llevar a adoptar una política poco flexible en la que no se lograse el objetivo último de la planeación: la construcción de ciudad para mejorar la calidad de vida de toda la población, y en última instancia, a realizar un ejercicio poco eficiente de recursos públicos escasos.
En definitiva, la valiosa información que ofrece la ENVI constata los resultados del Índice de Desigualdad Urbana: el entorno urbano y el acceso a los servicios y oportunidades de la ciudad no son una cuestión de elección, sino de ingreso. Esas diferencias se expresan en un espacio urbano segregado, por lo que la mayoría de la población sufre severas restricciones para poder ejercer su derecho a la ciudad.
Gráficas 6 y 7. Carencia de equipamientos y servicios urbanos en zonas metropolitanas de Pachuca y Tula
Valores cercanos a 1 implican una mayor profundidad en la desigualdad al acceso del servicio.
Fuente: Elaboración propia con base en Brito et al. (2021) y Zubicaray et al. (2021).
Ante esa situación, nuestros esfuerzos deben dirigirse a afrontar la ardua tarea que queda por hacer: transformar los espacios polarizantes en los que hemos desarrollado nuestras ciudades durante los últimos años, en un hábitat vibrante, equitativo y que proporcione calidad de vida a toda la población. Este esfuerzo deberá ser colectivo, en donde la colaboración de los sectores público y privado es clave. Para ello será necesario transitar a un modelo de planeación urbana y territorial que supere las metas sectoriales y que interiorice la idea de que construir ciudad es mucho más que construir vivienda, ya que las ciudades son, ante todo, las personas que las habitan, y no el modelo económico que esperamos que sean. Nuestro éxito como sociedad depende de ese cambio.
Notas
- Para profundizar en el elevado costo de los desplazamientos para las familias mexicanas se recomienda revisar la publicación https://urbantransitions.global/es/publication/el-costo-de-la-expansion-urbana-en-mexico/
- El análisis se realizó para las 74 zonas metropolitanas incluidas en el Sistema Urbano Nacional 2018. El Índice de Desigualdad Urbana se puede consultar en línea de forma interactiva en la dirección https://wri-datalab.earthengine.app/view/cities-mexico-urban-inequality, y sus datos se encuentran disponibles para su descarga gratuita en https://datasets.wri.org/dataset/index-urban-inequality-mexico
- Opción que se antoja improbable, considerando que 45.1% de las viviendas tiene menos de 75 m2, y que el promedio de ocupantes en cada vivienda particular habitada es de 3.6 personas, de acuerdo con los últimos datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
Referencias
Alonso, W. (1964). Location and land use. Towards a general theory of land rent. Harvard University Press.
Brito, M., Macías, J., Ramírez Reyes, L., Jacquin, C. y Zubicaray, G. (2021). “Índice de Desigualdad Urbana”. Documento de Trabajo. World Resources Institute México. https://wrimexico.org/publication/indice-dedesigualdad-urbana
Cervero, R. y Duncan, M. (2006). “Which Reduces Vehicle Travel More: Jobs-Housing Balance or Retail-Housing Mixing?”. Journal of the American Planning Association, 72:4, 475-490. DOI: 10.1080/01944360608976767
Fujita M. y Thisse, J.F. (2002). Economics of agglomeration: cities, industrial location, and regional growth. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511805660
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021a). Censo de Población y Vivienda 2020.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021b). Encuesta Nacional de Vivienda 2020.
Zubicaray, G., Brito, M., Ramírez Reyes, L., García, N. y Macías, J. (2021). Las ciudades mexicanas: tendencias de expansión y sus impactos. Coalition for Urban Transitions. Londres y Washington, DC. https://urbantransitions.global/publications
