El presente artículo proporciona una mirada rápida al sistema de instituciones que se han creado en torno al acceso a la vivienda adecuada en Guatemala. Se da cuenta de que, paradójicamente, el hecho de que diversas instituciones, cada una desde su propia visión, intereses, recursos, prácticas, pongan a disposición una oferta habitacional (así sea fragmentada y parcial), da cuenta de un esfuerzo común de vivienda adecuada, no explícito, de gran potencial en términos de sostenibilidad, inclusividad y democracia. Sin embargo, la falta de información pública sobre el tema ha entorpecido la creación de nuevas soluciones y consolidación integral de las ya existentes.1
En septiembre de 2022 comencé una investigación sobre vivienda, jefas de hogar y hogares autoidentificados como indígenas en Guatemala. El trabajo permitió visibilizar e iniciar la comprensión de la condición habitacional tanto de aquel segmento de población como de la población de bajos ingresos en general, así como de la actual política de vivienda. Ad portas de las elecciones generales de Guatemala en 2023,2 los insumos que se detallan a continuación pueden servir de referencia para la discusión y ajustes de tal política.
Si tuviera que resumir el aprendizaje en clave de política urbana, diría: paradójicamente, el hecho de que diversas instituciones, cada una desde su propia visión, intereses, recursos, prácticas, pongan a disposición una oferta habitacional (así sea fragmentada y parcial), da cuenta de un esfuerzo común de vivienda adecuada, no explícito, de gran potencial en términos de sostenibilidad, inclusividad y democracia.
Sin embargo, la falta de información pública sobre el panorama de la vivienda y sus habitantes entorpece la creación de nuevas soluciones y consolidación integral de las ya existentes. De ahí la necesidad de desarrollar un perfil socioeconómico exhaustivo de la población bajo estudio a partir del Censo 2018 y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, desagregado territorialmente para fines programáticos, el cual no existe en la actualidad.
- Población de bajos ingresos
La población guatemalteca de bajos ingresos vive en condiciones económicas y habitacionales más precarias que el quintil más bajo a escala regional, con ingresos promedio declarados entre 150 y 300 dólares mensuales (Siclari, 2023). La pobreza monetaria en Guatemala ha oscilado, en la última década, entre 50% y 60%. Por tanto, si el país suma hoy casi 18 millones de habitantes es posible inferir que cerca de 9 millones de personas se encuentran afectadas tanto por pobreza monetaria como por pobreza multidimensional (estimativamente 2.2 millones de hogares).3
Si observamos la provisión de servicios básicos a escala nacional nos encontramos con lo siguiente:
- Agua: solo 58.9% de los hogares declara red de agua potable dentro de la vivienda; 14.8%, tubo fuera de la vivienda; 12.2%, pozo; 10.9%, río; y 3.2% chorro de agua.
- Alumbrado: solo 88.1% de los hogares declara alumbrado eléctrico dentro de la vivienda; 6.9% utiliza candela; 5%, panel solar o gas.
- Las fuentes de este tipo de energía corresponden principalmente a combustibles fósiles (39.4%, estimado 2020) e hidroeléctricas (38%, estimado 2020).
- Servicio sanitario: solo 55.6% cuenta con inodoro dentro de la vivienda; 32.2%, letrina; 4.8%, no tiene; 7.4%, excusado lavable.
- Energía para cocinar: 54.4% utiliza leña; solo 0.8%, gas corriente; 1.1%, electricidad.
- Disposición de residuos sólidos: 42.8% quema la basura; 41.9% cuenta con servicio municipal o privado; 7.5%, otro.
- Conectividad digital: solo 50% de la población tiene acceso a internet (INE, 2018).
Esta condición económica y habitacional se vuelve aún más crítica para segmentos específicos como jefas de hogar indígenas: solo por citar un dato, la mitad de ellas se declara analfabeta,4 en un país de alta informalidad laboral y sistema público de protección social prácticamente inexistente.
2. Quehacer político en deuda
Si revisamos muy rápidamente el andamiaje institucional, es posible observar que el país cuenta con las instituciones e instrumentos que pueden posibilitar la vivienda adecuada para todos. Entre estos se cuenta el artículo 119 de la Constitución guatemalteca,5 el Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996,6 la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos,7 el Fondo para la Vivienda (Fopavi),8 la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2020-2030 PNVAH (2001),9 y el artículo 142 del Código Municipal.10
En los hechos se observa que las disposiciones no se implementan, la oferta es insuficiente tanto en cantidad como en diversidad, y la falta de transparencia e ineficiencia en algunas instituciones limitan la posibilidad de alcanzar el objetivo de proveer vivienda adecuada para todas las personas. En Fopavi, por ejemplo, una baja sustantiva de subsidios adjudicados, “de 19 000 en 2021 a 3 000 subsidios en 2019”, como señalaron algunos entrevistados. Además, diversas instituciones públicas son cuestionadas desde múltiples sectores. Asimismo, si bien el Código Municipal obliga la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), solo seis de los 340 municipios del país cuentan con ello (Siclari, 2023).
3. Instituciones y oferta habitacional promisorias, pero no suficientes
Frente a lo anterior, en cambio, es posible encontrar algunas instituciones, instrumentos y programas públicos, privados y del tercer sector que favorecen la vivienda adecuada pero que, a pesar de los esfuerzos, aún no facilitan el acceso masivo a los segmentos de más bajos ingresos.
En esta última década, el Consejo Nacional para la Vivienda (Conavi) ha ejercido un rol consultivo, de diseño y de empuje de propuestas legislativas, y ha impulsado tanto las propuestas de política de vivienda como las leyes de leasing y de preferencia. También se cuenta a otras instituciones, como el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), entidad pública encargada de asegurar créditos hipotecarios,11 que ha comenzado a considerar el 100% de las remesas, también ingresos informales tras evaluación de las mismas, así como a asegurar hipotecas de bajo monto: desde 50 000 quetzales (aproximadamente 6 600 dólares), con un promedio 5 000 créditos por año. De igual manera, la seriedad con la que trabaja el FHA hace que la tasa de morosidad sea baja, en torno a 2.33% (entrevista, 28 de febrero de 2023), es decir, dos de cada 100 personas que son aseguradas por el FHA son morosos (Siclari, 2023).
La Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano del Municipio de Guatemala ha sido capaz, a través del Programa Municipal de Vivienda Prioritaria y Asequible (PMVPA), de ofrecer soluciones habitacionales para hogares con ingresos desde tres salarios mínimos. El programa ha tenido un crecimiento exponencial, habiendo comenzado en 2019 con 72 departamentos pilotos y una empresa inmobiliaria asociada, hasta contar hoy con más de 4 000 viviendas proyectadas y 23 empresas involucradas. A la fecha, 72% de los beneficiarios corresponde a madres solteras; 30% bajo línea de pobreza extrema (Empresa Metropolitana de Vivienda, 2023).
Además se han aprobado dos leyes, que no resuelven el problema en su conjunto, pero son un aporte: la Ley de Leasing Habitacional (Decreto 2-2021) permite adquirir una vivienda a partir de un contrato de arriendo, y la Ley de Interés Preferencial para Facilitar el Acceso a la Vivienda Social (27-2022). Esta última tiene como objetivo facilitar la compra de unidades habitacionales a alrededor de 400 000 familias. Faculta al Organismo Ejecutivo para que amortigüe, durante los primeros siete años, los intereses a pagar, por medio de un subsidio de hasta 40% de la tasa por los primeros cuatro años y de 30% para los siguientes tres años.
Desde el sector privado se observan avances en dos frentes: financiamiento y oferta de vivienda. Son meritorios los esfuerzos del Banco Crédito Hipotecario Nacional (BCHN), que otorga crédito por hasta 25 años, con un enganche de 5%, para viviendas de un valor promedio de 500 000 quetzales (66 000 dólares); así como el Banco Industrial, que otorga en media 4 500 créditos hipotecarios al año, de los cuales entre 35% y 40% va dirigido a segmentos de población con ingresos de tres salarios mínimos (entrevista, 3 de marzo de 2023); y, finalmente, Banrural, que ha puesto a disposición una línea de crédito por 2 mil millones de quetzales para el financiamiento de vivienda haciendo uso de la Ley de Interés Preferencial (La Red 1061, s.a.). Ambos bancos cuentan con cajas receptoras de remesas, que permiten llevar un seguimiento de la periodicidad de la recepción de remesas y montos, al tiempo que ofrecen asistencia técnica para la compra de vivienda a través de esta vía.
A la iniciativa financiera nacional se suman los bancos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Este último inicia un proceso de apoyo para el mejoramiento de la gobernanza urbana, de asentamientos precarios, regeneración de barrios centrales e intervenciones en el ámbito de la prosperidad urbana.12
Si bien los esfuerzos por ampliar el acceso a la vivienda a los segmentos de más bajos ingresos existen, el tema de fondo es que dicha población percibe ingresos (declarados) de entre 150 y 300 dólares mensuales. La pregunta, entonces, es: ¿cómo hogares con tales ingresos, en un contexto institucional frágil, pueden acceder a una vivienda adecuada?
Aquí es cuando emerge el inmenso aporte del tercer sector. Resulta clave, por ejemplo, destacar a la organización Hábitat para la Humanidad (HfH), por la diversidad, volumen, alcance territorial y continuidad en el tiempo de las soluciones habitacionales ofrecidas. Bajo un esquema de fondo rotativo (de 88 millones de dólares de cartera activa), ofrece 19 alternativas de vivienda cuyo costo varía entre 8 600 y 15 300 dólares; mejoramiento de vivienda por un valor entre 650 y 1 200 dólares, y kits sanitarios consistentes en captadores de agua y biodigestores por un valor entre 400 y 650 dólares (diversos entrevistados).
La organización TECHO, bajo un esquema de voluntariado y donaciones, cumple un papel prioritario en el mejoramiento y provisión de vivienda en asentamientos precarios, también en el levantamiento de datos multidimensionales en dichas áreas. Otras organizaciones importantes son Global Communities, Fundaeco, Idesac, MejorHa, Eprodep, Catholic Relief Service (CRS), Barefoot Foundation, La Casa del Alfarero, Cementos Progreso, ATRAHDOM, y ACONAPAMG.
A la acción del tercer sector se suma la contribución de las agencias del sistema de Naciones Unidas y de la cooperación internacional. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Guatemala13 busca la consolidación de un registro social de hogares con perspectiva de género, en un país donde la mayoría de los datos (incluido el último Censo) no están desagregados a escala subnacional para categorías específicas de población, herramienta indispensable para una focalización objetiva de los beneficios sociales que brinda y que podría ofrecer el país a partir del diagnóstico que nace de ahí. Otros actores importantes son la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que trabaja en la reducción de riesgo de desastres, la Unión Europea, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU-Hábitat.
4. Conclusiones y acciones para el cambio
Son inmensamente destacables todos los aportes en vivienda desplegados por los diversos sectores: banca, aseguradora de créditos, desarrolladores inmobiliarios, productores de materiales, organizaciones de la sociedad civil, el municipio de Guatemala y la comunidad organizada; cada uno desde su posición, visión, intereses y capacidad de respuesta.
Hay en curso una gama de soluciones habitacionales de vivienda generadas desde diversos sectores, que se comunican mínimamente unos con otros, pero que en su conjunto —de facto— constituyen una parte importante de la política de vivienda actual. Articular tales soluciones y legitimarlas en los espacios de política de vivienda es una oportunidad y un desafío.
Es indispensable desagregar y hacer públicos los datos nacionales existentes con fines de política de vivienda y programáticos. Sin datos sobre el perfil socioeconómico y habitacional de la población es complicado diseñar una política de vivienda y programas efectivos e inclusivos.
De lo anterior cabe señalar ciertas acciones que seguramente mejorarán la calidad de vida de la población en cuestión:
- Desagregagar territorialmente para fines programáticos Censo 2018 y Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, según categoría de población a servir.
- Alfabetizar y capacitar en educación cívica, microfinanciamiento, vivienda y construcción a la población bajo estudio (recordando que 50% de las jefas de hogar autoidentificadas como indígenas se autodeclaran analfabetas [Censo, 2018]).
- Desarrollar catastro nacional de asentamientos precarios (no existe actualmente).
- Aplicar el Registro Social PNUD-MIDES a escala nacional.
- Acompañar a municipios en la elaboración del POT, para cerrar el gran rezago.
- Apoyar la oferta habitacional del tercer sector; mapear y articular lo existente.
- Diversificar la oferta habitacional actual a través de, por ejemplo, programas innovadores de renovación de palomares, vivienda social en terrenos municipales y una red de centros de convergencia (servicios urbanos y sociales) de escala nacional.
- Levantar demandas habitacionales de grupos históricamente invisibilizados.
- Reforzar la gobernanza local (capacitación, producción de datos, planificación, movilización de recursos).
Para llevar a cabo estas acciones existen instituciones reconocidas a escala nacional con quienes es posible generar alianzas: Conavi, Acenvi, FHA, BHN, BI, Banrural, inmobiliarias involucradas en el PVPyA, municipio de Guatemala, Cementos Progreso, Habitat for Humanity, TECHO, ATRAHDOM, Barefoot, universidades, entre otras.
La escasa participación de Guatemala en los recientes debates de política de vivienda y urbana de escala regional (Foro de Vivienda UHPH, BID, Minurvi, CIHALC), además de los cambios dinámicos de la realidad urbana que enfrenta Guatemala hoy, ameritan estas y otras acciones de manera urgente.
Espero que este breve análisis sea un aporte para el país y para la subregión.
Notas
- El artículo se inspira en la investigación “Guatemala. Condición habitacional de jefas de hogar y de hogares autoidentificados indígenas”. La autora agradece la iniciativa e intercambio investigativo con Nora Libertum, y el trabajo bibliográfico, de terreno y censal de Pelagia Rodríguez, Paz Robert, María Gloria Herrera, Natalia Benítez y Enrique Peláez.
- El artículo fue escrito poco antes de las elecciones generales de Guatemala, celebradas el domingo 25 de junio de 2023.
- En 2014, la pobreza monetaria en Guatemala afectaba a 59.3% de la población, 23.4% sufría pobreza extrema (INE, 2014). En cuanto a la pobreza multidimensional, que considera como indicadores ponderados salud, seguridad alimentaria y nutricional; educación; empleo digno; acceso a servicios y vivienda, afectaba a 61.6% de las personas, según los cálculos realizados por el Ministerio de Desarrollo Social y el equipo OPHI en 2018; es decir, uno de cada seis guatemaltecos presentaba privaciones en alguno de estos indicadores; 48.6% estaba privado en más de la mitad de los indicadores ponderados (MDS, 2018).
- Cifra obtenida a través de procesamiento Censo 2018/Redatam.
- Como órgano rector señala la obligación del Estado de promover programas y proyectos de vivienda para que la mayoría de las familias guatemaltecas puedan tener acceso a ello (Art. 119 literal g).
- En el punto 3 establece que: “la población desarraigada por el enfrentamiento armado tiene derecho a residir y vivir libremente en el territorio guatemalteco”.
- Entrega directrices sobre la planificación, ordenamiento territorial, vivienda adecuada, parcelamiento, y con los ajustes de 2012 otorga competencias a los municipios para la gestión del desarrollo habitacional, enmarcado en sus planes de ordenamiento territorial.
- Administra los recursos financieros del Estado para la vivienda mediante fideicomisos y contratos de administración.
- Busca atender necesidades habitacionales de 635 000 familias guatemaltecas en condiciones de pobreza y pobreza extrema al 2032 a través de siete objetivos, nueve metas estratégicas, seis lineamientos de política pública, cinco ejes y 10 propuestas de programas.
- Establece la obligatoriedad de los municipios en la formulación y ejecución de planes de ordenamiento territorial.
- Para más información, consultar: https://www.fha.gob.gt/
- Para más información, consultar: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099715011072251956/p17946205a8d5809092ef0b35bd7d32cfc
- Para más información sobre las acciones del programa, visitar: https://www.undp.org/es/guatemala
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