Hacia otra mirada para la medición del avance en materia del acceso a una vivienda adecuada*

  • Con profundo agradecimiento a Jasmín Anavel Monterrubio Redonda, por la discusión de ideas que permitió enriquecer el contenido de este artículo.

Actualmente existen diversos instrumentos que cuentan con indicadores para medir el rezago habitacional y la calidad y espacios de la vivienda en México. Sin embargo, los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, asociados a estos dos parámetros de medición, proporcionan un panorama mucho más amplio y preciso de las necesidades de atención a los hogares y de las problemáticas que enfrenta la vivienda en nuestro país. Esto porque permite vincular las condiciones de las viviendas con las necesidades de sus ocupantes. Así, en este artículo se reflexiona sobre el diseño de las estrategias actuales para su atención, y acerca de la orientación de las políticas públicas del sector.

Desde la década de 1980, y con base en el artículo 4.o constitucional, el gobierno mexicano asumió la responsabilidad de establecer los instrumentos y apoyos necesarios para que las familias mexicanas disfruten de una vivienda digna y decorosa.1 De esta forma, la vivienda pasó de ser una garantía social que solo era reconocida a personas trabajadoras, a convertirse en un derecho humano, particularmente al amparo de las reformas constitucionales de 2011. A partir de entonces, el objetivo de la política y gestión habitacional ha sido resolver el problema de la vivienda en el marco del cumplimiento de este derecho.

Para tales efectos, la definición del problema público respondió a lo que se identificó como el rol social del sector de la vivienda: producir una oferta de vivienda para cada vez más familias, así como generar más empleos directos para las y los mexicanos. De esta forma, la respuesta del gobierno consistió, básicamente y por muchos años, en reducir el déficit habitacional de la población, especialmente aquella de menores ingresos.

Este déficit habitacional, en términos generales, involucra dos tipos de problemáticas:

a. La carencia de una vivienda (déficit cuantitativo).

b. La existencia de viviendas precarias (déficit cualitativo), que incluye a aquellas que carecen de las características adecuadas2 (o vivienda digna y decorosa, como lo establece la Constitución). 

En lo referente a la medición del déficit, aunque la Constitución introduce el concepto de vivienda digna y decorosa −el cual está desarrollado en la Ley de Vivienda−, en ninguno de estos dos ordenamientos jurídicos se define su alcance, al no especificar con claridad las características que implican un riesgo para la satisfacción de necesidades básicas de la población que requiere vivienda.

Para proponer parámetros, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) estableció la medición del rezago habitacional, el cual se refiere a las viviendas que presentan hacinamiento o cuyos materiales de edificación están deteriorados y no logran satisfacer un mínimo de bienestar para sus ocupantes (Conavi, 2021). 

Por otro lado, con la finalidad de fijar condiciones mínimas para el bienestar de las y los habitantes de las viviendas, así como aportar información para avanzar en el ejercicio de los derechos sociales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estableció el indicador por calidad y espacios de la vivienda a partir de los elementos mínimos indispensables de una vivienda digna.

Estas aproximaciones metodológicas para contabilizar las necesidades de vivienda nos acercan a una estimación más o menos real del déficit habitacional en México. No obstante, responden a una cuestión meramente cuantitativa y examinan poco otras condiciones que, cualitativamente, pueden contribuir a visibilizar otros aspectos relacionados con el acceso a una vivienda adecuada.

Hoy en día, con una dirección distinta de la política y gestión habitacional –cuyo eje conductor es garantizar el derecho a la vivienda adecuada3, además de las mediciones mencionadas–, se requiere de otro tipo de información que nos ayude a problematizar y evaluar los avances en esta materia.

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, asociados a los dos parámetros de medición, proporcionan un panorama más amplio y más preciso de las necesidades de atención a los hogares y de las problemáticas que enfrenta la vivienda en México. 

Al respecto, los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, asociados a los dos parámetros de medición, proporcionan un panorama más amplio y más preciso de las necesidades de atención a los hogares y de las problemáticas que enfrenta la vivienda en México. Esto porque permite vincular las condiciones de las viviendas con las necesidades de sus ocupantes, lo que nos lleva a reflexionar sobre el diseño de las estrategias actuales para su atención, y acerca de la orientación de las políticas públicas del sector.

¿Cuál es el valor agregado que aporta la ENVI en cuanto a los parámetros de medición y análisis de la vivienda adecuada en México?

Con esta base, el objetivo del presente texto es explorar de qué manera los resultados de la ENVI –relacionados con los datos de rezago y carencia por calidad y espacios de la vivienda– contribuyen a mirar de otra forma el problema del acceso a una vivienda adecuada y, con ello, a la reflexión sobre la pertinencia de los lineamientos de política actuales.

Para tal efecto, en la primera parte de este documento se explica, a grandes rasgos, en qué consisten los indicadores de rezago habitacional, así como de calidad y espacios de la vivienda. En la segunda, se aborda lo que consideramos como aportaciones de la ENVI para el análisis y medición del problema de la vivienda en el contexto de la política habitacional actual.

El déficit de vivienda visto desde el rezago habitacional, así como desde la calidad y espacios de la vivienda

Ambos indicadores son instrumentos que, tradicionalmente, han sido referentes principales para orientar la formulación de las estrategias, acciones y evaluación de las políticas habitacionales. 

El indicador del rezago habitacional se elabora a partir de tres componentes fundamentales:

a. Materiales deteriorados
b. Materiales regulares
c. Precariedad en espacios

Analiza los materiales de paredes, techos y pisos, el número de integrantes por cuarto de la vivienda y la disponibilidad del excusado.

El cálculo del rezago se hace con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y los censos de población y vivienda. La última medición se hizo con los datos censales en 2020.

De acuerdo con las mediciones de la Conavi, de las 34.8 millones de viviendas particulares habitadas4, 8.5 millones (24%) están en rezago. Los mayores porcentajes se localizan en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. La siguiente gráfica muestra el dato a nivel nacional.

En este sentido, se identifican necesidades principales a ser cubiertas; esencialmente concentradas en factores de protección y espacios: mejoramiento, remplazo y ampliación de vivienda.

Por otro lado, el Coneval

considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características: el material de los pisos de la vivienda es de tierra; el material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos; el material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho; la razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5 (2020).

Para conocer su evolución, el Coneval realiza la medición de esta carencia social, a nivel nacional y por entidad federativa, con base en los censos de población y vivienda, así como en los Módulos de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH). 

En 2020, las mediciones señalan que los porcentajes de la población con esta carencia social son: 3.3% carece de material de pisos, 1.3% de muros, 0.9% de techos y 8.3% presenta hacinamiento.

Por su parte, el indicador sobre calidad y espacios de la vivienda es un subconjunto del rezago habitacional, y centra su análisis en las características de la población que lo padece, mientras que el rezago habitacional atañe al número de viviendas. Estos dos instrumentos son complementarios para ponderar las características de las viviendas. No obstante, es importante aclarar que son dos herramientas estadísticas distintas y, por lo tanto, no son comparables (Morales y Madrigal, 2018).

En la perspectiva de la política relacionada con el derecho a la vivienda, tanto el rezago habitacional como el indicador de carencias tienen limitaciones importantes en cuanto a la medición de las necesidades de vivienda: 

  • El rezago habitacional no incluye la carencia de servicios porque es un factor que sale de las atribuciones de las instituciones que se hacen cargo de la gestión de la vivienda (producción, financiamiento y asignación).
  • Califica como ‘no idóneos’ a una amplia gama de materiales de producción local y sistemas constructivos que, aunque cumplen con los parámetros de consistencia, durabilidad y sustentabilidad, su utilización es estimada como ‘en rezago’.
  • Los materiales valorados como ‘idóneos’ son materiales industriales que llevan a la consideración de que la producción de vivienda en serie es la óptima y que no caerá en rezago (favoreciendo ampliamente los intereses de quienes producen la vivienda para el mercado).
  • Al empatar los componentes de rezago con un tipo de acción habitacional (mejoramiento, ampliación y remplazo), se pierde de vista que incluso estos tipos de intervención tienen matices relacionados con necesidades sociodemográficas y culturales que, desde el punto de vista de la persona que habita esa vivienda, son muy relevantes para el bienestar del hogar.
  • Por su parte, la calidad y espacios de la vivienda, al establecer los parámetros mínimos de una vivienda adecuada para que los hogares salgan de la pobreza, han dado pie a estrategias de intervención mínima en la vivienda que no necesariamente cumplen con las características de una vivienda adecuada, y menos aún que la o el habitante la considere como adecuada.

Con la medición de calidad y espacios de la vivienda se identifica una transición en la cual algunas personas mejoran su situación residencial, pero sin conseguir salir del extenso paraguas del rezago habitacional (Madrigal y Morales, 2018).

En este marco, ante los nuevos retos que implica transitar hacia el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada, la gestión institucional requiere otro tipo de información, mecanismos de seguimiento, puntos de referencia e indicadores. 

A continuación, se presenta lo que podría considerarse como un valor agregado de la ENVI para medir tanto el problema como los avances en materia de acceso a la vivienda adecuada.

Identificación de necesidades de acceso a una vivienda adecuada

Una vivienda adecuada debe proporcionar protección ante las condiciones climáticas y amparo contra los peligros naturales y los riesgos, tanto físicos como de trabajo cotidiano; también debe ser un lugar de privacidad e intimidad, así como ofrecer un ambiente higiénico (Organización Mundial de la Salud [OMS], 1990), lo cual compete a la calidad técnica constructiva, mientras que el problema se cuantifica evaluando los espacios, el nivel de protección y los servicios.

Sin embargo, se reconoce asimismo que la vivienda no es únicamente un elemento de resguardo y protección física. La habitabilidad de la vivienda involucra también al ambiente sociocultural y al entorno para lograr condiciones de bienestar óptimos.

Sobre estos puntos, en una primera exploración de las aportaciones de la ENVI a la comprensión del universo del problema en cuestión, se observa lo siguiente:

a. Viviendas que requieren repararse o ampliarse

Como se mencionó antes, tanto en el indicador del rezago como en el de carencia, el tipo de intervención en la vivienda se identifica a partir de los materiales en pisos, muros y techos. No obstante, sobre estos mismos componentes, la ENVI 2020 aporta datos que visibilizan necesidades habitacionales que modifican el problema público, porque ya no solo se trata de materiales en cada componente, sino de otras condiciones, como las características estructurales y sociodemográficas.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la seguridad estructural es un componente de idoneidad en materia de vivienda adecuada. Con relación a este tema, la OMS señala que la vivienda debe contener estructuras duraderas que “proporcionen un alojamiento seguro, seco y confortable y protejan a los moradores contra sabandijas, temperaturas extremas y riesgos naturales recurrentes (terremotos, huracanes, vientos)” (OMS, 1990). Agrega que las fallas estructurales pueden significar una amenaza directa para la vida y la salud.

Sobre este tema, la ENVI 2020 incluye información relacionada con la existencia de condiciones estructurales –nada prometedoras–, en cuanto a brindar una protección adecuada a sus ocupantes, relacionadas con la existencia de grietas o cuarteaduras, humedad o filtraciones de agua en muros, techos y pisos; fracturas, pandeos o deformación de columnas, vigas o trabes, entre otros. En este punto se identifica que, de los 35.3 millones de viviendas, 61% tiene problemas estructurales, mayoritariamente relacionados con el factor humedad o con filtraciones de agua en cimientos, muros o techos (15.5 millones). Las entidades de Tabasco (85% de las viviendas tiene este problema) y Veracruz (77%) son las más afectadas.

Por otro lado, tanto el rezago habitacional como el indicador sobre carencia y espacios de la vivienda establecen como parámetro para identificar las viviendas que requieren acciones de ampliación, la inexistencia de sanitario y la presencia de hacinamiento. Con las mediciones de la ENVI 2020 se advierte que, desde el punto de vista de las y los habitantes, 13.8 millones de viviendas (58.1%) requieren la construcción o ampliación de espacios en la vivienda (lo que incluye construir un cuarto o un baño, ampliar o modificar la cocina y construir o ampliar otros espacios en la vivienda); de igual forma, 13.9 millones (58.5%) precisan arreglos y remodelación en la vivienda (lo que incluye reparar o colocar piso, cambiar ventanas o puertas, y arreglos o remodelaciones en la vivienda).

Una expresión más del problema de espacios de la vivienda es la necesidad de adaptaciones para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad y la de adaptar, remodelar o construir espacios de la vivienda derivado del confinamiento por la COVID-19.

b. La cuantificación de otros tipos de necesidades de vivienda

La necesidad de vivienda nueva, vista desde la medición del rezago, implica la cuantificación de los requerimientos de aquellas viviendas que, por su condición de deterioro o precariedad, deben remplazarse totalmente porque no tienen opción de adecuarse mediante acciones de mejoramiento o ampliación. De acuerdo con la fórmula del rezago, y con base en datos de la ENIGH 2020, se calcula que es necesario remplazar 3.5 millones de viviendas.

En el caso de la ENVI, los resultados abren el panorama de las necesidades de vivienda, las cuales no se concentran solo en adquisición o construcción de vivienda en propiedad, sino que pone en relevancia la necesidad de vivienda en renta como otra forma de dar cobertura a las necesidades de la población.

Acerca de este tema, los datos de la ENVI señalan que se requieren 8.1 millones de viviendas adicionales, de las cuales, 59.4% es para hogares que quieren construir, 37.9% para hogares que quieren comprar y 7.7% para los hogares que prefieren rentar.

Los porcentajes más altos de estas necesidades están en las ciudades: 79% para vivienda en renta, 89% para adquisición y 51% para construcción.

Otra variable que aporta la ENVI es el rezago ampliado u hogares sin vivienda, los cuales son parte del déficit de vivienda en la medida en que se trata de hogares independientes en lo económico, pero que ocupan la vivienda de alguien más. De acuerdo con la ENVI, de los 35.2 millones, 2.2% (778 186) se trata de viviendas en las que habitan dos hogares, de las cuales, 67% está en ciudades.

Una variable más que puede contribuir a identificar las viviendas que requieren remplazo o mejoramiento es la antigüedad. Puede observarse que 25% del parque habitacional tiene más de 30 años (lo que se traduce en menos vida útil). Los porcentajes más altos están en Ciudad de México, Zacatecas y Durango.

Una de las aportaciones de la ENVI en el tema de la calidad de la vivienda es la superficie del espacio habitable, lo que se relaciona con los grados de privacidad y comodidad de sus ocupantes. Aunque no hay una definición concreta de las viviendas con problemas de espacio, los datos anuncian la tendencia de construcción de casas con dimensiones mínimas, cuyo costo indirecto es que los residentes deban resolver muchas de sus necesidades en la calle, como la socialización y la recreación.

Sobre lo anterior, la misma ENVI señala que 18% del parque habitacional mide menos de 45 m2, y los mayores porcentajes se encuentran en Chiapas, Baja California Sur y Campeche. En cuanto a la tenencia de la vivienda, los datos proporcionados por la ENVI ayudan a la medición de las brechas existentes por tipo de localidad y por género.

c. Cuantificación de factores que no son déficit cuantitativo, pero sí bienestar social

Estas condiciones no forman parte del déficit cuantitativo, pues en sí mismas no son factores que expresen deficiencia de calidad física, sin embargo, es indudable que forman parte de los problemas sociales relacionados con la vivienda (Kunz y Romero, 2008).

Al respecto, la OMS (1990) señala que la situación habitacional contribuye a la buena salud mental si reduce al mínimo los factores de estrés psicológicos y sociales relacionados con el entorno residencial. Subraya que, con frecuencia, son fuentes de estrés psicológico la incertidumbre de la tenencia, el ruido excesivo, la sensación de inseguridad, la incomodidad física y la “fealdad” del entorno, así como la carencia de redes y servicios comunitarios, elementos que se valoran poco y se conocen menos.

Con relación a estos aspectos, mediante la ENVI se pueden analizar aspectos como razones para vivir en esa vivienda e identificación de problemas en la colonia o localidad (seguridad, ruido, accesibilidad, etcétera).

Se pueden analizar también aspectos subjetivos sobre la calidad de la vivienda a partir de la información de la satisfacción del habitante, lo que aporta elementos para el análisis de la relación espacio-residente que conecta directamente con la cultura (Molar y Aguirre, 2013), en cuyo caso, el sujeto es el instrumento de la medición.

La satisfacción de la vivienda tiene un fuerte impacto en la vida y las relaciones sociales de los hogares. Implica la viabilidad de habitar en un territorio y en una vivienda que contribuya al sano desarrollo de sus ocupantes, así como que “refleje y permita la realización de las preferencias propias (costumbres, visiones, necesidades particulares) al ajustarse a las necesidades y expectativas de sus moradores” (Kunz y Romero, 2008; Molar y Aguirre, 2013).

Con relación a este tema destaca todo el apartado relacionado con la satisfacción de la vivienda como lugar de habitación, como lugar de relaciones y como lugar de trabajo. Resaltan aquí las variables sobre el grado de satisfacción por calidad y por espacios y satisfacción con el entorno (distancia-tiempo con satisfactores de equipamiento y empleo).

Así, los datos de la ENVI amplían el universo de variables y puntos de inflexión del problema público de las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la vivienda adecuada.

Algunas conclusiones

  1. El valor agregado de la ENVI es visibilizar con más contundencia dónde está y en qué consiste el problema público del acceso a una vivienda adecuada, lo que contribuye a perfilar una agenda pública distinta en materia de vivienda, al quitar el monopolio de la definición del problema al sector económico, basado solo en un asunto cuantitativo de “soluciones habitacionales”.
  2. En materia de cobertura e impacto, con la ENVI se identifican los gastos en la vivienda, el tipo de producción y de necesidad por entidad federativa, así como por tipo de localidad, lo cual relaciona asequibilidad y territorio.
  3. La atención a hogares sin vivienda pone en el centro de la discusión el concepto mismo de hogar y las diferentes formas de su integración, de modo que establece condiciones distintas para identificar la población potencial, objetivo y prioritaria de los programas de vivienda social.
  4. La ENVI aporta información complementaria tanto a los indicadores de rezago como a los de calidad y espacios de la vivienda, contribuyendo a generar acciones que posibiliten la igualdad de oportunidades y de bienestar social entre grupos sociales, sectores, regiones y entidades en desventaja.
  5. Con los resultados de la ENVI se amplía el abanico de factores relacionados con la evaluación de los espacios de la vivienda, porque no es solo un cálculo estadístico, sino una necesidad explícita de quien reside, lo que necesariamente se deberá considerar en el diseño de las viviendas (por ejemplo, los espacios para personas con discapacidad y otro tipo de acciones de mejoramiento y ampliación).
  6. Con el apartado de ‘Satisfacción’, la ENVI aporta elementos para analizar la relación de las condiciones físicas y de las características culturales, tanto del hogar como del hábitat, que pueden ayudar a evaluar los avances en materia de adecuación cultural de la vivienda.
  7. La ENVI aporta información con la que se pueden establecer correlaciones entre elementos físicos y psicosociales, favoreciendo la generación de un sinfín de oportunidades de investigación multidisciplinaria para las ciencias sociales, el diseño y la gestión habitacional.
  8. Pone el desfase entre la medición del rezago y la necesidad de construcción de otros indicadores en el centro de la discusión, pero también el de la generación de información adicional desde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
  9. El contar con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, la evaluación realizada por el Coneval de los programas federales vinculados al derecho a la vivienda y ahora la ENVI, representa una importante oportunidad para el desarrollo de análisis profundos sobre las propias políticas habitacionales, confirmando, también, la orientación del Programa Nacional de Vivienda en torno al desafío de lograr garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada en México, enfocado en la demanda y en las necesidades de la población.

Notas 

1 El artículo 2o de la Ley de Vivienda establece que “se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”. 

2 Vivienda adecuada significa: “disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello con un costo razonable”. La vivienda adecuada debe reunir, como mínimo, los siguientes criterios: “la seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural” (ONU, 1991). 

3 El objetivo general establecido en el Programa Nacional de Vivienda es: garantizar el ejercicio del derecho humano a la vivienda adecuada con la participación de los diferentes actores públicos, privados y sociales, a través del rediseño del marco institucional y el desarrollo de esquemas financieros, cuyo enfoque planeado e integrado al territorio prioriza la atención al rezago habitacional y a la población históricamente discriminada (Sedatu, 2021). 

4 En el análisis se omiten las 94 938 viviendas que pertenecen a las clases de vivienda particular: “Local no construido para habitación”, “Vivienda móvil” y “Refugio”, debido a que la Conavi los considera como hogares censales con necesidad de vivienda (Conavi, 2021). 

Referencias 

Comisión Nacional de Vivienda (2021a). Actualización del rezago habitacional con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. https://sniiv.conavi.gob.mx/doc/analisis/2021/Calculo_Rezago_Habitacional_2020.pdf 

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Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social (2020). Evaluación integral de los programas federales vinculados al derecho a la vivienda digna y decorosa 2018-2019. 111 pp. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2021). Coneval presenta las estimaciones de pobreza multidimensional 2018 y 2020. Comunicado No. 09. Ciudad de México. 40 pp. https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/ Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020.pdf 

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Kunz Bolaños, I. y Romero Vadillo, I. G. (2008). Naturaleza y dimensión del rezago habitacional en México. Economía, Sociedad y Territorio, 8(26), 415-449. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-84212008000100006&lng=es&tlng=es 

Landázuri Ortiz, A. M. y Mercado Doménech, S. J. (2004). Algunos factores físicos y psicológicos relacionados con la habitabilidad interna de la vivienda. Pp. 89-113. https://mach.webs.ull.es/PDFS/Vol5_1y2/VOL_5_1y2_e.pdf 

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Molar Orozco, M. E. y Aguirre Acosta, L. I. (2013). ¿Cómo es la habitabilidad en viviendas de interés social? Caso de estudio: fraccionamientos Lomas del Bosque y privadas La Torre en Saltillo, Coahuila, RICSH Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, vol. 2, núm. 4. 26 pp. https://www.redalyc.org/pdf/5039/503950746004.pdf 

Morales, A. y Madrigal, A. (s. a.). El rezago habitacional y la carencia por calidad y espacios de la vivienda: un análisis comparativo. Documentos de análisis. Comisión Nacional de Vivienda. https://sniiv.conavi.gob.mx/doc/analisis/2018/REVG_El%20 rezago%20habitacional%20y%20la%20carencia%20por%20calidad%20y%20espacios.pdf 

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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2021). Programa Nacional de Vivienda 2021-2024. Diario Oficial de la Federación. Gobierno de México. 

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Por Edna Elena Vega Rangel

Con doctorado en Sociología, Especialidad en Sociedad y Territorio, por la UAM Azcapotzalco, obtuvo su grado de Doctora con la tesis “Utopías y políticas públicas. Los procesos de la gestión de vivienda social en el Distrito Federal 2001-2006 desde la mirada de una institución pública local, el Instituto de la Vivienda del Distrito Federal”; trabajo doctoral fruto de su paso como Directora General de la mencionada institución. Realizó sus estudios de maestría en Planeación Metropolitana y de licenciatura en Sociología, con especialización en Sociología Urbana, en la misma institución. Cuenta con más de 20 años en el servicio público en las áreas de vivienda y desarrollo urbano, destacando su papel como Directora de Planeación Estratégica y posteriormente como Directora General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, así como el de Directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa y Directora de Desarrollo Económico y Social del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México y Secretaria Técnica de la Comisión de Desarrollo Urbano de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En lo académico ha colaborado, como profesora titular, con la Universidad Autónoma Metropolitana y como profesora investigadora para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como en diplomados para el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Vizcaya, en Nayarit. Ha participado en diversas publicaciones vinculadas con los temas de desarrollo urbano, vivienda, políticas públicas y en un importante número de congresos, seminarios, foros. Galardonada en la categoría Mujer Líder de los Premios Líderes en Concreto 2019 y 2020. Es Perito en Desarrollo Urbano ante el gobierno de la Ciudad de México con diplomados de actualización en la materia por parte de la UAM Xochimilco, UNAM, Seduvi, el Colegio de Arquitectos y el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como Directora General de la Conavi (Comisión Nacional de Vivienda). 

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Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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JOSÉ RAYMUNDO GALÁN GONZÁLEZ

Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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ALEJANDRO CEPEDA GARCÍA

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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EMILIA GARCÍA-ARTEAGA MOLINAR

Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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CAROLINA VILLARREAL LEOS

Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público, con un amplio enfoque en paisaje y accesibilidad.

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SHEILA FERNIZA QUIROZ

Arquitecta por el ITESM con estudios en Barcelona. Actualmente cursa la Maestría en Asuntos Urbanos en la UANL, investigando temas de vivienda, planeación urbana, movilidad y género. Desde el 2013 trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público dentro de la iniciativa de regeneración urbana DistritoTec.

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IBAN TRAPAGA IGLESIAS

Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A. en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la UAM y cursa un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad, migraciones internacionales, fronteras y violencias.

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DIEGO CASTAÑEDA GARZA

Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.