La importancia de ofertar y financiar suelo urbano a precios accesibles y en condiciones de legalidad

Por Carlos Ochoa Fernández

La vivienda es un derecho. Sin embargo, como se ha comprobado en las últimas décadas, una edificación lejana de los centros de trabajo y sin servicios públicos o deficientes dista mucho de ser una vivienda digna y adecuada. En este texto se enumeran los atributos de las buenas prácticas de desarrollo inmobiliario, así como algunas áreas de oportunidad para mejorar el esquema de financiamiento urbano.

Existe una tendencia clara en México: más de 70 % de las viviendas del país han sido construidas por sus propios habitantes y, en 80 % de los casos, han sido financiadas por ellos mismos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2019).

Si se parte del principio válido para los asentamientos irregulares —“primero el suelo y luego la vivienda”—, la oferta de suelo urbanizado a precios accesibles y en condiciones de legalidad resulta una alternativa para que millones de familias emprendan la construcción progresiva de sus viviendas iniciando, como primer paso, con la adquisición de suelo.

Introducción

Tener acceso a una vivienda en México es una decisión que puede tomarse en unos minutos si se dispone de los recursos o si se puede acceder a un crédito, pero cuando no, la tarea puede tomar una vida.

Si se trabaja en el sector formal de la economía, y se cuenta con seguridad social y con los ingresos suficientes, es posible adquirir financiamiento para comprar una vivienda, nueva o usada, por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o de otros organismos similares, siempre y cuando las personas trabajadoras y la vivienda a financiar cumplan con ciertos requisitos dictados por estas instituciones. También es posible obtener créditos para adquirir una vivienda por parte de la banca comercial si se cuenta con ingresos comprobables, además de otras condiciones.

Ahora bien, si se trabaja dentro del sector informal de la economía, es posible, en algunos casos, obtener créditos de ciertas instituciones. Sin embargo, las tasas de interés tienden a ser más elevadas. Otro camino disponible es la adquisición de un lote de terreno para construir gradualmente una vivienda conforme se vaya contando con los recursos.

La adquisición de suelo ofrece una alternativa para estas familias, pues permite la edificación progresiva; esto es, construir poco a poco hasta terminar la vivienda. El bajo costo del suelo sin edificaciones ha permitido a millones de familias acceder a una vivienda que de otra manera no les habría sido posible conseguir.

No obstante, esta necesidad también ha contribuido al desarrollo de asentamientos irregulares, los cuales han tenido importantes costos financieros, sociales y ambientales para nuestras ciudades. La vivienda es un derecho; sin embargo, como se ha comprobado en las últimas décadas, una edificación lejana de los centros de trabajo y sin servicios públicos o deficientes, dista mucho de ser una vivienda digna y adecuada.

Condición del mercado

De acuerdo con el Inegi, en México existen más de 60 millones de personas trabajadoras. Aproximadamente 77.23 % de ellas —unos 46 millones— recibe menos de tres salarios mínimos; es decir, menos de 425 pesos diarios en todo el país y menos de 640.20 pesos diarios en la zona de la frontera norte mexicana —alrededor 21.35 dólares diarios en todo el país y unos 32.16 dólares diarios en la zona de la frontera norte.1

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En el 2018, el Infonavit, por su parte, señaló que el valor promedio de las viviendas financiadas por productos ofrecidos por la mencionada institución, durante ese año, oscilaba entre 548 000 pesos (27 500 USD) y 1 080 000 pesos (54 250 USD). Aunado a ello, en 2019 el Infonavit contabilizó que 90.5 % de las cuentas de ahorro para la vivienda no habían ejercido su crédito; a saber, alrededor de 60 millones de cuentas, 17.1 millones de las cuales estaban activas hasta dicho año. Para un gran número de las y los trabajadores con dichas cuentas activas, pese a contar con los 116 puntos requeridos por el Infonavit, el monto del crédito otorgable no les alcanzaba para adquirir una vivienda.

Según datos del Inventario Nacional de Viviendas del Inegi, 70 % de las viviendas propias habitadas del país fueron construidas por sus propios dueños. De este universo de viviendas construidas, casi 80 % fue financiado con recursos propios. La situación actual señala que 15.4 % de las viviendas habitadas del país es rentada, 14.6 % es prestada, y 70 % es habitada por sus dueños. Además, cabe considerar que existen más de 8 000 000 de viviendas deshabitadas (Infonavit, 2019).

Un terreno dentro de un fraccionamiento popular, con una superficie promedio de 90 metros cuadrados, equipado con los servicios de agua potable, drenaje sanitario, electrificación, alumbrado, vialidades conformadas y pavimentadas; con los trámites concluidos ante la autoridad municipal conforme a la legislación urbana, donde se puede constituir una escritura pública de manera inmediata; lo he podido estimar —mediante múltiples estudios de mercado— entre 125 000 y 250 000 pesos (entre 6 300 y 12 600 USD).

Asentamientos irregulares

Tanto las familias que tienen seguridad social pero cuyos ingresos no son suficientes para adquirir una vivienda, como aquellas que, además de no tenerla, no son personas sujetas a créditos y no les alcanza, se ven orilladas a rentar, a compartir casa con otras familias (con los altos costos sociales que implica el hacinamiento) o, como tercera opción, a adquirir suelo y construir ellas mismas sus viviendas.

En muchos casos, estas familias adquieren un lote de terreno ubicado en un asentamiento irregular, sin acceso a servicios públicos, sin certeza jurídica y, de manera progresiva, llevan a cabo la construcción de la vivienda, cargando los costos sociales correspondientes. Las administraciones municipales, financiadas por los contribuyentes, serán las que tendrán que cargar con la urbanización, la dotación de equipamiento urbano y la regularización administrativa de estos asentamientos.

Los asentamientos irregulares tienen un alto costo para los municipios, y, en algunos casos, prácticamente los tienen en quiebra técnica. Asimismo, no consideran la planeación urbana, los aspectos ambientales, sociales, técnicos ni financieros que un fraccionamiento regular sí; no obstante, existe una lección que es posible aprender de ellos: “primero el suelo y luego la vivienda”.

Oferta de suelo urbano para la población de bajos ingresos

La importancia de ofrecer suelo urbano radica en brindar a la población de bajos ingresos una oportunidad de acceder a una vivienda sin optar por los asentamientos irregulares, que, en muchos casos, es la única vía para estas familias.

 Este tipo de acciones se deben dirigir a la población formal (con seguridad social) cuyos ingresos y capacidad de crédito son insuficientes para adquirir una vivienda, así como a la población que no cuenta con ingresos comprobables ni seguridad social para acceder a un crédito para vivienda.

En las experiencias que hemos tenido en los últimos 20 años y casi 9 000 acciones de suelo, nos hemos percatado de que un desarrollo con estos atributos debe cumplir con las siguientes características:

  • Planificación. Cumplir con los lineamientos en materia de planeación urbana, impacto ambiental, impacto hidrológico, movilidad, entre otras. Es decir, proyectarse a conformidad de las autoridades municipales, considerando los instrumentos de planeación urbana vigentes, el medio físico natural y transformado, la reglamentación y la legislación urbana aplicable.
  • Equipamiento. Deben contar con los servicios básicos en correcto funcionamiento (agua, luz, gas, recolección de basura, etcétera). La oposición de los desarrolladores privados a los mecanismos redistributivos de gestión del suelo, insistiendo en desarrollar proyectos que solo consideran los usos rentables, dejando de lado los que no generan un beneficio; entre ellos la vivienda de bajo costo (Menéndez, 2017; Morales, 2019).
  • Cumplimiento. Debe tener un cumplimiento administrativo conforme a la legislación urbana aplicable y haber garantizado el pago de sus obligaciones conforme a lo señalado por las leyes hacendarias.
  • Certeza jurídica. Debe ser posible la escrituración inmediata de los lotes de terreno.
  • Progresividad. Una vez adquirido el lote de terreno, las personas adquirientes deben poder utilizarlo como garantía para obtener un segundo crédito y así llevar a cabo la construcción de su vivienda.

Los asentamientos irregulares tienen un alto costo para los municipios, y, en algunos casos, prácticamente los tienen en quiebra técnica.

Posibilidades, retos y áreas de oportunidad

En fechas recientes, el Infonavit ha promovido un mecanismo que puede permitir a millones de familias en todo el país adquirir un lote de terreno en términos legales, con servicios públicos y en condiciones crediticias ideales. Esta medida será fundamental para resolver las problemáticas que enfrentan las ciudades mexicanas.

El esquema de suelo urbano a precios accesibles y en condiciones de legalidad tiene el potencial de resolver la problemática de vivienda que enfrenta el país, y, por otro lado, atacar el problema de los asentamientos irregulares, todo ello en observancia del desarrollo urbano, medioambiente, impacto hídrico, movilidad, etcétera.

Estos lotes de terreno podrán utilizarse después como garantía para un segundo crédito o vincularse a otros programas para la autoproducción de sus viviendas, como ConstruYO del propio Infonavit.

A continuación se muestra un diagrama con las áreas de oportunidad, áreas de riesgo y conceptos claves que, a mi juicio, pueden mejorar el esquema de financiamiento de suelo urbano:

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Conclusiones

En mi experiencia, y a través de acciones de promoción y financiamiento de suelo urbano, ha sido posible lograr un crecimiento ordenado de los centros de población, atendiendo a la planeación urbana y al impacto ambiental. A escala regional hemos podido comprobar que el desarrollo de este tipo de acciones implica una alternativa a los asentamientos irregulares.

Para las familias mexicanas, la promoción de suelo urbano a precios accesibles y en condiciones de legalidad, y su posterior edificación progresiva, representa una alternativa para la adquisición de una vivienda, sin el riesgo ni las cargas sociales que implica habitar en un asentamiento irregular, sin servicios públicos, certeza jurídica y en ambientes degradados.

Referencias

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) (2021). Tabla de salarios mínimos vigentes a partir del 2021. Ver fuente.

Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (Inegi) (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Ver fuente.

Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (Inegi) (2016). Inventario Nacional de Viviendas. Ver fuente.

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) (2019). Reporte Anual de Vivienda 2019. Ver fuente.

Notas
  1. Las cantidades mencionadas en este texto están calculadas con un tipo de cambio de 19.81 pesos mexicanos por dólar, al 20 de mayo del 2021 (DOF, 2021).
  2. En la fase de análisis de viabilidad financiera de nuestros desarrollos efectuamos un estudio de mercado con metodología propia, con un tamaño de muestra variable dependiendo del tamaño del centro de población donde se pretende trabajar. Asimismo, tomamos en cuenta el costo de llevar a cabo un desarrollo de estas características. Por lo general, comprobamos nuestros costos cada que se realiza el proceso de escrituración de un lote de terreno, ya que una o un perito valuador autorizado por el municipio debe realizar el avalúo del inmueble.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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Gorka Zubicaray Díaz

El autor es arquitecto por la Universidad de Sevilla y maestro en Estudios Urbanos por el Colmex. Actualmente es el coordinador de Desarrollo Urbano para el WRI México. Puede ser contactado en el correo electrónico: gorka.zubicaray@wri.org

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El autor es matemático por la Universidad Autónoma de Aguascalientes con estudios en maestría en estadística oficial por el Centro de Investigación en Matemáticas A.C.(CIMAT).  Es director general Adjunto de Encuestas Sociodemográficas en INEGI.

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Edgar Vielma Orozco

El autor es matemático por la Universidad de Guadalajara (U de G) y maestro en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es director general de Estadísticas Sociodemográficas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Puede ser contactado en el correo electrónico: edgar.vielma@inegi.org.mx

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ROMÁN MEYER FALCÓN

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN

Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro y doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es Investigador Titular “B” en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán. Sus líneas de investigación son espacio urbano, estructura de clases sociales, cambio sociocultural y etnicidad en la ciudad y su periferia próxima. Cuenta con dos libros de autoría individual y tres como coordinador, además de varios capítulos de libro y artículos en prensa y revistas especializadas.

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Gerardo Gómez del Campo del paso

Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.