Análisis del derecho humano a la vivienda de personas con discapacidad en los resultados de la ENVI 2020

El derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado –tanto para ellas como para sus familias– incluye a la vivienda. Por ello, es obligación del Estado adoptar las medidas pertinentes para salvaguardar el ejercicio de este derecho sin discriminación. En este texto se realiza un breve análisis de este derecho a partir de dos objetivos específicos: el primero, estudiar el acceso a la vivienda como un derecho humano y su posibilidad real de justiciabilidad; y el segundo, el acceso material a la vivienda, atendiendo a la importancia de los requerimientos de adaptación, tomando en cuenta los datos arrojados por la ENVI 2020.

El sujeto del presente texto son las personas con discapacidad, que son definidas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, Convención) como “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], 2006). 

Es importante indicar que existe un cambio paradigmático en la Convención, que consiste en “que las personas con discapacidad dejen de ser concebidas, por sociedades y gobiernos, como destinatarias exclusivas de tratamientos médicos y de políticas paternalistas y asistenciales, y sean reconocidas y tratadas como sujetos plenos de derechos” (Hernández y Fernández, 2016). 

Al respecto, la Primera Sala, en el Amparo en revisión 410/2012, sostuvo que, “a la luz del modelo social, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales”. 

Por lo indicado en párrafos anteriores, este documento se referirá a una de las necesidades fundamentales de todas las personas: la vivienda, considerada como un derecho humano reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1996). 

Derecho humano a la vivienda para las personas con discapacidad

La protección del derecho a la vivienda para las personas con discapacidad está establecida en el artículo 20 de la Convención, que indica que 

[l]os Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad (ACNUDH, 2006). 

Para el análisis de este derecho es importante precisar que la vivienda es más que una estructura material que protege a las personas de las inclemencias del tiempo y de los peligros del exterior. Pinilla (2005) distingue las características de la vivienda y el hogar, siendo este último considerado como un centro íntimo en el que se habita, atendiendo a su significado como un lugar donde está el fuego, el calor, el fogón; donde las personas pueden sentarse alrededor y sentirse protegidos. Por tanto, este espacio vital es central en la vida y desarrollo de las personas, siendo importante que cuente con facilidad de acceso, permita la movilidad al interior y cuente con espacios adecuados para todos sus habitantes, en especial durante una situación como la del confinamiento por la COVID-19, donde las dimensiones de la vivienda son aun de mayor trascendencia. 

Desde la filosofía de la antigua Grecia se concebía claramente la importancia de tener un espacio esencial para el desarrollo del ser humano: Aristóteles, Platón y Sócrates refirieron el valor de la vivienda para el progreso espiritual y privado de la persona, así como la importancia de la ciudad para la convivencia y la vida comunitaria. Cortés (2001) coincide en que, desde la Antigüedad, se ha considerado a la vivienda como una filosofía de vida, sumario de la forma de relacionarse con el entorno, que incluye variables económicas, políticas, ecológicas, urbanísticas; así como una forma de relacionarse con la sociedad y con la ciudad; mientras que Amérigo y Pérez (2010) abundan en que la vivienda manifiesta una identidad personal y social como integrante de un grupo, por lo que la filosofía de la vivienda resume el anhelo más grande de tener un lugar dónde vivir de manera digna, con una realización plena. 

Así, la vivienda se entiende como el refugio natural, o construido por la mano del hombre, en el que este habita de modo temporal o permanente (Nicolau, 1992). Por su parte, Bourdieu (1970) afirma que la vivienda, en sí misma, puede encarnar e inculcar el habitus1 de un orden social. En este sentido, Heidegger (1951) dice que los espacios guardan una relación con el ser humano. A través de estos y su relación con ellos, los individuos pueden desarrollarse en plenitud. 

Los derechos de las personas discapacitadas en la legislación nacional

En el orden nacional también existe protección de este derecho humano. En 2011 comenzó un nuevo paradigma del derecho mexicano en este tema, pues en el artículo 1o constitucional –que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución– se incorporaron dos principios en el párrafo dos: la interpretación conforme y el principio pro persona. El primero establece que toda autoridad en el ámbito de su competencia deberá atender a lo estipulado en los tratados internacionales; mientras que el segundo indica que “en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona” (Jurisprudencia SCJN, 2012). Asimismo, en el párrafo quinto se dispuso que “Queda prohibida toda discriminación motivada por discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Aunado a ello, en el artículo 4o de la Constitución se establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Y el artículo 123, en su fracción XII, señala que es obligación de las empresas de cualquier tipo: otorgar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas –obligación que se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hacen a un fondo nacional de la vivienda–; y establecer un sistema de financiamiento que permita brindarles crédito barato y suficiente.

Pese a las contadas acciones para disminuir la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, la realidad es que continúa siendo difícil para ellas adquirir un trabajo con seguridad social y salario digno.

Además, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad dispone el derecho que esta población tiene a una vivienda digna, por lo que los programas de vivienda del sector público o del sector privado están obligados a incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad, en tanto que las instituciones públicas de vivienda deben otorgar facilidades para que reciban créditos o subsidios.

Después de la lectura del marco jurídico de protección, atendiendo a McCormick (2010) en una interpretación lingüística, es claro que está estipulado un derecho humano a la vivienda para las personas con discapacidad sin discriminación. En la interpretación sistémica también se observa que este derecho se encuentra consagrado en el marco nacional e internacional.

El censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020) afirma que en México hay 20 838 108 personas con discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o con alguna condición mental. Estas tres variables usadas por el Inegi representan 16.5% de la población total; de la cual, 6 179 890 personas son consideradas como población con discapacidad y 1 590 583 con algún problema o condición mental.2

A su vez, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad afirmó que, en 2014, había 7 739 270 personas con algún tipo de discapacidad; de las cuales, solo 1 599 908 estaban incluidas en la población económicamente activa, que representa 20.67% (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación [Conapred], 2014).

Se observa, entonces, una problemática importante: si el derecho a la vivienda en México se encuentra vinculado a una relación laboral, solo 20.67% podría satisfacerlo. Si se incorporaran a la seguridad social, se pueden sumar también aquellas personas con discapacidad beneficiadas por familiares que adquirieron su crédito por su relación laboral.

Sin embargo, las personas con discapacidad tienen pocas posibilidades de ser contratadas y, cuando esto sucede, es con bajos salarios. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Discapacidad (2011), las personas con discapacidad perciben menores salarios que las personas sin discapacidad; y son las mujeres con discapacidad quienes ganan menos, esto debido a la brecha de género.

Existen problemáticas estructurales que suman a la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2020) afirma que, en 2018, 48.6% de las personas con discapacidad se encontraba en situación de pobreza, 38.8% en pobreza moderada y 9.8% en pobreza extrema. 

El Inegi (2010) también refiere que el promedio de escolaridad que registra la población de 15 años y más con alguna discapacidad es de 4.7 años, mientras el promedio a nivel nacional es de 8.6 años. Esto se refleja en la tasa de participación económica de dicha población, que alcanza 30%.

Es necesario mencionar que el gobierno mexicano ha intentado algunas políticas públicas para hacer frente a estos problemas. Algunos ejemplos fueron el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNTEPD), que promovió la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad (entre ellas, personas con discapacidad). De las 2 972 personas atendidas por el programa, únicamente 441 fueron colocadas en un empleo (Díaz, 2018).

Además, actualmente existe un estímulo fiscal respecto del Impuesto Sobre la Renta para los contribuyentes, personas físicas o morales que empleen a personas con alguna discapacidad. Consiste en poder deducir de los ingresos un monto equivalente a 25% del salario efectivamente pagado (Ley de Impuesto Sobre la Renta [LISR]).

Pese a las contadas acciones para disminuir la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, la realidad es que continúa siendo difícil para ellas adquirir un trabajo con seguridad social y salario digno. Como se dijo arriba, un porcentaje importante se encuentra en pobreza y al menos a 58.3% se le ha discriminado por su condición de discapacidad (Encuesta Nacional sobre Discriminación [Enadis], 2017).

La accesibilidad de las viviendas para personas con discapacidad

El segundo objetivo específico de este texto consiste en analizar la accesibilidad de las viviendas para personas con discapacidad. Esta es definida por la organización Libre Acceso, A. C.3 (2021) como “la combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con un uso seguro autónomo y cómodo en los espacios construidos el mobiliario y el equipo”. 

Ahora bien, existen componentes de la accesibilidad a la vivienda. A decir de Benito et al. (2005), toda actividad que desarrolla una persona tiene dos elementos: 

El desplazamiento, es decir, el traslado hasta el lugar idóneo para realizar la acción: poder moverse libremente por el entorno sin limitaciones ni obstáculos. 

El uso, es decir, el desarrollo de la acción en sí: poder disfrutar, utilizar, sacar provecho de lo que hay alrededor.

Ambos componentes son igualmente necesarios en la vivienda. Por ejemplo, no tiene sentido poder desplazarse en silla de ruedas por el interior de un baño espacioso si es imposible utilizar el lavabo a causa de un mueble bajo que impide acercarse. Tampoco podrá hacerse uso de un baño perfectamente diseñado si la puerta de acceso es demasiado estrecha y obstaculiza el desplazamiento.

Algunas de las dificultades que enfrentan las personas con diferentes tipos de discapacidad se presentan en la siguiente tabla. 


Ahora bien, atendiendo a estos componentes y a la necesidad de desplazamiento y de libre traslado dentro de las viviendas de la población que nos ocupa, consideremos que, según la ENVI 2020, 41.3% de ellas tiene de 56 a 100 m2 de construcción.

Otro elemento importante a tener en cuenta es la posibilidad real que las y los ocupantes de viviendas tienen de adaptarlas con los requerimientos de las personas con discapacidad. De acuerdo con Marrot, el propósito de una adaptación debe ser modificar los entornos discapacitantes para permitirles tanto a las personas con discapacidad como a sus familias un grado de confianza, dignidad, un estilo de vida independiente y privacidad: 

No es por ello, a priori, una labor que consista en realizar obras, dotar de equipamientos o modificar una vivienda, sino en proveer una solución individualizada a los problemas de las personas que se encuentran en un entorno que les incapacita (2020).

A este respecto, la ENVI 2020 muestra la necesidad que algunos hogares con ocupantes con discapacidad tienen de adaptar espacios; en la siguiente tabla se observa, a nivel nacional y por entidad federativa, el porcentaje de viviendas habitadas que necesitan modificaciones en este sentido. 

En este contexto, hay que mencionar que el Infonavit tiene una política en términos de accesibilidad. Se trata del programa Hogar a tu Medida para personas con discapacidad, el cual ofrece la posibilidad de recibir un beneficio económico para estas personas que adquieren una vivienda nueva o usada. Este programa va dirigido a las y los derechohabientes con alguna discapacidad y a los familiares por consanguinidad o afinidad de primer grado en línea recta con alguna discapacidad que vivan con la o el derechohabiente (cónyuge, papás o hijos) y se realiza mediante un proveedor autorizado. El uso de este beneficio es opcional: si la o el derechohabiente lo acepta, se le entrega un vale que corresponda al tipo de discapacidad que se acredite, mismo que puede cambiarse por el equipo que se requiere instalar en la vivienda (timbres, sensores, alarmas, barras de acero, rampas, piso antiderrapante, etcétera). 

De forma ilustrativa, la Tabla 3 da cuenta de algunos costos que este programa considera para adecuar las viviendas. 

No obstante la existencia de esta medida, el universo susceptible de este beneficio es solo de 184 145 derechohabientes que precalifican con discapacidad (Infonavit, 2015); un porcentaje muy pequeño respecto del total a nivel nacional de esta población, lo que se suma a la (im)posibilidad económica de algunas familias para realizar tales adaptaciones.

Reflexiones finales

En el binomio discapacidad-derecho a la vivienda, si bien se observa que existe tanto protección en las declaraciones internacionales de este derecho humano, como protección nacional en el artículo 4o constitucional y protección específica para las personas con discapacidad en las leyes y tratados correspondientes, también existe una gran limitante en el ejercicio de este derecho general, pues se hace específico solo para las personas que tienen una relación laboral (ya que el patrón aporta 5% sobre el salario de la o el trabajador para la subcuenta de vivienda).

La principal institución para ejercer este derecho a nivel nacional, como vimos, es el Infonavit; sin embargo, su objeto es otorgar crédito a las y los trabajadores, así que se acota el universo posible de beneficiarios. Esto representa una barrera muy difícil de franquear para las personas con discapacidad, pues es limitada su posibilidad real de adquirir un trabajo con seguridad social y un salario digno. Por lo tanto, existe una flagrante discriminación en el derecho a la vivienda para quienes no cumplen con este requisito. 

Respecto del derecho a la accesibilidad y retomando lo indicado en la definición de vivienda y hogar como ese espacio vital que permite un desarrollo físico y mental, y que el acceso material radica en la movilidad, la seguridad, las dimensiones del espacio, la ENVI 2020 presenta importante información de los requerimientos de adaptación de los hogares con ocupantes con discapacidad a nivel entidad federativa, gran parte de los cuales, además, se encuentran en pobreza. 

Otro aspecto a atender es la necesidad de incrementar el diámetro de movilidad al interior de los hogares, pues a nivel nacional, según la misma encuesta, 41.3% de las viviendas tiene de 56 a 100 2 de construcción. 

En el caso del Infonavit, es importante la revisión de Hogar a tu Medida, para explorar la posibilidad de instrumentar algunos otros programas con el fin de satisfacer el derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad. 

Así, es intención de este texto aportar a la discusión y llamar a futuras investigaciones que refieran la interpretación conforme la cual el Estado se encuentra obligado a establecer políticas públicas para la justiciabilidad del derecho a la vivienda sin discriminación para las personas con discapacidad, atendiendo a los tratados internacionales y a la misma Constitución. 

Asimismo, es pertinente apuntar que hace falta abundar en estudios particulares de los requerimientos de adaptación de las viviendas de la población con discapacidad, mismos que no pueden ser generales, sino individualizados a las necesidades de cada persona, respetando su dignidad humana. 

Por último, resulta imperativo subrayar el hecho de que la labor de la institución hipotecaria más importante del país, el Infonavit, solo abarca a las personas que tienen una relación laboral, condición que es aún más difícil de alcanzar para la población con discapacidad. 

Notas

1 El autor define este concepto como un conjunto de disposiciones socialmente adquiridas que mueven a los individuos a vivir de manera similar a la de otros miembros de su grupo social (Bourdieu, 1970).

2 La Organización Mundial de la Salud distingue cuatro tipos de discapacidad: 1. física o motora (aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera convencional); 2. sensorial (corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje); 3. intelectual (aquella que limita las habilidades de una persona para aprender y responder a distintas situaciones en la vida); y 4. psíquica (aquella que provoca alteraciones neurológicas y trastornos en el comportamiento adaptativo del individuo) (CIF, 2001).

3 Esta organización constituye un ejemplo del papel de la sociedad civil organizada en el análisis y acciones reales por defender los derechos de las personas con discapacidad.

Referencias 

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Bourdieu, P. (1970). The Berber house or the world reversed. Social Science Information, 9, 2. 

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Cortés Delgado, J. L. (2001). Reflexiones sobre el problema de la vivienda en México. Difusión UAM. 

Díaz Figueroa, M. (2018). El derecho al trabajo de las personas con discapacidad: Elemento necesario para su efectiva inclusión social. Impunidad Cero. 

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Por Analaura Medina Conde

Posdoctora Conacyt en Derecho de la Empresa en la Universidad de Zaragoza, España; doctora en Derecho en Argumentación Jurídica con mención honorífica y maestra en Derecho Fiscal por el Centro de Estudios Jurídico Políticos de la UAT. Es miembro del SNI nivel I. Fue directora de Investigación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, catedrática del Posgrado en Argumentación Jurídica, Derechos Humanos y Derecho Fiscal en la UNAM, de la Universidad de las Américas Puebla, de la Universidad Anáhuac, investigadora de la Universidad La Salle, México, y actualmente docente investigadora de la UAT. Ha publicado libros, capítulos de libros, artículos con índices internacionales y ha sido citada en iniciativas de ley. 

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Doctor en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Zaragoza, España; maestro en Administración y licenciado en Contaduría Pública por la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT). Profesor investigador de tiempo completo – Programa para el Desarrollo Profesional Docente, director de Incubadora Universitaria, actualmente profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos con índices internacionales. 

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Arquitecto y maestro en Urbanismo por la UNAM con especialización en Estudios Urbanos en Holanda, y en Desarrollo Rural Integral en Egipto. Profesor-investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM), miembro fundador del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos y profesor de la Maestría en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en El Colegio de México (Colmex), en numerosas universidades de varios estados de la república, así como en la Universidad de Buenos Aires y en el Massachussets Institute of Technology. Ha laborado en diversas dependencias del sector público. Coordinó la realización de grandes proyectos como el programa general de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ser asesor en la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Debido a su trayectoria, ha recibido premios como La Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional Carlos Lazo. Tiene más de cien publicaciones en medios nacionales e internacionales. Es autor y coautor de varios libros sobre los temas del desarrollo urbano, suelo y vivienda.

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Abogado y doctor en Derecho por la UANL y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en La Sorbonne, París. Ha trabajado como docente en el ITESM, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde es profesor fundador. Recibió el premio Instituto Nacional por un artículo en coautoría con Felipe Solís Acero. Ha sido columnista en Grupo Reforma desde 1996 y servidor público local, federal y abogado miembro del Notariado de Nuevo León.

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Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ibero), maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y doctor en Sociología por la UNAM. Se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Asimismo, fungió como procurador federal de Protección al Ambiente entre 1994 y 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales y la expropiación. En 2012 promovió la formación de una red de investigadores sobre “Jueces y ciudades en América Latina”, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología, con el objeto de examinar el significado y los efectos del activismo judicial en el medio urbano en la región. Actualmente es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.

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Arquitecta y doctora en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es profesora-investigadora de diversas asignaturas en programas de pregrado y posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además se desempeña como coordinadora del Programa de Diseño Urbano y del Paisaje. Autora del libro Densificación sustentable y habitable: viabilidad urbana, económica y sociocultural; ha publicado diversos artículos en capítulos de libro y revistas científicas.

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Licenciado en Economía y maestro en Economía Industrial por la UANL; además de haber cursado un máster y doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene una especialidad en Evaluación Social de Proyectos por parte del ITESM y Banobras, y en Asociaciones Público-Privadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente realiza un doctorado en Sostenibilidad, en la organización Fondo Verde.

Sus líneas de investigación son: economía urbana, economía del transporte, evaluación de proyectos y economía ambiental. Ha colaborado en más de 50 proyectos e investigaciones aplicadas en los tres órdenes de gobierno, así como en consultoría privada en temas relacionados con el desarrollo urbano, movilidad, evaluación de proyectos de infraestructura vial, salud, dotación de agua potable, gasoductos, protección a centros de población, entre otros.

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Arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con experiencia profesional de 35 años en áreas de planeación urbana y regional, suelo urbano y vivienda. Ha dirigido, durante 20 años, el proyecto “El Porvenir”, el cual ha permitido el acceso a suelo urbano en condiciones de legalidad a casi 9 000 familias de bajos ingresos y ha recibido diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre los que se cuenta el Good Practice, Concurso de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida (ONU) 2004.

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Doctora en Sociología y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco. Posdoctorante por el National Centre of Competence in Research North-South (nccr-ns) Suiza EPFL. Es profesora-investigadora C, de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Fue subdirectora general de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de 2018 a 2021. Es investigadora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y directora de Planeación Estratégica del Instituto de Vivienda de la CDMX. Sus áreas de investigación son: producción del hábitat urbano, política habitacional nacional y de la CDMX, renovación urbana, conflicto urbano, planeación urbana y planeación participativa.

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GUILLERMO GÁNDARA FIERRO

Doctor en Economía y máster en Economía Regional y Urbana por la UAB, y en Economía Aplicada, Administración e Ingeniería Industrial por el ITESM. Sus áreas de especialidad son la prospectiva ambiental y urbana, la educación para la sostenibilidad y la economía ambiental. Ha dirigido el máster en Prospectiva Estratégica en el ITESM, donde trabajó como profesor e investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es profesor titular en el departamento de Relaciones Internacionales del ITESM. Es miembro del Millenium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva.

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MIGUEL CASTILLO CRUZ

Ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es especialista en el análisis y diseño geotécnico de cimentaciones y pavimentos. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años, alternando la práctica profesional con la academia, la investigación, el servicio público y la práctica privada. Actualmente es profesor de las Academias de Geotecnia y Vías Terrestres, así como vocal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 2021-2022. Ha ocupado cargos públicos como subdirector de Planeación y Control en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, entre otros.

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ENRIQUE GUEVARA ORTI

Ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana y Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Inició su trayectoria en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el Cenapred ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), de la LXII Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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FLORES CORONA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEONARDO E. FLORES CORONA

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Coordina el Grupo de Trabajo redactor de las Normas Mexicanas sobre mampostería en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y es secretario en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se desempeña como jefe de departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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MICHELLE MUNIVE GARCÍA

Geógrafa egresada de la UNAM con maestría en Sociedades Sustentables por la UAM. Tiene un diplomado en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de los Desastres. Es técnica básica en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y se desempeña como investigadora en Geotecnia y Cimentación, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ

Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en los Desastres. Labora como jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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JOEL ARAGÓN CÁRDENAS

Maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Formó parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde actualmente es subdirector de Vulnerabilidad Estructural de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES

Ingeniero civil por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor investigador. Ha participado en proyectos sobre instrumentación geotécnica, sísmica y puvial en diversas partes del mundo y ha colaborado en misiones de apoyo técnico en América Latina y Asia. Es miembro fundador del Comité de la Estrategia Mexicana para la Mitigación de Riesgos por Inestabilidad de Laderas.

Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales, de la Dirección de Investigación del Cenapred.

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YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, así como licenciada y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado tanto en el sector privado, el público, como en la docencia, trabajando como profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UADY, y desde el año 2000 en el área de diseño y desarrollo urbano y vivienda. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Arquitectura de la FAUADY. Sus áreas de investigación son la expansión urbana, así como los instrumentos normativos.

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MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Doctor en Humanidades, con especialidad en Filosofía Moral y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I). Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. A lo largo de su trayectoria ha sido profesor invitado en numerosas universidades y fungió como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

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MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ

Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Licenciada en Relaciones Internacionales, también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como directora de Operación y Seguimiento a Programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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CARINA ARVIZU MACHADO

Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economic and Political Sciences y arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu).

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MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su investigación se centra en los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Es maestra en Ingeniería y Administración de la Construcción por la misma institución y por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia académica en el Grupo de Investigación en Geografía y Género del Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona para la revisión metodológica de su investigación doctoral.

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ALEJANDRA PALACIOS M.

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo en Sistemas de Información Geográfica para las Áreas de Vivienda y Urbanismo del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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JOAQUÍN R. GARCÍA V.

Arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como especialista de Apoyo para el Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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CARMEN ARMENTA MENCHACA

Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su trabajo entre la academia, la investigación tanto científica como aplicada, y la práctica privada de la profesión. Su principal línea de investigación es la vivienda, privilegiando la investigación aplicada para el desarrollo de metodologías y programas, dirigidos a dar solución a la problemática de vivienda en los sectores de población históricamente más vulnerables y vulnerados. Desde el 2014 es líder del Área de Vivienda del Centro Cemex-Tec de Monterrey.

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ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en producción social de vivienda de bajos ingresos. Cuenta con una trayectoria de más de 45 años en la administración pública, la academia y la iniciativa privada. Ha colaborado en organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones en materia de vivienda y política habitacional para el Banco Mundial, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y el Centro Cooperativo Sueco. Colaboró con la Comisión de Vivienda para las reformas a la Ley de Vivienda 2006. De 2007 a la fecha dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, una organización distinguida con el Premio Nacional de Vivienda 2014, en la categoría de Producción Social de Vivienda Urbana.

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PEDRO PACHECO SOLANO Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS

Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2018 han sido asistentes de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM participando en la elaboración de atlas de riesgo y planes de desarrollo urbano.

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SEBASTIÁN FAJARDO TURNER

Estudiante de décimo semestre de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2020 se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, donde ha participado en la elaboración de planes municipales de desarrollo y un estudio sobre la expansión urbana de Monterrey.

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DIEGO FABIÁN LOZANO GARCÍA

Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una Maestría en Ciencias y un Doctorado del Departamento Forestal en el área de Análisis Geoespacial, por la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos. Es director y fundador del Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada del ITESM, campus Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Tiene una amplia experiencia en el uso de herramientas de percepción remota para análisis de riesgos, calidad ambiental y desarrollo urbano.

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ROBERTO PONCE LÓPEZ

Doctorado en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y una Maestría en Política Pública por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), en Estados Unidos. Actualmente es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su investigación es sobre la modelación urbana y el diseño de políticas públicas de transporte y uso de suelo.

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PALOMA SILVA DE ANZORENA

Experta en el diseño de políticas públicas, subsidio y financiamiento a mercados de vivienda y desarrollo urbano sustentable en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente labora en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en México y directora general adjunta de Sociedad Hipotecaria Federal. Es socia fundadora de IXE Banco y AFORE XX, así como miembro del consejo de administración de diversas instituciones públicas. También se desempeña como catedrática con más de 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría.

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NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en otras instituciones públicas, como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha laborado en la industria privada y la academia.

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IRENE ESPINOSA CANTELLANO

Economista y funcionaria pública. Desde enero de 2018 ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno que se estableció con la autonomía en 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el banco central mexicano desde su creación en 1925. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales.

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JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

Doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores, por la Universitat de Barcelona (UB). Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y desde 2016 es directora de su Centro de Investigaciones Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, así como miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Del 2007 a la fecha cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Sus principales áreas de interés son los modelos multisectoriales, el crecimiento económico y las finanzas públicas.

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MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

Doctora en Arquitectura y profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1982. Es jefa del taller de proyectos del grupo de apoyo técnico solidario Espacio Máximo y Costo Mínimo, A.C. desde 1983. Junto con su asociado, Carlos González y Lobo, sus trabajos y proyectos han sido distinguidos con diversos premios, entre los que destacan el premio Vassilis Sgoutas 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA en Tokio, y el premio honorífico Magdalena de Plata, 2013, concedido por la Federación de Arquitectura Social – FAS. Ha impartido cursos y dictado talleres en organizaciones civiles de Chile, Cuba, España, México, República Dominicana y Marruecos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas (AMAU) y formó parte de la red XIV-E: Vivienda Rural del CYTED-HABYTED de Cooperación Iberoamericana.