Revista Vivienda Infonavit

Guatemala. Política de vivienda y oferta habitacional para población de bajos ingresos: un puzle institucional y programático desconocido de gran potencial

El presente artículo proporciona una mirada rápida al sistema de instituciones que se han creado en torno al acceso a la vivienda adecuada en Guatemala. Se da cuenta de que, paradójicamente, el hecho de que diversas instituciones, cada una desde su propia visión, intereses, recursos, prácticas, pongan a disposición una oferta habitacional (así sea fragmentada y parcial), da cuenta de un esfuerzo común de vivienda adecuada, no explícito, de gran potencial en términos de sostenibilidad, inclusividad y democracia. Sin embargo, la falta de información pública sobre el tema ha entorpecido la creación de nuevas soluciones y consolidación integral de las ya existentes.1

En septiembre de 2022 comencé una investigación sobre vivienda, jefas de hogar y hogares autoidentificados como indígenas en Guatemala. El trabajo permitió visibilizar e iniciar la comprensión de la condición habitacional tanto de aquel segmento de población como de la población de bajos ingresos en general, así como de la actual política de vivienda. Ad portas de las elecciones generales de Guatemala en 2023,2 los insumos que se detallan a continuación pueden servir de referencia para la discusión y ajustes de tal política. 

Si tuviera que resumir el aprendizaje en clave de política urbana, diría: paradójicamente, el hecho de que diversas instituciones, cada una desde su propia visión, intereses, recursos, prácticas, pongan a disposición una oferta habitacional (así sea fragmentada y parcial), da cuenta de un esfuerzo común de vivienda adecuada, no explícito, de gran potencial en términos de sostenibilidad, inclusividad y democracia. 

Sin embargo, la falta de información pública sobre el panorama de la vivienda y sus habitantes entorpece la creación de nuevas soluciones y consolidación integral de las ya existentes. De ahí la necesidad de desarrollar un perfil socioeconómico exhaustivo de la población bajo estudio a partir del Censo 2018 y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, desagregado territorialmente para fines programáticos, el cual no existe en la actualidad. 

  1. Población de bajos ingresos

La población guatemalteca de bajos ingresos vive en condiciones económicas y habitacionales más precarias que el quintil más bajo a escala regional, con ingresos promedio declarados entre 150 y 300 dólares mensuales (Siclari, 2023). La pobreza monetaria en Guatemala ha oscilado, en la última década, entre 50% y 60%. Por tanto, si el país suma hoy casi 18 millones de habitantes es posible inferir que cerca de 9 millones de personas se encuentran afectadas tanto por pobreza monetaria como por pobreza multidimensional (estimativamente 2.2 millones de hogares).3

Si observamos la provisión de servicios básicos a escala nacional nos encontramos con lo siguiente: 

  • Agua: solo 58.9% de los hogares declara red de agua potable dentro de la vivienda; 14.8%, tubo fuera de la vivienda; 12.2%, pozo; 10.9%, río; y 3.2% chorro de agua. 
  • Alumbrado: solo 88.1% de los hogares declara alumbrado eléctrico dentro de la vivienda; 6.9% utiliza candela; 5%, panel solar o gas. 
  • Las fuentes de este tipo de energía corresponden principalmente a combustibles fósiles (39.4%, estimado 2020) e hidroeléctricas (38%, estimado 2020). 
  • Servicio sanitario: solo 55.6% cuenta con inodoro dentro de la vivienda; 32.2%, letrina; 4.8%, no tiene; 7.4%, excusado lavable. 
  • Energía para cocinar: 54.4% utiliza leña; solo 0.8%, gas corriente; 1.1%, electricidad. 
  • Disposición de residuos sólidos: 42.8% quema la basura; 41.9% cuenta con servicio municipal o privado; 7.5%, otro. 
  • Conectividad digital: solo 50% de la población tiene acceso a internet (INE, 2018). 

Esta condición económica y habitacional se vuelve aún más crítica para segmentos específicos como jefas de hogar indígenas: solo por citar un dato, la mitad de ellas se declara analfabeta,4 en un país de alta informalidad laboral y sistema público de protección social prácticamente inexistente. 

2. Quehacer político en deuda

Si revisamos muy rápidamente el andamiaje institucional, es posible observar que el país cuenta con las instituciones e instrumentos que pueden posibilitar la vivienda adecuada para todos. Entre estos se cuenta el artículo 119 de la Constitución guatemalteca,5 el Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996,6 la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos,7 el Fondo para la Vivienda (Fopavi),8 la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2020-2030 PNVAH (2001),9 y el artículo 142 del Código Municipal.10 

En los hechos se observa que las disposiciones no se implementan, la oferta es insuficiente tanto en cantidad como en diversidad, y la falta de transparencia e ineficiencia en algunas instituciones limitan la posibilidad de alcanzar el objetivo de proveer vivienda adecuada para todas las personas. En Fopavi, por ejemplo, una baja sustantiva de subsidios adjudicados, “de 19 000 en 2021 a 3 000 subsidios en 2019”, como señalaron algunos entrevistados. Además, diversas instituciones públicas son cuestionadas desde múltiples sectores. Asimismo, si bien el Código Municipal obliga la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), solo seis de los 340 municipios del país cuentan con ello (Siclari, 2023). 

3. Instituciones y oferta habitacional promisorias, pero no suficientes

Frente a lo anterior, en cambio, es posible encontrar algunas instituciones, instrumentos y programas públicos, privados y del tercer sector que favorecen la vivienda adecuada pero que, a pesar de los esfuerzos, aún no facilitan el acceso masivo a los segmentos de más bajos ingresos. 

En esta última década, el Consejo Nacional para la Vivienda (Conavi) ha ejercido un rol consultivo, de diseño y de empuje de propuestas legislativas, y ha impulsado tanto las propuestas de política de vivienda como las leyes de leasing y de preferencia. También se cuenta a otras instituciones, como el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), entidad pública encargada de asegurar créditos hipotecarios,11 que ha comenzado a considerar el 100% de las remesas, también ingresos informales tras evaluación de las mismas, así como a asegurar hipotecas de bajo monto: desde 50 000 quetzales (aproximadamente 6 600 dólares), con un promedio 5 000 créditos por año. De igual manera, la seriedad con la que trabaja el FHA hace que la tasa de morosidad sea baja, en torno a 2.33% (entrevista, 28 de febrero de 2023), es decir, dos de cada 100 personas que son aseguradas por el FHA son morosos (Siclari, 2023). 

La Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano del Municipio de Guatemala ha sido capaz, a través del Programa Municipal de Vivienda Prioritaria y Asequible (PMVPA), de ofrecer soluciones habitacionales para hogares con ingresos desde tres salarios mínimos. El programa ha tenido un crecimiento exponencial, habiendo comenzado en 2019 con 72 departamentos pilotos y una empresa inmobiliaria asociada, hasta contar hoy con más de 4 000 viviendas proyectadas y 23 empresas involucradas. A la fecha, 72% de los beneficiarios corresponde a madres solteras; 30% bajo línea de pobreza extrema (Empresa Metropolitana de Vivienda, 2023). 

Además se han aprobado dos leyes, que no resuelven el problema en su conjunto, pero son un aporte: la Ley de Leasing Habitacional (Decreto 2-2021) permite adquirir una vivienda a partir de un contrato de arriendo, y la Ley de Interés Preferencial para Facilitar el Acceso a la Vivienda Social (27-2022). Esta última tiene como objetivo facilitar la compra de unidades habitacionales a alrededor de 400 000 familias. Faculta al Organismo Ejecutivo para que amortigüe, durante los primeros siete años, los intereses a pagar, por medio de un subsidio de hasta 40% de la tasa por los primeros cuatro años y de 30% para los siguientes tres años. 

Desde el sector privado se observan avances en dos frentes: financiamiento y oferta de vivienda. Son meritorios los esfuerzos del Banco Crédito Hipotecario Nacional (BCHN), que otorga crédito por hasta 25 años, con un enganche de 5%, para viviendas de un valor promedio de 500 000 quetzales (66 000 dólares); así como el Banco Industrial, que otorga en media 4 500 créditos hipotecarios al año, de los cuales entre 35% y 40% va dirigido a segmentos de población con ingresos de tres salarios mínimos (entrevista, 3 de marzo de 2023); y, finalmente, Banrural, que ha puesto a disposición una línea de crédito por 2 mil millones de quetzales para el financiamiento de vivienda haciendo uso de la Ley de Interés Preferencial (La Red 1061, s.a.). Ambos bancos cuentan con cajas receptoras de remesas, que permiten llevar un seguimiento de la periodicidad de la recepción de remesas y montos, al tiempo que ofrecen asistencia técnica para la compra de vivienda a través de esta vía. 

A la iniciativa financiera nacional se suman los bancos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Este último inicia un proceso de apoyo para el mejoramiento de la gobernanza urbana, de asentamientos precarios, regeneración de barrios centrales e intervenciones en el ámbito de la prosperidad urbana.12 

Si bien los esfuerzos por ampliar el acceso a la vivienda a los segmentos de más bajos ingresos existen, el tema de fondo es que dicha población percibe ingresos (declarados) de entre 150 y 300 dólares mensuales. La pregunta, entonces, es: ¿cómo hogares con tales ingresos, en un contexto institucional frágil, pueden acceder a una vivienda adecuada? 

Aquí es cuando emerge el inmenso aporte del tercer sector. Resulta clave, por ejemplo, destacar a la organización Hábitat para la Humanidad (HfH), por la diversidad, volumen, alcance territorial y continuidad en el tiempo de las soluciones habitacionales ofrecidas. Bajo un esquema de fondo rotativo (de 88 millones de dólares de cartera activa), ofrece 19 alternativas de vivienda cuyo costo varía entre 8 600 y 15 300 dólares; mejoramiento de vivienda por un valor entre 650 y 1 200 dólares, y kits sanitarios consistentes en captadores de agua y biodigestores por un valor entre 400 y 650 dólares (diversos entrevistados). 

La organización TECHO, bajo un esquema de voluntariado y donaciones, cumple un papel prioritario en el mejoramiento y provisión de vivienda en asentamientos precarios, también en el levantamiento de datos multidimensionales en dichas áreas. Otras organizaciones importantes son Global Communities, Fundaeco, Idesac, MejorHa, Eprodep, Catholic Relief Service (CRS), Barefoot Foundation, La Casa del Alfarero, Cementos Progreso, ATRAHDOM, y ACONAPAMG. 

A la acción del tercer sector se suma la contribución de las agencias del sistema de Naciones Unidas y de la cooperación internacional. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Guatemala13 busca la consolidación de un registro social de hogares con perspectiva de género, en un país donde la mayoría de los datos (incluido el último Censo) no están desagregados a escala subnacional para categorías específicas de población, herramienta indispensable para una focalización objetiva de los beneficios sociales que brinda y que podría ofrecer el país a partir del diagnóstico que nace de ahí. Otros actores importantes son la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que trabaja en la reducción de riesgo de desastres, la Unión Europea, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU-Hábitat. 

 

4. Conclusiones y acciones para el cambio

Son inmensamente destacables todos los aportes en vivienda desplegados por los diversos sectores: banca, aseguradora de créditos, desarrolladores inmobiliarios, productores de materiales, organizaciones de la sociedad civil, el municipio de Guatemala y la comunidad organizada; cada uno desde su posición, visión, intereses y capacidad de respuesta. 

Hay en curso una gama de soluciones habitacionales de vivienda generadas desde diversos sectores, que se comunican mínimamente unos con otros, pero que en su conjunto —de facto— constituyen una parte importante de la política de vivienda actual. Articular tales soluciones y legitimarlas en los espacios de política de vivienda es una oportunidad y un desafío. 

Es indispensable desagregar y hacer públicos los datos nacionales existentes con fines de política de vivienda y programáticos. Sin datos sobre el perfil socioeconómico y habitacional de la población es complicado diseñar una política de vivienda y programas efectivos e inclusivos. 

De lo anterior cabe señalar ciertas acciones que seguramente mejorarán la calidad de vida de la población en cuestión: 

    • Desagregagar territorialmente para fines programáticos Censo 2018 y Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, según categoría de población a servir. 
    • Alfabetizar y capacitar en educación cívica, microfinanciamiento, vivienda y construcción a la población bajo estudio (recordando que 50% de las jefas de hogar autoidentificadas como indígenas se autodeclaran analfabetas [Censo, 2018]). 
    • Desarrollar catastro nacional de asentamientos precarios (no existe actualmente). 
    • Aplicar el Registro Social PNUD-MIDES a escala nacional. 
    • Acompañar a municipios en la elaboración del POT, para cerrar el gran rezago. 
    • Apoyar la oferta habitacional del tercer sector; mapear y articular lo existente. 
    • Diversificar la oferta habitacional actual a través de, por ejemplo, programas innovadores de renovación de palomares, vivienda social en terrenos municipales y una red de centros de convergencia (servicios urbanos y sociales) de escala nacional. 
    • Levantar demandas habitacionales de grupos históricamente invisibilizados. 
    • Reforzar la gobernanza local (capacitación, producción de datos, planificación, movilización de recursos). 

Para llevar a cabo estas acciones existen instituciones reconocidas a escala nacional con quienes es posible generar alianzas: Conavi, Acenvi, FHA, BHN, BI, Banrural, inmobiliarias involucradas en el PVPyA, municipio de Guatemala, Cementos Progreso, Habitat for Humanity, TECHO, ATRAHDOM, Barefoot, universidades, entre otras. 

La escasa participación de Guatemala en los recientes debates de política de vivienda y urbana de escala regional (Foro de Vivienda UHPH, BID, Minurvi, CIHALC), además de los cambios dinámicos de la realidad urbana que enfrenta Guatemala hoy, ameritan estas y otras acciones de manera urgente. 

Espero que este breve análisis sea un aporte para el país y para la subregión. 

Notas

  1. El artículo se inspira en la investigación “Guatemala. Condición habitacional de jefas de hogar y de hogares autoidentificados indígenas”. La autora agradece la iniciativa e intercambio investigativo con Nora Libertum, y el trabajo bibliográfico, de terreno y censal de Pelagia Rodríguez, Paz Robert, María Gloria Herrera, Natalia Benítez y Enrique Peláez. 
  2. El artículo fue escrito poco antes de las elecciones generales de Guatemala, celebradas el domingo 25 de junio de 2023. 
  3. En 2014, la pobreza monetaria en Guatemala afectaba a 59.3% de la población, 23.4% sufría pobreza extrema (INE, 2014). En cuanto a la pobreza multidimensional, que considera como indicadores ponderados salud, seguridad alimentaria y nutricional; educación; empleo digno; acceso a servicios y vivienda, afectaba a 61.6% de las personas, según los cálculos realizados por el Ministerio de Desarrollo Social y el equipo OPHI en 2018; es decir, uno de cada seis guatemaltecos presentaba privaciones en alguno de estos indicadores; 48.6% estaba privado en más de la mitad de los indicadores ponderados (MDS, 2018). 
  4. Cifra obtenida a través de procesamiento Censo 2018/Redatam. 
  5. Como órgano rector señala la obligación del Estado de promover programas y proyectos de vivienda para que la mayoría de las familias guatemaltecas puedan tener acceso a ello (Art. 119 literal g). 
  6. En el punto 3 establece que: “la población desarraigada por el enfrentamiento armado tiene derecho a residir y vivir libremente en el territorio guatemalteco”. 
  7. Entrega directrices sobre la planificación, ordenamiento territorial, vivienda adecuada, parcelamiento, y con los ajustes de 2012 otorga competencias a los municipios para la gestión del desarrollo habitacional, enmarcado en sus planes de ordenamiento territorial. 
  8. Administra los recursos financieros del Estado para la vivienda mediante fideicomisos y contratos de administración. 
  9. Busca atender necesidades habitacionales de 635 000 familias guatemaltecas en condiciones de pobreza y pobreza extrema al 2032 a través de siete objetivos, nueve metas estratégicas, seis lineamientos de política pública, cinco ejes y 10 propuestas de programas. 
  10. Establece la obligatoriedad de los municipios en la formulación y ejecución de planes de ordenamiento territorial. 
  11. Para más información, consultar: https://www.fha.gob.gt/ 
  12. Para más información, consultar: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099715011072251956/p17946205a8d5809092ef0b35bd7d32cfc 
  13. Para más información sobre las acciones del programa, visitar: https://www.undp.org/es/guatemala  

Referencias 

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Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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IBAN TRAPAGA IGLESIAS

Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A. en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la UAM y cursa un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad, migraciones internacionales, fronteras y violencias.

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DIEGO CASTAÑEDA GARZA

Economista por la University of London y maestro en Ciencias en Historia Económica por la Universidad de Lund. Actualmente es el director del clúster de economía, finanzas y desarrollo internacional en Agenda for International Development, así como profesor de Economía y Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico de largo plazo, la evolución de la desigualdad y la historia de las transiciones energéticas. Es autor del libro de reciente publicación: Pandenomics: una introducción a la historia económica de las grandes pandemias (Malpaís/UNAM).

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JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL

Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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CARLOS OCHOA FERNÁNDEZ

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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ANAVEL MONTERRUBIO REDONDA

Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.