Producción social del hábitat y la vivienda: su potencial transformador y los retos que enfrenta

Revista Vivienda Infonavit, Alternativas integrales e inclusivas, diciembre 2023.

Dadas las características y el impacto que la producción y gestión social del hábitat puede tener en el acceso a la vivienda adecuada de los sectores de bajo ingreso y dado, también, su alto potencial transformador en la construcción de ciudades y asentamientos incluyentes, seguros, habitables y sostenibles en lo sociocultural, lo ambiental y lo económico, es necesario distinguirla en la legislación como forma de producción diferente a la de mercado y desarrollar un sistema de instrumentos acordes a su lógica, ya que la aplicación de los mismos requisitos y procedimientos conflictúa su gestión y manejo institucional.

Nuestro mundo atraviesa una profunda crisis civilizatoria, cuyos riesgos se hicieron más evidentes tanto en la reciente pandemia como en las diversas advertencias de quienes estudian el cambio climático y otras situaciones que impactan al mundo en lo económico, lo sociocultural y en nuestros territorios. En este último campo, el manejo especulativo del suelo —acelerado por la financiarización— ha tenido graves consecuencias en su encarecimiento y en la expansión irracional de nuestras ciudades; hoy duales, segregadas y fragmentadas.

Grandes intereses inmobiliarios y del crimen organizado han fomentado los desalojos y desplazamientos forzados de población, así como el despojo violento de territorios indígenas y campesinos, todo ello expresión de la injusticia territorial y ambiental que prevalecen.

Tres consecuencias de este proceso ponen en grave riesgo nuestro futuro: la acelerada depredación de la naturaleza; la profunda y creciente desigualdad social; así como la violencia que ello provoca. Y nos convocan a impulsar un cambio tan radical como profundo.

Ante estas tendencias, impactos y retos, son muchos los colectivos que se plantean, tanto a nivel local, nacional o internacional, la necesidad urgente de poner en marcha experiencias transformadoras, capaces de cimentar nuevos caminos. En el campo del hábitat, diversas redes, coaliciones, movimientos sociales y foros permanentes promueven y trabajan en nuestra región cuatro temas interdependientes que buscan avanzar en esta perspectiva:

a. Los derechos humanos vinculados a los procesos de hábitat

b. La producción social de la vivienda y el hábitat (PSVH)

c. El derecho a la ciudad y su gestión democrática

d. La defensa de los territorios, así como contra los desalojos y desplazamientos forzados

Sin dejar de lado la interdependencia de estos temas y la necesidad de actuar desde una perspectiva integral y sistémica al abordarlos, en este texto me enfocaré en la definición, alcance y desafíos que enfrenta la producción social en los momentos críticos por los que atraviesa nuestro mundo.

¿Qué es la producción y gestión social de la vivienda y el hábitat?

Bajo este concepto se incluyen todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. Los procesos de producción social se dan tanto en el ámbito rural como en el urbano, y pueden tener origen en las propias familias actuando individualmente, en grupos organizados informales, en emprendimientos sociales como las cooperativas y asociaciones de vivienda o en organismos civiles que atienden emergencias y a grupos vulnerables.

Diversas modalidades se desarrollan en esta forma de producción, desde la autoproducción individual espontánea de vivienda —que caracteriza los asentamientos y barrios “informales”— hasta la autogestiva, fruto de procesos comunitarios que responden a un alto nivel de organización y responsabilidad social. La producción social de la vivienda y el hábitat abre múltiples opciones que van desde el mejoramiento, ampliación y consolidación de viviendas en proceso; la edificación de nuevas viviendas, progresivas o terminadas; el mejoramiento barrial y de los asentamientos rurales; o incluso la producción y gestión de grandes conjuntos urbanos y de comunidades rurales. También ha cumplido un papel relevante en la reconstrucción en casos de desastre y en la recuperación de viviendas en deterioro.

Se trata de una forma de producción diferente a la que impulsa el mercado. La aplicación de los mismos criterios e instrumentos, requisitos y procedimientos la hace ineficiente, farragosa y conflictiva en su gestión y manejo institucional. 

Origen y alcances del concepto

La conceptualización de esta forma de producción parte de experiencias que se han venido realizando en diversos países latinoamericanos desde la década de 1960, cuando surgen los primeros organismos civiles y movimientos sociales interesados en enfrentar los problemas habitacionales de grandes y crecientes sectores sociales. A más de 50 años de haberse constituido destacan las experiencias de organizaciones pioneras que desde su creación plantearon la necesidad de abrir cauce a procesos transformadores que pusieran al habitante como sujeto activo y decisorio en los proyectos que desde entonces vienen desarrollando.

En su texto fundacional, en 1965, Luis Lopezllera, director del Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento1 (Copevi), planteaba que no basta profundizar en los aspectos financieros y técnicos del problema, sino que es necesario promover la acción popular del propio afectado como primer interesado. Agregaba que dicha acción organizada imprime en el ser humano el verdadero sentido de la responsabilidad, como sujeto fundamental en la creación de un mundo nuevo; idea que toma profunda vigencia ante el panorama crítico que se vive hoy.

Las primeras experiencias que realizamos dentro del Copevi en esos años nos llevaron a considerar el papel de la persona pobladora como sujeto consciente, responsable y activo en la conducción de sus procesos de producción, consolidación y mejoramiento de su hábitat. También a establecer nuestro papel como aliados estratégicos de una lucha transformadora compartida, lejos del concepto asistencialista y del papel asignado a las organizaciones no gubernamentales, promovidas entonces por las agencias multilaterales y por la Alianza para el Progreso.2

A partir de estos planteamientos y de muy diversas experiencias, tanto en zonas indígenas como campesinas, urbanas en deterioro y en las sujetas a la enorme presión social que impulsó la expansión periférica de nuestras ciudades, dentro del Copevi fuimos concibiendo y consolidando el concepto de producción social de vivienda, basado en una lógica radicalmente distinta a la mercantil, tanto en sus objetivos como en sus tiempos y procesos. Mientras el mercado se limita a entender la vivienda como un objeto (pisos y techos), como máquina de habitar, como producto industrial masivo y como mercancía, la producción social parte de concebir la vivienda como proceso, satisfactor y bien social que prioriza el valor de uso sobre el de cambio; como acto de habitar que implica una relación cultural y afectiva con los lugares, sin responder a normas cerradas ni a prototipos y espacios prefigurados; producto vivo que se adapta a la vida cambiante de quien la habita. 

Esta aproximación ha sido relevante para el manejo interdisciplinario de una realidad crecientemente compleja, constatación que nos llevó en América Latina a superar el concepto limitado a la vivienda como mero objeto de mercado y a vincularla al proceso complejo de habitar, lo que llevó a impulsar acciones integrales de producción y gestión social del hábitat y la vivienda. 

La palabra ‘hábitat’ es confusa y constituye uno de esos términos plásticos que se usan indistintamente según conviene a intereses diversos, pudiendo referirse al medioambiente en su conjunto, al entorno de la vivienda. Sin embargo, toma sentido si consideramos que hábitat es el sustantivo del verbo ‘habitar’ y que este se refiere a la interacción dinámica que establecemos, desde nuestra visión cultural, con el lugar que habitamos, ya que maneja la integralidad compleja de nuestra vinculación territorial.

Todos nuestros pasos y quehaceres se dan en el territorio, y no es posible seguir separando los procesos sociales de los naturales que caracterizan la diversidad de ecosistemas que constituyen nuestra biosfera. Las culturas humanas, en su diversidad, toman su riqueza de la relación que establecen las comunidades con el territorio que habitan, y este se diversifica a la vez por la intervención e influencia de quienes, desde su visión y prácticas culturales, lo ocupan.

La producción social de vivienda y de los espacios habitables, recreativos, productivos y de servicios que la rodean, gracias a la participación activa y organizada de las y los habitantes desde las primeras fases del proceso habitacional, contribuye a generar en ellos identidad y apego y, en los casos más organizados, a permanecer comprometidos en la gestión comunitaria de sus lugares, desde una perspectiva convivencial, solidaria y abierta.

Los derechos humanos y la participación  al más alto nivel, ejes estructurales de la PSVH

Más que regularse por la oferta y la demanda, la producción social busca basarse en la universalidad de los derechos humanos. Obliga al Estado a desarrollar programas para todos los sectores, sin discriminación social, política o económica, dando prioridad, bajo criterios de equidad, a los actores marginados por la misma lógica con la que opera el mercado.

Los siete principios que definen el derecho a la vivienda adecuada —y que hoy dan base al actual Programa Nacional de Vivienda— son: seguridad de tenencia; disponibilidad de infraestructura y servicios; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación adecuada y adecuación cultural. Estos principios obligan a desarrollar normas que garanticen los derechos implicados y orienten con flexibilidad los diferentes procesos que se dan en contextos muy diversos.

Otra de las características inherentes a los derechos humanos, su interdependencia, implica una visión integral y sistémica que correlaciona en forma interdependiente el derecho a la vivienda con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Lleva también a entender que producir vivienda es producir relaciones en las que la convivencia, la complementariedad y la reciprocidad son puntos claves. Actuar en la diversidad conduce a trabajar al lado de las comunidades en intercambio de saberes y en respeto a sus formas de vida, patrones de poblamiento y a las condicionantes ambientales de los ecosistemas en que se ubican.

Al centrar su forma de operar en la participación activa y responsable de las y los habitantes, y en particular de las mujeres, abre una nueva perspectiva a la forma de planificar y vivir el territorio.

Hacia una concepción integral y sistémica de la PSVH

Todo lo anterior exige superar la visión lineal y cuantitativa que predomina en el sector de la construcción, para dar paso a procesos interactivos y capaces de priorizar tanto lo cualitativo como la parte afectiva del ser humano, en armonía con las condiciones ambientales, así como en apoyo de las economías locales y comunitarias. Los procesos más avanzados han sido capaces de integrar en círculos virtuosos interdependientes los aspectos sociocultural, físico-ambiental y económicos.

En el aspecto sociocultural destaca el papel central de los habitantes, principalmente aquellos organizados en cooperativas y otras formas asociativas que no se limitan a la fase productiva de la vivienda, sino a la gestión permanente de su hábitat. Esta acción opera desde la esencia misma de sus rasgos, motivaciones y prácticas culturales para abrirse al mundo, transformarlo y transformarse en interacción con otros actores y experiencias.

El aspecto de lo físico-ambiental se refiere a su relación con las características y potencialidades del territorio que se ocupa, incluidos el clima, la topografía, la consistencia del suelo, las riquezas naturales, la accesibilidad y el paisaje. También persigue el conocimiento y mejoramiento de sus condiciones ambientales y la preservación del equilibrio ecológico. 

Hacer posible la articulación compleja de estos dos aspectos requiere garantizar su viabilidad económica, lo que se refiere no solo a gestionar su financiamiento, sino a articular estas tres dinámicas en un proceso único e interdependiente, de forma tal que sea capaz de fortalecer la economía de los participantes. 

No se trata de realizar proyectos desarticulados en cada uno de estos campos, sino de crear círculos virtuosos que los integren y potencien en forma interactiva e interdependiente, en un mismo proceso transformador. 

Este enfoque integral contribuye también a fortalecer la convivencia, la autonomía del grupo participante y a enriquecer, con la diversidad implicada en el tipo de procesos, la riqueza arquitectónica de los lugares; tal y como como sucediera con la arquitectura vernácula hoy desaparecida o amenazada de muerte por la homogenización impuesta por el mercado inmobiliario y el de materiales industrializados. 

La PSVH como sistema abierto, flexible y basado en la confianza 

Ante todo, debe superarse la visión que identifica a la producción social de la vivienda y el hábitat con la informalidad y el caos urbano, y que termina limitándola a la autoconstrucción carente de asesoría y otros apoyos. La enorme diversidad de situaciones, procesos y condicionamientos que caracterizan al hábitat popular, y que es preciso enfrentar para hacer efectivo el alto potencial productivo y transformador que contiene la PSVH, obligan a plantearla como sistema abierto y flexible, en el sentido de ofrecer opciones múltiples en sus programas y posibilidades para que diversos actores intervengan y se asocien. 

Esto exige de las instituciones limitar los esquemas normativos a lo estrictamente necesario, tanto para proteger la seguridad y los derechos de los habitantes como para evitar los impactos negativos en espacios públicos y en los ecosistemas. También requiere priorizar la confianza y evitar el exceso de controles, que generalmente terminan por favorecer la corrupción y el engaño. 

La producción social de la vivienda y el hábitat responde a una lógica diferente a la de mercado. Esta última, que es la predominante, se orienta principalmente en el valor de cambio, además de que se rige por un sistema cerrado de normas y regulaciones; maneja prototipos e individualiza la relación con los participantes y sus asesores; establece controles basados en la desconfianza, a la par que fomenta prioritariamente la propiedad individual y privada de la vivienda. 

Al contrario de la lógica de mercado, la PSVH prioriza el valor de uso y debe responder a la diversidad de situaciones que enfrentan los sectores sociales de bajo ingreso, los rasgos culturales de quienes la gestionan como sujetos decisorios del proceso productivo y las condicionantes diversas de los lugares que ocupan. 

Esto exige un sistema normativo abierto y flexible que proteja la seguridad y los derechos de los participantes, y que abra a la vez múltiples opciones; que opere con base en la confianza entre los diversos actores que participan y abra opciones de tenencia diversas, privilegiando aquellas que frenen la especulación tanto de los propios beneficiarios como de los intereses inmobiliarios. 

La PSVH como forma de producción diferente  a la de mercado y como componente estratégico de las políticas habitacionales 

Dadas sus características, su lógica productiva y el impacto potencial que tiene en el mejoramiento del hábitat y en el acceso a vivienda adecuada para los sectores de bajo ingreso, y dado también su alto potencial transformador para construir, tanto en el campo como en la ciudad, espacios incluyentes, seguros y sostenibles en lo social, lo ambiental y lo económico, la PSVH debe considerarse legalmente como una forma de producción diferente a la del mercado, además de un componente estratégico de las políticas de vivienda y de ordenamiento territorial. 

Varias de sus características y potencialidades contribuyen con eficacia a superar los graves problemas que hoy enfrentan los procesos populares; pueden, en articulación con otros campos de acción, apoyar cambios que ayuden a enfrentar la profunda crisis civilizatoria por la que atravesamos. 

De esta forma, frente a las tendencias que apuntan al manejo sectorizado y desarticulado de los componentes que inciden en los procesos de habitar; a la imposición de modelos de intervención tecnocráticos; a la pasividad y la dependencia que generan las políticas compensatorias de la pobreza; a la homogenización y el reduccionismo; a la individualización de los problemas y de las soluciones; a la destrucción de los colectivos; y a la mercantilización del suelo y otros bienes comunes para la vida que hoy prevalecen; la PSHV plantea la gestión integral del hábitat por y desde la comunidad organizada; la planeación y el diseño participativos; la generación de opciones adecuadas a los lugares y procesos socioculturales específicos; la inserción informada, productiva y responsable de las y los pobladores en la determinación y operacionalización de las políticas públicas; el respeto a la diversidad cultural y a las opciones que de ella se derivan; la prevalencia de la organización, la autonomía y los valores de la comunalidad; la apertura hacia formas de tenencia que garanticen la preservación comunitaria del suelo, el agua y otros bienes comunes, así como de vida misma en los lugares que ocupan. 

Conclusiones: obstáculos y desafíos a enfrentar 

Las profundas diferencias entre ambas formas de producción exigen no solo el reconocimiento de la PSVH en los textos oficiales, sino la implementación de un sistema de instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, fiscales y de fomento congruentes con su lógica productiva y con las características que la distinguen de la lógica del mercado. 

También se requiere de un amplio programa de motivación y capacitación de los diversos actores que intervienen, tema que debe partir de la toma de conciencia de los pobladores para superar tanto la dependencia como la subordinación que favorecen al peticionismo, limitando su acción comprometida y responsable. Este proceso debe ser acompañado de información y de capacitación en temas que coadyuven a una participación efectiva, tanto en la fase de planeación y diseño participativo como en la de construcción y la de preparación de las y los participantes para el uso y la convivencia. 

Es fundamental que la capacitación no se limite a los habitantes, sino que debe abarcar al conjunto de actores que intervienen. Recientemente documentamos en la Oficina de HIC para América Latina graves problemas que frenan los alcances y objetivos de la PSVH por falta de conocimiento de sus características y procesos, tanto por parte de funcionarios públicos que intervienen como de quienes otorgan asesoría en diversos aspectos relacionados con el tema.3 También, por la prevalencia de actitudes paternalistas y prepotentes que dificultan reconocer al habitante como sujeto responsable en la conducción de sus procesos habitacionales e impiden aplicar la asesoría desde la perspectiva del intercambio de saberes. 

La prevalencia de dinero especulativo y el proceso para convertirlo en un activo financiero han encontrado en la compra de suelo, e incluso en su despojo, un campo fértil que ha llevado a su encarecimiento, con graves impactos en el acceso de los sectores de bajo y hasta de ingreso medio a un lugar adecuado donde edificar su vivienda (Rolnik, 2017). De ahí la necesidad de que el Estado (en todos sus niveles) y la sociedad organizada y consciente recuperen el control de este bien común, para garantizar su manejo equitativo, privilegiando su acceso a los procesos integrales de producción social que, además de un lugar adecuado, requieren de espacio para equipamientos productivos, recreativos, educativos y de servicios. 

La pandemia ha evidenciado el riesgo de seguir por el mismo camino que incrementa la desigualdad, el cambio climático y la depredación de la naturaleza. También ha abierto conciencias y la esperanza de lograr cambios en muchos colectivos, profundizando las experiencias y planteamientos surgidos en la base social que se vienen ensayando desde hace varias décadas en múltiples campos del hacer humano. Procesos del que también forman parte las y los habitantes que, consciente y organizadamente, impulsan las prácticas más avanzadas de producción y gestión social del hábitat, de concreción del derecho a la ciudad y de defensa de los lugares y territorios que habitan. 

Notas

1. De acuerdo con su página web, el Copevi se creó en 1961 por el Departamento de Vivienda del Instituto Mexicano de Estudios Sociales (IMES) como resultado del seminario de vivienda popular impulsado por el arquitecto Luis Lopezllera Méndez. Durante sus albores, el Copevi realizó, a través de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), el Foro Nacional de la Vivienda y, a partir de ese momento, se desprendieron nuevas iniciativas orientadas al acceso a la vivienda para personas de escasos recursos con una visión de cooperativismo. Más información en https://copevi.org/ 

2. Estrategia de los Estados Unidos de América para contrarrestar los impactos que tuvo en la región el triunfo de la Revolución cubana en 1959. 

3. El autor se refiere al documento Análisis del Proceso Social de Vivienda Asistida dentro de los Programas de Vivienda Social y Nacional de Reconstrucción de la Comisión Nacional de Vivienda 2019-2020.  

Referencias

 

Ortiz Flores, E. (2017). Producción social del hábitat y la vivienda. Introducción integrada con base en fragmentos de textos de difusión e incidencia alusivos al tema, redactados por el autor entre 2017 y 2023. 

Ortiz Flores, E. (2017). Cómo integrar la producción social de la vivienda y el hábitat a las políticas públicas y a los esquemas financieros. En La Ciudad como cultura. Líneas estratégicas de política pública para la Ciudad de México. UAM. Programa Universitario de Estudios Metropolitanos. 

Ortiz Flores, E. (2020). Producción social del hábitat. Procesos transformadores y nuevos desafíos. En CLACSO (Ed.), Desigualdades urbanas No. 1. Múltiples miradas para renovar una agenda urbana en crisis. 

Ortiz Flores, E. (2022). Producción social del hábitat en América Latina. En El futuro de las ciudades, FLACSO, Ecuador. 

Ortiz Flores, E. (2023). Derechos Humanos, comunitarios y de vida en la construcción de un mundo para todos. En REDES, vol. II, núm. 2, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile. 

Ortiz Flores, E. (2023). Producción y gestión social del hábitat. Retos a la consolidación de su impacto social. 

Rolnik, R. (2017). La guerra de los lugares. La colonización de la tierra en la era de las finanzas. Descontrol. 

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Enrique Ortiz Flores

Arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte de la Coalición Internacional para el Hábitat desde su inicio y es responsable de la fundación de la oficina regional para América Latina. Recibió el Premio Nacional de Arquitectura 2014; fue homenajeado en 2017 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y en 2020 recibió el premio “Hábitat Popular” por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. Fue director del primer Programa Nacional de Vivienda y del Fondo Nacional de Habitaciones Populares; es presidente del Comité de Acción sobre Vivienda y Edificaciones de Interés Social del Sistema Económico Latinoamericano; y secretario general, presidente internacional y fundador de la oficina latinoamericana de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC). Puede ser contactado en el correo electrónico: hic-al@hic-al.org

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Arquitecto egresado del ITESM, con estudios de maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha combinado la docencia con la investigación y el servicio público. Actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y anteriormente fungió como director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, así como asesor técnico para la Secretaría de Finanzas. Cuenta con proyectos de desarrollo urbano y económico con un enfoque de combate a la desigualdad social. Entre dichos proyectos se encuentra el Centro Cultural El Rosario, en la CDMX, el cual busca la integración social a través de actividades culturales y tecnológicas.

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Abogado egresado de la UNAM y especialista en el régimen jurídico inmobiliario y en el diseño y operación de instrumentos jurídicos en materia de ordenamiento territorial y derecho de propiedad. Es socio y consultor en el despacho Grupo de Consultoría Corporativa, S.C. desde 1995. Ha sido consultor, investigador y profesor en el Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el Colmex, la Ibero y el Banco Mundial.

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.