Implicaciones  de la normativa urbana en la producción de vivienda. Casos de Ciudad Juárez, Hermosillo y Tijuana

El presente artículo esboza las prácticas locales en la aplicación de la normatividad de usos de suelo. Utilizamos los casos de estudio de Ciudad Juárez, Hermosillo y Tijuana, para ilustrar la evolución de la flexibilidad normativa y su relación con las políticas facilitadoras de vivienda. Asimismo, analizamos la incertidumbre que genera la alta discrecionalidad en la aplicación de las normas urbanas, ya que impacta los tiempos y costos de producción de la vivienda. En conjunto, observamos cómo estas ineficiencias administrativas en la aplicación de los instrumentos de planeación urbana acentúan la exclusión socioespacial encabezada por la dinámica de mercado. 

Las reformas financieras implementadas en México a finales del siglo XX permitieron a millones de familias asalariadas acceder a una hipoteca, pero también promovieron un patrón de crecimiento expansivo y segregado (Monkkonen, 2012; Montejano et al., 2018). Dichas reformas aceleraron la producción de vivienda nueva, lo cual generó una presión desbordada sobre los municipios, quienes, según la discusión académica, fueron incapaces de regular el crecimiento de sus ciudades (Coulomb y Schteinghart, 2006). Esta premisa es consistente con el planteamiento de que la planeación tiene poco o nulo efecto en las ciudades mexicanas; planteamiento que se presenta sin mayor explicación sobre las particularidades en la implementación de las normas urbanas. 

A través de un análisis cualitativo de la evolución e implementación de la normatividad de usos de suelo en tres ciudades del norte de México, proponemos que, en los municipios con altos índices de crecimiento formal, las normas se aplican con más frecuencia de lo que sugiere la literatura en torno a la planeación. Sin embargo, estas normas son flexibles por diseño y son aplicadas con diferentes niveles de discrecionalidad. Este panorama cambiante en la aplicación de la norma incrementa la incertidumbre en la inversión inmobiliaria y presenta serios problemas de transparencia en el ámbito local. 

Método 

Este es un primer acercamiento cualitativo a la evolución de las normas de uso de suelo, su implementación en las tres ciudades de estudio y sus impactos en la producción de vivienda. Este análisis es parte de un estudio más amplio, enfocado en entender los esquemas de gobernanza en la elaboración y aplicación de las normas urbanas. Aquí presentamos solamente los resultados referentes a la flexibilidad normativa. 

Con el término planeación flexible nos referimos a la adaptación de los instrumentos de planeación para que se adecuen a las necesidades de zonificación de los desarrolladores de vivienda. Planteamos que la flexibilización de la planeación siguió dos vertientes: la primera, a través de la posibilidad de solicitar cambios en las normas urbanas (usos de suelo, alturas de los edificios, densidades, entre otras); y la segunda, a partir de la elaboración de instrumentos de planeación urbana ad hoc. Tanto la definición de usos de suelo como los lineamientos que debe seguir el desarrollo se inscriben en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de cada ciudad, por lo cual nos enfocamos en ellos para este análisis. 

Para explorar la flexibilidad de la normatividad, realizamos un análisis de los Programas de Desarrollo Urbano de las tres ciudades. El análisis fue complementado con datos recopilados a partir de entrevistas a representantes de la iniciativa privada y el sector público aplicadas entre julio y septiembre de 2021. Se llevó a cabo la transcripción literal de las entrevistas y posteriormente se realizó la codificación. 

La flexibilidad normativa y su relación con el costo de la vivienda 

En países desarrollados con marcos regulatorios robustos y sistemas de implementación reconocidos por la ciudadanía, encontramos un consenso académico sobre la existencia de una relación endógena entre los precios de la vivienda y el nivel de regulación.1 De tal forma que las zonas con altos valores tienden a ser altamente reguladas para mantener las características que aseguran formas de mantener su valor (Kok et al., 2014). 

Por su parte, en los países en desarrollo, los estudios coinciden en que la zonificación, al restringir la utilización del suelo, afecta de manera adversa los precios de la vivienda. Por ejemplo, Bertaud y Malpezzi (2001) concluyen que los costos de la regulación sobrepasan los beneficios que generan los subsidios que el gobierno designa a la vivienda en Malasia. En América Latina, Boullon (2012) estima que los costos legales representan en promedio 5.6% del costo total de una vivienda, mientras que el tiempo para conseguir un permiso de construcción puede demorar 2.2 meses. Por otro lado, Monkkonen y Ronconi (2013) encuentran en Argentina que la alta regulación también se asocia con altos niveles de irregularidad. 

En el caso de las ciudades mexicanas sabemos que la facilidad y rapidez para tramitar permisos ha sido clave para reducir los costos de producción de vivienda a través de las economías de escala (González Ochoa, 2022; Duren, 2018). Estas facilidades otorgadas a los desarrolladores de vivienda han formado parte de las políticas impulsadas desde los organismos internacionales. Por consiguiente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como organismo ejecutor de la política de vivienda, los integró como parte de los acuerdos con empresas constructoras destinados a impulsar la oferta de vivienda (González Arreola, 2006). 

Si bien este estudio no se enfoca en el efecto directo que tienen las normas urbanas en el precio de la vivienda, sí nos interesa explorar cómo estas han evolucionado en los últimos 22 años. De manera preliminar, inferimos que los marcos regulatorios varían entre municipios, que existen diferentes niveles de involucramiento de la iniciativa privada en su elaboración y que su aplicación está sujeta a la discrecionalidad del personal que labora en las instancias municipales. En conjunto, la alta variabilidad en la aplicación de la norma genera diferentes niveles de incertidumbre en la inversión, y es esta incertidumbre la que inhibe la producción de la vivienda de menor costo. 

La producción de vivienda y el marco regulatorio en Ciudad Juárez, Hermosillo y Tijuana 

Ciudad Juárez (Chihuahua), Hermosillo (Sonora) y Tijuana (Baja California) son municipios con un acelerado crecimiento demográfico asociado a la dinámica económica de cada ciudad. En los casos de Ciudad Juárez y Tijuana, su dinamismo proviene de ser un punto de atracción para la industria maquiladora de exportación, mientras que Hermosillo es un núcleo agroindustrial en el norte de México. Estas condiciones favorecen un crecimiento demográfico por arriba del promedio nacional (Tabla 1) y promueven altos índices de empleo asalariado con acceso a financiamiento para la vivienda. Estas características convierten a dichas ciudades en polos de atracción para la producción de vivienda (González Ochoa, 2022; Monkkonen, 2011). 

En la Tabla 1 ilustramos el impacto del acceso al financiamiento en el parque habitacional de estas tres ciudades en las primeras dos décadas del siglo XXI. Utilizamos las variables de números de créditos otorgados en cada municipio para vivienda nueva, con el objetivo de aproximarnos al número de viviendas nuevas construidas por empresas desarrolladoras, y la disponibilidad de servicios en la vivienda como una aproximación al nivel de informalidad en el crecimiento urbano. Los datos muestran que Ciudad Juárez y Tijuana cuentan con una mayor proporción de vivienda financiada, con 53 y 43% del total de la vivienda registrada en 2020, respectivamente. Para Hermosillo, la proporción es de 19%. Los altos porcentajes de vivienda financiada en estas tres ciudades, aunados a los altos índices de cobertura de servicios, permiten visualizar la importancia de la vivienda producida a través de empresas privadas como motor de su crecimiento urbano. 

En conjunto, estos datos concuerdan con Monkkonen (2011), quien habla de una transición de un patrón de crecimiento informal a uno de crecimiento predominantemente formal incentivado por la disponibilidad de hipotecas subvencionadas. Esta transición también significó una mayor presión en los gobiernos municipales y estatales para responder con obras de infraestructura y procesamiento de trámites. 

Al final de la década de los noventa, los municipios de estudio enfrentaron estas nuevas necesidades de regulación con capacidades similares. Los tres contaban con Institutos Municipales de Planeación (Implan)2 y tenían su propio Plan de Desarrollo Urbano de centro de población (PDU).3 De manera complementaria, los municipios también contaban con sus respectivos reglamentos de edificación, de fraccionamientos, de condominios, entre otros. Para González Ochoa (2022b), todos estos documentos se vuelven relevantes en el reto de la producción de la vivienda de interés social, ya que definen los límites ante las estrategias de reducción de costos que emplean las empresas. 

En el análisis de dichos documentos nos enfocaremos en dos aspectos: 1) los aspectos que llevan a cambios en la regulación en materia de zonificación, y 2) los diferentes niveles de flexibilidad que permite la normativa. 

Al analizar la temporalidad y evolución de estos documentos, las fechas de publicación muestran que los municipios han ajustado los PDU con base en los cambios en la política pública federal o cuando cambian las condiciones de desarrollo urbano que dieron origen al documento. Por ejemplo, el programa de Hermosillo se modificó en cada cambio de administración municipal en 1994, 1997, 2000, 2003 y 2007. En cada actualización, el municipio ajustó las reservas para el crecimiento urbano, las densidades habitacionales y los usos del suelo con el fin de dirigir el crecimiento hacia zonas más adecuadas (Gobierno de Hermosillo, 2000). 

Para los municipios de Tijuana y Ciudad Juárez, la temporalidad de los documentos se alinea con los cambios en la administración federal. De tal manera que los ajustes en los PDU, publicados ambos en 1995 y 2003, replican la política que propició el auge en la producción de vivienda. Por ejemplo, en Tijuana, el PDU 2003, además de coincidir con una ampliación de la reserva territorial y ajustes a las densidades permitidas, añade el requisito de los estudios de impacto urbano.4 

Por su parte, el PDU 2003 de Ciudad Juárez enfatiza la creación de un inventario de reservas territoriales y un incremento en las densidades permitidas (Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez [IMIP], 2003). De esta estrategia surgen diversos programas parciales que prevén un marco regulatorio para el crecimiento de vivienda formal. Los programas de El Barreal y Oriente San Isidro, Ciudad Juárez Ojitos, Zona Oriente Zaragoza, Zona Sur y Lote Bravo y El Mezquital, fueron elaborados por el IMIP de Ciudad Juárez y publicados por el municipio entre 2002 y 2003. Con base en las entrevistas y los registros de los programas, los planes fueron elaborados en coordinación con las empresas privadas conforme se liberaron las reservas territoriales en la periferia de la ciudad. 

Tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez, algunos de estos programas parciales fueron financiados y elaborados por desarrolladores de vivienda. En Ciudad Juárez, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano San Jerónimo 2005 fue elaborado a solicitud de la Corporación Inmobiliaria San Jerónimo, S. de R.L. de C.V.; mientras que el Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano de Valle Las Palmas (2008) y el Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Sur (2014) fueron elaborados en el marco de convenios del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana con las compañías URBI y Ruba Desarrollos, S. A. de C. V., respectivamente. 

La segunda generación de PDU surge después de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica de 2008. Estos eventos evidenciaron las fallas de la política pública al promover la sobreproducción de vivienda económica a través de un esquema facilitador. En este sentido, los municipios cumplieron con el objetivo de facilitar la producción a través de esquemas flexibles y coadyuvaron al crecimiento expansivo de sus ciudades. 

Con base en las condiciones contextuales, la política de vivienda también evolucionó, incorporando de manera discursiva conceptos de ciudad sustentable, compacta y densa. Paradójicamente, para los tres casos de estudio, los municipios expanden el límite del centro de población. Se infiere que esta es una manera de tener mayor control local sobre las zonas de posible expansión, aunque también les permite incorporar más área de reserva territorial sobre la cual expandirse. 

Otro aspecto por señalar es que cada modificación de los programas reguladores del desarrollo urbano o de las normas urbanas incrementa los requisitos para quienes buscan desarrollar. Por ejemplo, en el caso de Tijuana, el PDU 2010 señala de manera general que el Implan podrá requerir a los desarrolladores los estudios que considere necesarios. Asimismo, este municipio consolida la práctica de los cambios de uso de suelo a través de la elaboración de estudios de impacto urbano, incorporándolos como requisito en el reglamento de zonificación de 2012. En este sentido, la consolidación de prácticas de cambios de usos de suelo sugiere una alta flexibilidad de las normas urbanas. Al respecto, los informantes en esta ciudad mencionaron que las autoridades les permiten hacer el cambio de uso de suelo, alturas y densidades al presentar los estudios correspondientes. Un informante señaló que solo cuando el predio se encuentra en una zona de mucho riesgo, como una zona de inundación, la autoridad niega el cambio. 

En Ciudad Juárez, los cambios en la densidad habitacional o en los usos de suelo permitidos se llaman modificaciones menores al Plan Director de Desarrollo Urbano. Con base en las entrevistas, dichos cambios proceden si cuentan con sustento técnico; en esos casos, las autoridades mencionan que en tres meses puede realizarse el cambio de uso de suelo. 

De la misma forma, en Hermosillo la ley provee de mecanismos para promover un cambio de uso de suelo, cambiar una sección vial o promover densificación. Según los informantes, los cambios se deben sustentar mediante los documentos que solicita la autoridad correspondiente, generalmente un dictamen de congruencia o un anteproyecto autorizado. 

En Hermosillo y Ciudad Juárez, a pesar de que existe la posibilidad de realizar estos cambios a la norma, la respuesta recurrente tanto de la autoridad como de los desarrolladores es que pocas veces se recurre a estos instrumentos, ya que consumen mucho tiempo y el resultado es incierto. Caso contrario al de Tijuana, donde los cambios en las densidades y las alturas son frecuentes.5 

Adicionalmente, para Tijuana, los datos recabados permiten ver que el funcionamiento del Implan depende del ingreso por el pago de derechos de revisión de esos estudios. Al respecto, un informante desglosa el presupuesto del instituto: “[Refiriéndose al Implan] el Ayuntamiento le da 12 millones [de pesos] y el Implan tiene que generar los 6 millones restantes [este es ingreso adicional] de los diferentes trámites que se hacen, como [revisión de] estudios de impacto urbano, o estudios de impacto vial, etc.”. Estos hallazgos sugieren que las normas urbanas que se derivan de estos documentos tienen diferentes grados de flexibilidad para cada municipio. Primero, a través del involucramiento de las empresas en su elaboración y, segundo, a través de las modificaciones a los planes, que se han circunscrito como prácticas reguladas por los municipios. Para el caso de Tijuana, esta práctica de cambios en la normativa se ha convertido en un instrumento importante de recaudo.

Certidumbre en la aplicación de la norma 

Aunque la información de las entrevistas no permite calcular con exactitud el impacto de las normas en los costos de producción, los entrevistados son consistentes en mencionar los efectos que genera la poca claridad en los trámites y en los tiempos y costos de producción de la vivienda. En concreto mencionan que la discrecionalidad y cambios en la aplicación de la norma les genera incertidumbre sobre la inversión inmobiliaria. 

Con base en las respuestas de nuestros informantes podemos identificar dos momentos en los que las autoridades cambian la aplicación de la normativa urbana (Tabla 2). El primero tiene que ver con los cambios oficiales en la normatividad; esto es, cuando un nuevo programa, reglamento o ley se aprueba, pasa por un proceso de consulta y revisión. El segundo se refiere a los cambios en la interpretación de la norma que surgen a partir de la rotación de personal. Esto último se debe a que quienes interpretan las normas pueden incrementar o disminuir los requisitos para aprobar un proyecto, o incluso reiniciar el trámite. Al respecto, uno de los desarrolladores en Tijuana menciona: 

Cada cambio de administración hay que soportar la curva de aprendizaje de quien entra a las dependencias. Muchas veces las personas no saben y tienen que familiarizarse con los procesos. Tiene mucho que ver quién está a la cabeza de las dependencias porque interpretan los planes y las normas de manera distinta. Eso retrasa los trámites. 

Otro desarrollador con presencia en Hermosillo y Tijuana afirma: 

[los cambios de administración afectan] mucho. Mira, la transición es lenta, […] ellos dicen 15 días, pero no es cierto. Generalmente toma 1.5 a 2 meses el poder entenderle al cambio. Y muchas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado en Tijuana, hace dos años que hubo cambio de administración municipal, y luego dos años duró, y ahora ya viene esta otra, que nos regresaron a los trámites, y como todavía no está firmado, se regresó al inicio. 

Entre los cambios solicitados, los desarrolladores mencionan algunos ejemplos, como añadir mayor detalle en los planos estructurales, en los estudios o requisitos adicionales, entre otros. Estos datos fueron consistentes para los tres municipios. 

Ante los cambios en la normatividad, los desarrolladores también citan diferentes estrategias para reducir la incertidumbre que estas condiciones les generan. Por ejemplo, cuando sus reservas territoriales se ven afectadas por la implementación de una nueva norma buscan actuar a través de las cámaras empresariales para influir en dicha reglamentación. Otros desarrolladores toman actitudes más conservadoras hacia el negocio, comprando predios que cumplan con las normas, especialmente con el uso de suelo. 

Desarrolladores en Hermosillo y Ciudad Juárez destacan que una relación estrecha con las autoridades les permite consultar la factibilidad del desarrollo desde antes de la compra del terreno, y mediante este proceso de gestión, el desarrollador recolecta información sobre cualquier posible regulación o requerimiento que pudiese atrasar o elevar el costo de producción. 

En síntesis, la información nos deja ver que la rotación de personal pone obstáculos en los procesos de aprobación de un desarrollo, pues las exigencias sobre los requisitos pueden variar según el criterio de la persona en el cargo. De acuerdo con los entrevistados, los cambios en la aplicación de la norma generan incertidumbre al proyecto inmobiliario, debido a que los desarrolladores no pueden estimar con certeza los efectos económicos en un producto inmobiliario. Ante los cambios oficiales, los desarrolladores pueden actuar con antelación a través de las cámaras, y cuando los reglamentos impactan el costo del proyecto haciéndolo inviable, actúan en conjunto para oponerse legalmente. 

Conclusiones

Los datos recabados permiten visualizar que los municipios tienen mayor capacidad de regular el crecimiento urbano que lo que infiere la discusión académica. A partir de los cambios producidos por la reforma financiera y la consecuente presión por desarrollar más vivienda, las políticas de vivienda incentivaron un marco regulatorio flexible a favor de la facilitación, mismo que cada municipio ha adecuado para atender a sus presiones de crecimiento; en algunos casos, ello se ha utilizado como mecanismo de recaudación. De fondo se observa una constante interacción entre sector público y privado a través de la asignación y adecuación de normas para reservas territoriales y la posibilidad de realizar cambios en la normativa. 

Por otra parte, la incertidumbre que genera la alta discrecionalidad en la aplicación de la norma impacta tiempos y costos de producción de la vivienda. La falta de transparencia en estos procesos también limita el acceso a ellos. En conjunto, este primer acercamiento deja ver cómo el diseño y la aplicación de los instrumentos de planeación urbana coadyuvaron al patrón de expansión urbana suscitado en México durante la primera década del siglo XX. Igualmente, pone en evidencia cómo las prácticas locales continúan impulsando la dinámica de mercado, más allá de la promoción de la vivienda económica. 

Notas 

1. Ver Monkkonen (2020) para una revisión detallada de la bibliografía. 

2. Los Institutos Municipales de Planificación urbana son institutos paramunicipales especializados en la planificación, creados en colaboración con la sociedad civil con el fin de hacer más eficiente la planeación urbana en México. Para aquellas ciudades que cuentan con un Implan, este es el encargado de generar los Planes y Programas de Desarrollo Urbano (PDU) para el municipio. 

3. Los PDU contienen la regulación del desarrollo en cuanto a usos de suelo, alturas máximas, densidades y niveles de ocupación permitidos. 

4. Estos consisten en un análisis integral de los impactos que tendrán los nuevos desarrollos en el entorno actual y se convierten en un requerimiento a través del cual el municipio otorga los cambios de uso de suelo (Instituto Municipal de Planeación de Tijuana, 2003). 

5. Como ejemplo, en el momento del levantamiento de los datos se encontraban en proceso de venta 23 torres de condominios de más de 30 metros, superando la altura máxima contemplada en las normas urbanas.  

Referencias 

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Boullon, C. P. (2012). Un espacio para el desarrollo. Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. 

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Montejano Escamilla, J. A., Caudillo Cos, C. A. y Cervantes Salas, M. (2018). Vivienda de interés social, segregación residencial y accesibilidad: análisis de 121 conjuntos urbanos en el arco nororiente del Valle de México, 2001-2010. Estudios Demográficos y Urbanos, 33(1), 187-224. https://doi.org/10.24201/edu.v33i1.1639 

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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DIEGO CASTAÑEDA GARZA

Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.