Revista Vivienda Infonavit

Reflexiones sobre los procesos de zonificación del suelo urbano ante el riesgo de desastres 

Este artículo tiene por objeto plantear las limitaciones para incorporar la gestión del riesgo de desastres en el suelo urbano. Se revisan las vías por las cuales la zonificación primaria ha adoptado las restricciones asociadas a amenazas socionaturales y a actividades humanas de alto impacto. Se plantean los problemas para incorporar estos aspectos en la zonificación secundaria, cuestionando el principio de vida útil ilimitada del suelo, del cual parten las metodologías de valuación. Se desarrollan como ejemplos las alturas y regularidad asociados a los coeficientes de utilización de suelo que, al partir de criterios urbanísticos y fiscales, pueden afectar la extracción de agua y la respuesta sísmica de edificaciones, así como la disminución de la infiltración asociada a altos coeficientes de ocupación. 

En los últimos 20 años, los desastres en México han costado alrededor de 591 mil millones de pesos (Guevara, 2022). Además de la cantidad ingente de recursos económicos que dejan de invertirse en el desarrollo del país, los desastres se traducen en afectaciones directas a la calidad de vida y a los derechos de las personas, generando pérdidas, trauma, desplazamientos y nuevas vulnerabilidades. En este contexto, el objetivo del artículo es plantear ciertos aspectos que dificultan la inclusión de criterios con enfoque preventivo para actuar sobre la reducción del riesgo desde la regulación del suelo en asentamientos humanos. Se busca que esta revisión permita reflexionar sobre las posibles rutas hacia una reducción del riesgo de desastres1 más efectiva. 

La condición de las viviendas mexicanas ante el riesgo en nuestro país es preocupante. Una de las vías para identificar la dimensión de este problema se desprende de los datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020. La lectura de algunas de las variables que se aproximan a la condición de seguridad estructural de la vivienda (Figura 1) es ilustrativa de la dimensión del problema al que nos enfrentamos e informa del panorama grave en torno a la vulnerabilidad física de las viviendas.

Por otra parte, los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021 revelan otros aspectos de este problema. Por ejemplo, solo 612 municipios (24.8%) cuentan con alguna instancia (secretaría, dirección, jefatura o coordinación) de ordenamiento territorial o desarrollo urbano; y solo 727 (29.5%) cuentan con algún trámite específico al desarrollo urbano, construcción o uso de suelo. De acuerdo con esta fuente, solo 55 municipios reportan la existencia de algún tipo de verificación estructural. De estas cifras se desprende que estos procesos, indispensables para incorporar una visión preventiva en los asentamientos humanos, son escasos. 

Sin embargo, la calidad y seguridad de la construcción de uso habitacional es un tema que debería ser de absoluta prioridad ante los escenarios de peligro de un país como México. Los datos arriba presentados muestran que la escala de la vulnerabilidad de las viviendas frente a diferentes tipos de amenazas es muy grande. Ante este escenario, uno de los retos más importantes a atender se relaciona con el diseño e implementación de instrumentos urbanísticos que generen y promuevan una relación diferente entre la vivienda y el suelo en el que esta se construye, pues las cualidades físicas del suelo (no solamente su ubicación o equipamiento) son una parte ineludible y fundamental de la integridad física de estas viviendas, así como de su potencial y características constructivas. 

Un punto de partida que sirve a este propósito está en los Atlas de Riesgos municipales. De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos,2 20.3% de los municipios del país cuenta con este instrumento (502 municipios). Sin embargo, en algunos estudios (Estrada, 2014; Ruiz et al., 2015) se ha señalado que este tipo de cartografía está lejos de tener efectos relevantes en la gestión del uso de suelo. A pesar de que se ha enfatizado la importancia de incorporar el contenido geográfico de estos atlas en las políticas de vivienda no asociadas a la reconstrucción (por ejemplo, en la producción de vivienda nueva, o en reforzamiento o regeneración), los pocos estudios académicos existentes acusan la desvinculación de este tipo de caracterizaciones con los procesos de gestión de suelo en asentamientos humanos (Gordyn y Ruiz, 2020).

Actualmente, la atribución de la regulación específica de los usos de suelo en México está en el ámbito municipal. A partir de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la incorporación de una visión preventiva ante el riesgo de desastres en los instrumentos de planeación urbana es un mandamiento legal (art. 11, fracc. II, XVIII y XXIV). Sin embargo, los esfuerzos en años recientes para implementar esta visión en la realidad del suelo y la vivienda muestran lagunas importantes en torno a la regulación territorial en la materia. 

 

Uno de los retos más importantes a atender se relaciona con el diseño e implementación de instrumentos urbanísticos que generen y promuevan una relación diferente entre la vivienda y el suelo en el que esta se construye. 

Uno de los principales problemas para desarrollar instrumentos de gestión del suelo con perspectivas reales de reducción del riesgo radica en la separación —una discrepancia epistémica— entre la zonificación “científica” de las amenazas que usualmente encontramos en los Atlas de Riesgos y la zonificación secundaria que se elabora por planificadores y urbanistas. Mientras que la primera modela la distribución de la magnitud o intensidad probable de los fenómenos geológicos o hidrometeorológicos partiendo de un concepto del suelo desde su dimensión física, la segunda surge de una concepción del territorio completamente diferente, centrada en el suelo como mecanismo de recaudación fiscal, desde la tenencia de la tierra y la regulación de su propiedad.

El puente más evidente entre ambas visiones está en la zonificación primaria, la cual contiene algunos elementos relacionados con la vocación general del territorio, las características del medio físico natural y algunos aspectos relacionados con exposición a amenazas. En ocasiones, estas se traducen en aspectos como áreas no urbanizables o áreas naturales protegidas (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu], 2019).

En algunos reglamentos de zonificación, estatales y municipales, encontramos referencias a los límites de los procesos de urbanización por motivos relacionados a los riesgos socioambientales. Usualmente, estos reglamentos asumen dos tipos de componentes de riesgo a considerar en la zonificación primaria. En el primer caso, los reglamentos señalan restricciones en la ocupación del territorio por aspectos relacionados con la topografía o la exposición a amenazas definida en el Atlas de Riesgos local. Un ejemplo de tal tipo de enfoque es el Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey, Nuevo León (art. 7, fracc. II). En algunos casos también se definen aspectos de protección de servicios ambientales claves para reducir los riesgos, los cuales algunas veces van integrados dentro de Áreas Naturales Protegidas. Un ejemplo de ello es el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima (art. 16, fracc. XI). 

Sin embargo, la mayoría de los reglamentos definen restricciones en la zonificación primaria a partir de un segundo tipo de enfoque, el cual define el riesgo a partir de las actividades humanas consideradas de alto impacto, especialmente instalaciones industriales o cierto tipo de actividades extractivas. Ejemplo de ello es el Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco (art. 17, fracc. V, lit. f). 

A pesar de estas aproximaciones, uno de los principales pendientes en la falta de vinculación entre la identificación de amenazas y la gestión tanto correctiva como prospectiva del riesgo dentro de asentamientos humanos es que la zonificación secundaria en México en realidad no ha adoptado criterios sobre riesgo para definir los usos de suelo.

Para entender esto, merece destacarse que dentro de los asentamientos humanos es un error atribuir la causalidad de las emergencias y desastres al mero impacto de los fenómenos naturales, aspecto heredado de la concepción físico-naturalista de nuestro marco legal. Dada la intensa transformación que experimenta nuestro entorno3 por intervención de la sociedad, el riesgo es en realidad una forma extrema de externalidad negativa, en la cual aspectos inadecuadamente comprendidos de la dinámica socionatural de la ciudad presentan un punto de ruptura que normalmente asociamos al desastre. 

Si bien existen diversas externalidades negativas bien conocidas y ampliamente estudiadas, como el tráfico vehicular, el ruido y la contaminación ambiental, hay aspectos más complejos que se presentan en las ciudades. Ejemplo de ello es el fracturamiento relacionado con la compactación del subsuelo por extracción de agua; o bien, las inundaciones urbanas, intrínsecamente relacionadas con la impermeabilización y el consiguiente aumento del escurrimiento superficial. Ambos ejemplos se relacionan con aspectos que podrían regularse parcialmente a través de la zonificación secundaria, si se le incluyen criterios de gestión de riesgos. 

Entre esos aspectos que podrían formar parte de un conjunto de medidas para disminuir el efecto del riesgo socioambiental como externalidad negativa está, por citar uno de ellos, la altura de las edificaciones. La Ciudad de México es un ejemplo paradigmático. El subsuelo del valle, antiguo lecho lacustre, amplifica las ondas sísmicas de manera variable, atendiendo a lo que se denomina efecto de sitio. Este efecto es la forma particular en la que el subsuelo responde en diferentes puntos a los sismos que, en el caso de la CDMX, conlleva la amplificación de las aceleraciones de dichas ondas sísmicas, y determina ciertas frecuencias predominantes en la vibración del suelo, que se denominan espectros. Esto es lo que debe considerarse para evitar que las construcciones presenten un efecto de resonancia; es decir, que vibren en la misma frecuencia que el suelo, y con ello, colapsen. 

Para buscar cumplir con los criterios de seguridad estructural contenidos en el Reglamento de Construcciones, al tiempo que se explota al máximo posible el potencial de edificación que les otorga el coeficiente de utilización del suelo (CUS), los desarrolladores inmobiliarios recurren frecuentemente a la fusión de predios. Con esta figura es posible lograr un máximo aprovechamiento si uno de los predios puede optar por una altura máxima superior por estar localizado, por ejemplo, en una vía primaria. A través de este mecanismo, los desarrolladores pueden obtener superficies de desplante cada vez mayores, las cuales aumentan el CUS, pero implican importantes externalidades socioambientales negativas en su entorno. Además de las externalidades tradicionalmente consideradas, como el tráfico, en este punto nacen otros impactos, como el incremento en los volúmenes de extracción de agua, lo cual lleva a la compactación del subsuelo y consiguiente hundimiento o fracturamiento. Por otro lado, las fusiones no siempre tienen las condiciones necesarias de regularidad para el cumplimiento de los parámetros del Reglamento de Construcciones. 

A ello se suma que la escala de los intereses económicos e inversiones involucradas generan un caldo de cultivo ideal para el incumplimiento en los procesos de revisión y verificación estructural, pues con frecuencia los desarrolladores aumentan la construcción de niveles adicionales a los autorizados en las manifestaciones de construcción; o incumplen con los criterios definidos por los dictámenes de impacto urbano que condicionan el mayor aprovechamiento del suelo. De esto da cuenta la revisión de los folios de una gran cantidad de expedientes de denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT).4

Con mejores controles en el aprovechamiento de niveles adicionales, adecuados mecanismos de control en las fusiones de predios y vigilancia en las normas generales de ordenación, la zonificación secundaria incidiría en el potencial de edificación vertical, que sin duda sería menor, pero los riesgos socioambientales asociados a la escala de la edificación de gran altura también se atenuarían. Este escenario reduciría la renta urbana, pero se ajustaría de forma más realista a la verdadera factibilidad hídrica y capacidad de carga del subsuelo, que es condicionante de la respuesta sísmica. 

Otra arista del riesgo se ilustra con la relación entre las áreas libres determinadas por el coeficiente de ocupación (COS) y los procesos de infiltración de agua en zonas intraurbanas. Muchas ciudades de México sufren inundaciones periódicas sin siquiera experimentar valores extremos de precipitación. Esto se debe a que existen factores que aumentan la vulnerabilidad física a inundaciones. Algunos de estos factores —como la pendiente— son naturales, pero muchos otros se crean por la impermeabilización de las cuencas, la falta de espacios infiltrantes que permitan reducir el escurrimiento, o la carencia de espacios que conserven la vegetación necesaria para retener el suelo en las partes más altas de las cuencas. Esta vegetación sirve para evitar que el agua que fluye cargue consigo los sedimentos que se acumulan en las partes bajas de la misma cuenca, donde, además, la infraestructura hidráulica trabaja al límite de su capacidad de drenaje. 

Una zonificación secundaria que determine altos COS o que permita excepciones al área libre a través de normas de ordenación que sustituyan las zonas libres por infraestructura de captación de agua pluvial, por razones de procedimiento constructivo (como ocurre con la Norma General de Ordenación 4 de la Ciudad de México), fomenta precisamente que la externalidad negativa se extienda: una reducción sistemática de las áreas verdes permeables e infiltrantes activas dentro de la ciudad, indispensables para el control de inundaciones, impacta en la configuración del riesgo.

Estos dos ejemplos sirven para mostrar cómo la altura, las áreas libres de construcción o las densidades habitacionales pueden generar ciertos patrones de vulnerabilidad estructural o de exposición a amenazas socionaturales que deberían ser considerados dentro de los parámetros de la zonificación secundaria como un conjunto de externalidades a evitar. 

El problema con la gestión urbana del riesgo es claro: mientras la zonificación secundaria y las normas de ordenación no consideren explícitamente aspectos como la capacidad de carga y las características geotécnicas del suelo de cada ciudad, y sigan sin considerar los límites en la extracción de agua subterránea o las necesidades de infiltración de lluvia para evitar escurrimientos por inundaciones, las construcciones nuevas seguirán siendo inadecuadas ante los peligros geológicos; por más Atlas de Riesgos que existan, no se lograrán procesos de gestión correctiva y prospectiva del riesgo que puedan materializarse en las ciudades. 

Otra de las áreas en las que es importante incidir para identificar mejores procesos de gestión es la valuación inmobiliaria. Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, las cuestiones en torno a la conveniencia de publicar la condición del suelo y de las edificaciones, y su relación con el valor de las propiedades se debatieron ampliamente. Para muchos especialistas, la razón para no integrar el aspecto del riesgo en la valuación y la publicación de los Atlas de Riesgo era su potencial impacto en el mercado inmobiliario. Sin embargo, el problema es el contrario: debido a las metodologías de valuación contenidas en la normativa mexicana, prácticamente no hay ninguna vía para integrar el riesgo en el valor del suelo.

A pesar de su potencial utilidad como instrumento de regulación de externalidades y de gestión de riesgo, la valuación inmobiliaria no se ve como un mecanismo para esta función social. En la norma mexicana vigente (NMX-R-081-SCFI-2015, Norma Mexicana de Servicios – Servicios de Valuación – Metodología) persiste la visión del suelo isotrópico: plano, uniforme y homogéneo. La valuación inmobiliaria es asumida como una herramienta con fines fundamentalmente fiscales y, eventualmente, de soporte a los mercados. El principal problema que debe reconocerse como severa limitante en la integración sistemática del riesgo en el valor del suelo (y a través de esto, al mercado inmobiliario) parte de la NIF C-6, una Norma de Información Financiera que determina la forma de calcular la depreciación de los componentes o activos fijos en propiedades, plantas y equipo, y que forma parte de las diversas normas de los International Financial Reporting Standards (IASCB). Esta norma, base para la NMX-R-081-SCFI-2015, sostiene una idea crucial relacionada con el valor del suelo:

Si la zonificación primaria a lo sumo considera que el factor “riesgo” existe fuera de los centros de población y no como un proceso dinámico asociado a la explotación sin límite del subsuelo urbano y a la configuración de externalidades negativas por las actividades humanas, no hay elementos para que los valuadores adopten criterios de análisis para disminuir el valor del suelo y, por lo tanto, incidir en el mercado inmobiliario. 

5.1.12.6 Depreciación: Suelo y Edificios

5.1.12.6.1 Tanto la NIF C-6 como la NIC 16 reconocen que normalmente el suelo tiene una vida útil ilimitada, lo que quiere decir que debe contabilizarse por separado y no depreciarse. El primer paso para establecer el importe depreciable que se atribuye a un inmueble, o parte de un inmueble, es establecer el valor del componente suelo a la fecha del estado financiero pertinente y después deducir este del importe en libros del interés de propiedad inmueble, esto es el suelo y edificios combinados, a fin de establecer el elemento de valor de propiedad global que puede atribuirse a las edificaciones.5

Esta sección de la NMX-R-081-SCFI-2015 es reveladora, pues muestra el corazón del problema de la incorporación del componente de riesgo en el valor de la propiedad. La idea del suelo como elemento con “una vida útil ilimitada” puede ser un supuesto universal en términos de economía urbana, pero definitivamente no se sostiene en el análisis de riesgos. Por lo tanto, el argumento de que el suelo no pierde su valor es un soporte a la idea del suelo como bien económico, pero en la práctica excluye la obsolescencia física del suelo y las externalidades negativas asociadas a los asentamientos humanos que, de hecho, son parte del riesgo: hundimiento y subsidencia, fracturamiento, cambio en los periodos dominantes de suelo por compactación —con la consiguiente transformación en la respuesta sísmica—, falta de infiltración del agua en el subsuelo o una mayor tendencia a inundaciones súbitas, entre otros aspectos que, en la economía urbana, simplemente se separan de la materialidad de ese suelo.6 Cabe señalar que tampoco los Estándares de Valuación Internacional del International Valuation Standards Council contienen referencia alguna al tema de riesgo.

Si a ello se suma el hecho de que las zonificaciones secundarias de las ciudades de México no definen ni incluyen ninguno de los aspectos de riesgo en la definición de sus CUS, de sus densidades o de sus normas urbanísticas, es claro que los desarrollos no tienen motivo alguno para considerar un límite asociado al riesgo. Los gobiernos municipales, que cobran impuestos locales a través del predial, tampoco aceptarían fácilmente que el valor del suelo se puede depreciar, dado que eso reduce potencialmente su escasa capacidad recaudatoria. Si la zonificación primaria a lo sumo considera que el factor “riesgo” existe fuera de los centros de población y no como un proceso dinámico asociado a la explotación sin límite del subsuelo urbano y a la configuración de externalidades negativas por las actividades humanas, no hay elementos para que los valuadores adopten criterios de análisis para disminuir el valor del suelo y, por lo tanto, incidir en el mercado inmobiliario.

Ese es el problema de fondo de la aparente paradoja de lo que ocurre en zonas de alta exposición sísmica, como la Ciudad de México; o en ciertas zonas costeras, como Acapulco, ubicada en la zona de subducción mexicana y altísimamente expuesta a sismos, tsunamis, mareas de tormenta e inundaciones súbitas. A pesar de tales condiciones, plenamente conocidas, el valor del suelo no ha integrado el factor de riesgo. Y bajo las condiciones actuales no tiene manera de integrarlo, ni siquiera por el método de valor de mercado ya que, en la práctica, este da mucho más peso a los factores hedónicos propios del inmueble que a las externalidades negativas. Por ello sostengo que la apertura de información sobre amenazas socionaturales o sobre la vulnerabilidad física de las edificaciones no necesariamente cambiaría la dinámica del mercado inmobiliario; esta información tiene implicaciones más bien en lo político y lo social, que en lo económico. 

¿Qué sigue en cuanto a la reducción del riesgo de desastres en nuestras ciudades? Considero que se requiere una discusión mucho más amplia e interdisciplinaria entre urbanistas, juristas, geógrafos y especialistas en ciencias de la tierra para incorporar una visión preventiva dentro de los instrumentos urbanísticos, centrado en un cambio de fondo en los alcances del concepto de suelo. Estos mecanismos no pueden estar desligados del contexto más amplio de las ciudades contemporáneas, en las cuales la regulación del mercado inmobiliario es indispensable para reducir las enormes brechas de desigualdad y otras formas de injusticia social, de las cuales los desastres son una de las manifestaciones más graves. 

Notas

1. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) define el riesgo de desastres como “la potencial pérdida de la vida, de la integridad física de las personas, o la destrucción o daño en los bienes de un sistema, sociedad o comunidad en un periodo específico de tiempo, determinado probabilísticamente como una función de las amenazas, la exposición, la vulnerabilidad y las capacidades. La reducción del riesgo se refiere a la prevención de nuevos riesgos y disminución de los existentes, a través de la gestión del riesgo residual, todo lo cual contribuye al fortalecimiento de la resiliencia y al logro del desarrollo sostenible”. La terminología está disponible en el sitio https://www. undrr.org/terminology/disaster-risk-reduction. Último acceso: 22 de noviembre de 2022. 

2. A partir del sitio http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html. Última consulta: 19 de noviembre de 2022. 

3. Se asume en este trabajo el marco aceptado internacionalmente, que se sintetiza en la postura de que “los desastres no son naturales”. Entre las causas de fondo de los desastres es necesario reconocer la interdependencia entre el fenómeno natural amenazante, la intervención humana en el territorio que genera vulnerabilidades físicas y exposición al construir inadecuadamente, impermeabilizar superficies, extraer agua del subsuelo, deforestar o transportar materiales masivamente; así como los aspectos de desigualdad, carencia y exclusión que, sumados a deficiencias políticas e institucionales, generan vulnerabilidades sociales. 

4. A partir del sitio: https://paot.org.mx/contenidos_graficas/delegaciones/detalle.php?tema=&anio=&id_elemento=6&distribucion=2&de_oficio=0. Última consulta: 19 de noviembre de 2022. 

5. Cursivas mías. 

6. El concepto de obsolescencia física, funcional o económica es usualmente aplicado a los activos (inmuebles); eso lleva a la depreciación del valor. En cuanto al riesgo, el suelo urbano, físicamente hablando, puede presentar una obsolescencia física (como la compactación del subsuelo, un fenómeno con muchas consecuencias en su capacidad de carga), pero también externalidades, como el escurrimiento súbito, resultado de la impermeabilización de la superficie de los asentamientos humanos.  

  Referencias

Estrada, G. (2014). Puesta en práctica de una política de desastres: los instrumentos de la gestión de riesgos en México. Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, 43 (3): 611-632. https://doi.org/10.4000/bifea.5984 

Gordyn, B. y Ruiz, A. (2020). (In) cumplimiento del derecho a una vivienda digna y decorosa: cuentas pendientes de la política habitacional mexicana (1970-2020). Revista Estado y Políticas Públicas, 8(15): 39-63. 

Guevara, E. (2022). Sistemas de Alerta Temprana. IV Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia en Ciudades. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. https://youtu.be/xiuYxp_ll-E 

Ruiz, N., Casado, J. y Sánchez, T. (2015). Los Atlas de Riesgo municipales en México como instrumentos de ordenamiento territorial. Investigaciones Geográficas, 88: 146-162. https://doi.org/10.14350/rig.48326 

Sedatu (2019). Términos de referencia para la elaboración o actualización de planes o programas municipales de desarrollo urbano. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/451049/190404TdR_PMDU.pdf 

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Naxhelli Ruiz Rivera

La autora es doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad de East Anglia, en Reino Unido. Es investigadora titular de tiempo completo y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales en la UNAM, en México. Puede ser contactada en el correo electrónico: nruiz@geografia.unam.mx 

 

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Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Ingeniero civil y doctor en Urbanismo por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo. Ha sido funcionario público en Banobras y en la Conavi. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue miembro voluntario del Service Civil International realizando actividades en Sipplingen, Alemania. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su Capítulo con el ITESM. A la fecha ocupa la dirección de Equipos en TECHO Nuevo León.

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Es licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, donde fue parte del Consejo Estudiantil de la facultad y colideró la adhesión de la institución a la Red Universitaria de Prevención y Atención a Desastres. Cuenta con estudios sobre Negociación por la London School of Economics y Emprendimiento Internacional por Hogeschool Utrecht (Países Bajos). Actualmente es maestrante en Innovación Social por Learning by Helping y profesora de Financial Analytics en Collective Academy. Antes de dirigir el capítulo mexicano de TECHO se desempeñó como su coordinadora de fomento productivo, directora nacional de finanzas y directora comercial. Asimismo, ha desempeñado varios roles de voluntariado desde 2009 y participa en redes nacionales e internacionales dentro de la sociedad civil.

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Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención en el espacio público, con un amplio enfoque en paisaje y accesibilidad.

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Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A. en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la UAM y cursa un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad, migraciones internacionales, fronteras y violencias.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.