Una propuesta para considerar los procesos autogestionarios de producción de vivienda en entornos rurales y su potencial para enfrentar la crisis climática 

En este texto, las autoras recaban y analizan algunos datos de la ENVI 2020 referentes a la vivienda, y presentan algunas propuestas para avanzar a un planteamiento que contribuya a cambiar el rumbo de las tendencias devastadoras a la crisis ambiental, con el fin de disminuir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de la población rural y urbana. 

La crisis climática y la crisis civilizatoria están intrínsecamente ligadas, lo cual incrementa la vulnerabilidad de muchas poblaciones. Es notable que, a través de las políticas públicas, usualmente se intenta aplicar soluciones urbanas para las zonas rurales, a pesar de la tendencia que hemos observado acerca de los impactos negativos y afectaciones a nivel global que las ciudades han generado en las poblaciones no solo urbanas sino rurales. Si bien en ambos entornos existe una fuerza autogestiva constructiva y productiva importante, lo urbano ha crecido y se ha desarrollado de manera muy distinta a los contextos rurales. Sin embargo, no por ello podemos perder de vista la importancia de su relación interdependiente y, por lo tanto, de enfrentarlas mediante enfoques de pensamiento complejo y sistémico. Esto implica un esfuerzo por comprender las aportaciones que cada entorno hace al sistema, así como otras formas de habitar el mundo. 

En este documento presentamos alternativas de las cuales hemos sido testigos a través del trabajo que realizamos en Cooperación Comunitaria, A. C. (CC)1 en zonas rurales de México. Algunas de las contribuciones del ámbito rural a las soluciones habitacionales sustentables parten del conocimiento profundo y ancestral del contexto, así como de su adecuación a los distintos entornos naturales; no obstante, los indicadores de desarrollo y bienestar que utilizan las políticas públicas en México son generados para espacios urbanos y se aplican igualitariamente para los entornos rurales, dejando de lado su capacidad de desarrollo y crecimiento endógeno. 

El problema campo-ciudad: un sistema integral e interdependiente 

Los bienes comunes2 han sido históricamente aprovechados, cuidados y administrados colectivamente por distintas poblaciones. Esto como fruto del esfuerzo autorganizativo de las comunidades originarias por construir estructuras de cooperación, toma de decisiones y acciones hacia objetivos comunes, las cuales prevalecían hasta antes del arribo de la lógica mercantil; misma que se ha ido imponiendo a escala global, enalteciendo al individuo como un axioma que justifica y promueve la privatización y comercialización de estos bienes. 

Dicho lo anterior, los beneficios y perjuicios ambientales se distribuyen tanto sincrónica como diacrónicamente, relación en la cual 

no todos los humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hace del ambiente natural. Unos se benefician más que otros, unos sufren mayores costos que otros, de ahí los conflictos ecológico-distributivos o conflictos de justicia ambiental (Martínez, 2015). 

Este tipo de conflictos son los que suceden en la relación dicotómica urbano-rural. 

Desde su misma conceptualización, el marco de referencia para diferenciar lo urbano de lo rural se acota al tamaño de la población, lo que indica una simplificación y una falta de comprensión sobre la importancia del acontecer campesino.3 

Estas posiciones resultan cuestionables por enmarcarse en un discurso homogeneizador, que tiende a absorber dentro del esquema industrial a la mayor parte de la población. Actualmente existen importantes propuestas de reconceptualización de lo rural. De entre ellas, destacamos la siguiente: 

En términos de la política pública para las zonas rurales, es importante avanzar y consensuar una definición operativa de lo rural que sea más cercana a su realidad. La medición de las zonas rurales acotada al tamaño de la población subestima la cantidad de habitantes que residen en estos espacios; mientras que con este indicador la población rural en el país es de 23%, nuestros cálculos indican que asciende casi a 38% (González y Larralde, 2013). 

De no avanzar hacia un posicionamiento crítico, se continuará alimentando una visión del territorio escindida y, con ello, la incapacidad de entenderlo como un espacio continuo de relaciones interconectadas y sistémicas. 

Relación asimétrica entre lo urbano-rural 

Los alimentos producidos en el campo abastecen a gran parte de la población, tanto rural como urbana. Un informe elaborado por el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC, 2017)4 asevera que 70% de la población del mundo se alimenta por la contribución de pequeños productores, quienes tienen menos de 25% de las tierras agrícolas. Mientras, la agroindustria, que controla 75% de la tierra agrícola, solo alimenta a 30% de la población mundial. Además, entre 33 y 50% de lo que produce la cadena agroindustrial se desperdicia (Rezaei y Liu, 2017), generando entre 44 y 57% de los gases de efecto invernadero (GEI) relacionados a esta industria. 

Asimismo, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 2020 (IPCC, por sus siglas en inglés) sostiene que la urbanización continúa siendo una tendencia global asociada al aumento de los ingresos, lo que conlleva a un mayor consumo de energía y más emisiones de GEI. Desde 2011, la proporción de la población mundial que vive en zonas urbanas es superior a 52%, pero se prevé que en 2050 será entre 64% y 69%. Es decir que, a pesar de las evidencias y estimaciones, desde las políticas públicas, el rumbo continúa siendo el mismo. 

Las poblaciones urbanas aumentan su tamaño más rápido que la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de abastecerlas con infraestructura de viviendas y servicios. En el caso de la Ciudad de México (CDMX), por ejemplo, los sistemas de abastecimiento de agua y drenaje son de los más complejos del mundo. Pero, pese a su gran escala, no tienen la capacidad de abastecer a los 23 millones de habitantes de la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Por ejemplo, el sistema Lerma-Cutzamala es una obra de ingeniería hidráulica compuesta por 12 930 km de tuberías, cuya infraestructura inicia en Michoacán y pasa por el Estado de México para, finalmente, llegar a la CDMX. Bombea 16 m3/s, con un costo anual de 3 000 millones de pesos y un consumo de 2 280 millones de kilowatts por hora (IMTA, 2013). Las fallas en este sistema afectan no solo a las alcaldías más marginadas de la ciudad, sino también a los miles de habitantes de comunidades aledañas que dependen de este sistema y resienten las repercusiones del desecamiento de los cuerpos acuíferos.5

A su vez, el drenaje de la CDMX está conformado por cuatro sistemas. Cuando el agua empieza el desalojo, su primer punto de llegada es el Valle del Mezquital, en Hidalgo, donde, después de recibir tratamiento, se utiliza para riego. El resto desemboca en el río Tula, que es un aportador al río Pánuco, y de ahí va al Golfo de México. A pesar de su dimensión y complejidad, su capacidad es insuficiente y actualmente ha perdido 30% de su alcance en comparación con 1975, año en que se construyó.

relación consumo-producción

Ejemplos como este demuestran que, cuando las infraestructuras alcanzan grandes escalas, se establece una relación parasitaria dentro de la dicotomía campo-ciudad.

Resistencias desde la autogestión y adaptación al contexto

Ante la desigualdad de oportunidades, en los países latinoamericanos existe la capacidad, desde hace décadas, de producir de manera autogestiva la vivienda y el hábitat,6 ya sea por cuenta de los mismos habitantes (autoconstrucción) o a través de la búsqueda de los recursos económicos, materiales o humanos, para autofinanciar la construcción de su vivienda, asesorada y construida por alguien más (autoproducción). Esta práctica autogestiva de gran parte de la población es la que ha ido construyendo durante décadas 63% de la CDMX (Suárez, 2006). 

En el caso de México, según los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2021), 57.3% de las 23.9 millones de viviendas propias fue construida por las mismas familias o contrataron a un profesional para este fin. Los estados con las tasas más altas en este rubro fueron Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo, cuyas cifras van de 76 a 87% de las viviendas nuevas.

Al analizar los datos sobre la forma en que fueron financiadas las viviendas propias, constatamos que 65.4% es autofinanciada por las familias, sin ayuda de ningún programa gubernamental. La segunda manera de financiarlas es a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que representa 18%. Esto nos indica que la mayor parte de la población soluciona de manera autogestiva sus necesidades de vivienda.

Estas formas autogestivas también cubren otras necesidades como las alimentarias y sociales, generando diversas formas de organización colectiva y comunitaria.

Asimismo, la riqueza biocultural de México se ha generado a partir de la relación de las poblaciones con sus territorios, así como de la transformación de sus bienes naturales mediante una serie de técnicas constructivas y productivas adaptadas a sus contextos, lo que ha contribuido a desarrollar diversas formas de habitar de acuerdo con cada una de las distintas regiones. Sin embargo, esta riqueza está desapareciendo, consecuencia de una aspiración al desarrollo por parte de la población rural, cuyas viviendas de materiales naturales son desplazadas por construcciones con materiales industrializados. Esto trae como resultado la extinción de los conocimientos relacionados a dichas técnicas, desarrolladas durante cientos de años por poblaciones indígenas y campesinas; haciendo irreversible la posibilidad, por un lado, de producir y construir de manera sustentable; y por el otro, de recuperar las formas organizativas y autogestivas que han permitido la vida rural, ocasionando también un daño económico, cultural, social y ambiental.

¿La vivienda urbana es mejor que la rural?

Por lo general se tiende a señalar las desventajas de la vida campesina desde un enfoque fragmentado y no sistémico, invisibilizando el potencial eficiente y sustentable que existe en las áreas rurales. Como afirma Echeverri:

en lo económico a través de un aprovechamiento racional y sostenible de sus recursos [sic]; en lo social dado que tiene oportunidad de generar incrementos reales de productividad y remuneración a través de mejores mercados laborales; en lo ambiental en cuanto a modelos posibles de conservación; y en lo político, a través de mecanismos de creación de mayor gobernabilidad (2011).

En México resulta problemático utilizar los mismos indicadores en territorios tan distintos y con poblaciones diversas. Un ejemplo de esto es el piso firme de concreto, considerado como uno de los indicadores de bienestar, mientras que el piso de tierra es concebido como un indicador de pobreza.7 Lo mismo ocurre con los muros y techos, pues, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las paredes de bajareque (varas de madera tejidas con aplanados de tierra), al igual que el carrizo, el bambú y la palma (DOF, 2010, actualizado en 2018), están dentro del rango de la precariedad, sin tomar en cuenta las condiciones económicas, culturales y ambientales del contexto, al que las comunidades se adaptan mediante estos materiales y sus técnicas constructivas; o sin considerar su bajo costo y fácil obtención, lo que permite a las familias de zonas marginadas acceder a una vivienda adecuada. Además, la tierra es un material más sustentable que el cemento, ya que la producción de un bloque de concreto genera 97 kg de CO2, mientras que el bloque de adobe produce 3.2 kg de CO2.8

Otro dato interesante que proporciona la ENVI 2020 se refiere a los daños estructurales, principalmente causados por humedad y filtraciones de agua en 44.25% de las viviendas, así como grietas y cuarteaduras en 40.8%. En el caso de las humedades y filtraciones, normalmente se debe a una inexistente adaptación de la vivienda a las condiciones físicas del entorno.

A lo largo del trabajo realizado por CC con comunidades rurales se ha podido constatar que, en localidades asentadas en suelos montañosos, húmedos, donde siempre se han usado adobes y piedra para construir, el cambio a bloques y losa de concreto facilita que se humedezcan los muros y techos. Esto es así porque el concreto permea el agua e impermeabilizar genera un alto costo para estas poblaciones marginadas; a diferencia del adobe, que tiene una interacción más natural con el medioambiente, así como los techos a dos aguas –de distintos materiales–, cuya pendiente correctamente calculada contribuye mecánicamente a conducir el agua.

Por otro lado, la condición sísmica del país nos exige construir con altos estándares estructurales, con relación a los distintos coeficientes. De acuerdo con la zonificación sísmica, no es lo mismo construir en la zona D (la más alta), que se encuentra en la costa del Pacífico, que en la zona A, donde raramente ocurre un sismo. No es una coincidencia que los estados más marginados, con menos recursos económicos, sean los que se encuentran en la zona más vulnerable del país.

Usualmente se asume que las viviendas construidas con materiales naturales y locales presentan mayores daños en comparación con las de materiales industrializados. Sin embargo, durante el trabajo de reconstrucción posdesastre que CC ha realizado para levantar los daños y entender las causas de los mismos, se ha podido demostrar que, comúnmente, las fallas en los sistemas constructivos se deben a la ausencia de mantenimiento y a la pérdida del conocimiento constructivo tradicional. A esto se suman las construcciones con materiales industrializados que se adosan a las tradicionales y, al momento de moverse diferencialmente, causan daños.

La ENVI demuestra que los estados con viviendas más afectadas por grietas y cuarteaduras son aquellos que se encuentran en los sitios más vulnerables ante las diversas amenazas naturales y socionaturales. Ahora, a pesar de que las viviendas en estos estados son las más vulnerables, muchas de las que están construidas con materiales locales han resistido sismos fuertes, como el de 2017, mostrando su eficiencia sísmica.9 Sin embargo, por esta condición geográfica necesitan un análisis estructural, estudios de suelo y refuerzos realizados con materiales compatibles, lo cual encarece su producción. ¿No sería conveniente, entonces, diferenciar desde las políticas públicas los montos de financiamiento en las regiones de mayor vulnerabilidad ante las distintas amenazas? 

Lo mismo ocurre con los indicadores para medir las viviendas con disponibilidad de agua entubada y de drenaje o lugar de desalojo. En las comunidades rurales marginadas difícilmente existe drenaje; y, si lo hay, los desechos van a parar al río más cercano, contaminando comunidades abajo o pasando por plantas de tratamiento que dejan de funcionar y son costosas de reparar.

La ENVI 2020 muestra que 78.1% de las viviendas cuenta con drenaje, 16.2% tiene fosa séptica o biodigestor, 1.3% descarga en una barranca o cuerpo de agua, y 4.3% no tiene drenaje, más allá de no decir dónde descarga sus desechos. A este respecto, sorprende que no existan indicadores que consideren al baño seco, ya que, al no utilizar agua y poder reintegrar los desechos a la naturaleza en forma de abono, es la opción más sustentable. Por otro lado, si analizamos lo ineficiente, el alto costo y lo contaminante que resulta el drenaje en la ZMVM, por ejemplo, pensar en otras posibilidades de menor escala se convierte en una prioridad. 

El agua entubada es un indicador de desarrollo. En la CDMX tiene un alto costo trasladarla de tan lejos, en tubos cuyas fugas son difíciles de detectar y reparar (aproximadamente 40% del agua que llega a la ciudad se desperdicia en fugas). Los indicadores no toman en cuenta la recaudación de agua pluvial, lo cual solucionaría los problemas de suministro y evitaría, en el caso urbano, la saturación del drenaje. 

Lo anterior muestra cómo la infraestructura hecha a gran escala para abastecer de servicios a las grandes poblaciones que habitan en ciudades, tarde o temprano se vuelve una colección de sistemas tanto ineficientes como contaminantes, y que, para colmo, no alcanzan a satisfacer la elevada demanda de una población creciente. Asimismo, todavía no se han desarrollado opciones para la construcción de infraestructura de servicios a escalas domésticas que permitan depender menos del sistema central y ser más sustentables. 

Una apuesta por impulsar alternativas locales desde las organizaciones de la sociedad civil 

El trabajo con las comunidades, partiendo de la escucha activa, nos muestra el camino a seguir. Se trata del comienzo de un fructífero proceso donde conocemos a profundidad la naturaleza de cada comunidad, haciéndonos responsables de operar con la minuciosidad que requiere cada entorno particular, pero, también, de dar voz a los participantes y de visibilizar sus realidades. 

Las personas participantes de los cuatro proyectos que acompaña Cooperación Comunitaria actualmente pertenecen a siete grupos etnolingüísticos que, según su autodenominación, son Me’phaá, Tzjon Non, Hñahñu, Tzeltal, Binnizá, Ikoojt y Angpøn. Estas comunidades habitan en zonas rurales de los estados de Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca, y en su mayoría se dedican a la agricultura y viven en zonas de marginación media y alta. El grado de vulnerabilidad que presentan está relacionado con las características geográficas del lugar que habitan y del despojo al que han sido sometidos de manera estructural, lo que ha repercutido en una autopercepción que les impide apreciar a plenitud el valor de los elementos identitarios propios de su cultura. Algunos de los grupos han visto exacerbadas las condiciones de vulnerabilidad debido a algún desastre climático o geológico. 

El esquema de trabajo asegura la participación de las personas en todas las etapas de la producción social, como el diagnóstico, el diseño participativo, la organización y la planificación, la capacitación técnica, la autoproducción (ya sea un trabajo de construcción o producción), la evaluación y el análisis del uso y mantenimiento una vez terminado. 

CC trabaja en dos modalidades: la primera se caracteriza por el trabajo con sujetos colectivos organizados y agrupados en torno de una actividad productiva que busca recuperar sus formas tradicionales de producir. Estos grupos expresan la necesidad de construir centros de uso comunitario, destinados a la realización de su actividad productiva y a la formación en sus técnicas productivas a otras comunidades o grupos. La segunda modalidad consiste en procesos desarrollados en zonas que han sido afectadas por desastres socionaturales. Se contribuye a solucionar esta problemática de manera participativa, integral y social. El objetivo es incrementar la habitabilidad a través del mejoramiento de las construcciones y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, al igual que la disminución de la vulnerabilidad en sus dimensiones sociocultural, constructiva, ambiental-territorial y económica. 

CC no solo asesora los procesos constructivos, sino que también trabaja para fortalecer las capacidades productivas, organizativas y ambientales-territoriales de las comunidades para resguardar su patrimonio biocultural. 

Si bien la marginación y la llegada de programas asistencialistas, tanto públicos como privados, han acabado con gran parte de su conocimiento tradicional, la misión de CC es rescatar los saberes ancestrales relacionados a la producción y la construcción, que durante siglos han hecho de manera sustentable y adaptada al entorno, y los cuales complementa con tecnologías adaptadas para reforzar los sistemas con el fin de que sean más eficientes ante amenazas como huracanes, sismos, inundaciones, entre otras. 

Además de recuperar los sistemas constructivos y materiales locales, se han integrado ecotecnias que contribuyen al ahorro energético y al consumo racional. Por ejemplo, del baño seco se obtiene materia orgánica que se utiliza como fertilizante para los huertos y la milpa; la estufa ahorradora de leña disminuye el consumo de madera y reduce los riesgos a la salud respiratoria; el sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia aporta soberanía hídrica a las familias. Esto hace que la vivienda cuente con un sistema de provisión de servicios y aprovechamiento de desechos en ciclos cerrados, lo que contribuye al desarrollo endógeno y sustentable.

Reflexiones finales

Hemos señalado que muchos de los problemas que se identifican en el ámbito de la vivienda tienen un origen estructural e histórico en el modelo económico dominante, que, además de incentivar una producción sin límites, ha implantado comportamientos en la población, sobre todo en el consumo, lo que no resulta sustentable.

También hemos resaltado que el desmedido y acelerado crecimiento de las ciudades ha dependido de sistemas de producción e infraestructura masivos y de gran escala, a diferencia del crecimiento rural, lo cual ha resultado en el aumento de la inequidad entre la población rural y urbana.

Sin embargo, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en las zonas rurales, sumando las prácticas y técnicas tradicionales ancestrales, ha demostrado cómo los sistemas endógenos a pequeñas escalas pueden lograr unidades autosuficientes y sustentables. El motor autogestivo de la población tiene la capacidad de sumar los aprendizajes técnicos apropiados y apropiables que permitan autoproducir sus estructuras de manera más resistente y aumentar su resiliencia para disminuir su vulnerabilidad. La posibilidad de caminar hacia estos nuevos escenarios depende, en buena medida, de la decisión familiar y de pequeños grupos organizados que puedan cambiar patrones de consumo y las escalas de producción, pero no de los grandes tomadores de decisiones; eso ya ha quedado demostrado después de cinco décadas esperando las acciones provenientes de los organismos internacionales y nacionales para combatir los efectos por el cambio climático.

El papel de la sociedad civil y de las organizaciones de base es fundamental para impulsar procesos que comiencen con la resignificación de las identidades que han sido menospreciadas por siglos, sometidas al colonialismo material y epistémico.

En la ENVI 2020 vemos de manera plausible los esfuerzos por incluir poblaciones con características específicas, como es el caso de las personas con discapacidad, que ya están consideradas en la encuesta. Sin embargo, es preciso expandir el horizonte de la diversidad y encontrar indicadores de medición adecuados a las poblaciones indígenas y campesinas, para evitar que estas sigan aumentando su vulnerabilidad en vez de reducirla, al entender y medir las prácticas y tradiciones locales adecuadas a sus contextos.

Asimismo, la manera en que actualmente se mide el bienestar y el desarrollo no contempla ni las diferencias productivas ni de forma de vida entre los entornos rural y urbano, lo que impide entender a profundidad las necesidades de cada contexto. Cabe señalar que, si las zonas rurales crecen como lo han hecho las ciudades, nos enfrentaremos a un problema socioambiental de dimensiones incalculables. Si muchas comunidades y pueblos viven todavía de manera sustentable, si a través de la tecnología hoy sabemos que un bloque de tierra produce 30 veces menos CO2 que uno de concreto, ¿por qué nuestros parámetros de medición se empeñan en concebir el bloque de concreto como un indicador de bienestar? ¿No tendríamos que comenzar a medir también cuánta producción de CO2 proviene de los distintos materiales, formas de producción, abastecimiento y desechos?

Es imprescindible medir aquello que nos conducirá a la supervivencia y comenzar a concebir los entornos urbanos y rurales como un sistema integral e interconectado, pero con características distintas que hay que reconocer y evaluar a partir de parámetros diferenciados. 

Notas 

1 Cooperación Comunitaria es una asociación civil que tiene como misión contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad de las comunidades rurales en México, al facilitar la autogestión sostenible desde los ámbitos sociocultural, productivo y ambiental-territorial, preservando y recuperando los saberes tradicionales. Desarrolla proyectos en comunidades rurales de los estados de Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas. Para saber más: www.cooperacioncomunitaria.org 

2 Todos aquellos componentes que se encuentran en nuestro hábitat y que aprovechamos para construir, producir o, simplemente, vivir, como el agua, el aire, las plantas y la tierra. 

3 Para indicar dicha proporción, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recaba los datos demográficos brindados por los países de la región, los cuales responden a criterios político-administrativos de definición de las poblaciones urbana y rural utilizados en cada país (s.f.). Por su parte, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía define como rural a aquellas localidades de 2 500 y menos habitantes (González y Larralde, 2013). 

4 Para más información sobre el Grupo ETC, visitar el sitio web: https://www.etcgroup. org/es 

5 En México solo se reportan como tratados 129 m3/s (57%) de los 212 m3/s de aguas residuales municipales colectadas (Mazari y Noyola, 2018). El 54% de las aguas negras de nuestro país se descarga en ríos o arroyos, mientras que 19% en suelos o barrancas, 6% en canales y 5% en lagos o lagunas (Zúñiga, 2013). Un ejemplo interesante es el mismo Valle de México, donde las aguas residuales se conducen a través del drenaje profundo hasta el río Tula, con un flujo de 250 m3/s y se transportan a cielo abierto hasta la presa Endhó, en el municipio de Tepetitlán. Estas aguas residuales se utilizan para riego agrícola en más de 80 000 hectáreas de cultivos sin ningún tratamiento (Pérez y Ortega, 2019). Este ciclo ha generado un número de casos de amibiasis en las comunidades muy superior a los promedios nacionales, así como casos de malformaciones congénitas e, incluso, cáncer. A este propósito, promover la utilización de ecotecnias como baños secos compostables, captación de agua potable, estufas ahorradoras de leña y compostaje para huertos, no solo aumenta la autosuficiencia de la población rural, sino que beneficia su salud y la restauración ecosistémica. Recientemente, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) agregó a los requerimientos para las viviendas en zonas rurales el baño seco, reconociendo el grave problema de contaminación de las fuentes hídricas. 

6 En Cooperación Comunitaria, A. C., el trabajo integral se refiere a las actividades constructivas, productivas, socioculturales, ambientales y territoriales que se llevan a cabo en la vivienda, solar, comunidad y territorio en las zonas rurales; o en la vivienda, calle, barrio y ciudad en las zonas urbanas; por lo que, cuando nos referimos al hábitat, estamos enfatizando las otras tres escalas territoriales que van más allá de la vivienda y en las que los usuarios también construyen, producen y habitan. 

7 En la ENVI 2020, el piso de tierra representa 3.5%, contra 53.2% de concreto y 43.0% de madera, mosaico u otro. Los estados de la república con más porcentaje de pisos de tierra son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con 14% el más alto. 

8 Agencia de Cooperación Misereor Hilfswerk, con base en: FAL. e.V., Ganzlin, www.fal-ev.de 

9 Diagnósticos de daños y sus causas, realizado por Cooperación Comunitaria, A. C. en la Montaña de Guerrero a 67 viviendas de adobe, después de los huracanes Ingrid y Manuel (2013). 

Diagnósticos de daños y sus causas, realizado en ocho municipios del Istmo de Tehuantepec a más de 100 viviendas de adobe, bajareque y ladrillo a tizón y soga, después del sismo de 2017. 

 

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Ellis Martínez Hernández.

Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente. A través de su formación teórica y práctica se ha especializado en temáticas relacionadas con el modelo del desarrollo y los efectos que conlleva, especialmente en entornos rurales. Temas que ha investigado, además de participar en diversos foros de debate y reflexión, como el Seminario de América Latina. Desde 2014 colabora en Cooperación Comunitaria, A. C., donde actualmente es responsable de Desarrollo Institucional, coordinando también al equipo operativo y acciones de vinculación con otras organizaciones y grupos. 

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Isadora Hastings García.

Maestra en Arquitectura por la UNAM y la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 2010 es socia fundadora y directora de la organización Cooperación Comunitaria México, A. C., que promueve y desarrolla proyectos encauzados a la disminución de la vulnerabilidad y mejoramiento de la habitabilidad de comunidades indígenas en México. Desde 2003 ha participado en el Programa de Desarrollo Urbano de Milpa Alta, México, en el “Estudio de evaluación del impacto de las políticas de vivienda en la producción habitacional” durante el período 1990-2005. Desde 2020 es académica de número de la Academia Nacional de Arquitectura. 

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Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN

Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro y doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es Investigador Titular “B” en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán. Sus líneas de investigación son espacio urbano, estructura de clases sociales, cambio sociocultural y etnicidad en la ciudad y su periferia próxima. Cuenta con dos libros de autoría individual y tres como coordinador, además de varios capítulos de libro y artículos en prensa y revistas especializadas.

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Gerardo Gómez del Campo del paso

Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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JOSÉ RAYMUNDO GALÁN GONZÁLEZ

Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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ALEJANDRO CEPEDA GARCÍA

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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EMILIA GARCÍA-ARTEAGA MOLINAR

Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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CAROLINA VILLARREAL LEOS

Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público, con un amplio enfoque en paisaje y accesibilidad.

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SHEILA FERNIZA QUIROZ

Arquitecta por el ITESM con estudios en Barcelona. Actualmente cursa la Maestría en Asuntos Urbanos en la UANL, investigando temas de vivienda, planeación urbana, movilidad y género. Desde el 2013 trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público dentro de la iniciativa de regeneración urbana DistritoTec.

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IBAN TRAPAGA IGLESIAS

Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A. en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la UAM y cursa un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad, migraciones internacionales, fronteras y violencias.

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DIEGO CASTAÑEDA GARZA

Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.