Planeación urbana con enfoque en derechos humanos

El enfoque de derechos humanos en la planeación urbana coloca en el primer lugar de atención a la persona y sus derechos en los instrumentos de planeación. Esto contrario a otras posturas, como la meramente económica o de consumo de recursos naturales, por las cuales se ha justificado un sinfín de acciones que han deteriorado la calidad de vida de los asentamientos humanos. En este artículo se abordarán dos casos concretos de ciudades mexicanas, Ensenada y Mazatlán, cuyos PDU incorporan esta revolucionaria aproximación. 

A raíz de una serie de sucesos trascendentales de naturaleza jurídica relacionados con las ciudades, como lo fueron las reformas de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),1 la conferencia Hábitat III de 20162 y la publicación en el mismo año de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU),3 se ha posicionado cada vez más a las personas y sus derechos en el centro del discurso urbano. Esto en contraposición a otras posturas, como la meramente económica o de consumo de recursos naturales, que aún prevalecían a principios de este siglo y por las cuales se justificaba toda una serie de acciones que disminuyeron la calidad de vida de una importante cantidad de población de los asentamientos humanos en México y el mundo. 

El enfoque en derechos humanos en la planeación urbana consiste en la incorporación —dentro de un Plan de Desarrollo Urbano (PDU) legal y obligatorio— de los contenidos expresados en forma de verbos por el artículo 1 de la CPEUM, respecto de los derechos fundamentales de los residentes de la zona regulada por dicho plan. Esto con la pretensión de otorgar la máxima protección y desarrollo a dichos derechos, configurando las condiciones que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación denomina como el mínimo vital necesario para el desarrollo libre de las capacidades humanas. Este nuevo enfoque, como se menciona arriba, coloca en el primer lugar de atención a la persona y sus derechos en los instrumentos de planeación, conforme al marco normativo que prevé el ya mencionado artículo 1, el cual indica: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (CPEUM, 2011).

De este mismo artículo se desprenden los verbos de derechos, parte medular del enfoque en derechos humanos. Con esta expresión nos referimos a las obligaciones que progresivamente se desprenden para la autoridad municipal en la formulación, interpretación y aplicación de un PDU, y su forma de expresión:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (CPEUM, 2011).

Estos verbos (respetar, proteger, garantizar, prevenir) determinan la estructura y contenido de un PDU con enfoque en derechos bajo tres elementos esenciales: el derecho a la vida, la dignidad del ser humano y el mínimo vital que necesitan los seres humanos para vivir dignamente. Lo anterior constituye el eje del nuevo derecho urbanístico mexicano y evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos mediante la expresión clara del principio propersona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y actos derivados. Esto incluye aquellas contenidas en las leyes, reglamentos, programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico, así como en licencias y actos, con el fin de que todas las autoridades, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno, favorezcan y brinden la mayor protección jurídica, respecto de sus derechos fundamentales, a las personas que residen en asentamientos humanos.

Desde un aspecto técnico, y contrario a la forma tradicional de realizar un PDU —que normalmente comienza con la elaboración de un diagnóstico—, este nuevo tipo de instrumentos inicia con la identificación puntual de los elementos urbanos, sociales, económicos, ambientales o institucionales más relevantes que determinan el estado actual del asentamiento humano a planear. Este proceso de identificación es realizado por las personas que usan, trabajan o viven en dicho entorno.

Luego se identifican las influencias que hay entre estos elementos —denominados factores críticos— en su relación con los derechos humanos. De dicho ejercicio se obtiene, finalmente, una densa red de relaciones (Figura 1) que sirve como referencia fundamental para entender —y no solo describir, como se hace hasta ahora— el funcionamiento del sistema urbano. Al llegar a este producto se cuenta con las condiciones para realizar la etapa de diagnóstico del PDU, teniendo siempre como elemento de referencia a esta red, con toda su gama de relaciones no triviales como guía para desarrollar sus contenidos.

De esta manera se pretende superar el diagnóstico estático y voluminoso tradicional de los PDU, conformado por los apartados ya conocidos de medio físico natural, medio físico transformado y socioeconómico, para pasar a una estructura de diagnóstico enfocado, pues de antemano se ignora cuáles serán sus apartados hasta obtener esta red de relaciones. Desde el enfoque de sistemas complejos se puede decir, entonces, que los temas rectores de cada asentamiento a planear “emergen” de su propia red de relaciones, la cual es irrepetible y única, como lo será la estructura de su PDU. 

Figura 1. Red de influencias entre factores críticos y derechos humanos de la zona centro y frente de Mar de Ensenada, BC, México

Entre más grande el nodo, mayor la cantidad de relaciones. Fuente: Polígono Urbano de Derechos Humanos de la Zona Centro y Frente de Mar. IMIP/CJUR Ensenada. 

Caso de Ensenada, Baja California

Bajo este enfoque de derechos, el Colegio de Jurisprudencia Urbanística (CJUR) se ha dado a la tarea de diseñar y avanzar en las metodologías ya mencionadas, implementándolas en la elaboración de los primeros instrumentos de planeación en su tipo. Un ejemplo es el Programa Parcial de Mejoramiento Urbano y Frente de Mar (Periódico Oficial de Baja California, 2019) de la ciudad de Ensenada, en Baja California, que se caracteriza por incluir una declaratoria de reconocimiento de derechos fundamentales en el ámbito de aplicación del programa, donde los enuncia de manera puntual y los acompaña con un listado de principios normativos en materia de derechos y sus alcances. 

Además, y partiendo de la premisa de que los derechos humanos se pueden expresar espacialmente, el programa los vuelve visualmente explícitos a través de una cartografía de derechos humanos, la cual representa su grado de vulnerabilidad (Figura 2). A su vez, esta es complementada con una matriz de problemática y derechos humanos en el ámbito espacial de validez del programa (Tabla 1), cumpliendo así con el verbo de derecho ‘reconocer’, al mostrar un concentrado de los derechos fundamentales existentes, de acuerdo con la problemática con la que se asocian, así como los instrumentos normativos en los que se sustenta el programa.

Juntos —cartografía y matriz— son la base en la identificación de los proyectos urbanos necesarios para garantizar las condiciones del máximo desarrollo de las personas en esta zona de la ciudad de Ensenada.

Figura 2. Mapas de afectación a los derechos humanos al hábitat, a la ciudad y al medioambiente sano

Fuente: Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar. IMIP/CJUR Ensenada 2019.

Como continuación de este instrumento, y en apego al artículo 85 de la LGAHOTDU —la cual permite la declaración de polígonos para el desarrollo4—, se elaboró el instrumento Polígono Urbano de Derechos Humanos de la Zona Centro y Frente de Mar de Ensenada. Este documento, entre otras cosas, integra el factor tiempo en un análisis espacial de las actividades que se realizan en esta zona —la cual concentra las actividades turísticas de la ciudad (Figura 3)—, presentándolas como cortes de mañana, tarde y noche, con lo que se demuestra la variedad espacial que puede tomar una misma actividad dependiendo de la hora del día.

El instrumento fue enriquecido con un diagnóstico a nivel persona por medio de entrevistas tanto a actores clave de esta zona como a sus habitantes y trabajadores de todos los rangos económicos y sociales, quienes aportaron valiosos matices al entendimiento de las actividades que se llevan a cabo en el sector y que normalmente se ignoran por la falta de acercamientos a nivel individual. Este instrumento concluye con la presentación de acciones a llevar a cabo a manera de “Fichas solución”, que pueden presentar varias soluciones para un mismo problema y de las cuales deberá seleccionarse una a través de audiencias públicas que aún faltan por realizarse. 

Tabla 1. Matriz de problemática y derechos humanos en el ámbito espacial de validez del programa

Fuente: Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar. IMIP/CJUR Ensenada 2019.

 

 

Figura 3. Densidad de actividades, fin de semana

Fuente: Polígono Urbano de Derechos Humanos de la Zona Centro y Frente de Mar. IMIP/CJUR Ensenada. 

Caso Mazatlán, Sinaloa

Otro instrumento de planeación con enfoque en derechos humanos es el diagnóstico que se ha realizado para la actualización del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán, Sinaloa. Además de una red de relaciones entre factores urbanos, en este instrumento se incluye un apartado de principios mandato en materia de derechos humanos urbanos, los cuales se consideran como la guía esencial que deberá seguirse y a la cual deberán ajustarse los contenidos de la planeación urbana en todos los componentes y fuentes del derecho que integran este programa de ordenamiento. No obstante, se ha dado un paso adicional al transitar de un diagnóstico donde los contenidos están estructurados de manera lineal, a uno estructurado alrededor de fichas sintéticas de redes y agrupadas en ámbitos de atención, los cuales conforman la estructura base tanto de este diagnóstico como de lo que serán los apartados normativos próximos a desarrollarse. 

Adicionalmente, este es un PDU donde no solo se incluye contenido sobre los impactos urbanos que la pandemia por la COVID-19 tuvo en el municipio de Mazatlán, sino también a los derechos humanos que fueron afectados o restringidos durante la emergencia sanitaria como resultado de diversas políticas públicas de control. Lo anterior justifica la necesidad de crear el marco jurídico urbano desde los contenidos de este Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para garantizarlos y ponderarlos. 

De entre estos derechos involucrados durante la pandemia están: 

  • Derecho al espacio público
  • Derecho a la intimidad
  • Derecho a la alimentación
  • Derecho al transporte
  • Derecho a la movilidad
  • Derecho a la salud
  • Derecho al turismo
  • Derecho a la actividad económica e industrial
  • Derecho al trabajo
  • Derecho a los equipamientos hospitalarios
  • Derecho al acceso al agua
  • Derecho a la vivienda
  • Derecho a las telecomunicaciones
  • Derecho al acceso a internet
  • Derecho al deporte
  • Derecho a la recreación
  • Derecho a la cultura
  • Derecho a la participación ciudadana
  • Derecho a la seguridad social
  • Derecho al medioambiente sano
  • Derecho a la manifestación

Buenas prácticas

Vale la pena notar que estos programas de desarrollo urbano ya se han reconocido como buenas prácticas con posibilidad de replicarse en contextos internacionales, como lo ha expresado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a raíz de la presentación del Programa Parcial de Ensenada en el noveno Foro Urbano Mundial (WUF 9) de 2018. Asimismo, este programa, junto con el de Mazatlán, fueron reconocidos como casos legales paradigmáticos en la denominada Hoja de Ruta Hacia la Recuperación 2022 (The 2022 Roadmap to Recovery), elaborada por el Habitat Professionals Forum y que se lanzó en el onceavo Foro Urbano Mundial (WUF 11), llevado a cabo en Katowice, Polonia. Dicha hoja de ruta reúne una serie de propuestas generales y temáticas de recuperación justa y regenerativa de los asentamientos humanos frente a los impactos provocados por la pandemia. Incluye un apartado de derechos humanos y legislación urbana en donde se proponen cuatro puntos: 

  1. Actualizar los sistemas de derecho urbano basados en una visión integrada de la justicia social y derechos humanos. 
  2. Establecer una base jurídica para la planeación urbana de los derechos humanos con estándares mínimos y garantías de derechos. 
  3. Una visión del urbanismo legal para enfrentar futuras crisis de asentamientos humanos basada en los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la participación. 
  4. Un marco legal para la justicia social urbana a ser adoptado y promovido por ONU-Hábitat e integrantes del Habitat Professionals Forum, de acuerdo con la resolución 45/86 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Recomendaciones finales

Además de los retos técnicos y metodológicos a superar en la elaboración de este tipo de instrumentos, también hay que considerar la importancia de apuntalarlos de la mejor forma posible con el fin de que logren sortear aspectos que podrían obstaculizar su progreso. Tal es el caso, por ejemplo, de los procesos de entrega-recepción entre administraciones municipales entrantes y salientes, el financiamiento necesario tanto para la elaboración como para la puesta en práctica de estos instrumentos, o inclusive la posible falta de aceptación o entendimiento por parte de autoridades gubernamentales, acostumbradas a tratar con instrumentos de planeación más tradicionales y conocidos. 

Para contrarrestar lo anterior es importante, entre otras cosas, fortalecer y garantizar la continuidad de las instituciones de planeación locales; el establecimiento de relaciones estratégicas con sectores ciudadanos, privados y académicos locales como contrapartes que velen por estos instrumentos en momentos de vulnerabilidad; así como el mejoramiento de las capacidades de cabildeo y comunicación para poder transmitir de la manera más ágil, clara y eficiente la importancia de estos instrumentos, captando la atención de los funcionarios sobre quienes finalmente recaerá la responsabilidad de aprobarlos. 

Más aún, una vez que estos instrumentos de planeación con enfoque en derechos se vuelvan legales y de observancia obligatoria, es muy importante contar con la contraparte ciudadana que vele por su seguimiento y evaluación ante posibles omisiones por parte de la autoridad municipal, así como también para que se realicen las acciones de difusión necesarias para que sean aceptados y conocidos por la mayor cantidad posible de ciudadanos. 

Notas

 

1. En dichas reformas se reconoce la progresividad de los derechos humanos mediante la expresión clara del principio propersona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y actos derivados. 

2. Se establece el reconocimiento y garantía de los derechos humanos fundamentales a través del concepto ciudades para todos. 

3. La cual mandata el derecho a la ciudad como principio de política pública. 

4. Zonas que permitan llevar a cabo acciones específicas para el crecimiento, mejoramiento y conservación de los centros de población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales. 

Referencias 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero. 2011 (México). 

Periódico Oficial del Estado de Baja California (13 de septiembre de 2019). Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Zona Centro y Frente de Mar. Mexicali, México: Gobierno del estado de Baja California. https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/ CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2019/Septiembre&nombreArchivo=Per iodico-40-CXXVI-2019913-SECCI%C3%93N%20II.pdf&descargar=false Consultado por última vez el 17 de mayo de 2022. 

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Javier Sandoval F.

Licenciado y maestro en Arquitectura, así como doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Catedrático y ponente en universidades públicas y privadas. Fue director del IMIP de Ensenada y previamente jefe del Departamento de Planeación Urbana. Actualmente es director general de Urban Lab. 

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Es abogado urbanista. Egresó de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP) y es maestro en Estudios y Gestión de la Ciudad por la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero). Cuenta con estudios de especialización en Derecho Urbanístico, así como 27 años de experiencia en derecho urbanístico y ambiental. Actualmente es presidente del Colegio de Jurisprudencia Urbanística. 


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El autor es matemático por la Universidad de Guadalajara (U de G) y maestro en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es director general de Estadísticas Sociodemográficas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Puede ser contactado en el correo electrónico: edgar.vielma@inegi.org.mx

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Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro y doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es Investigador Titular “B” en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán. Sus líneas de investigación son espacio urbano, estructura de clases sociales, cambio sociocultural y etnicidad en la ciudad y su periferia próxima. Cuenta con dos libros de autoría individual y tres como coordinador, además de varios capítulos de libro y artículos en prensa y revistas especializadas.

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Gerardo Gómez del Campo del paso

Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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JOSÉ RAYMUNDO GALÁN GONZÁLEZ

Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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EMILIA GARCÍA-ARTEAGA MOLINAR

Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

Semblanza del autor

LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.