Del déficit a la evaluación de la vivienda adecuada en la CDMX 

El problema de la vivienda en la Ciudad de México ha sido su déficit, atribuido tanto a la escasez como al alto precio del suelo. El presente ensayo tiene como objeto destacar los hallazgos de la ENVI 2020 para la capital del país. Frente a sus mermadas condiciones, observables en la acelerada pérdida de tenencia en régimen de propiedad durante los últimos años, con la consecuente diversificación de las modalidades de posesión precaria y expulsión masiva de población pobre hacia la periferia de la metrópoli, la encuesta permite evaluar la situación de la vivienda con base en los atributos de la vivienda adecuada. Además, cuantifica por primera vez una realidad menospreciada: 75% de quienes requieren vivienda tienen el suelo para construirla en la propia Ciudad de México. 

No hay política pública sin diagnóstico pero, como sabemos, el diagnóstico también se puede elaborar para justificar una determinada política. Si bien no siempre existe una intencionalidad específica cuando se elabora el diagnóstico, lo cierto es que del conocimiento de la problemática deriva el alcance del diseño de la política pública.

Lo que ahora nos revela la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2021), particularmente sobre la Ciudad de México (CDMX), transforma el diagnóstico del que se ha partido para el diseño de la política de vivienda en un aspecto fundamental que la hace posible: el suelo.

Desde hace más de dos décadas, la política de vivienda en Latinoamérica se elabora con base en la determinación de su déficit cuantitativo y cualitativo conforme a la metodología del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade, 1996).

En la Ciudad de México, el déficit cuantitativo se extrae de las características de los hogares y de los registros de matrimonios y de divorcios, para proyectar la formación de hogares que necesitarán una vivienda nueva en un período determinado (Gobierno de la Ciudad de México [GCM], 2019), siguiendo la recomendación metodológica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (Arriagada, 2003) para calcular, en principio, el número de hogares y las relaciones de parentesco dentro de ellos, y, por otro lado, los núcleos familiares y sus características, con el fin de identificar los requerimientos de vivienda en períodos determinados. El déficit cualitativo, por su parte, recupera información sobre el hacinamiento, los materiales de construcción en techos, paredes y pisos, así como la disponibilidad de servicios básicos, como el drenaje, la toma de agua domiciliaria y la energía eléctrica, siendo los censos de población y vivienda decenales la fuente de estos datos.

De acuerdo con la metodología del Celade, cualitativamente, las viviendas existentes se clasifican en:

a. Vivienda buena (en condiciones materiales plenamente satisfactorias)

b. Vivienda recuperable o mejorable (aceptable, pero que requiere intervenciones parciales)

c. Vivienda precaria o irrecuperable (en mala condición extrema y fuente de déficit cuantitativo) (Arriagada, 2003)

Estos parámetros –calificados como “viviendistas” por autores como Coulomb (2014), por basarse solo en las características de la vivienda– no han sido suficientes para determinar las necesidades actuales de vivienda, dada la intensa transformación en la conformación de los hogares y las estructuras familiares. Además, no cumplen el estándar internacional del concepto de vivienda adecuada que, además de elementos materiales, supone la disposición de “infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [CDESC], 1991), como han insistido diversos autores (Coulomb, 2019).

A ello se agrega que el diagnóstico no ha ido acompañado de un análisis de la disponibilidad de suelo (público y privado) para vivienda y su correlación con las características, ingresos y capacidad de crédito de la población con déficit de vivienda.

Frente al diagnóstico con base en el déficit de viviendas, la ENVI 2020 aproxima a México al diseño de políticas habitacionales evaluables conforme a los estándares de la vivienda como derecho humano y, por lo tanto, a una progresividad verificable, acorde con la obligatoriedad para el Estado mexicano (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], art. 1.o, párr. tercero).

Específicamente, en cuanto a la Ciudad de México, los resultados de la ENVI 2020 permiten organizar las 2 719 942 viviendas habitadas –de las 2 808 652 existentes– conforme a los siete atributos de la vivienda adecuada (CDESC, 1991), tal y como se describe a continuación:

1. Seguridad de la tenencia

En la siguiente tabla se muestra la tenencia de las 2 719 942 viviendas en la Ciudad de México:

Frente al registro de 51.2% de vivienda propia aparece el de rentada, prestada y en otra situación, que juntas suman 48.8%. Gómez y Sicilia (2020) señalan que, desde el censo realizado durante la intervención norteamericana de 1847, hasta el Censo de Población y Vivienda de 2000, la vivienda en propiedad se incrementó de manera constante de 3.3% a 71%, mientras que la vivienda en renta, junto con las ubicadas en otra situación, disminuyeron de 76.5% a 29%. Sin embargo, de 2000 a 2015, la vivienda en propiedad disminuyó de 71% a 52% frente al resto, que sumó 47%. Según la ENVI 2020, cinco años después continúa la tendencia decreciente de la vivienda en propiedad, que pasó a 51.2%, mientras la vivienda en renta y en otra situación pasó a 48.8%.

Si bien la vivienda en renta no es necesariamente una vivienda insegura en términos de tenencia, es indudable que la vivienda en propiedad es la que permite una mayor seguridad para sus habitantes. Aunque no todas las viviendas rentadas, prestadas o en otras condiciones podrían representar una tenencia insegura, su incremento no responde a una elección libre de sus ocupantes, sino a la disminución de sus ingresos. Peor aún, el incremento de vivienda en renta es previsiblemente producto de la venta de viviendas habitadas por las personas propietarias y de la adquisición de más de una vivienda para obtener recursos de la que no se habita, mientras que la vivienda “prestada” es probable que responda a vivienda informalmente en renta, subarrendada, compartida, etc., es decir, a modalidades de uso que no parecen brindar seguridad en la tenencia, pues responden a reglas generalmente unilaterales de quien presta la vivienda para una ocupación temporal.

 

2. Disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura

Con relación a los servicios existentes y la satisfacción de los habitantes respecto de ellos, la encuesta indica que 98.4% de las viviendas habitadas cuenta con sanitario, 99.8% con agua entubada, 99.9% con drenaje, 99.7% con electricidad. Es decir, 98.4% de la población cuenta con la totalidad de servicios básicos cubiertos. Y de las viviendas en las que habitan personas con discapacidad, 15.6% requiere adaptaciones en rampas, puertas, baños o pasamanos.

3. Asequibilidad

Entendida como el acceso pleno y sostenible a los recursos para conseguir una vivienda, especialmente por grupos vulnerables de atención prioritaria, la ENVI 2020 no revela resultados inmediatos sobre la asequibilidad de la vivienda.

Sin embargo, otros estudios, como el de “Evolución del comportamiento de precios de vivienda en México 2016-2021” (Milenio, 2021), señalan que tan solo de 2016 a 2019 los precios de la vivienda en la Ciudad de México se incrementaron 24%, si bien durante la pandemia se presume que habrían disminuido.

El proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020-2035 (GCM, 2020), por su parte, señala que la oferta de vivienda se ha concentrado en proyectos localizados en demarcaciones como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, con precio por metro cuadrado (m2) promedio superior a los 25 000 pesos, totalmente privativos para la mayor parte de la población cuyo salario promedio se encuentra en los 6 000 pesos al mes. 

4. Habitabilidad

Con relación a datos relacionados con este parámetro, la ENVI 2020 destaca que 40.9% de las viviendas tiene 31 años o más de antigüedad; 30.9% se encuentra en una superficie de terreno de menos de 60 m2; 21.3% mide menos de 45 m2 y 33.1% de 46 a 75 m2. Además, 49% presenta uno o más de los siguientes problemas estructurales (calificados así por la encuesta): 29.3% tiene grietas o cuarteaduras en techos y muros, 11.3% tiene pandeos o deformaciones en los marcos de las puertas o ventanas; 10.5%, levantamientos o hundimientos del piso; 32.4%, humedad o filtraciones de agua en cimientos, muros o techos; 6.7%, fracturas, pandeos o deformación de columnas, vigas o trabes, y 7.1%, problemas en las tuberías de agua o drenaje dentro de la vivienda.

De acuerdo con sus residentes, 34.9% de viviendas propias requiere construcción, ampliación o reparación, y 45.7%, arreglos y remodelación. Se trata de porcentajes altos frente a quienes respondieron sentirse poco o nada satisfechos por la calidad del piso, que fueron 14.4%; por la calidad de los muros y techos, 10.3%; por la pintura, recubrimientos y otros acabados, 19.9%; por la iluminación natural, 9.6%; por la ventilación natural, 6.5%, y la protección contra lluvia, frío, calor o viento, 7.9%.

Asimismo, con relación a los espacios de las viviendas, sus propietarios manifiestan poco o nada de satisfacción respecto de: sus cuartos para dormir, 13.6%; baños, 13.1%; cocina, 16%; sala comedor, 15.4%, y patio, 37.3%. Sin embargo, 27.9% de los hogares (es decir, 759 121) manifestó requerir otra o más viviendas con una o más habitaciones: 801 055 viviendas requeridas en total.

Por otro lado, la ENVI 2020 registró también la percepción de las personas residentes sobre la necesidad de que se resuelvan diversos problemas en la colonia en que se encuentran las viviendas. Respondieron resentir “algo” o “mucho”: la falta de rampas para personas con discapacidad (62.5%); el exceso de ruido por vecinos o del exterior (58.5%); la basura tirada en las calles (58.8%); la contaminación del ambiente por fábricas o construcciones (27.7%); el deterioro por abandono de viviendas o espacios públicos (24.1%); el vandalismo, grafitis, pintas, vidrios rotos, entre otros (51%); y robos o asaltos (71%) (Tabla 4). 

5. Accesibilidad

El financiamiento para vivienda en la Ciudad de México es escaso. Solo 146 329 habitantes se encuentran pagando actualmente algún crédito, de los cuales 111 953 (76.5%) fueron otorgados por instituciones públicas.

Cabe destacar que, de 1999 a 2021, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) ha financiado 90 230 viviendas nuevas en conjuntos habitacionales y 80 059 viviendas nuevas en el esquema de vivienda progresiva, además de haber otorgado 178 669 créditos para mejoramiento y rehabilitación de viviendas (INVI, 2020). De allí que se puede inferir que un alto porcentaje de los créditos pendientes de pago corresponden a este organismo. A estas cifras hay que sumar las 17 808 viviendas reconstruidas con motivo del sismo de 2017, para contabilizar en 366 766 acciones de vivienda realizadas por el gobierno de la Ciudad en alrededor de 22 años (GCM, 2021).

A pesar del número de viviendas producidas tanto por organismos federales como locales, tan solo en 2020 se requirieron 801 055 viviendas más, conforme se manifestó en 759 121 hogares, de acuerdo con la ENVI 2020 (Inegi, 2021). Un dato levantado por primera vez por el Inegi se relaciona con la disponibilidad de terreno para construir: de las 801 055 viviendas requeridas, 602 606 (75.2%) cuentan con terreno dónde edificar.

Se trata de un dato fundamental, considerando que en los 867 asentamientos irregulares existentes en la ciudad se encuentran 50 703 viviendas (Roa, 2016). Aun cuando ha disminuido su ritmo de crecimiento, siguen extendiéndose fundamentalmente en el suelo de conservación de la zona sur de la Ciudad de México, particularmente en Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco (Salazar, 2016). 

Al respecto, cabe recordar que la ENVI 2020, como los censos de población y vivienda, no fue levantada en los asentamientos irregulares. Esto motivó una demanda de amparo y la consecuente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenando al Inegi realizar los censos y acciones necesarias para recabar la información estadística y geográfica idónea, pertinente y eficaz en los asentamientos humanos informales o irregulares, necesaria para que las autoridades implementen políticas públicas en esos sectores desprotegidos de la población (SCJN, 2020).

Sobre la accesibilidad de la vivienda, cabe mencionar también que no existen medidas para proteger a los habitantes de las alzas de alquileres y de desalojos, datos que no documenta la encuesta y que son de difícil obtención a través de otras fuentes

6. Ubicación

Sobre el grado de satisfacción con la relación distancia-tiempo que tardan de su vivienda a diversos servicios, las personas encuestadas respondieron estar poco o nada satisfechas respecto de: trabajo, 19.6%; centros escolares, 11.1%; centros de salud, 15.2%; mercados o centros comerciales, 12.2%; parques o espacios deportivos, 21.8%, y centros de recreación o instalaciones culturales, 40.4%.

7. Adecuación cultural

Tendrá que hacerse un trabajo de análisis detallado para evaluar en qué medida las viviendas de la Ciudad de México responden a este parámetro, relacionado con las características y materiales de las viviendas. Respecto de las políticas que apoyan la expresión de la identidad cultural y diversidad de la vivienda podrían mencionarse los programas del INVI, básicamente diseñados para la autoproducción, lo que permite que los beneficiarios decidan el material y diseño de sus viviendas dentro de las normas técnicas previstas en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

Conclusiones

Como se puede observar, no todos los datos producidos por la ENVI 2020 arrojan un diagnóstico preciso de los siete atributos de la vivienda adecuada como derecho humano. Sin embargo, se puede evaluar la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura, la habitabilidad, la accesibilidad y la ubicación, mientras que la asequibilidad, la accesibilidad y la adecuación cultural requieren de otros elementos para poder estimarse.

La principal conclusión en este breve cruce de resultados de la ENVI 2020 con los parámetros de la vivienda adecuada es que la encuesta es un instrumento útil para transitar del diagnóstico de la vivienda en sí misma, a la vivienda como un espacio con disponibilidad de servicios, infraestructura y localización accesibles en su costo para elevar la calidad de vida de las personas.

Otro aspecto importante es que hay un hallazgo de este instrumento que debería implicar la modificación de los programas de vivienda social en la Ciudad de México: de las 801 055 viviendas que se requieren, 602 606 (es decir, 75.2%) cuentan con terreno dónde ser construidas. 

La política de vivienda que puede desprenderse de este último dato podría tener un impacto social de gran aliento: además de ahorrar recursos (del gobierno, pero sobre todo de los solicitantes de crédito) para la construcción de vivienda (gasto en suelo), podría disminuir considerablemente el tiempo de gestión de la construcción de vivienda social. Concentrar la construcción de vivienda con recursos públicos en los predios que actualmente habita la población demandante tendría la gran virtud de impedir la gentrificación y expulsión de habitantes de sus predios y de la Ciudad de México misma, coadyuvaría a racionalizar las acciones de redensificación aplicables con la Norma 26 y ayudaría a impedir el crecimiento de los asentamientos irregulares. 

Por supuesto, una política de este tipo supone modificar la gestión social que actualmente se concentra en vivienda nueva en conjunto para redirigirla hacia la vivienda progresiva o vivienda nueva en lote familiar. Un programa de este tipo tendría que acompañarse con dos medidas más: la regularización de uso del suelo que, en su caso, suponga la construcción y un programa de apoyo a la escrituración de los departamentos resultantes. 

 

Referencias 

 

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Coulomb, R. (2014). Las políticas de vivienda de los estados latinoamericanos. En B. Ramírez y E. Pradilla (comps.), Teorías sobre la ciudad en América Latina. UAM. https://www.researchgate.net/profile/Blanca-Ramirez-Velazquez/ publication/330203099_Blanca_R_Ramirez_Velazquez_y_Emilio_Pradilla_Cobos_CompsTeorias_sobre_la_ciudad_en_ America_Latina/links/5c40d23892851c22a37c4d56/Blanca-R-Ramirez-Velazquez-y-Emilio-Pradilla-Cobos-CompsTeorias-sobre-la-ciudad-en-America-Latina.pdf. pp. 517-616. 

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Lenia Batres Guadarrama.

Licenciada y maestra en Derecho, maestra y candidata a doctora en Estudios de la Ciudad. Actualmente es consejera adjunta en Legislación y Estudios Normativos. En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue diputada federal (1997-2000), secretaria técnica de la Comisión del Distrito Federal (2006-2009) y asesora de la Comisión de Vivienda (2012-2015). En el gobierno de la Ciudad de México, directora general Jurídica y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc (2000-2002), asesora del jefe de gobierno (2002-2004), directora general de Regulación al Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad (2004-2006), asesora de la jefa delegacional de Tlalpan (2015-2018), directora general de Gestión, Vinculación y Asuntos Jurídico-Normativos de la Autoridad del Espacio Público (2018) y asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (2018-2021). Profesora de diversas asignaturas en las licenciaturas en Derecho y en Ciencia Política y Administración Urbana (2010-2015). Ha presentado ponencias relacionadas con política urbana, vivienda y gobiernos locales en eventos académicos y ha participado en seis libros. 

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Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público, con un amplio enfoque en paisaje y accesibilidad.

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Arquitecta por el ITESM con estudios en Barcelona. Actualmente cursa la Maestría en Asuntos Urbanos en la UANL, investigando temas de vivienda, planeación urbana, movilidad y género. Desde el 2013 trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público dentro de la iniciativa de regeneración urbana DistritoTec.

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Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A. en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la UAM y cursa un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad, migraciones internacionales, fronteras y violencias.

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Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.