Ocupación irregular de la propiedad privada

Ocurre cuando un grupo organizado de colonos, sin conocimiento ni autorización del propietario, ocupa un predio. Son los casos menos frecuentes, que suelen terminar con el desalojo de los ocupantes mediante el uso de la fuerza pública o a través de una negociación con el propietario, donde los funcionarios municipales intervienen para lograr un acuerdo entre las partes. Esto implica un largo y conflictivo proceso en el que es común la aparición de actos de corrupción que involucran a líderes sociales, funcionarios públicos y propietarios del suelo.

Una variante de esta situación es cuando el propietario del suelo entra en connivencia con los ocupantes del mismo, simulando la invasión de una superficie que no cuenta con la certificación de uso del suelo para vivienda por tratarse de suelo clasificado como de conservación o estar destinado a otros usos en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes. Este escenario, en el que el verdadero promotor de la invasión aparece como víctima de una acción violenta, se resuelve finalmente a través de un proceso que conlleva los mismos vicios ya señalados arriba, y termina por legitimar una situación contraria a lo estipulado en los instrumentos de planeación aprobados.

Ocupación irregular de la propiedad social (ejidal o comunal)

Como es sabido, como resultado principal de la lucha revolucionaria, la Reforma Agraria —sustentada en la Constitución de 1917— inicia un proceso que adquiere su máxima intensidad en la década de 1930. Dicha reforma estuvo orientada a repartir la tierra confiscada a las grandes haciendas y latifundios entre campesinos con derechos a salvo, formando así los núcleos ejidales. Para proteger y asegurar la propiedad de las y los ejidatarios, las tierras entregadas se declararon intransferibles, imprescriptibles e inembargables (artículo 27 constitucional). En general, estas dotaciones se ubicaron en torno de los cascos de las haciendas, distantes de los centros urbanos.

A partir de la década de 1960, y con mayor intensidad hasta finales del siglo pasado, empezaron a confluir dos situaciones: por una parte, la imposibilidad de hacer productivos los ejidos dado el reducido tamaño de las parcelas, la falta de recursos para incorporar tecnología, y que, en la mayoría de los casos, se trató de tierra con precaria calidad agrícola, sin infraestructura de riego. 

Por otra parte, a partir de esa misma década inicia la llamada explosión demográfica, donde las tasas de natalidad se mantuvieron altas y las de mortalidad descendieron aceleradamente gracias a los avances en la atención a la salud. Ello, sumado al intenso proceso de urbanización, generó un crecimiento poblacional que rebasó la capacidad de previsión de los gobiernos y desató el proceso de especulación con el suelo urbano. Ante la incapacidad para controlar el proceso, las autoridades municipales optaron por retirarse, aduciendo que se trataba de un tema federal para cuya atención no tenían atribuciones.

Esta combinación marcó el inicio de la ocupación irregular de los ejidos, donde los ejidatarios que no podían obtener un ingreso por el cultivo de su tierra vieron la posibilidad de tenerlo al permitir la ocupación por parte de avecindados, a quienes les “vendieron” ilegalmente una fracción de su parcela, la que, debido a la expansión de las ciudades, ahora se ubicaba en su periferia.

Por su parte, la creciente población que buscaba espacio en las ciudades se enfrentó al incremento del valor del suelo y a la ausencia de opciones para su asentamiento, descubriendo la posibilidad de “comprar” un pedazo de tierra en un ejido para establecerse. El resultado de esta situación fue la aparición, en prácticamente todas las grandes y medianas ciudades del país, de extensas zonas cubiertas por viviendas precarias sin obedecer a una estructura mínimamente organizada, sin servicios ni equipamientos, transporte o espacios, públicos y recreativos.

La primera reacción del Estado ante esta situación ocurre en el Estado de México en la década de 1970. Mediante la acción conjunta del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (precursor de la Secretaría de la Reforma Agraria) y el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (Auris) (creado por el gobierno estatal para atender la creciente problemática urbana), se inició el proceso expropiatorio de miles de hectáreas ejidales en los municipios metropolitanos del Estado de México, colindantes con el entonces Distrito Federal, con dos propósitos: regularizar la tenencia de la tierra en estas extensas zonas irregulares, y generar reservas territoriales para evitar la reproducción de la irregularidad.

En estas reservas se construyó la nueva ciudad de Cuautitlán-Izcalli y también una serie de conjuntos habitacionales denominados Izcallis, que se destinaron a población de ingresos medios y bajos. A partir de esa experiencia, un par de años después se creó la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) como un organismo efímero, con el objetivo de regularizar la tenencia en todo el país y acabar para siempre con la irregularidad.

En términos generales, el proceso establecido para ello inició con la identificación de asentamientos irregulares que, por su magnitud, grado de consolidación o debido a la presión política ejercida por los pobladores, se consideraba que debían ser atendidos. Intervinieron líderes y gestores que manejaron las listas de quienes serían beneficiados; las autoridades ejidales, la Procuraduría Agraria, las autoridades estatales y municipales, junto con la Corett, integraban los expedientes y preparaban los decretos expropiatorios para pasar los derechos de la propiedad de manos de los ejidatarios a las de los pobladores. 

A lo largo del proceso, que podía implicar varios años de trámites, se fueron sumando nuevos interesados en ser beneficiados y nuevos promotores e intermediarios, entre ellos, políticos en campaña que ofrecían la regularización a cambio de votos. De esta manera, la regularización se transformó en un juego de “todos ganan”, sin que esto implicase una inversión por parte del Estado. Los ejidatarios obtuvieron una compensación por vender su tierra, lo que la ley expresamente prohibía, y los ocupantes lograron un papel que los hizo legítimos propietarios del suelo que, al entrar en el mercado formal inmobiliario, incrementó significativamente su valor, aunque su localización fuese inadecuada y persistieran las carencias en equipamientos y servicios.

A principios de la década de 1990, coincidiendo con las políticas de impulso a la privatización, se modificó el artículo 27 constitucional y se abrió así la posibilidad de privatizar los ejidos mediante la votación mayoritaria de los ejidatarios, con el fin de asumir el dominio pleno de sus parcelas, certificada en asamblea por la Procuraduría Agraria. Es así que las empresas desarrolladoras adquirieron el suelo en dominio pleno a un precio que, si bien era superior a su valor comercial agrícola, estaba muy por debajo del que resultó una vez obtenida, por parte del ayuntamiento —generalmente mediante el pago de sobornos a quien corresponda—, la autorización de cambio de uso del suelo necesaria para la obtención de las licencias y el financiamiento para la construcción de las viviendas que, finalmente, fueron entregadas a las y los derechohabientes de las instituciones, liquidando su deuda ante los desarrolladores inmobiliarios.