Dadas las características y el impacto que la producción y gestión social del hábitat puede tener en el acceso a la vivienda adecuada de los sectores de bajo ingreso y dado, también, su alto potencial transformador en la construcción de ciudades y asentamientos incluyentes, seguros, habitables y sostenibles en lo sociocultural, lo ambiental y lo económico, es necesario distinguirla en la legislación como forma de producción diferente a la de mercado y desarrollar un sistema de instrumentos acordes a su lógica, ya que la aplicación de los mismos requisitos y procedimientos conflictúa su gestión y manejo institucional.
Nuestro mundo atraviesa una profunda crisis civilizatoria, cuyos riesgos se hicieron más evidentes tanto en la reciente pandemia como en las diversas advertencias de quienes estudian el cambio climático y otras situaciones que impactan al mundo en lo económico, lo sociocultural y en nuestros territorios. En este último campo, el manejo especulativo del suelo —acelerado por la financiarización— ha tenido graves consecuencias en su encarecimiento y en la expansión irracional de nuestras ciudades; hoy duales, segregadas y fragmentadas.
Grandes intereses inmobiliarios y del crimen organizado han fomentado los desalojos y desplazamientos forzados de población, así como el despojo violento de territorios indígenas y campesinos, todo ello expresión de la injusticia territorial y ambiental que prevalecen.
Tres consecuencias de este proceso ponen en grave riesgo nuestro futuro: la acelerada depredación de la naturaleza; la profunda y creciente desigualdad social; así como la violencia que ello provoca. Y nos convocan a impulsar un cambio tan radical como profundo.
Ante estas tendencias, impactos y retos, son muchos los colectivos que se plantean, tanto a nivel local, nacional o internacional, la necesidad urgente de poner en marcha experiencias transformadoras, capaces de cimentar nuevos caminos. En el campo del hábitat, diversas redes, coaliciones, movimientos sociales y foros permanentes promueven y trabajan en nuestra región cuatro temas interdependientes que buscan avanzar en esta perspectiva:
a. Los derechos humanos vinculados a los procesos de hábitat
b. La producción social de la vivienda y el hábitat (PSVH)
c. El derecho a la ciudad y su gestión democrática
d. La defensa de los territorios, así como contra los desalojos y desplazamientos forzados
Sin dejar de lado la interdependencia de estos temas y la necesidad de actuar desde una perspectiva integral y sistémica al abordarlos, en este texto me enfocaré en la definición, alcance y desafíos que enfrenta la producción social en los momentos críticos por los que atraviesa nuestro mundo.
¿Qué es la producción y gestión social de la vivienda y el hábitat?
Bajo este concepto se incluyen todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. Los procesos de producción social se dan tanto en el ámbito rural como en el urbano, y pueden tener origen en las propias familias actuando individualmente, en grupos organizados informales, en emprendimientos sociales como las cooperativas y asociaciones de vivienda o en organismos civiles que atienden emergencias y a grupos vulnerables.
Diversas modalidades se desarrollan en esta forma de producción, desde la autoproducción individual espontánea de vivienda —que caracteriza los asentamientos y barrios “informales”— hasta la autogestiva, fruto de procesos comunitarios que responden a un alto nivel de organización y responsabilidad social. La producción social de la vivienda y el hábitat abre múltiples opciones que van desde el mejoramiento, ampliación y consolidación de viviendas en proceso; la edificación de nuevas viviendas, progresivas o terminadas; el mejoramiento barrial y de los asentamientos rurales; o incluso la producción y gestión de grandes conjuntos urbanos y de comunidades rurales. También ha cumplido un papel relevante en la reconstrucción en casos de desastre y en la recuperación de viviendas en deterioro.
Se trata de una forma de producción diferente a la que impulsa el mercado. La aplicación de los mismos criterios e instrumentos, requisitos y procedimientos la hace ineficiente, farragosa y conflictiva en su gestión y manejo institucional.
Origen y alcances del concepto
La conceptualización de esta forma de producción parte de experiencias que se han venido realizando en diversos países latinoamericanos desde la década de 1960, cuando surgen los primeros organismos civiles y movimientos sociales interesados en enfrentar los problemas habitacionales de grandes y crecientes sectores sociales. A más de 50 años de haberse constituido destacan las experiencias de organizaciones pioneras que desde su creación plantearon la necesidad de abrir cauce a procesos transformadores que pusieran al habitante como sujeto activo y decisorio en los proyectos que desde entonces vienen desarrollando.
En su texto fundacional, en 1965, Luis Lopezllera, director del Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento1 (Copevi), planteaba que no basta profundizar en los aspectos financieros y técnicos del problema, sino que es necesario promover la acción popular del propio afectado como primer interesado. Agregaba que dicha acción organizada imprime en el ser humano el verdadero sentido de la responsabilidad, como sujeto fundamental en la creación de un mundo nuevo; idea que toma profunda vigencia ante el panorama crítico que se vive hoy.
Las primeras experiencias que realizamos dentro del Copevi en esos años nos llevaron a considerar el papel de la persona pobladora como sujeto consciente, responsable y activo en la conducción de sus procesos de producción, consolidación y mejoramiento de su hábitat. También a establecer nuestro papel como aliados estratégicos de una lucha transformadora compartida, lejos del concepto asistencialista y del papel asignado a las organizaciones no gubernamentales, promovidas entonces por las agencias multilaterales y por la Alianza para el Progreso.2
A partir de estos planteamientos y de muy diversas experiencias, tanto en zonas indígenas como campesinas, urbanas en deterioro y en las sujetas a la enorme presión social que impulsó la expansión periférica de nuestras ciudades, dentro del Copevi fuimos concibiendo y consolidando el concepto de producción social de vivienda, basado en una lógica radicalmente distinta a la mercantil, tanto en sus objetivos como en sus tiempos y procesos. Mientras el mercado se limita a entender la vivienda como un objeto (pisos y techos), como máquina de habitar, como producto industrial masivo y como mercancía, la producción social parte de concebir la vivienda como proceso, satisfactor y bien social que prioriza el valor de uso sobre el de cambio; como acto de habitar que implica una relación cultural y afectiva con los lugares, sin responder a normas cerradas ni a prototipos y espacios prefigurados; producto vivo que se adapta a la vida cambiante de quien la habita.
Esta aproximación ha sido relevante para el manejo interdisciplinario de una realidad crecientemente compleja, constatación que nos llevó en América Latina a superar el concepto limitado a la vivienda como mero objeto de mercado y a vincularla al proceso complejo de habitar, lo que llevó a impulsar acciones integrales de producción y gestión social del hábitat y la vivienda.
La palabra ‘hábitat’ es confusa y constituye uno de esos términos plásticos que se usan indistintamente según conviene a intereses diversos, pudiendo referirse al medioambiente en su conjunto, al entorno de la vivienda. Sin embargo, toma sentido si consideramos que hábitat es el sustantivo del verbo ‘habitar’ y que este se refiere a la interacción dinámica que establecemos, desde nuestra visión cultural, con el lugar que habitamos, ya que maneja la integralidad compleja de nuestra vinculación territorial.
Todos nuestros pasos y quehaceres se dan en el territorio, y no es posible seguir separando los procesos sociales de los naturales que caracterizan la diversidad de ecosistemas que constituyen nuestra biosfera. Las culturas humanas, en su diversidad, toman su riqueza de la relación que establecen las comunidades con el territorio que habitan, y este se diversifica a la vez por la intervención e influencia de quienes, desde su visión y prácticas culturales, lo ocupan.
La producción social de vivienda y de los espacios habitables, recreativos, productivos y de servicios que la rodean, gracias a la participación activa y organizada de las y los habitantes desde las primeras fases del proceso habitacional, contribuye a generar en ellos identidad y apego y, en los casos más organizados, a permanecer comprometidos en la gestión comunitaria de sus lugares, desde una perspectiva convivencial, solidaria y abierta.
Los derechos humanos y la participación al más alto nivel, ejes estructurales de la PSVH
Más que regularse por la oferta y la demanda, la producción social busca basarse en la universalidad de los derechos humanos. Obliga al Estado a desarrollar programas para todos los sectores, sin discriminación social, política o económica, dando prioridad, bajo criterios de equidad, a los actores marginados por la misma lógica con la que opera el mercado.
Los siete principios que definen el derecho a la vivienda adecuada —y que hoy dan base al actual Programa Nacional de Vivienda— son: seguridad de tenencia; disponibilidad de infraestructura y servicios; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación adecuada y adecuación cultural. Estos principios obligan a desarrollar normas que garanticen los derechos implicados y orienten con flexibilidad los diferentes procesos que se dan en contextos muy diversos.
Otra de las características inherentes a los derechos humanos, su interdependencia, implica una visión integral y sistémica que correlaciona en forma interdependiente el derecho a la vivienda con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Lleva también a entender que producir vivienda es producir relaciones en las que la convivencia, la complementariedad y la reciprocidad son puntos claves. Actuar en la diversidad conduce a trabajar al lado de las comunidades en intercambio de saberes y en respeto a sus formas de vida, patrones de poblamiento y a las condicionantes ambientales de los ecosistemas en que se ubican.
Al centrar su forma de operar en la participación activa y responsable de las y los habitantes, y en particular de las mujeres, abre una nueva perspectiva a la forma de planificar y vivir el territorio.
Hacia una concepción integral y sistémica de la PSVH
Todo lo anterior exige superar la visión lineal y cuantitativa que predomina en el sector de la construcción, para dar paso a procesos interactivos y capaces de priorizar tanto lo cualitativo como la parte afectiva del ser humano, en armonía con las condiciones ambientales, así como en apoyo de las economías locales y comunitarias. Los procesos más avanzados han sido capaces de integrar en círculos virtuosos interdependientes los aspectos sociocultural, físico-ambiental y económicos.
En el aspecto sociocultural destaca el papel central de los habitantes, principalmente aquellos organizados en cooperativas y otras formas asociativas que no se limitan a la fase productiva de la vivienda, sino a la gestión permanente de su hábitat. Esta acción opera desde la esencia misma de sus rasgos, motivaciones y prácticas culturales para abrirse al mundo, transformarlo y transformarse en interacción con otros actores y experiencias.
El aspecto de lo físico-ambiental se refiere a su relación con las características y potencialidades del territorio que se ocupa, incluidos el clima, la topografía, la consistencia del suelo, las riquezas naturales, la accesibilidad y el paisaje. También persigue el conocimiento y mejoramiento de sus condiciones ambientales y la preservación del equilibrio ecológico.
Hacer posible la articulación compleja de estos dos aspectos requiere garantizar su viabilidad económica, lo que se refiere no solo a gestionar su financiamiento, sino a articular estas tres dinámicas en un proceso único e interdependiente, de forma tal que sea capaz de fortalecer la economía de los participantes.
No se trata de realizar proyectos desarticulados en cada uno de estos campos, sino de crear círculos virtuosos que los integren y potencien en forma interactiva e interdependiente, en un mismo proceso transformador.
Este enfoque integral contribuye también a fortalecer la convivencia, la autonomía del grupo participante y a enriquecer, con la diversidad implicada en el tipo de procesos, la riqueza arquitectónica de los lugares; tal y como como sucediera con la arquitectura vernácula hoy desaparecida o amenazada de muerte por la homogenización impuesta por el mercado inmobiliario y el de materiales industrializados.
La PSVH como sistema abierto, flexible y basado en la confianza
Ante todo, debe superarse la visión que identifica a la producción social de la vivienda y el hábitat con la informalidad y el caos urbano, y que termina limitándola a la autoconstrucción carente de asesoría y otros apoyos. La enorme diversidad de situaciones, procesos y condicionamientos que caracterizan al hábitat popular, y que es preciso enfrentar para hacer efectivo el alto potencial productivo y transformador que contiene la PSVH, obligan a plantearla como sistema abierto y flexible, en el sentido de ofrecer opciones múltiples en sus programas y posibilidades para que diversos actores intervengan y se asocien.
Esto exige de las instituciones limitar los esquemas normativos a lo estrictamente necesario, tanto para proteger la seguridad y los derechos de los habitantes como para evitar los impactos negativos en espacios públicos y en los ecosistemas. También requiere priorizar la confianza y evitar el exceso de controles, que generalmente terminan por favorecer la corrupción y el engaño.
La producción social de la vivienda y el hábitat responde a una lógica diferente a la de mercado. Esta última, que es la predominante, se orienta principalmente en el valor de cambio, además de que se rige por un sistema cerrado de normas y regulaciones; maneja prototipos e individualiza la relación con los participantes y sus asesores; establece controles basados en la desconfianza, a la par que fomenta prioritariamente la propiedad individual y privada de la vivienda.
Al contrario de la lógica de mercado, la PSVH prioriza el valor de uso y debe responder a la diversidad de situaciones que enfrentan los sectores sociales de bajo ingreso, los rasgos culturales de quienes la gestionan como sujetos decisorios del proceso productivo y las condicionantes diversas de los lugares que ocupan.
Esto exige un sistema normativo abierto y flexible que proteja la seguridad y los derechos de los participantes, y que abra a la vez múltiples opciones; que opere con base en la confianza entre los diversos actores que participan y abra opciones de tenencia diversas, privilegiando aquellas que frenen la especulación tanto de los propios beneficiarios como de los intereses inmobiliarios.
La PSVH como forma de producción diferente a la de mercado y como componente estratégico de las políticas habitacionales
Dadas sus características, su lógica productiva y el impacto potencial que tiene en el mejoramiento del hábitat y en el acceso a vivienda adecuada para los sectores de bajo ingreso, y dado también su alto potencial transformador para construir, tanto en el campo como en la ciudad, espacios incluyentes, seguros y sostenibles en lo social, lo ambiental y lo económico, la PSVH debe considerarse legalmente como una forma de producción diferente a la del mercado, además de un componente estratégico de las políticas de vivienda y de ordenamiento territorial.
Varias de sus características y potencialidades contribuyen con eficacia a superar los graves problemas que hoy enfrentan los procesos populares; pueden, en articulación con otros campos de acción, apoyar cambios que ayuden a enfrentar la profunda crisis civilizatoria por la que atravesamos.
De esta forma, frente a las tendencias que apuntan al manejo sectorizado y desarticulado de los componentes que inciden en los procesos de habitar; a la imposición de modelos de intervención tecnocráticos; a la pasividad y la dependencia que generan las políticas compensatorias de la pobreza; a la homogenización y el reduccionismo; a la individualización de los problemas y de las soluciones; a la destrucción de los colectivos; y a la mercantilización del suelo y otros bienes comunes para la vida que hoy prevalecen; la PSHV plantea la gestión integral del hábitat por y desde la comunidad organizada; la planeación y el diseño participativos; la generación de opciones adecuadas a los lugares y procesos socioculturales específicos; la inserción informada, productiva y responsable de las y los pobladores en la determinación y operacionalización de las políticas públicas; el respeto a la diversidad cultural y a las opciones que de ella se derivan; la prevalencia de la organización, la autonomía y los valores de la comunalidad; la apertura hacia formas de tenencia que garanticen la preservación comunitaria del suelo, el agua y otros bienes comunes, así como de vida misma en los lugares que ocupan.
Conclusiones: obstáculos y desafíos a enfrentar
Las profundas diferencias entre ambas formas de producción exigen no solo el reconocimiento de la PSVH en los textos oficiales, sino la implementación de un sistema de instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, fiscales y de fomento congruentes con su lógica productiva y con las características que la distinguen de la lógica del mercado.
También se requiere de un amplio programa de motivación y capacitación de los diversos actores que intervienen, tema que debe partir de la toma de conciencia de los pobladores para superar tanto la dependencia como la subordinación que favorecen al peticionismo, limitando su acción comprometida y responsable. Este proceso debe ser acompañado de información y de capacitación en temas que coadyuven a una participación efectiva, tanto en la fase de planeación y diseño participativo como en la de construcción y la de preparación de las y los participantes para el uso y la convivencia.
Es fundamental que la capacitación no se limite a los habitantes, sino que debe abarcar al conjunto de actores que intervienen. Recientemente documentamos en la Oficina de HIC para América Latina graves problemas que frenan los alcances y objetivos de la PSVH por falta de conocimiento de sus características y procesos, tanto por parte de funcionarios públicos que intervienen como de quienes otorgan asesoría en diversos aspectos relacionados con el tema.3 También, por la prevalencia de actitudes paternalistas y prepotentes que dificultan reconocer al habitante como sujeto responsable en la conducción de sus procesos habitacionales e impiden aplicar la asesoría desde la perspectiva del intercambio de saberes.
La prevalencia de dinero especulativo y el proceso para convertirlo en un activo financiero han encontrado en la compra de suelo, e incluso en su despojo, un campo fértil que ha llevado a su encarecimiento, con graves impactos en el acceso de los sectores de bajo y hasta de ingreso medio a un lugar adecuado donde edificar su vivienda (Rolnik, 2017). De ahí la necesidad de que el Estado (en todos sus niveles) y la sociedad organizada y consciente recuperen el control de este bien común, para garantizar su manejo equitativo, privilegiando su acceso a los procesos integrales de producción social que, además de un lugar adecuado, requieren de espacio para equipamientos productivos, recreativos, educativos y de servicios.
La pandemia ha evidenciado el riesgo de seguir por el mismo camino que incrementa la desigualdad, el cambio climático y la depredación de la naturaleza. También ha abierto conciencias y la esperanza de lograr cambios en muchos colectivos, profundizando las experiencias y planteamientos surgidos en la base social que se vienen ensayando desde hace varias décadas en múltiples campos del hacer humano. Procesos del que también forman parte las y los habitantes que, consciente y organizadamente, impulsan las prácticas más avanzadas de producción y gestión social del hábitat, de concreción del derecho a la ciudad y de defensa de los lugares y territorios que habitan.
Notas
1. De acuerdo con su página web, el Copevi se creó en 1961 por el Departamento de Vivienda del Instituto Mexicano de Estudios Sociales (IMES) como resultado del seminario de vivienda popular impulsado por el arquitecto Luis Lopezllera Méndez. Durante sus albores, el Copevi realizó, a través de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), el Foro Nacional de la Vivienda y, a partir de ese momento, se desprendieron nuevas iniciativas orientadas al acceso a la vivienda para personas de escasos recursos con una visión de cooperativismo. Más información en https://copevi.org/
2. Estrategia de los Estados Unidos de América para contrarrestar los impactos que tuvo en la región el triunfo de la Revolución cubana en 1959.
3. El autor se refiere al documento Análisis del Proceso Social de Vivienda Asistida dentro de los Programas de Vivienda Social y Nacional de Reconstrucción de la Comisión Nacional de Vivienda 2019-2020.
Referencias
Ortiz Flores, E. (2017). Producción social del hábitat y la vivienda. Introducción integrada con base en fragmentos de textos de difusión e incidencia alusivos al tema, redactados por el autor entre 2017 y 2023.
Ortiz Flores, E. (2017). Cómo integrar la producción social de la vivienda y el hábitat a las políticas públicas y a los esquemas financieros. En La Ciudad como cultura. Líneas estratégicas de política pública para la Ciudad de México. UAM. Programa Universitario de Estudios Metropolitanos.
Ortiz Flores, E. (2020). Producción social del hábitat. Procesos transformadores y nuevos desafíos. En CLACSO (Ed.), Desigualdades urbanas No. 1. Múltiples miradas para renovar una agenda urbana en crisis.
Ortiz Flores, E. (2022). Producción social del hábitat en América Latina. En El futuro de las ciudades, FLACSO, Ecuador.
Ortiz Flores, E. (2023). Derechos Humanos, comunitarios y de vida en la construcción de un mundo para todos. En REDES, vol. II, núm. 2, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile.
Ortiz Flores, E. (2023). Producción y gestión social del hábitat. Retos a la consolidación de su impacto social.
Rolnik, R. (2017). La guerra de los lugares. La colonización de la tierra en la era de las finanzas. Descontrol.
