Información, precariedad y vivienda digna

El presente ensayo plantea un análisis interpretativo de la información disponible en el país en torno de las viviendas, sus características y equipamiento, con el fin de dimensionar cuáles son los retos para dar pleno cumplimiento al mandato constitucional que garantiza, para cada familia, una vivienda digna y decorosa.

En México, el derecho a la vivienda, garantizado por la carta magna, tiene una peculiaridad: se reconoce como un derecho colectivo, inherente a las “familias”. En el artículo 4.o constitucional se establece: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

El texto es, de entrada, controvertible. Especialmente porque resulta contrario al propio mandato constitucional de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Dicho en otras palabras, el derecho a una vivienda digna y decorosa, desde una perspectiva amplia, no debería sujetarse a la pertenencia de un núcleo familiar específico en ninguna etapa de la vida.

Esta perspectiva sigue vigente en la administración 2018-2024, pues en el documento Lineamientos técnicos para una vivienda adecuada, emitido por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en 2020, se menciona: “El ejercicio pleno del derecho humano de acceso a una vivienda adecuada implica contar con un entorno seguro, habitable y saludable, que responda a las aspiraciones y expectativas de las familias. Para lograrlo, es indispensable que estas participen en la toma de decisiones que atiendan de manera específica sus necesidades”.

Como se observa, desde la dimensión conceptual y jurídica hay elementos que deben someterse a revisión, pues hablar de vivienda adecuada no necesariamente responde al mandato constitucional del goce y disfrute de una vivienda digna. Este último concepto refiere, por necesidad −y desde una interpretación amplia de la Constitución−, al precepto central del orden democrático mexicano, de la protección y garantía de la dignidad humana.1  

En la interpretación que se ha hecho en diversas tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto del derecho al mínimo vital −relacionado con la defensa de la dignidad humana y para cuya garantía resulta esencial disponer de una vivienda tanto digna como decorosa−, el Poder Judicial de la Federación sostiene que del cumplimiento del derecho mencionado depende el adecuado funcionamiento de todo el entramado jurídico e institucional del Estado mexicano.2

La vivienda en el Catálogo Nacional de Indicadores

Desde la perspectiva planteada resulta fundamental conocer de qué información disponemos en esta materia. El cumplimiento del derecho a una vivienda digna exige, por una parte, de diagnósticos robustos e integrales para la construcción de políticas públicas de calidad que permitan, en el ámbito económico, un trabajo digno para todas y todos –y, en esa medida, tener acceso a la propiedad o renta de una vivienda digna–. Por otra parte, en el ámbito gubernamental, dicho cumplimiento exige diseñar una batería de políticas públicas que garantice la adecuada provisión de los servicios públicos esenciales (agua potable, drenaje, alcantarillado, recolección y disposición de residuos sólidos, energía eléctrica, acceso a internet, etcétera).3 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución y en los artículos 20 y 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la información relativa a la vivienda forma parte, por un lado, de la información del Subsistema de Información Demográfica y Social; y en general, los indicadores relativos a la vivienda se consideran como parte de la información de interés nacional, según lo establecido en el artículo 78 de la citada ley.

De esta forma, en el Catálogo Nacional de Indicadores (CNI) se encuentran cinco elementos relativos a la vivienda, los cuales son:

  1. Proporción de población urbana que habita en viviendas precarias.4 
  2. Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda.5
  3. Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.6   
  4. Número de usuarios de internet por cada 100 000 habitantes.7
  5. Porcentaje de población con agua entubada en la vivienda o predio.8

Estos indicadores –sin dejar de ser relevantes– son necesarios pero no suficientes para dimensionar si las viviendas en México –en lo general– cuentan con las características necesarias para ser consideradas como dignas y decorosas. Esto porque varios están referidos a coberturas, más que al acceso efectivo (por ejemplo, el agua potable y el drenaje), mientras que el relativo a las viviendas precarias tiene una cobertura solo de viviendas urbanas en localidades de más de 15 000 habitantes.

En ese sentido, México dispone de información que cumple con los criterios establecidos en las reglas para la integración del Catálogo Nacional de Indicadores9, y que permitirían ampliar la visión de las políticas públicas relativas a la garantía del derecho humano a la vivienda, en su sentido más amplio.

Propuesta de datos para su incorporación al Catálogo Nacional de Indicadores

Ampliar la definición de vivienda digna que se utiliza en el diseño, operación y evaluación de las políticas públicas, desde una perspectiva de derechos humanos y traducida en indicadores e información estadística, le permitiría al Estado mexicano potenciar y mejorar dichas políticas, avanzando de mejor manera hacia la realización plena del paradigma de los derechos humanos en nuestro país.

De esta forma, el debate al interior del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica debería avanzar hacia la consideración no solo de indicadores de cobertura, sino hacer énfasis en aquellos que incorporen el acceso efectivo de la población. Asimismo, bajo el paradigma constitucional de los derechos humanos debería considerarse la dimensión del equipamiento de las viviendas, tanto en lo relativo a cuestiones constructivas como de disponibilidad de tecnologías indispensables para una adecuada habitabilidad.

Desde esta óptica, la generación de indicadores estratégicos puede ayudar a fortalecer la integralidad de dichas acciones desde una política de vivienda orientada, por un lado, al mejoramiento de los aspectos constructivos, arquitectónicos y de disponibilidad; y por el otro, a su adecuado equipamiento y acceso a tecnologías esenciales para contribuir a elevar la calidad de vida de las personas.

Así, hay un conjunto de datos que bien podrían ser incluidos en la lista de indicadores clave del CNI, si auténticamente se quiere avanzar hacia una renovada política pública que dignifique a las viviendas de México.

Entre los datos más recientes e interesantes en esta materia se encuentran los generados por la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2021), los cuales obligan a una reflexión seria respecto de lo que se entiende por vivienda digna.

En efecto, la ENVI se articuló a través de cinco temas que abarcan una amplia gama de aspectos de singular relevancia para garantizar el derecho a la vivienda de las personas. Particularmente, en lo relativo al concepto de vivienda digna habría que destacar tres de ellos, que son los que se consideran podrían ser integrados al CNI, a saber:

  1. Dimensión de las viviendas y espacios construidos.
  2. Problemas estructurales de las viviendas.
  3. Satisfacción con la distancia-tiempo entre la vivienda y el trabajo o espacios de servicios públicos.

En primer lugar, la ENVI muestra que, de los 35.25 millones de viviendas ocupadas que estimó en 2020, 4.28 millones (12.1%) tienen una superficie de hasta 60 m2, mientras que 4.78 millones (13.6%) tienen una superficie de hasta 90 m2.

Ese indicador debe leerse con cuidado, porque cuando la ENVI desglosa la dimensión de las viviendas respecto de la superficie construida, los datos se modifican radicalmente: 6.46 millones de viviendas (18.3% del total) tienen 45 m2 de construcción o menos; 9.43 millones (26.8%) tienen entre 45 y 75 m2 construidos; mientras que 7.72 millones (21.9%) tienen de 76 a 100 m2 construidos. Ante lo anterior debe recordarse que, según el Censo de Población y Vivienda 2020, en el país hay 11.8 millones de viviendas que disponen de un solo dormitorio, y que 14.7 millones tienen solo dos dormitorios.

Desde prácticamente cualquier perspectiva comprometida con los derechos humanos es evidente que las dimensiones de terreno y de construcción de las viviendas en México contribuyen en poco a su habitabilidad, y muy probablemente impactan de forma negativa en la dinámica de las relaciones en el hogar, pues el hacinamiento y la limitación en la disponibilidad de espacio suficiente se consideran como factores detonantes de procesos de violencia o tensión entre las personas habitantes de las viviendas.10

Estos datos enfrentan a las autoridades en todos los órdenes y niveles a un reto mayor: cómo hacer asequibles las viviendas en un contexto de empleo precario y bajos salarios, de bajos niveles de acceso a la seguridad social y, por lo tanto, de dificultades estructurales de acceso al crédito para millones de personas.

El segundo dato a destacar de la ENVI es el relativo a los problemas estructurales de la vivienda. En efecto, los datos de la encuesta muestran que en el país solo hay 13.73 millones de viviendas que no tienen ese tipo de problemas (39% del total); es decir, prácticamente dos de cada tres viviendas en México enfrentan problemas estructurales.

Es preocupante, por ejemplo, que, de acuerdo con la encuesta, 14.39 millones de viviendas presentan cuarteaduras o grietas en techos y muros; 5.21 millones presentan levantamientos o hundimientos en el piso; 15.58 millones registran filtraciones de agua en cimientos, muros o techos; mientras que en 3.72 millones hay fracturas, pandeos o deformación en columnas, vigas o trabes.

Todo lo anterior –en un país con alta sismicidad y vulnerabilidad en general ante los fenómenos naturales– implica retos enormes en materia de garantizar el multicitado derecho a la vivienda digna, pero también toca cuestiones vinculadas a la política de protección civil en todos los órdenes y niveles del gobierno.

El tercer indicador de la ENVI que cumpliría con los criterios es el relativo al grado de satisfacción de las personas sobre la distancia-tiempo de sus viviendas y centros de prestación de servicios para la garantía de varios derechos sociales.

De acuerdo con la ENVI 2020, 16.8% está poco o nada satisfecho con la distancia-tiempo que hay entre su vivienda y los centros escolares; 23.78% de las personas afirma lo mismo respecto de sus trabajos; 28.1% lo está respecto de los centros de salud; 29.1% en torno a los mercados o centros comerciales; 32.7% sobre la relación de distancia-tiempo para llegar a parques o espacios deportivos, mientras que 51.6% lo está respecto de los centros de recreación o instalaciones culturales.

Estos indicadores pueden robustecerse con otros instrumentos de los que ya dispone el Inegi, y que pueden dar una visión integral de la magnitud de los problemas que se les asocian, en todo lo relativo a cuestiones sociales vinculadas directamente con otros mandatos constitucionales.

Lo anterior es de singular relevancia, porque no debe olvidarse que el artículo 1.o de la Constitución establece la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento a los derechos humanos de forma universal, integral y progresiva. De tal forma que, en la medida en que avanza el tiempo, y en que se generen mayores capacidades presupuestarias, pero también normativas y reglamentarias, podrán incrementarse las oportunidades de acceso al desarrollo a todas y todos los habitantes de nuestro país.

La pertinencia de incorporar este indicador en el CNI se percibe con mayor fuerza si se considera a la luz de los resultados de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Ambas dan elementos muy claros respecto de las diferencias de ingreso que tienen mujeres y hombres, así como de todo lo relacionado con la economía del cuidado, para la cual las mujeres aportan el mayor número de horas de trabajo no remunerado en los hogares.

Reflexiones finales

Si los indicadores aquí propuestos se analizan críticamente respecto de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, México podría contar con nuevos elementos de diagnóstico que permitirían avanzar hacia una sociedad con mayor igualdad entre mujeres y hombres y, por lo tanto, una sociedad con mayor justicia y dignidad para todas y todos.

Si se considera, por ejemplo, la diferencia que persiste en lo relativo a la propiedad de la vivienda (55.1% es de propiedad exclusiva de hombres, mientras que 34.9% es de mujeres); o el nivel de equipamiento en lo relativo a la disponibilidad de refrigerador (12.1% de las viviendas carece de él), de lavadora (26.9% no tiene), de computadora (62.1% carece de ella) o de internet (47.6% reporta esta carencia), la idea planteada respecto de que el equipamiento de las viviendas no puede desligarse del concepto de vivienda digna se robustece.

Lo anterior, no solo porque estos datos dimensionan las desigualdades y carencias estructurales de una población masivamente empobrecida en México (en 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval] estimó un total de 55.7 millones de personas en esa condición), sino porque son reveladores de otras cuestiones –sobre las que deben profundizarse estudios y diagnósticos– respecto de las desigualdades entre mujeres y hombres, y entre la población adulta y la población de niñas y niños en nuestro país.

Es importante subrayar que los diagnósticos en torno de la vivienda, así como de su capacidad de contribuir a una vida digna para las personas, están vinculados a la idea planteada por estudiosas como Nancy Fraser (1997), quien sostiene que los hogares y las viviendas en que habitan deben convertirse en un ideal de sociedad democrática de bienestar, en espacios que funcionen como elementos estructurales de una pedagogía de la desigualdad.

Lo anterior implica asumir que, en una sociedad donde la distribución espacial implica relaciones desiguales, donde la carencia es permanente, donde la precariedad y la ausencia de equipamiento son la nota característica de todos los días, es muy difícil avanzar hacia la construcción de una sociedad plenamente igualitaria.

Por ello, la generación de más datos e indicadores que permitan transformar estructuralmente el sentido y objetivos de la política pública es indispensable; porque no debe olvidarse que la construcción del dato, en sí misma, implica una decisión del poder; una decisión de la autoridad, la cual, en nuestro contexto constitucional y jurídico, no tiene otra alternativa que dirigir sus acciones hacia el pleno cumplimiento de los derechos humanos.

Notas

1. Por ejemplo, en una de sus tesis aisladas respecto del juicio de amparo como instrumento idóneo para la demanda de garantías, la SCJN establece: “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos fundamentales de la persona a la salud, alimentación, agua, vivienda digna, entre otros, y prevé el juicio de amparo como garantía de su efectividad. De lo anterior se concluye que se trata de derechos a los que, constitucionalmente, se les otorga una mayor entidad, por su relación con la dignidad y subsistencia humanas”. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, Tomo II, Julio, 2018, página 1481.

2. Entre las múltiples sentencias emitidas por la SCJN en esta materia es pertinente citar la siguiente: “El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1.o, 3.o, 4.o, 6.o, 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna […]”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, mayo, 2007, página 793.

3. El 5 de marzo de 2021, el Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia mediante la cual ratifica la responsabilidad del Inegi de generar información veraz y oportuna en torno de la vivienda, particularmente en lo relativo a los asentamientos irregulares, siguiendo los lineamientos de la Declaración de Pretoria en el marco de la Reunión Temática de Hábitat III. La sentencia establece, entre otras cuestiones: “si por una parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía […] tiene la atribución exclusiva de suministrar a la sociedad y al Estado, información estadística y geográfica de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional […] entonces, resulta congruente con esa finalidad que dicho Instituto, en ejercicio de sus atribuciones exclusivas, genere la información estadística y geográfica, de la manera desagregada, que sea idónea, pertinente y eficaz para dotar de instrumentos al Estado para implementar las políticas públicas necesarias en aquellos sectores de la población más desprotegidos, como lo son los correspondientes a quienes habitan los asentamientos informales o irregulares”.

4. Es el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas (más de 15 000 habitantes) que presentan al menos una de las siguientes características: 1) falta de acceso a fuentes de agua mejoradas; 2) carencia de drenaje y saneamiento adecuado; 3) deficiencias en los materiales de construcción de sus viviendas (piso de tierra, muro o techo frágil); 4) carencia de espacio suficiente para vivir (ESNIEG, 2021d).

5. Se considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características: a) el material de los pisos de la vivienda es de tierra; b) el material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos; c) el material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho; d) la razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor de 2.5 (ESNIEG, 2021e).

6. Se considera como población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características: a) el agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante; b) no cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta; c) no disponen de energía eléctrica; d) el combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea. Más información en la ESNIEG (2021c).

7. Individuos que al cierre del año usaron el servicio de internet en cualquier sitio en los 12 meses anteriores, por cada 100 habitantes del país (ESNIEG, 2021a).

8. Porcentaje de la población con agua entubada en la vivienda o predio, respecto de la población total en viviendas particulares (ESNIEG, 2021b).

9. Los criterios para que los indicadores sean considerados como indicadores clave son: a) que resulten necesarios para sustentar el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas de alcance nacional; b) que se elaboren con rigor conceptual y metodológico; c) que se produzcan periódicamente y que cuenten con un calendario de actualización; y d) que correspondan a alguno de los temas de la LSNIEG en sus artículos 21, 24 y 27. Véase: Reglas para la integración, difusión y administración del Catálogo Nacional de Indicadores, SNIEG, México, emitidas el 6 de abril de 2015.

10. Véase, por ejemplo, el estudio de Cano, L. (2012). Hacinamiento en la vivienda: un problema social para los jóvenes universitarios. UNAM.

Referencias

 

Comisión Nacional de Vivienda (2020). Lineamientos técnicos para una vivienda adecuada. https://www.gob.mx/conavi/documentos/criterios-tecnicos-para-una-vivienda-adecuada-conavi

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2020). Medición de pobreza 2018-2020. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx

Fraser, N. (1997). Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. Siglo del Hombre Editores, Uniandes.

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2021). Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020. Presentación de Resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envi/2020/doc/envi_2020_presentacion.pdf

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (2021a). Nombre del Indicador Clave: Número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes. https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000078&gen=206&d=s

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (2021b). Nombre del Indicador Clave: Porcentaje de población con agua entubada en la vivienda o predio. https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6204642395&gen=10519&d=n

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (2021c). Nombre del Indicador Clave: Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000122&gen=232&d=n

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (2021d). Nombre del Indicador Clave: Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda. https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000120&gen=230&d=n

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (2021e). Nombre del Indicador Clave: Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias. https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000035&gen=161&d=n

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Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.